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jueves, 28 de septiembre de 2017

Más allá del derecho a decidir

jueves, 28 de septiembre de 2017

¿Hasta donde podemos decidir sobre lo que nos rodea? ¿podemos decidir de qué color pintamos la escalera del rellano? ¿podemos decidir poner un muro en la terraza para guardarnos un trocito? ¿puede una parte de un autobús decidir el destino «independientemente» de lo que decida el resto? ¿pueden los ciudadanos de una parte de un estado decidir que se quedan con ella? ¿es lo mismo un referendum sobre una decisión que hacerla realidad? ¿tiene sentido apelar a la democracia al mismo tiempo que se ignora el marco político dónde se desarrolla, tenga o no defectos? Se oye muy poco sobre las preguntas que realmente se deberían hacer. Cada uno de los bandos continua con su visión particular, reavivándose unos a otros, anclados a sus posturas hasta llegar al actual punto. Cada uno con su parte de razón, que usa para justificar su mentira. Siendo ambas posturas, curiosamente, complementarias.

El diagnóstico del independentismo

Hay una parte, en efecto, en la que el independentismo acierta, pone el dedo en la llaga y sabe que es ahí donde ha de incidir una y otra vez, ya que saben que el «enemigo» elegido no va a aceptar su verdadera condición. Este contrincante está formado por los poderes tradicionales que han gobernado y gobiernan en España, algunos desde hace siglos: la monarquía, la Iglesia y los bancos. Desde aquí se propagan hacia la sociedad a través de monopolios energéticos y de comunicaciones —sectores declarados estratégicos desde el franquismo y que continúan siéndolo gracias a las «puertas traseras»— y asociaciones políticas como partidos o sindicatos, instituciones monolíticas cerradas, la mayoría de ellas con un alto grado de verticalidad y fuerte jerarquía —salvo algunos partidos de aparición reciente—.

El enemigo —o espejo donde mirarse—

Los poderes que gobernaron España tras la Guerra Civil se acostumbraron desde entonces a ser la máxima autoridad. La sociedad española de la época estaba educada bajo un régimen social jerarquizado y vertical, siendo el cabeza de familia la autoridad de nivel básico —en lugar del ciudadano— quedando el resto de la familia relegada a su voluntad. De esta manera, las reivindicaciones sociales no tenían cabida en sus mentes fijas y básicas. Aún así, empujados por la presión interna de la sociedad que reclamaba un cambio político, pero sobre todo, por la presión internacional encabezada por unos Estados Unidos encargados de remodelar la nueva Europa que se quedaba tras la Segunda Guerra Mundial, fueron los que «apadrinaron» el inicio de un proceso de transición. De esta manera los poderes «tradicionales» aceptaron a regañadientes y sin dejar ni una sola de sus convicciones ideológicas, dejar entrar a otras opciones y ceder a algunas concesiones. Así el PSOE y el PC dejaron la clandestinidad y pasaron a ser compañeros de los poderes clásicos. Así mismo, el llamado «café para todos» dio paso al sistema pseudo federal autonómico, un quiero y no puedo cargado de incoherencias y asimetrías, culminado en la actual Constitución de 1978. Esta era teóricamente un punto de partida para que la sociedad pudiera por si misma continuar el proceso, pero nos hemos quedado en el limbo, en una transición política permanente que no acaba de cuajar.

El sistema

España se gobierna desde entonces por un sistema que si bien cuenta —contaba— con la aceptación mayoritaria tanto del propio pueblo como reconocimiento internacional, con el tiempo se ha visto que minimiza y desvirtúa la participación del ciudadano, tanto para elegir representantes como para el reparto de escaños. Además, la legislación para recoger iniciativas populares no es útil en la práctica. En definitiva, está muy alejado de los principales países de su entorno como Francia, Alemania, Gran bretaña incluso Italia —ni hablar ya de Suiza o de los países nórdicos—. Un sistema que como se nos dijo desde el principio, estaba ideado para crear «mayorías sólidas» que pudieran gobernar sin obstáculos. Aún con todo, el sistema alberga la posibilidad de que el pueblo, una vez mínimamente organizado, pueda modificarlo. Han tenido que pasar varias décadas para lograr que por fin esa gobernabilidad que no era otra cosa que potestad e impunidad para ordenar decretazos, tuviera su freno mediante la única opción posible que es la de un partido político diseñado —teóricamente— para tal fin. Por supuesto, los poderes aquellos, los «de siempre», no les cabe en la cabeza que su posición privilegiada otorgada por «derecho divino» pueda cambiar.

Huida hacia adelante

Pero precisamente por esto, todos los nacionalismos sean del color que sean, se definen precisamente por la creencia en un dogma abstracto al que le conceden total supremacía. Concepto bajo el que supeditan todas las demás cuestiones. Para que la jerarquía gobernante pudiera continuar lamiendo las mieles del poder, tuvo que adaptarse la situación y dejar que otras jerarquías locales tuvieran mayor poder de actuación. En definitiva, como ocurre otras veces cuando de manera no vigilada o bajo intereses distintos a los de representar a la sociedad, la ausencia de un poder conlleva la aparición de otro, no necesariamente mejor. El nacionalismo «españolista» fue sustituido por otro «catalanista», más local, más cercano indudablemente, pero igual de autoritario aunque no tuviese un ejército detrás. Esta dejadez o irresponsabilidad por ignorar un problema que tal vez no entendían pero les permitía continuar privilegiados, permitió que las élites catalanistas a través del modelo autonómico y el reparto de escaños, tuvieran el poder legal suficiente como para controlar los poderes públicos, educación y medios de comunicación para así, diseñar un modelo de sociedad catalana basada en «la integración del acto contestatario dentro de los ritos de la vida social» (Enric Gonzalez,  El Mundo, 27-08-2017)

La solución mágica

En esta situación a mi también me gustaría independizarme de España. Tienen gran parte de razón los independentistas cuando hablan en estos términos. A una parte de mi le gustaría cerrar los ojos y que al volverlos a abrir nada de esto fuera así. Me gustaría decir una palabra mágica, algo así como «voy a votar que quiero ser independiente» y que todos estos problemas desapareciesen. Me gustaría poder decir «que se pare España que me bajo». Pero a otra parte de mí sabe que esto no es más que una fantasía, que los problemas hay que hacerles frente, haciendo uso de las herramientas existentes, que son pocas, pero existen. Y si no existen, se fabrican. En lugar de seguir este camino, en Cataluña se ha gobernado durante décadas siguiendo las mismas pautas, colocando como fuente de todos los males siempre al mismo protagonista y sin proponer ni una solución. Diseñando un modelo basado en la creación de un enemigo imaginario en el sentido de que no es enemigo de la sociedad catalana, sino enemigo de la sociedad misma, un problema que compartimos todos los españoles pero que en Cataluña se ha utilizado para justificar una posición privilegiada de una clase dirigente local, que no es mejor que ninguna otra e igual de mala que cualquiera que usa mentiras para pretender legitimarse y a enemigos escogidos como culpables de todo y así evitar la obligación de proponer soluciones.

El día después [actualizado 6/oct/2017]

Los actos del propio día de esa pantomima llamada «autoreferendum» y los de los días posteriores definen la actual situación esperpéntica. Por un lado, a esa jerarquía autoritaria que sólo conoce como solución aplicar la fuerza coactiva del estado, ya sea para vigilar a punta de pistola a controladores aéreos como para impedir algo que por ilegal y absurdo que fuere, era completamente inofensivo. Por otro, a unos estrategas mediáticos que han manipulado a su población para poner delante de policías que cumplen ordenes a ciudadanos, incluidos niños y ancianos. En resumen, la orden de enviar a la policía fue un completo error, por capacidad y respaldo legal que tuvieran para hacerlo. Un error político de los que no han sabido desde hace décadas, ni saben, ni por lo visto sabrán, manejar un conflicto el cual no han hecho más que alimentar desde entonces. Ahora bien, una vez dada la orden, la decisión de no acatarla y formar barricadas humanas, demuestra la falta de ética de los políticos catalanistas y también, de su perfecto conocimiento de las carencias de sus adversarios, anticipando su respuestas y preparándose para la foto.

    lunes, 16 de noviembre de 2015

    La burbuja independista

    lunes, 16 de noviembre de 2015

    El sistema político que tenemos en España tiene defectos. Intenta ser democrático pero se queda a medias. El debate sobre su reforma lleva ya algunos años con nosotros, y entre las críticas que se hacen al mismo es que en él, los políticos se preocupan más en inventarse formas para continuar en el poder y lograr captar la atención de sus votantes, que en aportar verdaderas soluciones. No lo digo sólo yo, sino que es también la conclusión que queda tras leer el análisis de César Molinas sobre la clase política española.

    El verdadero 'hecho diferencial' entre unas comunidades y otras, son los diferentes 'inventos' a los que han de hacer uso. Es una cuestión de la propia naturaleza humana. Los políticos de Barcelona no creo que sean muy distintos de los de cualquier otro sitio, de la misma manera que agencias de escorts y negocios similares los hay en todas partes. En cuanto se toca poder, hacen lo que tienen que hacer y dicen lo que tienen que decir para mantener su posición y privilegios. Con la particularidad añadida en el caso de Cataluña de que lo logran gracias a explotar el mismo sistema que critican y manifiestan repudiar.

    Las burbujas

    La burbuja inmobiliaria que ya conocemos fue consecuencia de inventarse una economía basada en unos recursos inexistentes. Una solución de corto plazo en base a inflar una solución para que parezca más de lo que es. Otras burbujas tal vez menos evidentes como la universitaria —en la que se han matriculado miles y miles de estudiantes que ahora están en el paro, fuera de España o subempleados— son claros ejemplos. 

    El caso catalán

    El caso 'singular' de Cataluña consiste en hacer uso de una corriente nacionalista muy extendida entre la población para realizar una propuesta determinada, sin atender a su verdadera viabilidad y consecuencias futuras. No se trata de analizar las causas del fenómeno del nacionalismo, es en cualquier caso, una realidad frente a la cual se puede actuar de muchas maneras. En el caso de los políticos catalanes ha sido hacer uso de ella para mantenerse durante décadas en el poder, siguiendo pautas similares a las del resto de España en las décadas recientes. El independentismo es otra burbuja política con toda probabilidad, por varios motivos:
    1. Tiene un respaldo amplio respecto a otras opciones.
    2. No se han analizado objetivamente sus pros y sus contras.
    3. Los que proponen las medidas logran sus objetivos políticos y obtienen un beneficio personal, a costa de la mayoría.
    4. Hay siempre alguien a quien culpar, a pesar de no ser los responsables. 

    Comparaciones

    Si se compara este caso con el más generalizado de la burbuja inmobiliaria parece que se ve con más claridad. En aquel entonces mucha gente advertía que mantener una economía basada en el ladrillo y las hipotecas basura era un suicidio. A pesar de ello, una gran mayoría cayó en el error ante la promesa de una vida de lujo y les siguió el juego, con las consecuencias conocidas. Era más fácil proponer esto que construir una economía sólida, con todo lo que ello conlleva en cuanto a igualdad de oportunidades, igualdad fiscal, seguridad legal y favorecer las iniciativas de emprendimiento. De forma similar, en lugar de buscar un punto de encuentro para mejorar la convivencia, este sentir numeroso de la población de Cataluña ha sido aprovechado por la clase política catalana para su propio oportunismo político, a costa de ignorar otros problemas ―punto 1―. Los políticos catalanes critican un sistema que califican de injusto, y no les falta razón. Pero en lugar de proponer soluciones como están haciendo otros partidos, proponen el abandono basándose en motivaciones emotivas y viscerales ―punto 2―, acentuado las diferencias.

    Pero, ¿qué se gana con defender una postura inviable o cuya realización tiene numerosas dificultades, además de un resultado como poco, incierto y problemático? Obviamente, lo primero es que se logra el apoyo de una mayoría para alcanzar o mantenerse entre la clase dirigente —punto 3—. Puede parecer una locura, el caso es que tarde o temprano alguien acaba haciéndolo —mucha gente recordará la famosa entonces frase del periodo de José María Aznar, «España va bien»—. Ahora bien ¿qué pasa con las consecuencias, cuando todo se demuestre en su verdadera naturaleza? En el caso de la burbuja inmobiliaria lo estamos viendo: salvo algún cabeza de turco de dirigentes que comenzaban a ser un estorbo, la mayoría de los que protagonizaron aquel desaguisado quedan a cenar sin más preocupaciones. Los culpables y los que sufren ahora aquellas consecuencias son los ciudadanos que les apoyaron, que «vivieron por encima de sus posibilidades». En el caso catalán, y recuerden esto, la culpable de las consecuencias de todo lo que ocurra a partir de ahora tiene un claro protagonista para ellos: la malvada Espanya. En cuanto a quién pague las consecuencias, ¿qué creen ustedes?

    La última similitud

    Queda un último y definitivo punto que completa esta comparativa entre la burbuja inmobiliaria y el caso del independentismo catalán, que todavía no ha ocurrido. Si se trata de una burbuja política de consecuencias poco predecibles y muy probablemente complicadas, queda por ver, en efecto, cuando va a estallar.


    martes, 1 de diciembre de 2009

    Ningún político será más que yo

    martes, 1 de diciembre de 2009

    1984 actualizado Si hay alguna forma de defender la verdad, o la igualdad, es precisamente evitando que estas dependan de un grupo cerrado de personas que toman las decisiones. Todavía más si el acceso a dicho grupo implica el sometimiento a su disciplina interna, limitando por lo tanto la igualdad de oportunidades al establecer de entrada un filtro ideológico y la sumisión a un partido. En la famosa novela de George Orwell, 1984, su autor presenta un escenario distópico con un «Ministerio de la Verdad» a través del cuál se pretende tener un control total sobre el conocimiento de los acontecimientos pasados.

    Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado
    George Orwell

    Según se relata en la novela, la pretensión final es que «La Verdad» dependa del interés de una casta cerrada de gobernantes y por lo tanto, el resultado nada tenga que ver con aquella. Algo parecido ocurre con el igualmente archiconocido Ministerio de Igualdad (igual dá, para los amigos) del gobierno Español, cuya inclusión en el propio nombre del ministerio de aquello que se pretende controlar y asegurar, en función de las teorías particulares de unos tecnócratas o los asesores de vete tu a saber qué, parece que ha de tener un resultado que como muchos nos tememos, no tenga nada que ver con aquello que se aparenta defender.

    B. Aido Sin ir mas lejos, parece ser que la igualdad de los españoles de este ministerio consiste en señalar con el dedo a las personas de un determinado sexo, y establecer por ley y por sistema, que su presencia es obligada independientemente de su valía o de sus méritos, probablemente por que no sabrían como evaluarlos ni valorarlos. O lo que es lo mismo, que si fuera por los méritos, dichos gobernantes que toman estas decisiones no estarían donde están, haciendo lo que hacen ni ganando sus desorbitados sueldos, merecidos según el exclusivo criterio de dicha casta gobernante. Independientemente del sexo que sean, por supuesto, y al margen de lo que pensemos usted y yo, a pesar de cobrar gracias a nuestro sueldo.

    Esto es lo que les pasa a los que están en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con su reciente apoyo a la campaña Maltrato Zero contra el maltrato doméstico. O bueno, habría que decir más bien, del maltrato de las personas de sexo masculino hacia las de sexo femenino (lo que se conoce incorrectamente como «de género»). El resto de maltratos entre personas que ocurren a diario en dicho ámbito, no tienen cabida en esta campaña.

    Seguramente alguien pensará que este sector, el femenino, es el más afectado por la violencia o maltrato entre personas, por su relación afectiva o sexual. Este es precisamente parte del problema, que solo los grupos mayoritarios y por lo tanto, de mayor valor electoralista, son los que preocupan a ese grupo de personas sometidas a la decisión de una cúpula política, que toman las decisiones. En todos los ámbitos, ya sea el social, laboral o político, si no perteneces a un grupo homogéneo que presente un interés electoralista, ya sea organizado o no, solo entonces podrás defender tu dignidad en el ámbito concreto relacionado con el grupo, llegando incluso a poder recibir un sin fin de subvenciones o ayudas, en claro agravio comparativo al resto de personas que tenemos la desgracia de pertenecer a ese otro grupo heterogéneo, diverso y disperso por definición, llamado sociedad civil o también clase media, que ha de ganarse el sueldo día a día con esfuerzo, dedicación y empeño; para que todo este proceso pueda seguir adelante y los demás puedan recibir subvenciones o merecer la atención de campañas mediáticas.

    mujer menos yo Ejemplos de estos casos de trato desigual, paradójicamente buscando lo contrario, son la «discriminación positiva» hacia la mujer, hacia algunos colectivos gays o hacia el colectivo de artistas y actores de cine, por poner los ejemplos más conocidos. El origen de este problema es con toda probabilidad la dependencia que los poderes del estado tienen de esa cúpula política formada por las cumbres de las jerarquías de los partidos. Poderes que en teoría, deberían representar la soberanía de esa sociedad civil, que en la práctica, es la más perjudicada con el agravio comparativo y el trato asimétrico.

    hombre más yo Tal es así que el eslogan más conocido de la campaña mencionada, promueve un trato asimétrico entre el hombre y la mujer de forma que, tal y como reza dicho eslogan («ningún hombre podrá ser mas que una mujer», y «ninguna mujer menos que un hombre») el hombre si es susceptible de ser menos que la mujer. Todo menos buscar esa igualdad que valdría tanto para unos casos como para otros, y muchos más tan merecedores de esa atención. Puede que el motivo de esquivar este justo y equitativo trato, sea el temor de someterse los mismos que traman este tipo de estrategias, a esa igualdad de oportunidades que deberíamos tener todos los españoles a los cargos que ocupan, o al control de la eficacia en su desempeño, sin tener que pasar por el filtro de un partido.

    La otra parte de esta trampa es la de la apelación al sentimiento, el populismo o la demagogia, por la que resulta complicada la critica a este tipo de campañas por el temor a ser tachado de machista, fascista o similares. Es decir, a la discriminación abierta o permitida de una parte de la sociedad civil a otra por expresar una opinión distinta o por tener un sexo distinto, poniendo al publico en general a favor de unas campañas que, por buena intención que en principio estas tengan, acaban constituyéndose en meras imposiciones ideológicas o partidistas. Otro ejemplo de esto fue el famoso «No a guerra» eficazmente promovido por el mencionado y subvencionado colectivo de artistas (actualmente desaparecido a pesar de que continúan prestándose apoyo a conflictos bélicos) por el que al expresar cierto acuerdo favorable al apoyo por parte de tropas españolas a la ocupación norteamericana y británica de Irak, aunque fuera dese un punto de vista geoestratégico, te convertía en una malvado asesino y en un amante de las guerras. De forma similar, el opinar que a una unión civil entre personas de distinto sexo no se le debe llamar matrimonio, te convierte en un repudiado homófobo, a pesar de que la diferencia entre dicha unión y un matrimonio legal pueda ser simplemente nominativa.

    Por todos estos motivos y para que los políticos no manejen a su antojo el dinero de los que se supone que representan, para que sus sueldos, sus pensiones, sus dietas, superiores en comparación a los del resto de ciudadanos y que reciben para efectuar dignamente el noble desempeño de representarnos, puedan estar sujetos a control de su eficacia y buen hacer. Para que cualquier ciudadano tenga las mismas opciones de acceder a un cargo publico o de representante, sin depender del favor de los gobernantes. Para que las simples pero fundadas sospechas de corrupción sean suficientes para retirar o deponer a un político de su cargo, sin esperar a la decisión de sus compañeros o jefes de partido, o a una resolución judicial de un «juez amigo». Para que este, el Poder Judicial, esté al servicio de la sociedad civil y no de la casta gobernante.

    Por todo esto, propongo la siguiente campaña:

    LOGO_CAUSA

    sábado, 7 de noviembre de 2009

    El verdadero independentista

    sábado, 7 de noviembre de 2009
    laporta_independentista Suelen creer los afectados por el nacionalismo (o al menos es lo que suelen poner como escusa) que la independencia o desvinculación política de un territorio respecto al que hasta ese momento le englobaba y era el responsable de todos los males que le afectan (es lo que tiene un Estado, sea cuál sea), la libertad y el progreso llegarán por fin a bendecir su «sagrada tierra».

    Lo que se suele obviar en estas disertaciones, es que de la misma forma que la vinculación política con un territorio puede ser origen de los males que le afectan al estar incluido en él, también deberá serlo de las bondades de las que disfruta. Por lo tanto, siendo una consecuencia natural el que aquellos desaparezcan, nadie sabe o puede explicar, cómo van a suplir aquellos aspectos positivos que van a dejar de satisfacerse. Podría darse la circunstancia de que vinieran otros males que antes eran impensables.

    spain-toro-osborne O podría ser que el independentismo no fuera más que una escusa para evitar todos esos males de los que tanto se quejan, pero que afectan a todo el territorio por igual —o incluso en mayor medida— en el territorio del que (al menos de boquilla) desean separarse. Es decir, el independentismo y esos males de los que no desean solución sino alejamiento, sería la excusa para la obtención ilimitada de privilegios a costa una vez más del territorio que era origen de los males, pero que poco a poco se va descubriendo que más bien es el origen de dichos privilegios.

    Por otro lado, se habla de privilegios para un territorio pero ¿qué pasa con sus habitantes? ¿implica necesariamente la concesión de esos privilegios un beneficio a sus habitantes? Es fácil comprobar como no sólo no hay ninguna seguridad de que esto sea así, sino que podría ocurrir todo lo contrario. Si observamos a países enormemente privilegiados como Arabia Saudí, gracias a todo tipo de concesiones que las primeras potencias globales le hacen con el ánimo de acordar sustanciosos contratos internacionales de mercadeo petrolífero, se comprueba como a pesar de ello la población de aquel país vive en lamentables condiciones y sometido a una dictadura que impone castigos corporales.

    Otro ejemplo claro es la antigua Yugoslavia. Tan cierto es que el régimen de dictadura que vivían era inaceptable, como que la escisión de aquel país ya desaparecido no condujo directamente a una mejora en las condiciones de vida de sus habitantes. Y si no que se lo digan a las victimas que el régimen de Radovan Karadžić en la nueva y «soberana» Bosnia-Herzegovina produjo, a causa de un genocidio de características étnico-culturales.

    bandera-suiza Por el contrario, otro país privilegiado no muy alejado de Yugoslavia como Suiza, rodeado de grandes potencias que le proporcionan seguridad y un mercado económico proveedor de capital para sus bancos, alberga la población con mayor libertad sobre el planeta con capacidad para participar en el gobierno de su país y una de las de mayor renta per cápita e índice de desarrollo humano. Igualmente, al lado de Arabia Saudí está Qatar, una monarquía absoluta que a diferencia de su vecino, su población disfruta de condiciones similares a las primeras potencias occidentales merced a las leyes liberales que poco a poco se adoptan, aún a pesar de mantener tradiciones esclavistas como las leyes de avales.

    La persona libre ¿Que diferencia a unos ejemplos de otros? No es la independencia de un territorio respecto a otro. Ni siquiera del disfrute de privilegios gracias al su aporte pactado entre los gobernantes de los territorios vecinos, al margen de los ciudadanos. La respuesta es la independencia de sus habitantes. Es la defensa de sus derechos, la defensa de su igualdad ante la ley, el derecho a escoger su lengua o a la defensa de su participación en el gobierno de su país (no una sola y ridícula posibilidad cada cuatro años). En definitiva, la propia defensa de su dignidad como personas libres.

    Este es el verdadero independentista, no el que promueve o aplaude referéndums de independencia que solo benefician a la casta política gobernante al estar en posición de negociar más y más privilegios, mientras que el resto de aspectos y problemas sociales, económicos y políticos quedan ocultos o sin decidir, destapándose ocasionalmente sobre el lodazal de corrupción que existe por el mismo motivo.

    Referendum independentista en Arenys

    domingo, 1 de noviembre de 2009

    ¡Viva Honduras!

    domingo, 1 de noviembre de 2009

    honduras_escudo Tal vez recuerden los lectores aquella estrafalaria anécdota que protagonizó el inefable sr. Don Federico Trillo, en la que les hizo gritar a las tropas de EL Salvador un sonoro ¡viva Honduras!. Es más probable incluso que estén al tanto de la situación de crisis política que se está viviendo allí desde que el Jefe del Ejecutivo de aquel país decidió que la constitución le importaba un pimiento, y en vista de que se le acababa su mandato y no podía ser reelegido, puso a prueba el sistema a ver si podía cambiar por su cuenta esa situación. Como no podía ser de otra forma, la cámara de representantes que en este país centroamericano es elegida de forma directa por el pueblo, se opuso a esta violación de su principal texto legal y destituyó al que hasta ese momento era el jefe del Poder Ejecutivo: Manuel Zelaya.

    El presidente depuesto Manuel ZelayaComo se muestra de forma detallada en el blog Memento mori, esta destitución de Zelaya distaba bastante de ser anticonstitucional. Sin embargo, la comunidad internacional defendía lo contrario. Bueno, mejor dicho, los que defendían lo contrario eran los colegas de Zelaya, es decir, los jefes de estado de la comunidad internacional esa. Hablando claro, los que ocupan cargos similares a Zelaya como Obama o Zapatero, probablemente para que no cunda el ejemplo no vaya a ser que les toque a ellos ser los siguientes. Sin embargo, una parte de esa comunidad internacional que estaba tan de acuerdo en la ilegalidad de la destitución de Zelaya, ha resultado no estarlo tanto: un congresista de los EUA, Aaron Schock, se hace eco de un informe presentado por la Biblioteca del Congreso del mismo país donde afirma todo lo contrario.

    Por si fuera poco, un diario de Honduras daba noticia de que la ONU disponía de un informe en donde se posicionaba de forma similar. Esta organización compuesta por políticos y diplomáticos designados por las jefaturas de los respectivos países (o sea, amigos de los jefes de estado), corrió despavorida al día siguiente a aclarar este asunto, con la escusa de que este era «uno de los muchos informes» que recibe esta organización internacional, pero que no era su postura final.

    conflicto civil HondurasParece bastante claro que las jefaturas de estado y los diplomáticos designados por ellos no van a aceptar nunca que su poder está a disposición de otros, que no son omnímodos, como seguramente les gustaría. Los Jefes de Estado de repúblicas presidencialistas como los EUA o los Jefes de Gobierno de sistemas partidocráticos como México, Italia o España, detentan un poder que es el que más se acerca al de las monarquías absolutistas. Paradójicamente, tienen más poder que los Reyes o Jefes de Estado actuales en los vestigios de estos sistemas de estado hereditarios. El mayor y más sagrado límite a esta acumulación de poder es precisamente el límite de mandato, que como queda claramente reflejado en la Constitución de Honduras ningún cargo publico puede ni tan siquiera promover su reelección. Cosa que Zelaya había infringido clara y descaradamente con el referéndum, fuera vinculante o no.

    Pienso que dadas las circunstancias, los ciudadanos de Honduras se merecen todo nuestro ánimo para que sepan solucionar democráticamente este problema, que aprendan y que aprendamos todos de esta situación que pienso es un ejemplo del que hay que tomar nota, y a ver si la próxima vez no se exceden tanto como en esta ocasión y no se saca a punta de pistola a la gente de sus casas. Aunque se lo merezcan.

    Por todo esto, propongo que (ahora si Sr. Trillo) dediquemos a sus ciudadanos un animoso ¡Viva Honduras!


    sábado, 17 de enero de 2009

    La paradoja judicial

    sábado, 17 de enero de 2009
    juecesEn el ámbito de la lógica, es conocida la llamada Paradoja del mentiroso. Esta paradoja es del tipo de autorreferencia y ocurre cuando en el lenguaje natural (el utilizado normalmente, para entendernos) se forman frases que pese a estar perfectamente construidas, pierden sentido al referenciarse a si mismas, contradiciéndose de ser falsas, y negándose a si mismas en caso de ser ciertas, no pudiendo llegar a ninguna conclusión. Son frases mal construidas desde un punto de vista de la lógica al ser zonas a las que esta no llega con los escasos elementos utilizados (la propia frase), siendo necesario un punto de referencia externo para resolverlas.
     
    Parece ser que los redactores y periodistas de EL PAIS no conocen nada de esto, y a pesar de tener supuestamente largas carreras completadas, obsequian a sus lectores con aberraciones lógicas como la siguiente:
     
    Titular de la noticia en «EL PAÍS»


    Deténgase el lector un instante en este punto. ¿No son los miembros del Poder Judicial jueces también? ¿No son los jueces miembros del Poder judicial igualmente?
    Antes de continuar intentando dar explicación a esto y pasando por alto la «objetividad» del ¿periódico? al denominar como «tretas» la estrategia de los jueces, haga otro pequeño alto de nuevo el amable lector, esta vez frente al concepto de «huelga». Acudiendo a las diversas fuentes (diccionario de la RAE, la Wikipedia, etc.), se puede comprobar a grandes rasgos como la huelga es una forma de protesta o reivindicación por parte de unos trabajadores o colectivo social, para ejercer una presión frente a una dirección de la organización a la cual prestan unos servicios, y sobre la que no tienen otros medios de control o gobierno.
     
    De esta definición se desprende inmediatamente que hay una diferenciación entre trabajadores y mandos, y que los primeros no tienen ningún poder de decisión sobre los segundos, pero al contrario si. Únicamente a través de los sindicatos (teóricamente, la representación de los trabajadores) y en las negociaciones establecidas en el marco legal laboral externo a ambos (no pueden influir sobre el), en los convenios colectivos se toman acuerdos tomando en consideración a las partes implicadas. El resto del tiempo la única forma de control es la de la protesta a través de manifestaciones y huelgas. Exactamente las mismas y únicas herramientas que tenemos los ciudadanos para mostrar la disconformidad con la forma de llevar a cabo la labor gobernativa, salvo la negociación colectiva de cada cuatro años. No somos ciudadanos, somos trabajadores las 24 horas del día, y nuestros jefes, los que nos mandan, los políticos que prometieron servirnos y nos pidieron que confiáramos en ellos. Los muy caraduras y mentirosos.
     
    Pero aunque parece que la solución a esta paradoja está cada vez más cerca, todavía falta volver a la pregunta que se quedaba en suspenso algunos párrafos antes, sobre los protagonistas de la historia: los jueces. Para resolverla hay que pasar entonces por diferenciar estos mismos jueces entre jefes y trabajadores. Unos que mandan y otros que obedecen. Independientemente de si se está de acuerdo o no con los motivos de la huelga, la cuestión es ¿por qué necesitan hacerla?
     
    Todo poder independiente debe autogestionarse ¿tendría sentido que fueran a huelga los diputados del congreso, miembros del legislativo? Si existe algún problema, son estos diputados los que tendrían el poder para arreglarlo. Si no hacen huelga es o bien porque disponen de dicho poder para autogestionarse, o porque no les dejan hacerla.
     
    De todo esto se puede llegar a la conclusión de que los poderes del estado no son independientes, como algunos sospechábamos, y que los medios de comunicación no tienen ninguna intención en explicarlo a sus lectores, a los que engaña y confunde retorciendo titulares con tal de deformar los sucesos para que «encajen» con la «voluntad oficial», cosa que también sospechábamos. Si han de hacer huelga es porque no tienen otro mecanismo de protesta y autogestión, ya que de lo contrario pondrían en práctica las medidas que creyeran convenientes, o elevarían las protestas mediante los mecanismos para ello.
     
    Seguramente lo que al gobierno (poder ejecutivo) le gustaría, a tenor de lo incomodo que les resultan estas reivindicaciones «y libertades» que se toman los jueces, es que al igual que los diputados, estos formaran parte de los partidos o estuvieran supeditados a estos como lo están los jefes del Poder Judicial, al mando del colectivo en huelga. Parece evidente entonces que para llegar a un cargo en la rama jurídica, no hay que tener el favor de los propios jueces para ser elegido, sino el del poder ejecutivo-legislativo.
     
    Por lo tanto, el colectivo de jueces solo tiene dos opciones para arreglar las cosas: hacerse amigo de algún jefe de partido o de un buen número de diputados…
    o, hacer huelga.