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jueves, 6 de julio de 2023

Desmontando mitos de la política en España

jueves, 6 de julio de 2023
Congreso de los Diputados

Es habitual pensar que en España vivimos en el «menos malo» de los sistemas políticos conocidos. Con esta afirmación parece que se intenta zanjar toda posibilidad de modificar ni una sola coma al actual sistema. Sin embargo, nuestro sistema de representación política no está carente de extrañas y retorcidas peculiaridades, causa de muchas de las habituales discusiones polarizadas sobre temas políticos que parecen aprovechar la circunstancia de que un buen número de personas desconoce su funcionamiento en detalle, y ha asumido cierto relato construido desde la Transición. «Mitos» con los que en algún momento en el pasado la sociedad soñó y creyó haber alcanzado, pero la realidad parece indicar otra cosa:

Nuestro voto vale igual: FALSO

Una democracia representativa se supone que se distingue básicamente por dos cosas. Una de ellas es que el voto de todos los ciudadanos vale lo mismo. Lamentablemente no se puede decir esto del caso español porque no se cumple: el valor del voto es diferente ya que el reparto de escaños se realiza por cada circunscripción —la provincia— la cual tiene asignada una cuota mínima fija de escaños que no depende de su población. Esto provoca que las provincias con poca densidad de habitantes determinen con mayor peso el número de escaños asignados, es decir, los votos tienen mayor valor que en el resto del país (¡¡La primera condición importante ya no se cumple!!) Bueno, pero al menos podremos decir que ese reparto de escaños se hace a representantes elegidos por el pueblo. Pues no.

Elegimos a nuestros representantes: FALSO

Otra de las características de un sistema representativo es que se asume que los ciudadanos pueden elegir a sus representantes. Sin embargo, resulta extraordinariamente difícil poder decir eso de nuestro sistema. Parémonos a pensar por un momento: ¿A quién de los que componen esas listas de partido han puesto ustedes en ese lugar? Ninguno de cada uno de los concejales o diputados que se sientan a cobrar de nuestro dinero sin cumplir la mayoría de las promesas realizadas y no arreglar prácticamente ninguno de los problemas a los que se enfrentan —por no hablar de los que provocan— es elegido por los ciudadanos (¡¡La segunda condición tampoco se cumple!!) Cuando se acude a votar se ha de hacer a unas listas prestablecidas, cerradas y bloqueadas, con candidatos elegidos a dedo por las direcciones internas de los partidos, completamente opacas al ciudadano. Lo único que puede hacer este es delegar su voluntad a unas siglas de partido, el cuál propone una listas llenas de nombres que sea lo que sea promuevan en nosotros, no podemos hacer más que aceptarla o rechazarla, en cuyo caso deberemos aceptar la impuesta por otro partido. En definitiva, listas cuyo carácter anónimo solo es roto por su asociación con el candidato principal a jefe del ejecutivo. Alguien podrá pensar que por lo menos este candidato, una vez ganadas las elecciones, sí que es elegido por el pueblo. Pues tampoco.

El que gana las elecciones es elegido: FALSO

Este y el siguiente son casi el mismo punto pero es necesario puntualizar un par de cosas. Cuando vamos a las urnas vamos convencidos de que «vamos a elegir» a «alguien». Bueno, una cosa es cierta, en función del resultado electoral «alguien» será elegido, pero desde luego que no será el que hayamos podido decidir los ciudadanos. Por un lado porque como se ha visto nuestro voto va a parar a una lista completamente refractaria a nuestra decisión salvo para rechazarla —y que la acepte otro— y por otro lado porque los votos obtenidos son solo un primer paso para el reparto final de asientos en el Congreso. Este reparto se realiza mediante la conocida Ley d'Hont supuestamente para plasmar la territorialidad, al prevalecer los votos locales sobre los obtenidos en el conjunto del Estado. Sin embargo, al final lo que prevalece sobre todo lo demás son el número total de escaños de cada formación en el Congreso, da igual quien esté en la lista ni de dónde venga, porque por lo visto anteriormente, el ciudadano no lo ha elegido. En función de este resultado final en el Congreso, se ha de realizar una votación para entonces sí, elegir al presidente. Por tanto, «ganar» unas elecciones en función de los votos obtenidos, sea lo que sea que signifique este término en este contexto, no garantiza en absoluto qué candidato va a ser investido presidente.

Elegimos al presidente: FALSO

Poniendo por caso las elecciones generales, lo habitual venia siendo en las convocatorias que desde 1978 hemos estado asistiendo los que ya tenemos cierta edad —y desde que tuvimos la suficiente para hacerlo— que el partido que obtenía más votos colocaba al principal candidato como Presidente del Gobierno. Esto ocurría porque lo hacía con tal holgura que lograba también una mayoría en el Congreso, que es el órgano que cumple la función de representar a la ciudadanía española —lo que no significa que lo haga—. Pero el constante y paulatino aumento en el descontento de los ciudadanos con los partidos en el gobierno en su gestión legislativa, provocó la aparición «en el escenario» de otras fuerzas políticas, no necesariamente como solución, sino simplemente como única herramienta posible que la sociedad dispone para reaccionar de alguna manera a la situación que se interpretaba como lamentable. El resultado es que una vez repartidos los escaños, ya no era posible colocar al presidente propuesto por el partido ganador —insistimos, de haber un ganador es un partido, no un candidato, los ciudadanos no eligen a ni uno solo de los candidatos propuestos que aparecen en las listas— al no poseer la mayoría necesaria. La cuestión principal es que al presidente lo eligen los representantes en el Congreso, no los ciudadanos, y lo hacen unos diputados que tampoco los han podido elegir, sino más bien al contrario, es el candidato a presidente —que suele coincidir con el jefe absoluto del partido, algo que no tendría que ser así si existiesen unas primarias correctamente establecidas— el que con toda probabilidad los ha puesto en la lista para que ahora le elijan a él. Es aquí cuando el público advirtió el protagonismo adquirido por los llamados «pactos» de gobierno post-electorales. Estos pactos, en efecto, se hacen sin la intervención en absoluto de los ciudadanos y se asume que se hacen entre partidos «similares», en todo caso, esta interpretación es a expensas de la que decidan los jefes de partido. La cuestión es ¿En qué medida es democrático algo hecho a espaldas de los ciudadanos sin contar con su aprobación?

Los pactos de gobierno son democráticos: FALSO

Hasta aquí ha sido fácil, pero ahora viene la parte complicada. Aunque estos pactos tras la jornada electoral —cuando los ciudadanos ya no pueden decir nada— han adquirido relevancia y son objeto de titulares en los últimos tiempos, lo cierto es que ya se habían estado haciendo hace décadas en diversas ocasiones con los partidos independentistas de Cataluña y País Vasco principalmente —los llamados «bisagra», en concreto, tanto PP como PSOE, han tenido que pactar con PNV, CiU, ERC, CC principalmente—. Sin embargo, es recientemente cuando son objeto de esas discusiones que ocupan titulares y #trendingtopics, aunque no sirvan más que para polarizar y definir el voto de los usuarios, a costa de nuestro ambiente social de convivencia, cada vez más sujeto a visceralidades y carga emotiva. Parece claro que los medios de comunicación y ahora las redes sociales se encargan de maximizar de manera artificial cierto tipo de debate que eclipsa la cuestión de fondo: es así como funciona el sistema. Por enumerar las características que describen la situación, paradójica y en cierta forma, contradictoria:
  • Los ciudadanos depositan su voto en las urnas con una creencia mayoritaria —aunque en paulatina disminución— de que van a «decidir» sobre «algo», creencia alimentada por todo el aparato mediático que opera en esta misma dirección de escenificar una «representatividad de la sociedad civil».
  • La evidencia sin embargo, muestra que esa «voluntad» depositada en las urnas difícilmente puede asociarse con ese cometido, siendo usada en su lugar para legitimar un reparto de poder acorde a unas reglas.
  • Este reparto de poder resultante muestra un «criterio de representatividad» basado en un «mapa ideológico» de la sociedad, que combina criterios de territorialidad y proporcionalidad.
  • La contradicción es que dicho criterio ideológico está apoyado en la ocupación de unos escaños por personas, las cuales han de renunciar a sus propios criterios a favor de los programas de sus partidos —que tampoco cumplen— a pesar de que el sistema en teoría defiende su independencia.
  • La paradoja aparece cuando un sistema supuestamente representativo y democrático ha de necesitar de pactos posteriores para lograr un gobierno «estable», que en términos prácticos significa que del reparto resultante surgen dos «bloques»: uno el que gobierna y decide absolutamente todo, y otro que se dedica a dinamitar ideológica y sistemáticamente —aunque infructuosamente la gran mayoría de ocasiones— lo que hace el primero, llamado oposición.
  • La mayoría de estos problemas son consecuencia de un sistema ideológico cuyo diputado está sometido a la disciplina de partido. La solución que nadie propone sería, o bien liberar al diputado de esta cadena, o bien se establece un sistema de segunda vuelta en la que participen solo los más votados (actualización 07/07/2023)
Los políticos son conscientes de este funcionamiento incongruente basado en la representatividad ideológica en lugar de en la política. No pasaría —casi— nada si esto fuera asumido por todos, conscientes de sus limitaciones pero adaptándonos a su funcionamiento. El problema es cuando se usa como argumento político y objeto de crítica dichas inconsistencias del sistema, sin proponer su reforma y usándolas al mismo tiempo cuando les es oportuno, siempre basado en el propio criterio ideológico pero demonizando lo mismo cuando lo hace el oponente, lo que ocasiona debates circulares interminables. Por ejemplo:
  • Criticar los pactos con otro partido por motivos ideológicos —pactar con «la ultraderecha», con «los radicales» o con «los que desean romper España»— pero hacer lo propio en cuanto se tiene la más mínima ocasión —porque cuando «lo hago yo» está bien—
  • Cuando lo anterior no es suficiente al comenzar a volverse cotidiano y evidenciarse que es consecuencia del funcionamiento del propio sistema, se emplean argumentos ad hominem arbitrarios contra los integrantes de las listas —los «asesinos de BILDU», los «maltratadores de VOX»—.
  • Proponer la creación de «cordones sanitarios» que consisten en cancelar, excluir e incluso atentar contra los derechos de un grupo de personas por motivos ideológicos —solo escribir esto me ha parecido espeluznante—.
  • Criticar el uso de recursos públicos para la creación de instituciones culturales minoritarias o discutibles en algunos casos —los llamados «chiringuitos»— para luego hacer exactamente lo mismo cambiando tan solo el criterio ideológico —porque el mío «es el bueno»—.
  • En todos estos casos se superponen los criterios ideológicos, intereses partidistas y «rentabilidades electorales» a lo que marcan las normas que supuestamente, legitiman todo el sistema, sin que nadie proponga su reforma.
Muchos de estos problemas que son origen de muchas horas perdidas en discusiones de ciudadanos que creen estar solucionando algo, podrían desaparecer de la escena simplemente dejando que sea el ciudadano el que pueda intervenir en la formación de las listas electorales, descartando o colocando en última posición los candidatos menos deseados. Igualmente, debería establecerse un criterio de selección basado en parámetros objetivos —antecedentes legales, conflicto de intereses, etc.— que no se lleva a cabo nunca porque, en ambas medidas, los propios partidos deberían someterse a ellas, lo que conllevaría perder su capacidad de controlar al representante.

La lealtad al partido es democrática: FALSO

Lo único que es democrático es la lealtad a los que te han votado. Pero claro, como en realidad no se ha establecido esa relación entre la sociedad y sus representantes ya que no es posible que un ciudadano elija a una persona con nombre y apellidos, no es posible tampoco crear ese vínculo democrático. De hecho, la lealtad al partido no solo es antidemocrática, sino que además es anticonstitucional ya que esta situación por la que el voto de un representante está condicionado se denomina «mandato imperativo», el cual está explícitamente prohibido en la Constitución de 1978. Ni siquiera los que se rasgan las vestiduras en la defensa de «la Constitución que nos dimos los españoles» son fieles a sus propios principios. Con esta guisa se entiende que independentistas y otros grupos de activismo se estén riendo a carcajadas un día si, y otro también.

jueves, 11 de marzo de 2021

Recordando el 11M

jueves, 11 de marzo de 2021

El mayor atentado terrorista en la historia de España, que alteró muy probablemente de manera significativa la jornada electoral de unos días después.
El mayor atentado terrorista en la historia de España, que alteró muy probablemente de manera significativa la jornada electoral de unos días después.

Si la intención del atentado en aquella fecha concreta era la de condicionar un resultado electoral para lograr el cambio de rumbo de la política posterior, en la misma medida se consiguió el objetivo, significaría que la voluntad de los que idearon esta estrategia basada en el asesinato de 192 personas tuvo éxito, con la complicidad de los electores españoles que creyeron de esta manera «castigar» al «responsable» del atentado, pero que de ser así realmente estarían premiando a los terroristas. De esta manera se convertía un acto de este tipo en elemento de valoración electoral, trivializándolo inconscientemente como si fueran tormentas o el cambio climático, como si dependieran de variables económicas. Como si no fuera la decisión de un grupo criminal que lo ha planificado precisamente para causar ese efecto político, en la medida el electorado se dejó influir por este atentado.

Si algo puso en evidencia aquel atentado es mostrar la escasa cultura democrática que la sociedad española había desarrollado desde la transición. Es cierto que la principal herramienta de castigo político de la que se dispone son las elecciones generales, convirtiendo lo que debería ser la elección del mejor, en el castigo al peor. El problema era y es, que no sirve para ninguna de las dos cosas. Y no sirve, no solo porque no fue Aznar el que puso las bombas, ni porque el antiguo presidente del Gobierno de España tan siquiera se presentaba a las elecciones. Sino porque aunque se hubiera presentado, el supuesto castigo hubiera sido seguir de diputado, cobrando casi lo mismo y por hacer todavía menos.

Muchos se sorprenden ahora de los populismos actuales, pero no recuerdan que estas carencias democráticas ya se vienen denunciando desde hace décadas. No ha habido respuesta por parte de los gobernantes desde entonces, no han movido un dedo modificando el sistema para que la sociedad tenga más herramientas para valorar y castigar la corrupción o el abuso de poder. Se ha permitido, en definitiva, que parte de la sociedad vaya adoptando posturas cada vez más extremas o más drásticas —que no es lo mismo— lo que unido a las crisis que han venido desde entonces, ha desembocado en la creación de partidos nuevos y de nuevas estrategias de activismo político, llegando a la situación actual en la que de momento, no se ha solucionado nada en absoluto.

En aquella jornada electoral del 14M, los ciudadanos españoles nos enfrentamos a la tesitura de votar a alguien que no nos convencía nada o hacerlo a otro que nos convencía todavía menos, si es que aquello era posible. Muchos nos dimos cuenta entonces de que el sistema no servía, no funcionaba para lo que debería: la sociedad eligiendo a sus propios representantes. Si en aquel entonces la ciudadanía no hubiera decidido ser cómplice de la situación, la respuesta más digna era no votar, o hacerlo de manera neutra —blanco o nulo—. Una participación mínima que evidenciara que una mayoría social era consciente de que aquellas no eran las condiciones para elegir en libertad, con calma, de manera meditada, sin visceralidad ni odio. Odio que algunos partidos convirtieron en su principal arma política. Si el partido que hubiera ganado esas hipotéticas elecciones hubiera tenido decencia, su siguiente paso sería preparar unas elecciones anticipadas, por decisión propia. Pero la sociedad tomó el camino más fácil, más corto, que casi nunca es el correcto. El resultado: que el partido ganador se creyó con legitimidad para hacer lo que quiso y para negar la realidad hasta que esta se hizo inevitable cuando la crisis del 2008 estalló. España no se merecía que le mintieran, pero así lo hicieron y así continúan haciendo.

La mentira de Aznar

Aznar no puso las bombas, Aznar no se presentaba a las elecciones, pero Aznar nos mintió. Para no votar a Aznar/Rajoy habían muchos motivos, todos antes del 11M. No era necesario, o no debería serlo, un atentado para condicionarnos. Tampoco poner como «escusa» que un presidente del gobierno había dicho algo que no se ajustaba a la realidad. Más que nada porque si por eso fuera, no debería haber habido ni un presidente en los cuarenta y pico años de democracia que llevamos. Aznar mintió porque afirmó sin la cautela necesaria y sin esperar las primeras conclusiones de la correspondiente investigación, que ETA, el grupo terrorista que hasta entonces era el que todos esperábamos cuando se daba noticia de un atentado, el culpable. Durante los tres días siguientes se oyeron en la radio noticias que aún hoy en día son objeto de discusión hasta el punto de que una emisora de la talla de la Cadena SER, ha retirado de la fonoteca los archivos correspondientes a aquellos días. Salvo intervención judicial, el público no podrá corroborar las diferentes versiones y construir un relato acorde con lo que realmente se dijo o se omitió. Lo paradójico del asunto es que probablemente fue Aznar con su insistencia en mantener la teoría inicial de ETA como autora del atentado ―era normal suponer que pudiera ser la autora, y así se pudo oír en los noticieros. Lo que no era normal era asegurarlo sin tener pruebas de ello― el que iniciara un proceso que le llevaría a la propia destrucción electoralista de su partido. No es descabellado suponer —si todavía cabe más especulación en este asunto tras todos estos años de teorías de la conspiración— que Aznar jugó la baza de ETA por conveniencia electoral, imaginando que así evitaba que la posible relación del atentado con la Guerra de Irak influyera en el electorado. Tal vez, con las elecciones ganadas ya darían las explicaciones pertinentes y continuar con la investigación. O no. Pero el efecto producido fue el contrario que deseaban: al dejar al descubierto la jugada, hizo que a partir de aquel momento la oposición y sus medios de comunicación afines se le adelantaran y establecieran como objetivo hacer desaparecer a ETA de cualquier comunicación relacionada con el atentado, fuera la que fuera y tuviera la relevancia que tuviera, creándose una verdadera guerra mediática sobre este asunto. Además, Iñaqui Gabilondo, comentarista en aquel momento en la cadena de radio, dio información falsa sobre unos terroristas suicidas de supuesto origen islamista, condicionando a la opinión pública para que se fuera olvidando del grupo terrorista vasco. Es decir, Aznar quiso jugar la baza mediática de la opinión pública, espantó la liebre, y la oposición que lo sabe hacer mucho mejor en el terreno mediático, le gano la partida, ganó las elecciones y luego, con el partido al mando del Estado, ya no hay control de transparencia sobre lo que pueda hacer y permitir con la investigación. Y menos hace diecisiete años. 

La mochila de Vallecas

La situación es la siguiente: en los noticiarios televisivos avisan que los Tedax han encontrado una mochila con explosivos sin detonar. Poco después, en otro noticiario, se cuenta que han llevado una mochila aparentemente similar a la comisaría de Vallecas. La sorpresa viene cuando se matiza que no son la misma, ya que la que encuentran los Tedax es detonada allí mismo, in situ. El problema es que todos los intentos de relacionar la mochila llevada a la comisaría de Vallecas con las explosiones de Atocha, han resultado infructuosos: 
  • La metralla encontrada en la mochila (clavos y tornillos), no ha sido encontrada de manera concluyente en los restos de los trenes.
  • El explosivo no coincide, dando la explicación que se ha «contaminado», pero no con cualquier sustancia, sino precisamente con un componente ―ácido bórico― que se añade para fabricar un explosivo distinto ―en definitiva, es un explosivo diferente―. Cabe decir que al estar contaminada, la prueba no es válida y no fue usada como tal en el juicio. Sí que fue usada por los medios para sus propios objetivos.

Los terroristas suicidas

Para poder condenar a alguien, para poder determinar al autor material de un atentado, es necesario identificar el arma homicida como primer paso. Esto no ha ocurrido desde entonces. ¿Para qué ha servido la mochila? Para relacionarla con los supuestos suicidas de Leganés, lugar donde sí que se ha encontrado la metralla y restos de explosivos coincidentes ¿Pero, un momento, entonces los suicidas de Leganés no se suicidaron en el atentado yihadista? No, el principal crimen de aquel suceso en el piso de Leganés que puede demostrarse con pruebas, fue el de matar a un policía al detonar el explosivo con el que en teoría, se mataron ellos mismos. No hay más relación con el atentado que la que han querido construir, en una aberración jurídica sin precedentes, cuando sin estar acusados son nombrados sin ninguna necesidad salvo la mediática, en la resolución del juicio. La anécdota, si es que merece alguna este asunto, es que de todos los «terroristas» que vivían en el piso se salvó uno que no estaba en la vivienda en el momento de la explosión, que fue detenido después ¿Qué paso con él? que está en prisión por pertenencia a banda armada, pero no ha podido probarse su relación con el atentado, naturalmente. Otros acusados relacionados han sido absueltos por el mismo motivo.

Los trenes desaparecidos

El escenario de un crimen es un lugar cuyo paso y uso ha de quedar totalmente restringido exclusivamente a miembros de la policía. Cualquier otra persona que no sea un investigador del caso o responsable de las pruebas que han de ser usadas en el juicio posterior, ha de evitar acceder para impedir que sea contaminada o alterada la escena del crimen. En definitiva, hasta que el proceso judicial haya sido completado —incluidos los recursos— se ha de mantener intacto el lugar para efectuar todos los posibles análisis y se hayan tomado todas las muestras necesarias, tanto las que se estimen en un primer momento, como todas las que aparezcan posteriormente a requerimiento de los letrados, siguiendo los procedimientos ¿Ocurrió así en España? No, ya que el gobierno entrante, en otra extraordinaria aberración, ordenó desmantelar y limpiar los restos de los trenes afectados por las explosiones, de manera que dejaron de ser útiles para aclarar nada más. Al menos para la opinión pública.

El tipex

El sumario de un proceso judicial es una especie de resumen o compendio de todo lo relacionado con un caso que ha de someterse a juicio. En él se incluyen la descripción de los crímenes, víctimas, lugares y todo tipo de pruebas. Este documento es creado por un juez distinto al que posteriormente llevará la propia vista del proceso. Con este procedimiento se intenta evitar que el mismo juez aplique algún sesgo a la hora de aportar el material con el que se ha de procesar a los imputados. Lo que ocurra en el juicio, salvo la necesidad de acudir a la fuente a petición de algún letrado ―imposible en este caso ya que como se ha visto, las pruebas se inutilizaron por parte del propio Estado― se decide con lo que haya en el sumario. Para preparar estas pruebas, unos peritos realizan unos informes. Cabe decir que esos peritos son los especialistas con los conocimientos adecuados para realizar esa labor, por eso son los peritos. Bien, en un informe realizado por tres de estos peritos, todos ellos coinciden en que se ha encontrado ácido bórico, que es la sustancia con la que se habían «contaminado» los explosivos y que es la usada en los explosivos que ETA utiliza. Lo que ocurre a continuación con este borrador de informe es espeluznante: el informe fue modificado con tipex para eliminar esta referencia. Pero esto no es lo peor, sino que el jefe de los peritos les dijo que se habían extralimitado ¡por hacer su trabajo! Además, se añade que el ácido bórico es una «sustancia habitual» ―en la actualidad su uso es ilegal― por lo que no cabía hacer mención de ello. A pesar de esto y de que el informe había sido modificado por un cargo jerárquico, los medios anunciaron con titulares que «no había rastro de ETA». Lo cierto es que el ácido bórico se encontró, que es ETA quien usaba este tipo de componente en sus actividades criminales, que los peritos lo indicaron en un borrador de informe, pero esto no llego al sumario porque fue modificado por orden política. Es decir, aunque parece claro que no es una prueba concluyente, sí que parecía a los técnicos lo suficientemente significativa como para indicarlo. La importancia de este hallazgo es algo que se tendría que decidir después durante la investigación y el juicio, pero esto no fue posible porque se impidió que llegara esta información a donde tenía que llegar. Al parecer, la importancia no era esclarecer los sucesos, sino fabricar un relato político adecuado.

Los acusados y condenados

El resultado tras el juicio del 11M es que solo uno de los condenados ―Jamal Zougam― lo es por participación directa en el crimen y autor material, siendo las pruebas que lo incriminan testigos directos que lo sitúan en el lugar de los hechos y por las tarjetas usadas en los teléfonos móviles. No ha servido nada de lo investigado en los trenes, ni lo encontrado en el piso de Leganés, ni una mochila que no explotó ni mató a nadie. Solo una persona para diez explosiones en cuatro focos distintos, ya que los suicidas de Leganés ni murieron en el atentado, ni lo hicieron con un explosivo que se pueda relacionar con unos trenes que ya no existen. El resto de los acusados han sido condenados por delitos como tráfico de explosivos o de sustancias ilegales, sin que participaran materialmente en el atentado en el que murieron 192 personas. Hoy en día, la mayoría de medios siguen dando la misma versión incoherente que en su día se fabricó. La importancia ahora no es ya si fue ETA o no fue. Sino además de la tomadura de pelo a la que nos someten, la frustración de sentir que no se ha hecho todo lo posible por hacer justicia.

sábado, 20 de abril de 2019

Carencias democráticas

sábado, 20 de abril de 2019
Foto: Wikipedia
España tiene un sistema político que dista mucho de ser el de hace 80 años. Actualmente según ciertos parámetros es considerado un país libre pero, ¿significa que no es mejorable? ¿Es nuestra forma de democracia la mejor que puede tener nuestra sociedad? ¿Son todas igualmente efectivas para cumplir su función? ¿En otros países representan por igual a su sociedad? ¿Todos evitan de igual manera los abusos y la corrupción? ¿Por qué protestan los independentistas, tienen razón o parte de ella en los motivos que les lleva a adoptar su postura, sea esta correcta o no? ¿En qué aspectos es mejorable nuestro sistema? ¿Quién impide que este madure?

Son muchas preguntas cuyas respuestas exceden la intención de este artículo. Sin embargo, con tan sólo comparar otros países no muy lejanos como Dinamarca en asuntos de corrupción y comprobar la plena consciencia del problema de sus ciudadanos y qué clase de actitudes y vicios han de reprimir para evitar males mayores; o con datos como que España es el país europeo con mayor número de encarcelados por habitante mientras que en Suecia se cierran las prisiones, se advierte fácilmente que algo no funciona. Se le propone al lector un pequeño viaje por nuestra historia inmediata para intentar averiguar qué clase de defectos palpables se encuentra en nuestro sistema político. Problemas conocidos que en otros países solucionaron en su momento de alguna manera, mientras que en España... bueno, mientras que aquí pasaba esto:

Un poco de historia

En los últimos años del periodo de dictadura —el llamado tardofranquismo—, la necesidad económica del país de abrirse a Europa fue fundamental y probablemente el motivo por el cuál los que entonces gobernaban no tuvieran más remedio que modernizar paulatinamente a la sociedad española. De esta manera se dio paso al baby boom y a la creación de una clase media que, con el Seat 600 como símbolo, comenzó a vivir con unos niveles incipientes de autonomía individual, de igualdad y de libertad. Con el dictador muerto y dejándolo todo bien dispuesto, el siguiente paso vino con la Transición, una fase que si bien la sociedad española venía años demandando, no es menos cierto que finalmente vino desde dentro, es decir, fue orquestada desde el propio sistema que entonces regulaba la vida de sus ciudadanos.

Transición perpetua

De esto hace más de cuarenta años, los cuales hemos estado viviendo en una transición que ha permanecido inalterable, con un sistema político y legal cuya diferencia más notoria con el anterior son unas elecciones «generales», cada cuatro años, que pretenden simbolizar una apertura a la participación de los ciudadanos. Ahora bien, observado con algo de detalle se evidencia que dicha participación ha de realizarse a través de alguna fuerza política en forma de partido, para que ocupe prácticamente las mismas instituciones. Unas que continúan basadas en una rígida jerarquía que decide todo desde arriba de manera unidireccional, desde el Jefe de Estado hasta el último conserje de consejo de barrio. El porqué de esta tradición cultural es igualmente un asunto que nos sobrepasa, pero no es nuevo: desde el cesaropapismo hasta el caciquismo, pasando por la mafia, podemos sospechar que en la cultura mediterránea son un común denominador. La Transición no ha mejorado este aspecto, todas las organizaciones e instituciones en España obedecen el mismo sistema de orden y control, de autoridad y sumisión: organismos públicos, partidos y sindicatos. El resto de organizaciones de corte menos político acaban imitando esta cultura, que se podría decir que si bien puede ser comprensible en el ejército, es en su base de difícil compatibilidad con la democracia y muy inadecuada para aprovechar el capital humano en cualquier otro ámbito.

Paradoja social

Durante todo este tiempo el sistema ha permitido que posturas contrapuestas cohabiten dentro del mismo espacio político. Esta apertura es la que definió la época de la Transición, un momento de la historia conocido por un espíritu de optimismo y fraternidad. Esta cultura sin embargo, en lugar de madurar, no solo ha ido desapareciendo sino que se ha radicalizado hasta el esperpento con el paso de los años, sin superar ni uno solo de los demonios guerracivilísticos que tanto han socavado la convivencia en la sociedad española. Si bien «sobre el papel» el sistema a nivel formal permite la diversidad política, ocurre sin embargo que a nivel cultural esta coexistencia está marcada por el enfrentamiento y la emotividad. No ha habido asimilación por parte de la sociedad, o lo que ocurre es que el propio sistema heredado de la Transición promueve estas actitudes: el debate no existe, empezando por el principal lugar donde debería que es el Congreso, lugar en el que sus protagonistas se limitan a decir lo que quiere oír su público sectorizado, su audiencia ideológica, sus electores. En lugar de debate, las legislaturas son campañas electorales de cuatro años. El punto de inflexión donde se evidenció el fracaso cultural de la Transición fueron tal vez las elecciones generales de 2004, de triste recuerdo por el trágico atentado del 11M.

En consecuencia, las posturas políticas que se generan son acordes a esta situación. La democracia a la que se le ha estado llamando así durante estas décadas, nos ha traído una cada vez mayor radicalización y enfrentamiento de las posturas, en lugar del acercamiento y el enriquecimiento mutuo. Los nacionalismos e independentismos han aumentado y radicalizado al ser alimentados por el sistema actual año tras año, cebándolos, sin convencerles lo más mínimo a pesar de que en teoría, si las cosas fueran como nos dicen que son, no deberían tener ya motivo alguno para continuar en sus posturas. Debido a esto, se han formado dos bandos que han ido escalando en su dogmatismo por igual, algo que viene también a evidenciar lo poco que se ha aprendido del más triste periodo anterior a la dictadura que le sucedió. Esos dos bandos, como se decía, se han configurado como los «constitucionalistas» y los «anticonstitucionalistas».

Los primeros defienden de manera absolutamente inamovible el sistema que paradójicamente, nos ha llevado a la actual situación. Los segundos señalan las carencias del mismo sistema que sin embargo, les permite manifestarse, sin ofrecer más alternativa que la escisión del mismo para repetir el mismo esquema autoritario. Cualquier intento de posicionarse fuera de estas dos posturas rígidas se enfrenta a enormes dificultades, teniendo como oponentes la mayor parte de medios de comunicación que están sometidos a uno u otro «bando».

Fallos del sistema

¿Es posible criticar a algo en España con normalidad? ¿Es posible hacerlo sin ser acusado o encasillado en alguna de las etiquetas ideológicas del momento? Ha quedado demostrado que no se puede convencer a nadie, si este previamente no lo desea, por justificados y razonables que sean los argumentos expuestos. Pero no es intención el convencer a nadie, sino buscar respuestas a las preguntas planteadas durante el artículo. De todas las cosas cuestionables que tiene nuestro sistema, los siguientes puntos destacan sobre el resto:
  • Sistema de representación político

    • Valor del voto por circunscripción: esta está basada en la provincia sin tener en cuenta las grandes desigualdades en densidad de población y su correspondencia con los escaños. Esto genera una diferencia de valor del voto de cada ciudadano en función de su residencia, a efectos del número de votos necesario para elegir un representante. Independientemente de cualquier otra consideración, nada más empezar nos encontramos ya en en el criterio básico por el cual se establece la representación ciudadana, en una desigualdad.  <Artículo 68 [acceso el 22/3/2019]>

    • Los siguientes tres puntos por separado son opciones que cada una de ellas pueden darse en un sistema democrático por unas razones u otras, pero las tres al mismo tiempo forman un conjunto que reducen la necesaria representatividad del sistema español a la anécdota:

      1. Listas cerradas y bloqueadas: los ciudadanos no eligen al representante, sino a una lista ya confeccionada y predefinida. Tampoco eligen el orden, ni pueden realizar modificación alguna sobre ella. Esta clara merma en la capacidad de decisión de los ciudadanos tiene todavía una mayor repercusión si se le añaden el resto de puntos.
      2. Reparto de escaños: se realiza asignándose a cada uno de los miembros de la lista siguiendo el orden establecido en ella, en función del número de votos que ha recibido la misma. Es decir, los escaños que recibe la lista son repartidos a cada uno de sus miembros, como si hubieran sido otorgados a cada uno de ellos. De esta manera el reparto favorece a los votos locales, ya que cuantos más votos reciba una lista en su circunscripción, más escaños recibirá.
        En un primer momento este «principio de localidad» parece tener sentido, pero deja de hacerlo si se consideran el resto de puntos enumerados, ya que el ciudadano no ha podido decidir nada sobre sus representantes ni tendrá mandato alguno sobre ellos.
        En resumen, el sistema de reparto de escaños se decide en función de un principio de representación local que en la práctica no existe. El hecho de que los ciudadanos acudan a las urnas y se enfrenten a un entramado de listas y nombres que sirve para poco pero que es el que va a decidir a la postre la representación parlamentaria, no es en ningún caso, deseable.
      3. Anulación del mandato imperativo y disciplina de partido: el mandato imperativo es una figura política que consiste en la obligación del representante de estar a disposición de sus representados. Esto significa que el representado conoce quién es su representante cuyo mandato legislativo está sujeto a anulación en cualquier momento —en base a algún mecanismo que lo posibilite, como recogida de firmas—. En España la Constitución prohíbe expresamente que los representantes estén sujetos a mandato alguno, algo que tampoco sería posible ya que no hay forma de relacionar a un representante con sus representados, ya que en ningún momento ha existido la posibilidad de ofrecerse a ser elegidos, ni manera de que los ciudadanos puedan hacerlo, como se ha visto. Por este motivo las campañas rara vez usan el atractivo de un político local, siendo en su lugar la imagen del candidato a presidente la usada en todo el ámbito de España. El argumento esgrimido es el de lograr que el representante sea independiente, pero la realidad impuesta por el primero de estos tres puntos, es que el diputado acaba sujeto a una férrea disciplina de partido <Artículo 67 [acceso 22/3/2019]>.
        La consecuencia de estos tres puntos es que la representatividad se pierde en gran medida, siendo las direcciones centrales de los partidos los que tienen verdadero control sobre las decisiones. A pesar de que el reparto de escaños se realiza en función de una supuesta característica de representatividad local, el resto de mecanismos obligan a que la política posterior en el Congreso se decida en función del total de escaños obtenidos en el conjunto de circunscripciones, perdiendo toda característica de teórica cercanía al ciudadano —a pesar de que la proporción de escaños proviene de esta premisa—. La disciplina impuesta por los partidos hace que salvo en contadas ocasiones —transfugismo— un representante no sea más que un robot, un autómata cuya única finalidad es apretar un botón, leer el periódico, o jugar al Candy Crush.
        Cuando el partido es por definición de ámbito local, su política posterior obedece a esta circunstancia —los independentistas solo se presentan en las circunscripciones de su autonomía y las tendencias de voto son distintas en función de si son elecciones generales o autonómicas—. Sin embargo, siendo el resto de funcionamiento el mismo —listas cerradas y bloqueadas y prohibición de mandato imperativo— esta «cercanía» política no implica ninguna mayor representatividad, sino la defensa por parte de unas cúpulas políticas locales de unos intereses distintos a las cúpulas que gobiernan en el resto del Estado, las cuales adolecen de la misma falta de representatividad. El independentismo es por tanto un fenómeno derivado del actual sistema, cuya actual fuerza es consecuencia de la misma causa que dicen repudiar.
        Como anécdota, si es que un tema tan serio merece alguna, son las explicaciones que en la propia Constitución se dan para justificar los caminos escogidos. Un texto que ha de representar la voluntad del pueblo no necesita de ninguna justificación.
  • Independencia de poderes

    A efectos prácticos esta es inexistente ya que como se ha visto, el poder legislativo está controlado por las direcciones de los partidos, los cuales eligen a un candidato como jefe del ejecutivo, en este caso del gobierno —por ser una monarquía—. Poca o nula capacidad de decisión han tenido los ciudadanos en esta situación, salvo los votos concedidos bajo las condiciones expuestas. Por añadidura, tras una reforma de 1985 <enlace a la fuente [acceso el 7/2/2019]> la poca independencia del poder judicial acaba por desaparecer —las reformas tras la Constitución son a peor, por lo visto— con lo que los tres poderes del Estado están sometidos al reparto que logren las direcciones de los partidos tras unas elecciones generales. Es ahí donde se decide todo durante los cuatro años siguientes.
  • Iniciativa Legislativa Popular

    No debería ser necesario señalar que en un sistema democrático la participación ciudadana es el principal requisito. Aunque las grandes poblaciones tengan que recurrir a un sistema representativo para llevar el gobierno del pueblo a efecto, en la medida sea posible no hay que olvidar los mecanismos de democracia directa. Uno de ellos es la llamada ILP —por sus siglas— mediante la cual la ciudadanía puede proponer a sus representantes una iniciativa legislativa. Es decir, que se apruebe o rechace una ley en el Congreso propuesta directamente por los ciudadanos.
    De nuevo, la Constitución Española recoge esta posibilidad ineludible en un sistema democrático, sin embargo; independientemente del número de firmas necesario ni de los mecanismos para ello; esta opción es en la práctica inútil, ya que los representantes pueden ignorarla sistemáticamente a pesar de ser una petición directa de sus representados. <enlace a  la Ley Orgánica 3/1984 [acceso 3(4/2019]>
    Para poder comparar la manera de llevar a cabo este sistema con otras opciones existentes funcionando desde hace décadas con resultados satisfactorios, Suiza es un país que mantiene su sistema federal con una gran presencia de democracia directa —uno de los probables motivos de su no pertenencia a la Unión Europea—: ante una ILP, los representantes si bien no están obligados a aceptarla, en caso de rechazo sí están obligados a presentar una alternativa y a someterla a referendum

Puntos débiles

Decir que en estos puntos anteriores no existe pasión en su exposición no sería cierto, porque las personas jamás podremos deshacernos de ella. Incluso el más ortodoxo de los científicos no deja de sentir cierto amor por su trabajo. Pero en este caso el esfuerzo ha consistido en ser lo más independientes posibles de dicha emoción. Sin embargo, no sería justo ignorar otros temas que provocan reacciones airadas entre la sociedad, no tanto por ellos mismos, sino por la dificultad para tener un verdadero debate, más allá de las tertulias televisivas cuyas posturas obedecen a un guión preestablecido. Mientras tanto, en nuestro país continúan la escalada en el separatismo, el déficit público, el paro —el doble que otros países del entorno inmediato— y sobre todo, los casos de corrupción, que han alcanzado tales cotas que salpican hasta la máxima institución del Estado:

Monarquía

Holanda, Bélgica, Dinamarca y Reino Unido son monarquías, por citar unos ejemplos. Lo llevan de manera aceptable, incluso en algunos casos se diría que son países ejemplares, como Dinamarca. Reino Unido se dice que es el único país que a través de reformas ha logrado un sistema representativo considerado modélico por algunos especialistas. Holanda es un país con una cultura social que respeta la diversidad y la libertad como señas propias. Y Bélgica hace lo que puede, dentro de las dificultades por las que atraviesa. La monarquía no es por tanto un problema en sí mismo, pero no cabe duda que es un instrumento caduco y obsoleto. Su adecuación a la democracia pasa por artificios cuyo objetivo final no es otro que mantener a los monarcas en su trono, con la mayor parte de sus privilegios. La cuestión es pues hacerlo de la manera más decorosa posible. No se trata ahora en este instante de «opinar» de manera favorable o lo contrario, pero lo que es necesario es reclamar la existencia de un verdadero debate sobre el tema, en el cual participen actores cuyos intereses tengan lo menos que ver con la institución, sea a favor o en contra, y en el cual se pongan sobre el tapete todos los pros y contras de las diferentes opciones de la forma de Estado, y sobre todo, qué quiere la sociedad española, qué caminos ha de emprender y cuál podría ser su coste en todos los aspectos.

Indultos

Este es otro de los casos en que si bien una figura como el indulto por parte de la jefatura del estado es admisible, no lo es tanto si no existen junto a ella ciertas condiciones. En cualquier otro país avanzado, los indultos tienen mecanismos que en comparación con el caso de España se aparecen como mucho más válidos. Difícilmente un presidente de gobierno que ha sido permitido por el rey le va a poner pegas. Tanto o más difícil lo va a hacer un congreso cuyos diputados ocupan unos asientos gracias a apoyar al actual jefe del gobierno. En definitiva, la inexistencia de una separación de poderes efectiva en la práctica, hace que el indulto en España sea poco más que alzar o bajar el pulgar, al más puro estilo del César de Roma.

Decretos

La prueba más aplastante de la inexistencia de debate social y político, es la cantidad de decretos promulgados gracias a la mayoría que un único partido y sus socios, poseen en el parlamento. Y el panorama no parece remitir en absoluto. Toda la decisión, como se viene explicando, ha partido de una cúpula la cual transmite como un rodillo, aplastando a quien pilla por debajo. El resto de millones de personas que se supone deberían estar representadas por el resto de ocupantes del parlamento, no tienen la más mínima oportunidad de hacer nada al respecto, salvo el pataleo o las tertulias de barra de bar.

Financiación de los partidos

Por más supuesta apertura que se ofrezca a los ciudadanos, si estos no tienen ninguna posibilidad por falta de medios, no sirve para nada. Los más veteranos recordamos lo que entonces se llamó «sopa de letras», por el maremágnum de siglas e iniciales en el que se convertían las primeras convocatorias electorales. La cantidad de pequeños partidos, cada cuál más anecdótico e incluso estrambótico, ofrecían un espectáculo algo patético. Es necesario un filtro. En otros países se solucionan con circunscripciones uninominales a doble vuelta, en el que los candidatos son personas, y que las propuestas más débiles caen en la primea vuelta. En España es el respaldo financiero, de manera que sólo las opciones que de entrada tienen más capacidad, llegan a obtener representación parlamentaria.  Con el agravante que a continuación, es el propio Estado el que asigna un presupuesto electoral a la formación, en función de su respaldo en número de votos y gracias al cual te llenan el buzón de propaganda electoral. Esta es la manera en que que en España se hacen las cosas: matando moscas a cañonazos. De esta manera se crea un circulo vicioso donde los partidos tienen como objetivo vivir a costa de unos presupuestos estatales, logrando como sea apoyos electorales. El resto de opciones que quieren cambiar algo o proponer cosas nuevas, parten de entrada con enormes dificultades. Lo que en un principio era un filtro necesario, se convierte luego en una clara desigualdad injusta y poco democrática, que favorece especialmente a los más poderosos, consolidando la llamada «dictadura de la mayoría» que a base de decretos y de una ausencia de controles de poder independientes, hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. En definitiva, en España nuestra democracia todavía va en 600.

viernes, 7 de octubre de 2016

La España que estámos construyendo

viernes, 7 de octubre de 2016
La España que construimos o más bien lo contrario

¿Ha fracasado el llamado «espíritu de la transición»? ¿cuál es la España que se ha construido desde entonces? ¿son los parámetros de convivencia actuales, la mejor alternativa a la guerra civil y la dictadura? Ya en se dijo que no era buen síntoma que en el 2004 un partido ganara contra pronóstico unas elecciones gracias a un atentado terrorista. Ni el partido que entonces estaba al frente del gobierno ni el aspirante habían presentado nada que realmente mereciera la pena. En la medida pudo influir aquel trágico y traumático suceso —que con toda probabilidad fue decisorio dada la igualdad de los rivales— significaba que el proyecto político de convivencia llamado España fracasaba... de nuevo.

Al hablar de proyecto político se habla de la creación de una serie de instituciones que representan a esa parte del pueblo que sí desea la convivencia. El problema es que en la construcción de ese proyecto y por mucho que sus protagonistas defiendan otra cosa, prevalecen sectores cuyos intereses no tienen nada que ver con la representación de la sociedad que aspira a construir un proyecto común, y sí más con el dogmatismo, las ansias de poder y de control. La España que estamos construyendo no se apoya sobre la convivencia, sino sobre el reparto de protagonismo. El que ocupan dos grandes partidos, uno de ellos infestado de mediocridad y de corrupción, pero que a pesar de ello continua logrando grandes resultados electorales, como si de esta manera los demás tuviéramos que aceptarlo.
La España del griterío y de la manifestación mediática pero inútil para lo que dice defender

Ante la ausencia de argumentos, la convivencia política en estos momentos consiste en el atropello y en la acusación, en muchas ocasiones de asuntos similares a los que el propio acusador comete. En el anuncio de casos de corrupción que llevan décadas siendo investigados, pero que salen a la luz pública únicamente cuando hace falta, cuando los mecanismos de pacto de no agresión ceden ante el exceso de una de las partes. Cuando la crisis económica complica que las bocas hasta ahora calladas lo continúen estando. Dos partidos que continúan ocupando la mayor parte de la escena política aunque no ofrezcan ninguna solución al problema de España, eternizando el enfrentamiento y viviendo de él. Son realmente los causantes del problema, avivándolo y viviendo a costa del apoyo logrado en base a transmitirlo a la sociedad.

Por un lado un Partido Popular cuyo núcleo es puramente dogmático, nacionalista, ultra-católico, de fe ciega en la jerarquía, sea militar o eclesiástica. Un partido en el que hay poca posibilidad para la disidencia, pero sí para la corrupción, salvo en la periferia, donde pueden existir ambas cosas. Y por el otro, de envidiosos ególatras cainitas, mentirosos y figurantes patológicos, que no dudan en darse codazos, zancadillas y puñaladas en cuanto se trata de estar al frente de un colectivo, aunque implique la práctica destrucción del mismo. Un Partido Socialista de más de un siglo de antigüedad que no es capaz de organizar un Comité Federal —su máximo órgano de gobierno interno— de forma racional y educada. Un partido que no se ha preocupado en absoluto de buscar constituirse como una alternativa sólida frente a la derecha que critican, tratando en verdad de colocarse a su lado. Hacerse un hueco en las estructuras de poder del sistema, sin aspirar a ser el necesario ejemplo de organización política de ciudadanos.

La España de la telebasura y la España real cada vez son más indistinguibles
GH se derrumba en audiencia: la competencia es muy fuerte, mejor ver las noticias
Pero el verdadero problema es lo que ocurre al margen de estas dos organizaciones reclutadoras de enfermos, ansiosos por el protagonismo y de colocarse en un estrado para sentirse importantes. Al otro lado del televisor, la sociedad asiste a este lamentable espectáculo como si estuviera viendo la enésima edición de la tele-basura de Gran Hermano. Pensamos que no tenemos nada que ver con eso, sin darse cuenta que se trata de las dos principales organizaciones de las cuales surgen los representantes políticos que deciden todos los aspectos que acaban influyendo de forma determinante en nuestra vida cotidiana: nuestra salud, nuestros servicios públicos, la educación de nuestros hijos, nuestra cultura, nuestra convivencia, todo, depende de gente que se mueve en los mismos círculos de que protagonizan los casos de corrupción o los poco edificantes y bochornosos recientes espectáculos políticos.

 El 15M —en concreto, las manifestaciones multitudinarias y transversales que se dieron en varias ciudades de España, precedidas en los meses anteriores de diversas iniciativas similares aunque menos multitudinarias— fuera o no organizado por grupos de activismos de izquierdas, lo cierto es que reflejaban el malestar de la sociedad y su desacuerdo generalizado. De todo aquello se ha materializado una organización en forma de partido conocida como Podemos. En el sistema político español, la única posibilidad práctica para solucionar el problema que los dos grandes partidos no sólo no solucionan sino que la agravan, es sustituyéndolo por otro —u otros—. Y este partido, si bien comenzó con unas ideas aplicables como alternativa a la situación, en cuanto ha entrado en el congreso nos ha recordado a todos el circo que realmente ha sido durante estos más de treinta años. En su afán de conseguir votos, ha replicado las mismas y viejas tácticas políticas partidistas buscando atraer votantes del PSOE, sin darse cuenta que de esta manera se puede acabar convirtiéndose en lo mismo de lo que se pretende huir. Afortunadamente les ha salido mal, ya que atraer a un voto socialista anquilosado y sectario de décadas de fidelidad es prácticamente imposible.

Esta España del griterío, de la acusación, de la desconfianza, del enfrentamiento, del miedo, de las manifestaciones inútiles, de absurdo «meme» en la red social de turno, de los falsos debates, de la burda y sucia agitación política, cuya memoria no va más allá del último «barsa-madriz», es la que desgraciadamente vamos a dejar a nuestros descendientes. Porque de los que ahora mismo depende, no va parece que vaya a salir nada mejor. 


martes, 8 de septiembre de 2015

Populismo o la verdadera magnitud del problema

martes, 8 de septiembre de 2015
Foto: http://www.europeanyouthvoice.eu

¿Que relación hay entre democracia y demagogia? En líneas generales, parece inevitable que los políticos acaben diciendo aquello que la gente desea escuchar. Parece que gusta más oír a alguien decir que tiene una solución, que admitir que los problemas son muchos y la situación es complicada. Deseamos creer que con dos cambios por aquí y por allá, tirando a uno o a otro líder del gobierno, todo se va a solucionar en un abrir y cerrar de ojos. Diría que esto es lo que ha estado ocurriendo en España en las ultimas décadas, con la añadidura de que cada vez el aspirante lo suele tener más fácil, gracias a lo cada vez peor que lo han hecho los sucesivos gobiernos. Esto y el uso del infausto 'voto útil', el más inútil de los votos. A pesar de la aparición de alternativas políticas en el escenario electoral, me temo que las estrategias son las de siempre: los que gobiernan asustan de lo que ocurrirá si ellos no continúan, y los aspirantes se proclaman como la solución a todos los problemas. Seguramente, ni lo uno ni lo otro, por supuesto.

¿Qué se puede hacer?

El gobierno justifica sus acciones con el pretexto de que 'hay que apretarse el cinturón', ya que 'hemos vivido por encima de nuestras posibilidades'. De esta manera, la opción elegida por el gobierno actual es perpetuar la mediocridad. Recortar en los servicios que más afectan a la ciudadanía, el principal valor necesario para salir del atolladero ―salir de verdad, no limitándose a cumplir con determinados parámetros económicos decididos por ciertos dirigentes europeos―: recortes en investigación, en educación, aumento de los impuestos básicos, descenso de los ingresos de la clase media, empeoramiento de la situación laboral, alargando jornadas y reduciendo sueldos, todo para luego no saber cómo aprovechar el tiempo. Es decir, la discrepancia principal está en pensar que estas medidas son inevitables y que han de sufrirlas la parte más débil e indefensa de la sociedad.

Una buena parte de la sociedad no considera legítimo que un gobierno mediocre y corrupto genere medidas que perjudican al principal capital humano del país. Como consecuencia, han surgido las alternativas políticas, unas nuevas como Podemos, y otras ya conocidas pero que hasta ahora no habían salido fuera de su ámbito autonómico, como Ciudadanos. Es decir, se critica sobre todo la legitimidad de los que deciden, más que las medidas en sí. En pocas ocasiones se ha puesto el dedo verdaderamente en la llaga: ¿Qué se puede hacer realmente? ¿Cómo se va a pagar la deuda? ¿es posible una 'quita' y dejarla sin pagar por considerarla 'ilegal, ilegitima y odiosa'? ¿y si el país está tan hipotecado que no hay de donde sacar?

Grecia

Las promesas de Syriza, fueran cuales fueran exactamente, no se han visto cumplidas. El rescate se ha dado ya que de lo contrario el país heleno se venia abajo. Las condiciones de la Troika se han impuesto. El partido en el gobierno se ha dividido y el Primer Ministro electo, dimitió como consecuencia de su fracaso. Y Grecia está igual que antes o peor. Pero, ¿invalida esto las reivindicaciones? ¿justifica lo que está haciendo Europa con Grecia? Algo evidente es que la situación en Grecia no es cosa de ahora, sino que es el producto de una política continuada que ha dejado el país a merced de unos intereses ajenos, y que no se soluciona con la mera voluntad. Gracias al caso griego se conoce mejor la verdadera magnitud del problema.

España

Lo ocurrido en Grecia está siendo utilizado como ejemplo, como siempre, con cada parte interpretando lo ocurrido a su conveniencia. Una de las consecuencias es la modificación de intención de voto, aparentando que la sociedad aumenta su apoyo al bipartidismo clásico que nos ha llevado a la situación actual, y la confianza en las propuestas alternativas pierde fuerza. Probablemente, estas encuestas no reflejen la realidad adecuadamente, ya que la duda suele ser mala a la hora de mostrar tu apoyo a una opción que se ha visto comprometida, favoreciendo al resto que aun teniendo el mismo apoyo en cifras absolutas, porcentualmente mejora. Esto significa que a la hora del voto pueden volver a pesar factores como la corrupción. Sea lo que sea que ocurra en las próximas elecciones generales la pregunta es ¿Qué opciones tenemos?

Habrá que prepararse para enfrentarnos a nuestra verdadera realidad como país y la relación con una Europa a la que no le gusta la democracia. Cuando España entró en la Unión habían ya 10 estados con una política agraria común en cuya elaboración no se participó. Hubo ya en 1986 que soportar unas terribles condiciones que han supuesto la perdida de un factor diferencial respecto al resto de países con tradicionalmente menor capacidad agrícola. En cuanto a la industria, la Reconversión Industrial que también afecto a ciertas producciones ganaderas y agrícolas, acabó por desmantelar la poca capacidad industrial que se tenía en España. Se puede estar de acuerdo en que entrar en Europa era necesario pero ¿a este precio? ¿Quién ha ganado realmente de este proceso? ¿bajo qué acuerdos reales se construyó precipitadamente la Unión Europea? Resulta inevitable pensar que nuestros políticos vendieron a nuestros países para que ellos pudieran codearse con las nuevas élites europeas, a costa de convertirnos permanentemente en provincias de segunda, sin capacidad de decisión y con el objetivo de llenarnos de autovías para ser destino turístico de los lujosos coches centroeuropeos.

Los ciudadanos griegos pensaron y creyeron que eran dueños de su destino ¿Lo somos los españoles? En nuestra mano está la oportunidad de conocer la verdadera magnitud del problema o bien, continuar con la misma mentira de siempre.


lunes, 25 de mayo de 2015

La nueva política

lunes, 25 de mayo de 2015

Los resultados de las elecciones autonómicas y municipales de 2015 están convirtiendo las cámaras de representación en verdaderos galimatías algebraicos. Todo comenzó con las anticipadas elecciones andaluzas, cuyo gobierno todavía no se ha formado. La razón, la dependencia de unas formaciones políticas a la palabra para con su electorado, cuya condición principal para obtener su apoyo fue la de no seguir los mismos caminos que el resto de formaciones tradicionales: pactos a puerta cerrada postelectorales.

Se está viendo como tras años de bloqueo electoral a causa de un sistema de representación fraudulento, se ha encontrado una vía por la que ciertas iniciativas políticas no tradicionales o no basadas tanto en ideologías de posguerra como en problemas actuales, están apareciendo repentinamente y dando vuelcos totalmente sorprendentes, lo que como decimos, manifiesta la caldera de presión política en la que se estaba convirtiendo la sociedad española cuya primera salida de vapor fueron las movilizaciones del 15M.

Caras y sabía nuevas por fin hacen su aparición en la escena, tras años de golpear las puertas de un sistema opaco, corrupto e infestado de mediocridad. Una oportunidad que partidos como UPyD no han aprovechado a pesar de ser los primeros en abrir las puertas, pero demasiado tímidamente. Toni Cantó, la sorpresa de las anteriores elecciones generales al obtener un escaño por la circunscripción de Valencia, una persona con alguna experiencia en política ciudadana en su anterior residencia en el municipio madrileño de Torrelodones, se ha encontrado con el liderazgo algo caduco de Rosa Diez, antigua militante del PSOE, cuya iniciativa política parecía más motivada por ganas de protagonismo que por verdadera vocación de representación democrática.

Casos como la activista Ada Colau en Barcelona, la juez en casos de corrupción Manuela Carmena en Madrid o en menor medida, el antiguo responsable de la Casa de la Caridad en Valencia, Fernando Giner, demuestran que había toda una constelación de aspirantes a políticos que en cuanto han tenido una oportunidad, ha recibido el favor de un electorado que ya no se limita a votar simplemente a programas o a siglas de partido. Todavía falta mucha madurez, ya que la imagen de las formaciones tiene un peso excesivamente importante y tanto los candidatos no se atreven a dar los pasos hasta que no encuentran una agrupación política con la suficiente entidad, como que los votantes no se atreven a votar a formaciones poco conocidas. Pero por algo se empieza. En estos momentos comienza a difundirse el concepto de «instrumentalización democrática» del sistema por el cuál hay una cierta complicidad entre partidos, candidatos y votantes:
  • Por un lado, los partidos saben que han de presentarse como verdaderas herramientas al servicio de los ciudadanos para mejorar el sistema y acabar con la corrupción.
  • Los ciudadanos saben que su voto se pierde si votan a formaciones pequeñas o de poca entidad, al no obtener representación, cuyas listas cerradas por añadidura, no han elegido.
  • Los candidatos no desean presentarse a formaciones que les limitan la libertad de representar a su electorado y satisfacer sus inquietudes políticas.
  • Todos, comienzan a utilizar el sistema y a competir más en base a criterios de racionalidad y menos en ideologías o sectarismos. Los votos se agrupan de forma más consistente y menos dispersa, logrando apoyos gracias a comprometerse y dar ejemplo —como la situación de Andalucía— o dejando atrás eslóganes tan poco «edificantes» como el de Compromís de Valencia de las elecciones de 2011 —«Para joder a la derecha»—.
En esta situación, la teoría es que si los partidos que acaban de entrar en escena continúan siendo fieles a sus principios —o perderan el apoyo popular tan rápidamente como lo han obtenido—, los únicos pactos que podrán haber es que cumplan con sus objetivos de reforma política, ya que se supone que lo importante no es estar en la poltrona, sino que sean estos puestos en práctica —da igual por unos que por otros—.

No deseo pecar de un excesivo optimismo. Es evidente que el oportunismo político campa a sus anchas ansioso de ocupar nuevos nichos y poltronas políticas. Pero en todo caso, no es peor de lo que hasta ahora hemos tenido. Lo importante no es mirar preocupados al pasado, sino hacerlo de forma critica pero con esperanza, hacia el futuro.

jueves, 12 de febrero de 2015

Con Ni de Nicolás

jueves, 12 de febrero de 2015
Restos de una noche movida
¿Qué se ha logrado en estos años desde la Transición? ¿Hay alguien que se preocupe de la clase de sociedad que se está construyendo? ¿A qué se deben esas expresiones de entusiasmo que se vienen sucediendo desde hace décadas en solares, descampados, parques y sitios similares los fines de semana? Hubo varias teorías sobre los tristemente famosos «botellones», pero la sensación era que se consideraba como algo «marginal», un subproducto juvenil. Algo propio de la edad que se pasaría pronto.
...es lamentable que los que nos tienen que dar ejemplo de honradez son los que nos animen a robar
Tal vez por no estar relacionado de forma directa y evidente, nadie se acordaba entonces de que poco antes El Dioni se hizo «famoso» no por sus grandes contribuciones a la sociedad, sino nada más y nada menos que por un delito que él mismo cometió. Tanto que llegó hasta grabar un disco.
Las aguas están volviendo a su cauce y ahora se está más en la economía productiva
No mucho más tarde, a Felipe González, —el expresidente de gobierno del Partido Socialista en la época de los GAL, Roldán y el caso del Banco de España—, le preguntaban sobre la llamada cultura del pelotazo, por la cual la máxima aspiración consistía en mediante enchufe, lograr algún cargo público o montar una empresa al abrigo del poder político, cobrar muchísima pasta, y no dar un palo al agua. La sorpresa fue que no lo negó, sino que admitió que esa cultura existía, pero que no era cosa de él ¡a pesar de ser el Presidente del Gobierno!

Lo que vino luego no fue mejor, con Aznar, Zapatero y Rajoy. Entre los tres se pasó de hablar de la corrupción a hablar de la «crispación». Y mientras, la burbuja continuó inflándose hasta que estalló cuando más daño podía hacer.

En cuanto a las consecuencias sociales, ¿qué clase de «mensaje» se está transmitiendo a las generaciones que han crecido en este ambiente?, ¿qué consecuencias pueden tener el continuo ir y venir de noticias sobre sobornos, fraudes, engaños, gastos descontrolados de dinero público desde cenas opíparas hasta clubes de alterne?

En la televisión vienen siendo habituales día tras día desde hace una década o más, programas en los que sus protagonistas tienen como principal sustento diario la participación en dichos programas. Los «méritos» necesarios para lograr este estatus son al parecer, haberse acostado con alguien famoso o haber participado en algún programa, en el que no se hace nada más que convivir con otros «aspirantes». Como consecuencia, uno de los frutos de estos años es la profesión de «famoso», que tiene la principal particularidad de que surge de ella misma, es decir, de la nada.

Todas estas burbujas vacías han propiciado una generación que ha crecido en un falso clima de optimismo, cuidados entre algodones, sobreprotegidos en los entornos familiares. Es la llamada generación Ni-Ni, que ni estudia, ni trabaja, pero que ahora se ha de enfrentar a la realidad. Es cierto que otra burbuja, la universitaria, ha producido otro sector social que sí que estudia. El problema es que trabajar, trabaja poco, bien porque no hay donde hacerlo, o el que hay está muy por debajo de las expectativas que les habían prometido —siempre está la opción de pasarse a la política, claro, como han hecho los de Podemos—.

Alguien puede pensar que esto sólo ocurre en las clases más bajas, con pocos recursos y deficientemente educadas. Bien, pensemos por un momento en la Jefatura del Estado Español: el Rey. Es un cargo hereditario que está vetado a los ciudadanos españoles. Si bien es cierto que su capacidad ejecutiva se articula a través del Presidente del Gobierno, no deja de ser el mayor rango en la jerarquía política con capacidad para aceptar o revocar la elección de dicho presidente propuesto por el parlamento, además de ser el jefe de las Fuerzas Armadas y nuestro máximo representante internacional. Esto a nivel oficial, ya que no se sabe qué clase de conexiones e influencia pueda tener por otras vías. Pero podría decirse sin temor a equivocarnos que muchas.

Existe la posibilidad —remota, pero existe— de que la ahora reina consorte pudiera acceder a ocupar dicha jefatura, como regente. Se ignora si hay alguna clausula en el acuerdo matrimonial al respecto, pero este es otro problema: la falta de transparencia en algo que nos afecta a todos. La que era una simple ciudadana con su trabajo de presentadora de telediarios, ha demostrado el suficiente «mérito» como para ostentar una posición política que es imposible para el resto de ciudadanos, gracias a sus «habilidades» con el que fuera Príncipe. Estas son las aspiraciones, los ejemplos «didácticos» que la sociedad está asimilando y generando.

Si, de acuerdo, todo esto no es nuevo, pero tal vez no se haya planteado de esta manera. Presentado así, todo junto, lo que estamos presenciando no es un funcionamiento anómalo, irregular o desviado del sistema. Es este el verdadero funcionamiento. No intentemos buscar en él algún signo de racionalidad, lógica o búsqueda de la rectitud. Todo está orquestado para que una minoría «válida» pueda engañar, prevaricar, mentir e ignorar al resto de ciudadanos.

Miremos a nuestro alrededor. Si buscamos algo de valor lo encontraremos en la gente sencilla, seguramente. Sin embargo, en cuando se reúna un grupo de personas alrededor de algún interés económico u oportunidad de poder político —como por ejemplo sin ir más lejos, nuestro entorno laboral— nos encontraremos con un número significativo de personas que han formado una manera de actuar adaptada a este funcionamiento. Hay mucha más gente de lo que se puede pensar en un primer momento, que no intenta cambiar nada, ni se preocupa de si está mal o bien lo que ocurre.

No se trata de ser perfectos, ni angelitos. Se trata de que precisamente porque somos conscientes de los grandes defectos que tenemos las personas, nuestro sistema político y social debería tenerlas en cuenta a la hora de repartir el poder y ponerle límites. Y no ocurre así. Más bien al contrario.

No son casos aislados de gente problemática. Ni es un problema de determinadas clases sociales. Es al parecer el resultado de una nueva cultura que considera que es este el procedimiento habitual. Que considera que no hay límite alguno para el engaño al prójimo. Que no tiene el más mínimo rubor de mentir ante el público o ante cualquier medio, ya que lo considera algo totalmente normal.

El caso paradigmático de esta nueva cultura, de esta nueva especie, ha alumbrado su espécimen: el pequeño Nicolás. El caso de este joven que se ha codeado entre las altas jerarquías sin que nadie haya notado extraña su presencia, sin que haya habido una respuesta hasta ahora del sistema para limitar este tipo de actitudes, parece una prueba de ello. A pesar de todo, se pasea por las televisiones haciendo gala de su situación. Es lo normal.

Nicolás: Ni estudia, Ni trabaja