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domingo, 30 de noviembre de 2008

El sistema de partidos: estado de la cuestión

domingo, 30 de noviembre de 2008

Los partidos políticos ocupan todo el espectro político en el panorama social actual. Esto puede parecer una obviedad, ya que puede que lo primero que piense la gente es que ¿acaso no son los partidos políticos la máxima expresión de la representación democrática que conocemos, al ser los receptores de nuestra mejor herramienta como ciudadanos: el voto?. Todo parece indicar que es así, pero ello no significa que no existan otras formas de verlo, ni mucho menos que sea la mejor...

El papel del ciudadano

Si los partidos políticos, o en su defecto, sus dirigentes bien sea a nivel municipal, autonómico, nacional o estatal, toman todas las decisiones ¿que papel le queda al ciudadano?

Tal y como la concibieron los griegos, el protagonista en una democracia era el ciudadano. Según los expertos(1), tras la Segunda Guerra Mundial y con la aparición de la Guerra Fría, se fueron implantando en Europa los actuales sistemas de elección de gobiernos. El aumento de población y la consiguiente necesidad de representantes, junto con la necesidad de tener gobiernos «fuertes», ha servido como excusa en la mayoría de países en donde esos sistemas se ha implantado, para crear una casta política endogámica.

Endogamia política

Es endogámica porque apenas varía. Se elige a una parte de ella para ocupar unos puestos, mientras que la otra pasa a «la reserva». Para acceder a ella es necesario pasar por los filtros que ella decide. Los «apartados» ideológicos están copados.

Esto provoca que en cuanto surge la oportunidad, se aprovechan como se puede nuevas brechas ideológicas, culturales o políticas en general. Pero la cuestión de fondo es que el ciudadano acaba quedándose una y otra vez, fuera del juego. No se piensa sea necesario decir que un sistema en donde el ciudadano no decide, que no influye tan siquiera en este panorama, no es una democracia.

Podría decirse que cualquier ciudadano puede formar un partido. El problema de esto se ha mencionado: al convertirse en parte de la casta es el nuevo partido quien decide. Por buenas que puedan parecer sus intenciones, en caso de alcanzar el poder este pasara a formar parte de otra casta renovada, pero el ciudadano una vez más, volverá a quedarse al margen. Y ya se sabe el poder, lo que acaba produciendo en las personas una vez se exponen a el.

La posibilidad de elección y acceso a la política

No se sabe quien está realmente dentro de los partidos. Cuando uno de ellos elige a un presidente, nadie más que los afiliados del partido lo conoce lo suficiente. En algún caso se pasa de alcalde a ocupar otros puestos, incluso ser presidente del gobierno. Pero en todo el proceso apenas ha habido ocasión de que los ciudadanos hayan decidido sobre el.

Se podría pensar que si ha sido elegido como presidente autonómico, por ejemplo, ya se tiene una valoración de este político como candidato y representante por parte de los ciudadanos. Sin embargo, la realidad nos muestra como a duras penas se puede hacer tal cosa de un candidato, ya que estamos obligados a elegir listas cerradas y programas electorales completos, además de tener que esperar varias legislaturas.

Los partidos

La casta política tiene como unidad fundamental el partido. El «átomo político» es el partido. O más bien la «célula» del sistema partidocrático, y como célula, ha de alimentarse. La financiación de una campaña electoral podría ser el motivo para que gente, ciudadanos de ideologías afines, se organizaran conjuntamente en forma de partidos para economizar y optimizar gastos. En lugar de esto, en España la financiación de los partidos corre a cargo del Estado. Un Estado al que accederán los propios partidos que son financiados. Partidos que utilizarán esa financiación para, por supuesto, seguir en el poder, y tener, si es posible, más financiación, para seguir aún más en el puesto. Y así sucesivamente. El partido se convierte así, en una forma de acaparar poder, no de representación.

El partido es la razón fundamental, el objetivo político, y al mismo tiempo la fuente de todas las decisiones. El objetivo de sus miembros o afiliados no es la representación democrática. Primero está el servir al partido. Y el partido tiene como objetivo la supremacía política, de forma similar a como una empresa cualquiera tiene un objetivo similar, en el ámbito económico(2)

Comparación entre un mercado económico y el político

Continuando con el símil mercantil, para una mejor ilustración de la ineficacia del actual sistema, se va a comparar el funcionamiento del mercado (económico) con el político. En un sistema de mercado libre o parcialmente intervenido, las empresas siguen como objetivo la satisfacción del consumidor (las tácticas manipuladoras existentes en la propaganda, comunes también en el terreno político, se van a dejar a un lado por ahora). Para ello, el consumidor o ciudadano tiene todo un abanico de posibilidades y productos a elegir, así como donde y cuando realizar su compra. Si desea hacerlo.

Si este panorama fuera tal y como funciona el actual sistema representativo político en España, la situación quedaría como sigue: el ciudadano o consumidor, no podría realizar sus compras cuando quisiera, solo cada cierto tiempo establecido. Mientras tanto, la oferta no estaría en función de atender a las necesidades, sino que toda ella estaría limitada a la decisión de una casta dirigente (de forma similar a lo que ocurría en la URSS en todos los ámbitos). Pero no acaba aquí el panorama desolador. El consumidor no solo estaría limitado a comprar los productos disponibles, sino que debería comprarlos en bloques, es decir, como si al entrar a los supermercados no se pudiera acceder a la totalidad de los productos, sino que se tuviera que elegir entre unas listas cerradas y bloqueadas de productos, en las que se supone hay un surtido de todo lo que necesitamos, con ligeras diferencias entre ellos, pero que muy rara vez podrían ser de gusto de los consumidores al no cubrir todos los posibles gustos y preferencias de estos, teniéndose que conformar con la lista menos mala.

Sectas políticas

El partido no permite que convivan dentro de el otras corrientes ideológicas distintas a la del dirigente. De hacerlo, serán relegados al ostracismo, al olvido, al ninguneo. Rosa Díez, Acebes, Zaplana, Gallardón..., aquellos que difieran de la corriente principal están ineludiblemente condenados al enfrentamiento, porque el partido así lo ha decidido. El seguimiento religioso del líder es obligado para prosperar en la carrera política.

En la actual configuración, los partidos son receptores de personas con gran avidez por el poder y la notoriedad. Este en si no es el problema. Es más, puede que hasta sea necesario que hayan personas con estas «aficiones». Pero la cuota de poder ejercida desde la cima, hacia la parte inferior de la jerarquía, es tan alta en un sistema basado principalmente en partidos que es especialmente atractiva para este sector de la población humana. El partido manda, nadie fuera de el le controla salvo otro partido y siempre y cuando sea sustituyéndole en el poder. No hay contrapeso durante las legislatura. Por lo tanto, el que acaba estando al frente de un partido, haya sido elegido de la forma que sea, manda mucho. Y esto «tira mucho».

La «captación» de simpatizantes o afiliados se basa en la adulación, admiración casi adoración. Es mentira claro, pero el que gusta de este trato, es porque al mismo tiempo es capaz de admitir el mando autoritario, sometiéndose a el sumisamente. Un perfil idóneo para ser afiliado a un partido podría ser el de alguien mediocre, de carácter algo rastrero o bien su otra cara, el autoritario, que encuentra en la política un terreno adecuado para sin hacer nada para mecerlo más que saber dar zancadillas y puñaladas dialectales, ganarse la vida. No, mejor dicho, para darse la Gran Vida a costa del resto.

En la forma actual, sin apenas control por los ciudadanos, la tendencia es que en los partidos acaben estando formados por dos tipos de personas: las autoritarias y más capaces por un lado, y por otro el séquito de sumisos que alimenta la vanagloria y egocentrismo de los primeros. El resto de ciudadanos se encuentran con que no tienen espacio en la vida política, no hay hueco en la fragmentación partidista. La discusión política se basa en maniqueísmos llevados al límite de lo absurdo, la verdad o la realidad, ya no se buscan. Solo se busca alcanzar el poder, a través de la obtención de votos.

continua en: estudio de alternativas



(1) Cazarín Martínez, A.: Los Factores de la Alternancia en Tlaxcala. 1991-2001 [en línea], Edición electrónica gratuita, 2008. "Capítulo 1, punto10: democracia y transición política en Europa" [acceso: 29 noviembre 2008] Disponible: <aquí>. Texto completo <aquí>.

sábado, 20 de abril de 2019

Carencias democráticas

sábado, 20 de abril de 2019
Foto: Wikipedia
España tiene un sistema político que dista mucho de ser el de hace 80 años. Actualmente según ciertos parámetros es considerado un país libre pero, ¿significa que no es mejorable? ¿Es nuestra forma de democracia la mejor que puede tener nuestra sociedad? ¿Son todas igualmente efectivas para cumplir su función? ¿En otros países representan por igual a su sociedad? ¿Todos evitan de igual manera los abusos y la corrupción? ¿Por qué protestan los independentistas, tienen razón o parte de ella en los motivos que les lleva a adoptar su postura, sea esta correcta o no? ¿En qué aspectos es mejorable nuestro sistema? ¿Quién impide que este madure?

Son muchas preguntas cuyas respuestas exceden la intención de este artículo. Sin embargo, con tan sólo comparar otros países no muy lejanos como Dinamarca en asuntos de corrupción y comprobar la plena consciencia del problema de sus ciudadanos y qué clase de actitudes y vicios han de reprimir para evitar males mayores; o con datos como que España es el país europeo con mayor número de encarcelados por habitante mientras que en Suecia se cierran las prisiones, se advierte fácilmente que algo no funciona. Se le propone al lector un pequeño viaje por nuestra historia inmediata para intentar averiguar qué clase de defectos palpables se encuentra en nuestro sistema político. Problemas conocidos que en otros países solucionaron en su momento de alguna manera, mientras que en España... bueno, mientras que aquí pasaba esto:

Un poco de historia

En los últimos años del periodo de dictadura —el llamado tardofranquismo—, la necesidad económica del país de abrirse a Europa fue fundamental y probablemente el motivo por el cuál los que entonces gobernaban no tuvieran más remedio que modernizar paulatinamente a la sociedad española. De esta manera se dio paso al baby boom y a la creación de una clase media que, con el Seat 600 como símbolo, comenzó a vivir con unos niveles incipientes de autonomía individual, de igualdad y de libertad. Con el dictador muerto y dejándolo todo bien dispuesto, el siguiente paso vino con la Transición, una fase que si bien la sociedad española venía años demandando, no es menos cierto que finalmente vino desde dentro, es decir, fue orquestada desde el propio sistema que entonces regulaba la vida de sus ciudadanos.

Transición perpetua

De esto hace más de cuarenta años, los cuales hemos estado viviendo en una transición que ha permanecido inalterable, con un sistema político y legal cuya diferencia más notoria con el anterior son unas elecciones «generales», cada cuatro años, que pretenden simbolizar una apertura a la participación de los ciudadanos. Ahora bien, observado con algo de detalle se evidencia que dicha participación ha de realizarse a través de alguna fuerza política en forma de partido, para que ocupe prácticamente las mismas instituciones. Unas que continúan basadas en una rígida jerarquía que decide todo desde arriba de manera unidireccional, desde el Jefe de Estado hasta el último conserje de consejo de barrio. El porqué de esta tradición cultural es igualmente un asunto que nos sobrepasa, pero no es nuevo: desde el cesaropapismo hasta el caciquismo, pasando por la mafia, podemos sospechar que en la cultura mediterránea son un común denominador. La Transición no ha mejorado este aspecto, todas las organizaciones e instituciones en España obedecen el mismo sistema de orden y control, de autoridad y sumisión: organismos públicos, partidos y sindicatos. El resto de organizaciones de corte menos político acaban imitando esta cultura, que se podría decir que si bien puede ser comprensible en el ejército, es en su base de difícil compatibilidad con la democracia y muy inadecuada para aprovechar el capital humano en cualquier otro ámbito.

Paradoja social

Durante todo este tiempo el sistema ha permitido que posturas contrapuestas cohabiten dentro del mismo espacio político. Esta apertura es la que definió la época de la Transición, un momento de la historia conocido por un espíritu de optimismo y fraternidad. Esta cultura sin embargo, en lugar de madurar, no solo ha ido desapareciendo sino que se ha radicalizado hasta el esperpento con el paso de los años, sin superar ni uno solo de los demonios guerracivilísticos que tanto han socavado la convivencia en la sociedad española. Si bien «sobre el papel» el sistema a nivel formal permite la diversidad política, ocurre sin embargo que a nivel cultural esta coexistencia está marcada por el enfrentamiento y la emotividad. No ha habido asimilación por parte de la sociedad, o lo que ocurre es que el propio sistema heredado de la Transición promueve estas actitudes: el debate no existe, empezando por el principal lugar donde debería que es el Congreso, lugar en el que sus protagonistas se limitan a decir lo que quiere oír su público sectorizado, su audiencia ideológica, sus electores. En lugar de debate, las legislaturas son campañas electorales de cuatro años. El punto de inflexión donde se evidenció el fracaso cultural de la Transición fueron tal vez las elecciones generales de 2004, de triste recuerdo por el trágico atentado del 11M.

En consecuencia, las posturas políticas que se generan son acordes a esta situación. La democracia a la que se le ha estado llamando así durante estas décadas, nos ha traído una cada vez mayor radicalización y enfrentamiento de las posturas, en lugar del acercamiento y el enriquecimiento mutuo. Los nacionalismos e independentismos han aumentado y radicalizado al ser alimentados por el sistema actual año tras año, cebándolos, sin convencerles lo más mínimo a pesar de que en teoría, si las cosas fueran como nos dicen que son, no deberían tener ya motivo alguno para continuar en sus posturas. Debido a esto, se han formado dos bandos que han ido escalando en su dogmatismo por igual, algo que viene también a evidenciar lo poco que se ha aprendido del más triste periodo anterior a la dictadura que le sucedió. Esos dos bandos, como se decía, se han configurado como los «constitucionalistas» y los «anticonstitucionalistas».

Los primeros defienden de manera absolutamente inamovible el sistema que paradójicamente, nos ha llevado a la actual situación. Los segundos señalan las carencias del mismo sistema que sin embargo, les permite manifestarse, sin ofrecer más alternativa que la escisión del mismo para repetir el mismo esquema autoritario. Cualquier intento de posicionarse fuera de estas dos posturas rígidas se enfrenta a enormes dificultades, teniendo como oponentes la mayor parte de medios de comunicación que están sometidos a uno u otro «bando».

Fallos del sistema

¿Es posible criticar a algo en España con normalidad? ¿Es posible hacerlo sin ser acusado o encasillado en alguna de las etiquetas ideológicas del momento? Ha quedado demostrado que no se puede convencer a nadie, si este previamente no lo desea, por justificados y razonables que sean los argumentos expuestos. Pero no es intención el convencer a nadie, sino buscar respuestas a las preguntas planteadas durante el artículo. De todas las cosas cuestionables que tiene nuestro sistema, los siguientes puntos destacan sobre el resto:
  • Sistema de representación político

    • Valor del voto por circunscripción: esta está basada en la provincia sin tener en cuenta las grandes desigualdades en densidad de población y su correspondencia con los escaños. Esto genera una diferencia de valor del voto de cada ciudadano en función de su residencia, a efectos del número de votos necesario para elegir un representante. Independientemente de cualquier otra consideración, nada más empezar nos encontramos ya en en el criterio básico por el cual se establece la representación ciudadana, en una desigualdad.  <Artículo 68 [acceso el 22/3/2019]>

    • Los siguientes tres puntos por separado son opciones que cada una de ellas pueden darse en un sistema democrático por unas razones u otras, pero las tres al mismo tiempo forman un conjunto que reducen la necesaria representatividad del sistema español a la anécdota:

      1. Listas cerradas y bloqueadas: los ciudadanos no eligen al representante, sino a una lista ya confeccionada y predefinida. Tampoco eligen el orden, ni pueden realizar modificación alguna sobre ella. Esta clara merma en la capacidad de decisión de los ciudadanos tiene todavía una mayor repercusión si se le añaden el resto de puntos.
      2. Reparto de escaños: se realiza asignándose a cada uno de los miembros de la lista siguiendo el orden establecido en ella, en función del número de votos que ha recibido la misma. Es decir, los escaños que recibe la lista son repartidos a cada uno de sus miembros, como si hubieran sido otorgados a cada uno de ellos. De esta manera el reparto favorece a los votos locales, ya que cuantos más votos reciba una lista en su circunscripción, más escaños recibirá.
        En un primer momento este «principio de localidad» parece tener sentido, pero deja de hacerlo si se consideran el resto de puntos enumerados, ya que el ciudadano no ha podido decidir nada sobre sus representantes ni tendrá mandato alguno sobre ellos.
        En resumen, el sistema de reparto de escaños se decide en función de un principio de representación local que en la práctica no existe. El hecho de que los ciudadanos acudan a las urnas y se enfrenten a un entramado de listas y nombres que sirve para poco pero que es el que va a decidir a la postre la representación parlamentaria, no es en ningún caso, deseable.
      3. Anulación del mandato imperativo y disciplina de partido: el mandato imperativo es una figura política que consiste en la obligación del representante de estar a disposición de sus representados. Esto significa que el representado conoce quién es su representante cuyo mandato legislativo está sujeto a anulación en cualquier momento —en base a algún mecanismo que lo posibilite, como recogida de firmas—. En España la Constitución prohíbe expresamente que los representantes estén sujetos a mandato alguno, algo que tampoco sería posible ya que no hay forma de relacionar a un representante con sus representados, ya que en ningún momento ha existido la posibilidad de ofrecerse a ser elegidos, ni manera de que los ciudadanos puedan hacerlo, como se ha visto. Por este motivo las campañas rara vez usan el atractivo de un político local, siendo en su lugar la imagen del candidato a presidente la usada en todo el ámbito de España. El argumento esgrimido es el de lograr que el representante sea independiente, pero la realidad impuesta por el primero de estos tres puntos, es que el diputado acaba sujeto a una férrea disciplina de partido <Artículo 67 [acceso 22/3/2019]>.
        La consecuencia de estos tres puntos es que la representatividad se pierde en gran medida, siendo las direcciones centrales de los partidos los que tienen verdadero control sobre las decisiones. A pesar de que el reparto de escaños se realiza en función de una supuesta característica de representatividad local, el resto de mecanismos obligan a que la política posterior en el Congreso se decida en función del total de escaños obtenidos en el conjunto de circunscripciones, perdiendo toda característica de teórica cercanía al ciudadano —a pesar de que la proporción de escaños proviene de esta premisa—. La disciplina impuesta por los partidos hace que salvo en contadas ocasiones —transfugismo— un representante no sea más que un robot, un autómata cuya única finalidad es apretar un botón, leer el periódico, o jugar al Candy Crush.
        Cuando el partido es por definición de ámbito local, su política posterior obedece a esta circunstancia —los independentistas solo se presentan en las circunscripciones de su autonomía y las tendencias de voto son distintas en función de si son elecciones generales o autonómicas—. Sin embargo, siendo el resto de funcionamiento el mismo —listas cerradas y bloqueadas y prohibición de mandato imperativo— esta «cercanía» política no implica ninguna mayor representatividad, sino la defensa por parte de unas cúpulas políticas locales de unos intereses distintos a las cúpulas que gobiernan en el resto del Estado, las cuales adolecen de la misma falta de representatividad. El independentismo es por tanto un fenómeno derivado del actual sistema, cuya actual fuerza es consecuencia de la misma causa que dicen repudiar.
        Como anécdota, si es que un tema tan serio merece alguna, son las explicaciones que en la propia Constitución se dan para justificar los caminos escogidos. Un texto que ha de representar la voluntad del pueblo no necesita de ninguna justificación.
  • Independencia de poderes

    A efectos prácticos esta es inexistente ya que como se ha visto, el poder legislativo está controlado por las direcciones de los partidos, los cuales eligen a un candidato como jefe del ejecutivo, en este caso del gobierno —por ser una monarquía—. Poca o nula capacidad de decisión han tenido los ciudadanos en esta situación, salvo los votos concedidos bajo las condiciones expuestas. Por añadidura, tras una reforma de 1985 <enlace a la fuente [acceso el 7/2/2019]> la poca independencia del poder judicial acaba por desaparecer —las reformas tras la Constitución son a peor, por lo visto— con lo que los tres poderes del Estado están sometidos al reparto que logren las direcciones de los partidos tras unas elecciones generales. Es ahí donde se decide todo durante los cuatro años siguientes.
  • Iniciativa Legislativa Popular

    No debería ser necesario señalar que en un sistema democrático la participación ciudadana es el principal requisito. Aunque las grandes poblaciones tengan que recurrir a un sistema representativo para llevar el gobierno del pueblo a efecto, en la medida sea posible no hay que olvidar los mecanismos de democracia directa. Uno de ellos es la llamada ILP —por sus siglas— mediante la cual la ciudadanía puede proponer a sus representantes una iniciativa legislativa. Es decir, que se apruebe o rechace una ley en el Congreso propuesta directamente por los ciudadanos.
    De nuevo, la Constitución Española recoge esta posibilidad ineludible en un sistema democrático, sin embargo; independientemente del número de firmas necesario ni de los mecanismos para ello; esta opción es en la práctica inútil, ya que los representantes pueden ignorarla sistemáticamente a pesar de ser una petición directa de sus representados. <enlace a  la Ley Orgánica 3/1984 [acceso 3(4/2019]>
    Para poder comparar la manera de llevar a cabo este sistema con otras opciones existentes funcionando desde hace décadas con resultados satisfactorios, Suiza es un país que mantiene su sistema federal con una gran presencia de democracia directa —uno de los probables motivos de su no pertenencia a la Unión Europea—: ante una ILP, los representantes si bien no están obligados a aceptarla, en caso de rechazo sí están obligados a presentar una alternativa y a someterla a referendum

Puntos débiles

Decir que en estos puntos anteriores no existe pasión en su exposición no sería cierto, porque las personas jamás podremos deshacernos de ella. Incluso el más ortodoxo de los científicos no deja de sentir cierto amor por su trabajo. Pero en este caso el esfuerzo ha consistido en ser lo más independientes posibles de dicha emoción. Sin embargo, no sería justo ignorar otros temas que provocan reacciones airadas entre la sociedad, no tanto por ellos mismos, sino por la dificultad para tener un verdadero debate, más allá de las tertulias televisivas cuyas posturas obedecen a un guión preestablecido. Mientras tanto, en nuestro país continúan la escalada en el separatismo, el déficit público, el paro —el doble que otros países del entorno inmediato— y sobre todo, los casos de corrupción, que han alcanzado tales cotas que salpican hasta la máxima institución del Estado:

Monarquía

Holanda, Bélgica, Dinamarca y Reino Unido son monarquías, por citar unos ejemplos. Lo llevan de manera aceptable, incluso en algunos casos se diría que son países ejemplares, como Dinamarca. Reino Unido se dice que es el único país que a través de reformas ha logrado un sistema representativo considerado modélico por algunos especialistas. Holanda es un país con una cultura social que respeta la diversidad y la libertad como señas propias. Y Bélgica hace lo que puede, dentro de las dificultades por las que atraviesa. La monarquía no es por tanto un problema en sí mismo, pero no cabe duda que es un instrumento caduco y obsoleto. Su adecuación a la democracia pasa por artificios cuyo objetivo final no es otro que mantener a los monarcas en su trono, con la mayor parte de sus privilegios. La cuestión es pues hacerlo de la manera más decorosa posible. No se trata ahora en este instante de «opinar» de manera favorable o lo contrario, pero lo que es necesario es reclamar la existencia de un verdadero debate sobre el tema, en el cual participen actores cuyos intereses tengan lo menos que ver con la institución, sea a favor o en contra, y en el cual se pongan sobre el tapete todos los pros y contras de las diferentes opciones de la forma de Estado, y sobre todo, qué quiere la sociedad española, qué caminos ha de emprender y cuál podría ser su coste en todos los aspectos.

Indultos

Este es otro de los casos en que si bien una figura como el indulto por parte de la jefatura del estado es admisible, no lo es tanto si no existen junto a ella ciertas condiciones. En cualquier otro país avanzado, los indultos tienen mecanismos que en comparación con el caso de España se aparecen como mucho más válidos. Difícilmente un presidente de gobierno que ha sido permitido por el rey le va a poner pegas. Tanto o más difícil lo va a hacer un congreso cuyos diputados ocupan unos asientos gracias a apoyar al actual jefe del gobierno. En definitiva, la inexistencia de una separación de poderes efectiva en la práctica, hace que el indulto en España sea poco más que alzar o bajar el pulgar, al más puro estilo del César de Roma.

Decretos

La prueba más aplastante de la inexistencia de debate social y político, es la cantidad de decretos promulgados gracias a la mayoría que un único partido y sus socios, poseen en el parlamento. Y el panorama no parece remitir en absoluto. Toda la decisión, como se viene explicando, ha partido de una cúpula la cual transmite como un rodillo, aplastando a quien pilla por debajo. El resto de millones de personas que se supone deberían estar representadas por el resto de ocupantes del parlamento, no tienen la más mínima oportunidad de hacer nada al respecto, salvo el pataleo o las tertulias de barra de bar.

Financiación de los partidos

Por más supuesta apertura que se ofrezca a los ciudadanos, si estos no tienen ninguna posibilidad por falta de medios, no sirve para nada. Los más veteranos recordamos lo que entonces se llamó «sopa de letras», por el maremágnum de siglas e iniciales en el que se convertían las primeras convocatorias electorales. La cantidad de pequeños partidos, cada cuál más anecdótico e incluso estrambótico, ofrecían un espectáculo algo patético. Es necesario un filtro. En otros países se solucionan con circunscripciones uninominales a doble vuelta, en el que los candidatos son personas, y que las propuestas más débiles caen en la primea vuelta. En España es el respaldo financiero, de manera que sólo las opciones que de entrada tienen más capacidad, llegan a obtener representación parlamentaria.  Con el agravante que a continuación, es el propio Estado el que asigna un presupuesto electoral a la formación, en función de su respaldo en número de votos y gracias al cual te llenan el buzón de propaganda electoral. Esta es la manera en que que en España se hacen las cosas: matando moscas a cañonazos. De esta manera se crea un circulo vicioso donde los partidos tienen como objetivo vivir a costa de unos presupuestos estatales, logrando como sea apoyos electorales. El resto de opciones que quieren cambiar algo o proponer cosas nuevas, parten de entrada con enormes dificultades. Lo que en un principio era un filtro necesario, se convierte luego en una clara desigualdad injusta y poco democrática, que favorece especialmente a los más poderosos, consolidando la llamada «dictadura de la mayoría» que a base de decretos y de una ausencia de controles de poder independientes, hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. En definitiva, en España nuestra democracia todavía va en 600.

lunes, 11 de julio de 2011

Una democracia para España (II)

lunes, 11 de julio de 2011

Viene de Una democracia para España (I)

Formas de implementar la democracia existentes

Sistema mayoritario

  • Es el sistema clásico y se basa en la representación por distritos, de forma que los candidatos que obtienen mayoría de votos en cada uno de ellos obtienen representación.
  • Existe en los EUA, Reino Unido y Francia, entre otros.
  • Según los teóricos en política es el más representativo, debido a que pese a perjudicar a partidos minoritarios y minorías étnico-culturales dispersas, establece una relación entre el político y el electorado que otorga una democracia de gran calidad y reduce significativamente el poder de los partidos. Con este sistema obtienen mayor presencia en los parlamentos los partidos cuyos políticos son del agrado de una mayoría, así como los partidos cuyos seguidores están localizados en distritos concretos.
  • Gracias a esta relación entre representantes y representados, que permite a aquellos conocer las inquietudes de estos, en la mayoría de estados de los EUA es habitual la celebración de numerosos referéndums. Se podría decir que, aún con todos los defectos que para mucha gente padece la sociedad norteamericana, poseen un sistema que les dota de gran soberanía ya que sus ciudadanos pueden presentarse a las primarias organizadas por el propio Estado, pueden elegir a sus representantes directamente, e incluso pueden revocarles el mandato legislativo gracias al sistema llamado recall. Esta capacidad recibe el nombre de «mandato imperativo», a diferencia del «mandato representativo» existente en Francia y Reino Unido en donde la capacidad de revocación esta eliminada o reducida.
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Fig. 01: esquema simplificado del sistema mayoritario (fuente: elaboración propia)

lunes, 15 de diciembre de 2008

El sistema de partidos: estudio de alternativas (1ª parte)

lunes, 15 de diciembre de 2008

viene de: estado de la cuestión

La alternativa a un sistema de partidos es naturalmente, si se desea acercarse a la democracia, un sistema basado en el ciudadano, es decir, en las personas.

No es intención la de valorar el sistema político desde el punto de vista malo/bueno, parámetros en última instancia meramente subjetivos, pero si que lo es el averiguar cómo puede ser más democrático.

En este sentido, para aumentar el nivel de la misma es necesario caminar en una dirección tal de forma que el ciudadano tenga de nuevo; acercándose a la antigua Grecia o sin irse tan lejos ni en el tiempo ni en el espacio, a la misma Suiza, Francia o Reino Unido; el protagonismo que se merece.

No es intención de esta bitácora el dar una respuesta detallada, porque esa respuesta no la ha de decidir uno solo. Es un asunto de una comunidad política, en este caso, de los españoles. No por sentir el nacionalismo español correr por su venas, o el ardor guerrero rezumar por el pecho, sino simple y llanamente por formar parte de una comunidad de ciudadanos regidos a través de las instituciones de un estado de siglos de antigüedad.

No somos suizos, ni americanos, ni franceses, ni británicos. Ni todos somos del mismo cantón o comunidad. Por eso que cada pueblo, culturalmente hablando, tendrá su idiosincrasia a la hora de organizarse. No ha de haber una sola solución. Sin embargo, para poder decidirlo democráticamente, serán necesarios unos mínimos:

El ciudadano como protagonista

Suponiendo que el ciudadano desee ser el protagonista y dueño de la dirección que tome la sociedad civil a la que pertenece y forma, aspecto nada baladí y muy alejado de la realidad dado el panorama actual, algunas de las herramientas de las que debería disponer para ello podrían ser las siguientes:

Presupuesto participativo

Una de los mecanismos básicos de decisión de los ciudadanos es poder participar en aquellas acciones que se toman en las que se hace uso de su dinero. El lugar natural de esta herramienta democrática es en el seno de los municipios, en donde el gasto publico responde a las necesidades más cercanas. Al ser estas decisiones dependientes de la voluntad de los ciudadanos, la «tendencia» a «favoritismos» por parte del pequeñísimo circulo de dirigentes que actualmente manejan los designios municipales, se vería seriamente reducida.

Referéndum

Para que el ciudadano sea de nuevo el protagonista, mayoritariamente todas las decisiones que afecten a la sociedad deberían ser decididas por esta, mediante referéndum. Por poner un ejemplo, gracias a este wiki llamado Ballotpedia (traducido como la Wikipedia de las boletas electorales o boletopedia)1, es posible navegar por entre las páginas oficiales de los estados y sus instituciones, y comprobar los cientos y cientos de propuestas, convocatorias y sus respectivos resultados de votaciones, que se celebran allende el océano, en los tan criticados Estados Unidos de América.

Para el caso español, se podría en las convocatorias electorales actuales (municipales, autonómicas y generales) ofrecer al ciudadano en las mismas, la posibilidad de decidir todas las cuestiones que le afecten directamente mediante una papeleta adicional correspondiente a los referéndum2. Y así de esta forma las necesidades sociales no serían objeto político y electoralista de los partidos, que ofrecen soluciones diseñadas para únicamente contentar a la parte más afín o soliviantar a la contraria, sin que por ello signifique solución alguna necesariamente. Para ello tan solo es necesario que la alternativa sea peor todavía.

Otra opción no excluyente en el sentido de que podría combinarse con las anteriores, sería la de la democracia electrónica. Mediante esta opción, el uso del DNI electrónico y los servicios adecuados, el ciudadano podría participar de diferentes formas en las decisiones de gobierno, durante las legislaturas. Un inconveniente o dificultad de esta medida, sería precisamente el de la necesidad de dotar a los ciudadanos de la identificación electrónica pertinente, así como de un acceso a Internet, bien sea en el domicilio o en otro centro adecuado.

Iniciativa legislativa popular

Naturalmente, para que esto funcione, ha de ser necesario que las propuestas puedan ser presentadas por ciudadanos, sin necesidad de pertenecer a ningún partido, debiendo existir para ello métodos viables de admisión de propuestas ciudadanas. En España3, la Ley correspondiente no es más que un artificio que no sirve para nada, ya que el parlamento puede rechazar sistemáticamente todas las propuestas si es menester, para continuar en sus cómodos asientos. Por mencionar un caso práctico, en Suiza4 si bien el número de firmas necesarias es comparativamente mayor que en el caso de España, el parlamento está obligado por ley a deliberarla y votarla. En caso de desaprobación, ha de proponer una contrapropuesta que junto a la iniciativa de partida, serán sometidas a referéndum popular. Es decir, que toda iniciativa popular es o bien aprobada, o sometida a votación por parte de todos los ciudadanos.

Es importante señalar el papel de los representantes, que como en el ejemplo citado pueden elaborar propuestas mejores y específicas para cada problema, ya que se les supone una mejor preparación. Pero ¿y si no es así? ¿y si no demuestran tal capacidad? ¿merecen entonces a estar en ese puesto más que cualquier otro ciudadano?...

Los representantes

Asumiendo que la necesidad de la existencia de los representantes políticos es inevitable, se tendrá que buscar la forma de que, con la intención de lograr el mencionado protagonismo ciudadano, los representantes se constituyan en verdad como tales, sin que ello signifique siempre que se logre el objetivo al completo.

Por este motivo, y sin entrar a valorar y analizar la extensísima variedad de sistemas de elección y representación, la cuestión es que debe existir una relación entre cada una de las porciones del electorado o circunscripciones electorales, con cada uno de los representantes, de forma que sea elegido y sometido a algún tipo de aprobación durante la legislatura. En definitiva, contemplar la posibilidad de revocación de cargos.

En España y a causa del sistema de partidos, la moción de censura resulta sumamente ineficaz, principalmente por el mismo problema que se viene comentando: es el parlamento controlado por los partidos, y no los ciudadanos, los que deciden. Por lo tanto, las mociones de censura, salvo casos extremos, están condenadas al fracaso una vez se lograr los acuerdos parlamentarios. De esta forma, un diputado o un presidente del gobierno, pueden permanecer en su puesto tan solo llegando a acuerdos a puerta cerrada con el resto de dirigentes de partidos.

En relación a estas cuestiones existe el concepto de Mandato Imperativo, por el cual un representante tiene la obligación legal de someterse continuamente a la voluntad política de sus electores. No es frecuente encontrarlo, sin embargo hay alternativas que hace que su presencia no sea tan necesaria. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Suiza en donde no existe dicho precepto, al tener el parlamento tan poco poder respecto al pueblo, este puede por iniciativa popular tal y como se ha descrito, proponer la destitución de algún representante.

Actualmente, lo máximo que se contempla por las principales fuerzas políticas llamadas reformistas, es la de cambiar el sistema electoral para dar mayor peso a una circunscripción única, o dicho de otra forma mejorar la proporcionalidad respecto al conjunto del electorado. Además de esto, se propone la existencia de listas abiertas, en lugar de las cerradas actuales.

Que duda cabe que estas propuestas significarían un aumento de la «coherencia» del sistema, en el sentido de evitar la demencial desproporción entre circunscripciones que provoca que el valor del voto sea distinto, en función del número de escaños asignado a la circunscripción electoral y a la obligatoriedad de tener que elegir a una lista de candidatos cerrada, resultando una extraña mezcla entre un sistema mayoritario y otro proporcional5. No obstante, esta mejora no iría en la dirección de lograr un aumento de la democracia, sino tan solo de que los distintos partidos se repartan de otra forma el poder, facilitando que aparezcan con mayor fuerza otros grupos políticos actualmente discriminados (por ejemplo, Izquierda Unida o UPyD) y aumentando el multipartidismo, lo que no significa como se ha comentado, que aumente de la misma forma la democracia.

En todo caso, si a la opción de listas abiertas se sumara la de candidaturas independientes (con algún filtro adicional a determinar), se lograría al menos que la ocupación de los escaños dependiera mucho más de la decisión de los ciudadanos, acentuando la responsabilidad personal de los representantes de servir al ciudadano. De esta forma y al contrario que en la actualidad en España, los diputados que ocuparan los escaños habrían sido decididos por elección directa de los ciudadanos y su permanencia en dicho asiento dependería de estos, los cuales lo valorarían directamente en función de su labor de representación, y no de la lealtad a la jerarquía de su partido, en caso de pertenecer a alguno.

continúa en: estudio de alternativas (2ª parte) 


(2) Las propuestas de presupuesto participativo y papeleta de referéndum, vistas en el blog Ciudadano en Blanco
(4) Incitativa Legislativa Popular (ILP) en Suiza. Más información sobre la ILP en la wiki de Evolución Democrática
(5) El maquiavélico sistema electoral español. [Artículo de EL País].

miércoles, 3 de enero de 2018

Manual para hablar de política

miércoles, 3 de enero de 2018

Hablar de política en España se ha convertido en un asunto complicado desde la tristemente famosa «crispación» de Zapatero, junto a la utilización del lenguaje al modo de la «neolengua» orwelliana que alumbró ministerios de igualdad —que diferenciaba a las personas por sexo y establecía un cupo numérico— y donde los pro-terroristas se convertían en «hombres de paz». Una época que presagiaba lo que nos ha venido después con la era «postfactual» de Ángela Merkel y la «posverdad» de Donal Trump. Hablar de política en España se ha convertido en una pesadilla que no lleva a ninguna parte salvo para los que cobran precisamente de vivir de dicha actividad, tal y como ocurre en los lugares específicamente pensados para ello y a través de estos profesionales «cualificados». El resto de lugares, sea un bar o una sobremesa vespertina, son fuente de discusiones perpetuas y diálogos de besugos, una retahíla de dogmas seguidos uno detrás de otro. Pero habrá que intentarlo.

Lo primero que hay que averiguar y tener claro en el momento se inicia un debate o discusión sobre política es si nuestro interlocutor está interesado únicamente en lo que atañe a su beneficio personal, sus intereses particulares, en la defensa de sus ideas por encima de cualquier otra lógica, o por el contrario está realizando un genuino intento por establecer de manera objetiva cuáles son las vías posibles para gestionar un país —o alguno de sus sectores— de la manera más eficiente. Todos tenemos derecho a defender nuestro beneficio o nuestras ideologías pero no a imponerlas, menos aún cuando implica un perjuicio sobre otros. Tampoco existe potestad alguna al uso de la manipulación para convencer a nadie para que así sea. La política debería ser ese lugar donde la sociedad —bien a través de unos representantes o cuando sea posible mediante la intervención directa de sus ciudadanos— encontrara esos caminos para que el beneficio de una parte de la sociedad no implicara un sacrificio de otra —poder judicial independiente—. Y al hablar de sacrificios y beneficios no debería referirse a opciones ideológicas de tipo estético como nombres de calles, estatuas o monumentos, opciones religiosas o crucifijos. Un nombre de calle, aunque no nos guste, no vulnera ningún derecho individual de nadie. Por tanto, lo siguiente a definir es cuál es la parte personal y por tanto, inviolable, y cuales son los aspectos que atañen a la sociedad como colectivo.

Una vez establecido el ámbito —personal o colectivo— hay que definir el problema. Suponiendo que se piense que hay algún problema, ya que todavía hay gente que piensa que «España va bien». Desde luego que puestos a comparar siempre van a existir países donde todo está mucho peor. Se trata pues de realizar comparaciones que tengan un mínimo de sentido, por ejemplo, teniendo en cuenta otros países similares del entorno, nuestra evolución histórica o simplemente, qué aspectos del funcionamiento de nuestra sociedad puedan identificarse con claridad como manifiestamente mejorables, no sólo porque sean un desastre, sino porque exista evidencia de que es posible hacerlo mejor.

El potencial de España

Afortunadamente en España se disfruta de un buen clima, de una buena gastronomía y de una Historia que nos ha dejado un gran legado cultural. Esto ha convertido nuestro país en una enorme fuente de capital humano que destaca allá donde se lo permiten. Pocas zonas del planeta tienen una combinación de clima, localización y legado cultural tan rico y con tantas posibilidades como disfrutamos aquí, además de una gran esperanza de vida. Escritores, médicos, ingenieros y exploradores, entre otros, han dejado su impronta en las páginas de la Historia de la Humanidad, a pesar de todas las dificultades a las que a menudo han tenido que enfrentarse debido a una mala gestión política. Gracias a la base de la sociedad —campeona en donaciones de órganos—, a la actividad económica, a esos pequeños empresarios que trabajan doce horas todos los días y a esos empleados por cuenta ajena que han de pagar hasta el último de los impuestos —mientras que grandes empresas influyentes disponen de gran cantidad de mecanismos para eludirlos— y que sustentan al resto de economía sumergida y subvencionada, gracias a todos estos héroes anónimos, nuestro país no se va a pique. Esta desigualdad en es sí misma un problema, pero además, hay otros que podrían ser perfectamente resueltos.

Problemas de España

Además de lo mencionado, este país disfruta de unas condiciones que nos permiten tener una cultura del ocio y disfrute de grandes posibilidades. Un legado de la cultura mediterránea que compartimos con otros países como Italia o Grecia. Países que junto con Portugal, forman los llamados despectivamente PIGS, por compartir precisamente problemas similares. Si se empieza por el más grave en España, la cosa quedaría así:

Pobreza infantil

Aunque los bares se llenen de aficionados al deporte rey antes que las bibliotecas y los cines lo hagan también hasta los topes, no es menos cierto que los más débiles, esos que no son fuente de impuestos ni consumistas ni potenciales votantes, los niños, tienen algunos problemas importantes. España es el segundo país de Europa con más pobreza infantil superado sólo por Rumanía —ojo al dato—.  Es decir, el país europeo cuyos habitantes cuentan con el mayor número de teléfonos inteligentes —o smarthpones— del mundo, es también uno en donde los niños pasan más hambre del mismo continente. Lógicamente si nos comparamos con Somalia seguro que estamos mejor, pero seguro también que en este país africano tiene mayor justificación ya que allí la pobreza está lamentablemente generalizada, cosa que obviamente no es el caso de España. En Somalia es un problema generalizado de una índole mayor, aquí, es un problema de decisión política. Es un problema cuyos responsables tienen nombre y apellidos.

Sistema educativo

Junto al anterior, este punto es otro de los más dramáticos problemas que afectan a la salud de una sociedad. La educación de las personas que empiezan su andadura por esta vida es la base de todo lo que va a venir después. Es indudablemente una apuesta a largo plazo que en un sistema basado de manera enfermiza en el beneficio inmediato, acaba siendo de los más perjudicados, eternizando un problema que únicamente en los lugares mas desarrollados hacen frente de manera responsable y prestando la atención debida al bienestar general. Según el informe PISA la palabra que mejor define a España es mediocridad: si bien la puntuación alcanzada no empeora, también es cierto que no se logra ningún avance permaneciendo estancados en la zona media baja a pesar de que muy cerca, nuestro país vecino mejora nada más y nada menos que en 30 puntos. Con el añadido que en nuestro propio territorio existen ejemplos que destacan pero que son ignorados. Se sabe cómo hacerlo, se puede estar entre los mejores, pero simplemente los que tienen que tomar las decisiones adecuadas y dejar que los que poseen el conocimiento puedan aportarlo al bienestar general, prefieren seguir acaparando ellos el protagonismo en lugar de otros, aunque se lo merezcan más.

¿Muchos impuestos?

Todos nos quejamos de la gran cantidad de impuestos que pagamos, pero, ¿es esto así realmente? Es decir, ¿que significa «muchos»? ¿más de los que nos gustaría? ¿más que el vecino? Los agravios comparativos son indudablemente un motivo más que válido para denunciar una injusticia, sin que por ello implique que tu situación sea precaria. La desigualdad fiscal que se sufre en España materializada a través de «recursos» legales como las sicav a las que sólo pueden acceder grandes fortunas, son una triste y lamentable realidad. No por el recurso fiscal en sí mismo —en otros países existen figuras similares— sino por la mala aplicación de la ley que provoca que sea usada como herramienta de evasión fiscal únicamente para los que pueden acceder a ella. Algo similar ocurre con los impuestos que pagamos todos: la sensación de impotencia y de injusticia motivada por estas desigualdades y por la corrupción política en casos de cohecho y prevaricación, provoca que el fraude fiscal sea elevado. Como consecuencia España es uno de los países que menos recauda a pesar de tener de los impuestos más altos de su entorno. Pero en lugar de mejorar el sistema fiscal para que sea más legitimo, eficaz, justo y equitativo, la baja recaudación —que es al final lo único que les importa— se pretende solucionar aumentando todavía más los impuestos en lugar de analizar las causas de una manera más respetuosa con los contribuyentes, los cuales en España son siempre tratados como «defraudadores en potencia» —el clásico «piensa mal y acertarás» que tanto daño hace en la convivencia—. Esta medida provoca un mayor rechazo y por tanto, mayor fraude fiscal, agravando todavía más el problema. En definitiva, España tiene unos impuestos altos pero se recauda poco, como consecuencia la inversión en servicios públicos es escasa.

Economía sumergida

El fraude fiscal se explica de manera apresurada por la gran cantidad de economía sumergida que existe en España que representa casi un 20% del PIB. Sin embargo, estudios han señalado que este fenómeno más que ser la causa es en realidad el síntoma de un mal modelo productivo y fiscal. Es decir, la economía sumergida es muchas veces la única solución de algunas empresas y trabajadores autónomos para poder subsistir al no poder hacer frente a las regulaciones que el Estado obliga, pensando la mayoría de las veces en sus propias cifras y las necesidades políticas del partido en el gobierno, en lugar de en las de mejorar el modelo económico e industrial del país.
en los países con altos niveles de desigualdad, los beneficios de la formalidad son menores para los individuos más pobres, que no logran apropiarse de su productividad en el marco de mercados laborales imperfectos, lo cual se agudiza por las debilidades de sus instituciones

Modelo productivo

Hablar de modelo productivo referido a todo un país ha de hacerse de una manera holística en el sentido de incluir todos los aspectos relevantes, incluyendo a usuarios, trabajadores, empresarios, gobernantes y resto de responsables como participes del problema. Una clave nos la desvela Gerardo Ibañez en su obra La Revolución Industrial Oculta (2013). En ella, este ingeniero industrial con experiencia en EEUU y Alemania nos comenta que el nexo que une a los países más y mejor industrializados y con mayor capacidad de producción propia no es otra que unos sueldos altos. Pero contrariamente a la creencia habitual, los sueldos altos no son la consecuencia de un mejor modelo productivo, sino al contrario, son la causa: si subes los sueldos la economía mejora sistemáticamente. El ejemplo paradigmático fue el de Henri Ford quien decidió duplicar el sueldo de sus trabajadores logrando de esta manera un éxito sin precedentes que sería imitado por el resto de compañías del mundo... hasta que llegaron los japoneses con Toyota. Dejando a un lado el interesante debate sobre los inconvenientes del fordismo que serían superados por el método lean o poka-yoke japonés, el hecho relevante en ambos casos es que la principal manera de mejorar un sistema es dotar de autonomía, responsabilidad y capacidad adquisitiva a la base social del colectivo. Circunstancia que en España suele ser al contrario, todavía dependiente de un sistema casposo, rancio y caciquil, jerárquizado hasta extremos enfermizos. En este sentido, el capital humano que existe en España es aprovechado únicamente en sentido vertical: todo lo que vales es lo que decide la persona que está por encima tuya en función de su criterio personal.

Meritocracia

Aunque los sistemas basados en el mérito tampoco son perfectos —como no podría ser de otra manera— su ausencia produce en la misma medida un drama humano que han de padecer los trabajadores de este país y que a buen seguro es causa de no pocas depresiones y que acaba doblegando a la base social, siendo participe del pelotazo, del enchufismo y del nepotismo. Según un estudio del Foro de Davos, con sede en Ginebra, España ocupa el penúltimo lugar de la Unión Europea en aprovechamiento de su capital humano, junto una vez más a otros países como Grecia o Portugal. Es decir, no se trata de la calidad de nuestro capital humano, sino de cómo se aprovecha. Eso sí, lo que es bien aprovechado es la inocencia e ingenuidad sobre la realidad del mercado laboral de los becarios recién salidos de las universidades, que son exprimidos en proyectos que nadie más hace, bien por su tediosidad o bien porque no existe un puesto de trabajo regulado con la requerida cualificación académica, por lo que acuden a este tipo de empleo «efímero», ya que asumir la necesidad de dichos puestos implicaría reestructurar todo el sistema, dejando a los dirigentes respecto de sus propios cargos —a los que han accedido la  mayoría por vías «alternativas»— en situación comprometida.

¿Corrupción?

Hablar de la corrupción como un problema en sí mismo encierra algunas complicaciones. En primer lugar hay que definir qué es lo que se entiende como corrupción y en segundo lugar, de qué tipos. En la actualidad mediática, la corrupción es tratada como un aspecto independiente y únicamente aquellos casos que están bajo investigación judicial, tratándolos como si fuera una especie de virus o un «factor genético» —como algunos agitadores de la pantalla han llegado a decir—. En España la corrupción es tratada como un factor político más, como lo pueda ser el paro o la subida del IVA. Y lo que es peor, asociada a determinados partidos, usada como elemento acusador para ganar en los debates. Sin embargo, si no hubiera ningún caso de corrupción sería un síntoma realmente preocupante —como ocurría en las dictaduras de Franco o Stalin— ya que la posibilidad de la corrupción siempre existe y con el tiempo se hace tan inevitable como lo es que tengamos que cambiar los neumáticos de nuestro automóvil.  La cuestión importante de la que nunca se habla es la de los mecanismos para detectarla y para corregirla. Todo este panorama lo que provoca es el ocultamiento del verdadero problema de fondo, que es la ineficacia a la hora de gestionar los recursos del Estado, que van a parar a manos indebidas y empeorar los servicios públicos y perjudicar gravemente a los más débiles. La corrupción no es un factor que se pueda aislar. Los casos anteriores citados, desde la pobreza infantil hasta el sistema educativo, pasando por el enchufismo, son también casos de corrupción. El verdadero problema no es la inevitable existencia de corruptos sino la deficiente utilización del Estado, es un problema de sistema, no un problema de políticos —que también— y no se soluciona cambiándolos, sino cambiando el sistema de control, de detección y de auditoría. En su lugar se usa el sistema judicial como un sustituto lejano de la revocación de mandato, mecanismo que habría de existir en toda democracia representativa que no haga uso de la democracia directa.

Soluciones

Buscándolas

Hasta hace poco la mayoría se sentía confiado al vivir en una democracia y esperaba que con el paso de los años los problemas se solucionarían, pero 30 años después continuamos con los mismos problemas, el mismo país de sol y playa, de turismo, de servicios, de mercado interno, de empresas que han de ir al extranjero para triunfar mientras que las multinacionales extranjeras, mediante suculentos acuerdos con el Jefe de Estado y el resto de políticos que se reparten el pastel, ocupan y monopolizan el mercado laboral imponiendo sus cada vez más sofocantes condiciones. Exactamente igual que en la época de la dictadura.

Puede decirse que en España no hay un problema lo suficientemente grave como para que pueda señalarse y echarse las manos a la cabeza. Nuestros políticos se preocupan de que esto sea así, independientemente de que en el fondo haya todo un conjunto de problemas que vistos de esta manera nos presenta un escenario que es para salir corriendo. A otros países cuyos dirigentes, sin dejar de preocuparse por sus cómodos asientos —las personas estamos sujetas a los mismos anhelos en todas partes— poseen sin embargo dentro de su cultura y tradiciones históricas mecanismos que limitan los despropósitos que puedan hacer, logrando que su gestión aporte algo a la sociedad que representa. El resultado es que a pesar de lo que dice la Constitución de 1978, en la práctica los ciudadanos de España no somos iguales ni jurídica, ni política, ni económica, ni fiscalmente. Además de tener que encontrar una solución para el problema de gestión al que nos enfrentamos como sociedad, queda el problema no menor de aplicar dicha solución. Llegados a este punto, cada uno de los 40 millones de ciudadanos que pueblan nuestro territorio probablemente tenga una idea distinta de lo que hay que hacer. Recientemente se ha comenzado a colocar el objetivo en el propio sistema político, que se ha mostrado ineficaz para encontrar soluciones. Se trata pues no de buscar una solución a algún problema concreto, sino de buscar una solución para que la sociedad pueda realmente gestionarse como tal y solucionar sus problemas. Se trata de encontrar una meta-solución, y ver quien le pone el cascabel al gato.

Aplicándolas

Lo paradójico de tener una solución es que luego hay que ponerla en práctica, lo cual en una sociedad cuyo sistema político está monopolizado por opciones monolíticas y herméticas, es otro problema de igual o mayor envergadura. Incluso para buscar una solución al problema de la auto-gestión de la sociedad es necesario contar con unas herramientas que el actual sistema político no ofrece, o las que existen son muy ineficaces.

La paradoja de la base social

Asumiendo que la actual clase política lleva 30 años auto-protegiéndose sin ofrecer ninguna propuesta útil de desarrollo económico, social o industrial, queda claro que la solución ha de venir de fuera de dicha clase política, de la propia sociedad. Para que la solución no consista en imponer nuestro criterio es necesario aunar una mínima base social con iniciativa y ganas de participar, un tipo de activismo que sea participe de similares inquietudes en cuanto al deseo de auto-gestión de la sociedad. La paradoja de esta situación es la siguiente: no se puede fundar desde cero un grupo que defienda la democracia en base estricta a sus propios principios. No todo el mundo ha intentado formar un grupo de este tipo, pero los que sí, hemos advertido que hay siempre un momento de «génesis» tan cuestionable como absolutamente crucial y necesario. Todo grupo con intenciones políticas ha de partir de unos principios a los cuales se unirá quien quiera compartirlos, y si no está de acuerdo, tendrá que irse a otro sitio. Esto puede que no parezca democrático y en efecto, no lo es en absoluto, pero igualmente inevitable: cuando no hay democracia la solución no puede venir de una iniciativa que pueda definirse como tal. Es lógicamente imposible por el teorema de incompletitud de Gödel. Esto no significa que todos los grupos de activismo sean iguales, ni que sus diferencias consistan simplemente en sus propuestas políticas. Habrá «algo» en su espíritu, en su organización interna, en sus principios filosóficos subyacentes —no los que manifiesten defender— que sólo las personas experimentadas podrán distinguir. Si fuera fácil identificarlos no existirían las sectas ni los cultos a lideres mesiánicos. Esto es así porque lamentablemente no se puede dejar entrar a cualquiera en un grupo que desee alcanzar un determinado objetivo político. Por respeto a los propios principios del movimiento, y por simple protección ante intrusos que deseen boicotear la organización —que los hay seguro—. La frontera entre una cosa y la otra, el tipo de filtro que se aplique para dejar entrar a unas personas y bloquear a otras irá desde un grupo de conocidos con total confianza entre ellos que sean los que inicien el movimiento, a la paulatina ampliación de «círculos» basados en la confianza entre sus miembros. En resumen, a mayor heterogeneidad y desconocimiento entre las personas que forman cada círculo, menor debe ser su capacidad para la toma de decisiones que afectan a la totalidad, para evitar que un grupo de desconocidos descontrolados se apropien del movimiento y hagan uso de él para fines distintos a los originales. Para que toda la organización no se convierta en una dictadura vertical en la que las ordenes e información sólo se transmita en un único sentido es necesario que existan canales bidireccionales para limitar las acciones de mando, así como cargos electos, de duración limitada y bajo controles de mandato. Ni que decir tiene que la mayoría de los actuales partidos carecen de estos mecanismos salvo unas primarias opcionales organizadas por las propias organizaciones políticas en la que los ganadores están previamente acordados.

La herramienta política

El sistema actual basado en partidos utiliza a estos como principal herramienta de representación. Los ciudadanos dejan su voto y mediante un sistema de reparto de escaños, se obtiene un mapa político en el que cada partido tiene un peso acorde de alguna manera a los votos recibidos. Sea justo o no, sea proporcional o no, sea o no de nuestro agrado, estas son las normas que para bien o para mal dibujan los gobiernos de cada legislatura. Se trata por lo tanto de comprender su funcionamiento y diseñar una herramienta para que las soluciones que la base social acuerde lleguen hasta los órganos de representación política con poder legal para que se lleven a cabo. El valor de esta herramienta no consiste pues en las soluciones propuestas, sino en que las mismas no provienen de despachos en las que se manejan intereses alejados de la sociedad.

Las necesidades (actualización 22/01/2018)

Sociales

Asumiendo como inevitable la utilización de un partido como forma de hacer llegar a las instituciones que ofrece el sistema político las propuestas necesarias para su aprobación, no hay que dejar que esta herramienta adquiera un excesivo protagonismo. La base social ha de continuar siendo la parte fundamental. No por ideología, sino por simple e inevitable lógica si de lo que se trata es de encontrar la manera óptima de organizarse como colectivo. Estudios sobre inteligencia colectiva o colaborativa, dinámica de equipos, experiencias empresariales y las vicisitudes históricas de otros países, avalan la importancia de dar a la sociedad un papel adecuado, aprovechando su potencial y sumando conocimiento. Y esto sólo se puede lograr atendiendo no simplemente sus necesidades básicas sino hasta las más intelectuales y sofisticadas, otorgando el protagonismo adecuado a los miembros que lo merezcan. Alguien podrá dudar cuales han de se esos méritos. Naturalmente, siempre van a existir peros y lagunas, incluso seguro que también se cometerá alguna injusticia de vez en cuando. Como se comentaba, ningún sistema está exento de error, de lo que se trata es de formar una cultura que aproveche lo aprendido, que tenga como intención proyectarse hacia el mañana, de tener expectativas, de construir un futuro que vaya más allá del próximo mundial de fútbol.
«Sólo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde»
José Ortega y Gasset

Políticas

Asumiendo igualmente el funcionamiento del sistema político, por poco que nos guste, es inevitable ceñirse en lo posible a las necesidades marcadas por sus características. Esto significa que habrá que escoger caminos que no respondan a una necesidad social ni a un objetivo político «primario», es decir, que para lograr cumplir los objetivos políticos de auto-gestión de la sociedad hay que pasar necesariamente por cumplir los objetivos políticos de la herramienta, que no son otros que los objetivos partidistas de toda la vida que tanto se han criticado. Y hay que hacerlo sin convertirse en el monstruo que se ha denunciado, lo cuál entraña una dificultad que no hay que descuidar. Estas necesidades no son otras que lograr el suficiente número de votos, lo que en una sociedad polarizada, sectaria y de escasa cultura democrática exige un esfuerzo colosal, necesitando:

Canales de comunicación

Cada convocatoria de elecciones generales se acaba convirtiendo de una manera o de otra y apoyados en los medios de comunicación, en un enfrentamiento entre dos opciones únicas, enfocando todos los «debates» exclusivamente en las propuestas que interesan a estas opciones, cuyas respuestas ya están medidas en función de tener la sociedad cartografiada políticamente. Es decir, se habla prácticamente en exclusiva de lo que los partidos quieren, creando falsas disyuntivas en las que sólo existen dos principales caminos, excluyentes entre si. De esta situación se desprende que es necesario un canal alternativo de difusión que no dependa de los actuales, sometidos al mismo sistema de jerarquía que el resto de aspectos de la sociedad. No se trata pues de ninguna teoría conspiratoria, los medios de comunicación sufren del mismo problema que cualquier otro ámbito laborallos objetivos están marcados por agendas políticas, definidas por los intereses del superior en la jerarquía. El cumplimiento de las tareas propias de cada profesión quedan en segundo plano, lo que en el caso de los medios de comunicación es doblemente grave y notorio.

El nicho electoral

Continuando con la paradoja de la base social comentada anteriormente, aunque se parta de una base social transversal, heterogénea y diversa y aunque las demandas políticas tengan como objetivo representar a todo el colectivo social sin distinción, lo cierto es que en los inicios siempre hay una mayoría que por extraño que parezca, no desea ni más democracia, ni cree que sea necesario cambiar nada, ni desean que otras personas lo intenten. Tal vez porque creen que no hay nada que mejorar o temen que tocar cualquier cosa va a implicar un cambio a peor —sobre todo para ellos—. Se presenta pues la extraña circunstancia en la que el mero hecho de desear mejorar las cosas implica para ciertos sectores una amenaza. En algunos casos se trata de simple sectarismo ideológico y conservadurismo, en otros el motivo consiste en el de la protección de un nivel de vida basado en privilegios alcanzados gracias a acaparar a codazos un protagonismo inmerecido. Logros que dejan en herencia a sus descendientes los cuales continuarán defendiendo su estatus social, aunque implique impedir que el resto tengan oportunidades similares. Pero como el sistema de partidos, de elección y de representación es como es, no hay más remedio que elaborar un mensaje político cuyo principal objetivo no sea otro que el de captar electores. Todo aunque sea para dar una democracia a unos votantes que no la piden de manera explícita, tal vez porque tras tantos años de partidocracia no saben lo que es.

La imagen política

Una vez identificado el electorado y escogido el que sea más compatible con los objetivos políticos originales, es necesario introducirse en la maquinaria propagandista que acompaña al resto de partidos. Es inevitable si se desea una eficacia mínima, ya que el objetivo no es el de vivir hasta la jubilación vendiendo esperanzas políticas que jamás van a verse cumplidas. Esto va a significar dotar a la herramienta política de una imagen acorde a dicho electorado. Es decir, la formación o partido resultante va a ser esclava de una apariencia que necesita si se desea alcanzar un mínimo de efectividad. Por los vicios del actual sistema, esto implicará que la formación será presa del odio o rechazo por parte de los sectores que no formen parte de su publico objetivo. Más todavía, implica que será objeto de critica por motivos ajenos a los objetivos primarios de la formación en cuanto a obtener una herramienta independiente que sirva como receptora de las demandas sociales.

La financiación

Tal y como funcionan las cosas, sin un mínimo de financiación es imposible dar un paso. Resulta que en España el estado otorga a los partidos —y sindicatos— una subvención en función de los escaños obtenidos lo que significa que cuantos más votos obtengas más dinero recibirá la formación escogida. Esto que puede parecer lógico en un primer momento es completamente injusto en cuanto se medita un par de segundos más, ya que bloquea todo nuevo intento de participación. La concesión de fondos públicos sin una auditoría adecuada posterior es una tragedia democrática que provoca que un partido se consolide, monopolice e impidala necesaria y obligada entrada de opciones alternativas en una democracia. El uso de dichos fondos para sus campañas va a favorecer a sus candidaturas por lo que es muy probable que vuelvan a obtener muchos votos en las próximas convocatorias, volviendo a obtener una suculenta financiación, repitiéndose el proceso. Los partidos de esta manera se convierten en máquinas de obtención de votos, en cuyo seno surgen una casta de políticos profesionales cuyo objetivo es continuar con esta dinámica, olvidándose del objetivo básico de representar a la sociedad. Si el Estado ha de intervenir de alguna manera en la financiación de los partidos ha de ser para garantizar la igualdad de oportunidades, pero lo que ocurre en la realidad es lo contrario. Aún así los partidos incurren en financiación irregular ya que una vez convertidos en máquinas de ganar dinero y dado que el sistema no limita su acción, no hay quien los pare, salvo el poder judicial tras un largo y penoso proceso. Con este desolador panorama, toda nueva iniciativa ha de dar rienda suelta a la máxima creatividad posible para obtener fondos y encontrar maneras de lograr repercusión mediática.

La estrategia mediática

Si algo nos enseñó Rubalcaba —o eso se creía— fue la importancia de lograr en el momento y lugar adecuado la necesaria repercusión mediática con un mínimo de inversión. Lo extraño es que pocos más se hayan dado cuenta de esta circunstancia. Este es el motivo más simple que explica las acciones de lo relacionado con el movimiento #15M, tales como #ocupalapalza o #rodeaelcongreso, iniciativas pacíficas pero que rompen con el clásico concepto de manifestación regulada y permitida por los poderes clásicos. Iniciativas que buscan lograr la mayor repercusión con el menor consumo de recursos, usando a los propios medios de comunicación los cuales no tienen otro remedio que dar cobertura, aún a su pesar, a las agrupaciones multitudinarias en las calles. Una variante fue el de la llamada #primaveravalenciana organizada por la entonces oposición al Partido Popular y actualmente compartiendo gobierno en la Comunidad Valenciana. Si bien las acciones del 15M tenían objetivos concretos, Compromis llamó a sus militantes a ocupar las calles, bloqueando semáforos y tráfico de vehículos allá por donde pasaba, con dos objetivos, claros para la formación pero ambiguos para los que participaron en ella: el de mostrar su poderío de convocatoria movilizando a miles de personas, y el de provocar a las fuerzas de seguridad en espera de que cometieran algún fallo en forma de agresión. Una época en la que se vivían momentos estrambóticos en los cuales la gente acudía con pancartas por la mejora de la educación acompañados en horario escolar con sus hijos, aún a costa de ponerles en peligro al llevarles a una manifestación no autorizada que fueran o no legitimas sus reivindicaciones, se era consciente —de hecho, era lo que se buscaba— del peligro real de una respuesta policial. Finalmente, el resultado afortunadamente no paso mucho mas de ver como una masa de miles de personas sin objetivos claros y con un mensaje incoherente se paseaba sin rumbo por las calles. En el fondo, una metáfora de la situación actual de la sociedad española.


    Foto (fuente Ideal.es): cartel visto en el hogar del pensionista de un pueblo de Jaén


    jueves, 6 de julio de 2023

    Desmontando mitos de la política en España

    jueves, 6 de julio de 2023
    Congreso de los Diputados

    Es habitual pensar que en España vivimos en el «menos malo» de los sistemas políticos conocidos. Con esta afirmación parece que se intenta zanjar toda posibilidad de modificar ni una sola coma al actual sistema. Sin embargo, nuestro sistema de representación política no está carente de extrañas y retorcidas peculiaridades, causa de muchas de las habituales discusiones polarizadas sobre temas políticos que parecen aprovechar la circunstancia de que un buen número de personas desconoce su funcionamiento en detalle, y ha asumido cierto relato construido desde la Transición. «Mitos» con los que en algún momento en el pasado la sociedad soñó y creyó haber alcanzado, pero la realidad parece indicar otra cosa:

    Nuestro voto vale igual: FALSO

    Una democracia representativa se supone que se distingue básicamente por dos cosas. Una de ellas es que el voto de todos los ciudadanos vale lo mismo. Lamentablemente no se puede decir esto del caso español porque no se cumple: el valor del voto es diferente ya que el reparto de escaños se realiza por cada circunscripción —la provincia— la cual tiene asignada una cuota mínima fija de escaños que no depende de su población. Esto provoca que las provincias con poca densidad de habitantes determinen con mayor peso el número de escaños asignados, es decir, los votos tienen mayor valor que en el resto del país (¡¡La primera condición importante ya no se cumple!!) Bueno, pero al menos podremos decir que ese reparto de escaños se hace a representantes elegidos por el pueblo. Pues no.

    Elegimos a nuestros representantes: FALSO

    Otra de las características de un sistema representativo es que se asume que los ciudadanos pueden elegir a sus representantes. Sin embargo, resulta extraordinariamente difícil poder decir eso de nuestro sistema. Parémonos a pensar por un momento: ¿A quién de los que componen esas listas de partido han puesto ustedes en ese lugar? Ninguno de cada uno de los concejales o diputados que se sientan a cobrar de nuestro dinero sin cumplir la mayoría de las promesas realizadas y no arreglar prácticamente ninguno de los problemas a los que se enfrentan —por no hablar de los que provocan— es elegido por los ciudadanos (¡¡La segunda condición tampoco se cumple!!) Cuando se acude a votar se ha de hacer a unas listas prestablecidas, cerradas y bloqueadas, con candidatos elegidos a dedo por las direcciones internas de los partidos, completamente opacas al ciudadano. Lo único que puede hacer este es delegar su voluntad a unas siglas de partido, el cuál propone una listas llenas de nombres que sea lo que sea promuevan en nosotros, no podemos hacer más que aceptarla o rechazarla, en cuyo caso deberemos aceptar la impuesta por otro partido. En definitiva, listas cuyo carácter anónimo solo es roto por su asociación con el candidato principal a jefe del ejecutivo. Alguien podrá pensar que por lo menos este candidato, una vez ganadas las elecciones, sí que es elegido por el pueblo. Pues tampoco.

    El que gana las elecciones es elegido: FALSO

    Este y el siguiente son casi el mismo punto pero es necesario puntualizar un par de cosas. Cuando vamos a las urnas vamos convencidos de que «vamos a elegir» a «alguien». Bueno, una cosa es cierta, en función del resultado electoral «alguien» será elegido, pero desde luego que no será el que hayamos podido decidir los ciudadanos. Por un lado porque como se ha visto nuestro voto va a parar a una lista completamente refractaria a nuestra decisión salvo para rechazarla —y que la acepte otro— y por otro lado porque los votos obtenidos son solo un primer paso para el reparto final de asientos en el Congreso. Este reparto se realiza mediante la conocida Ley d'Hont supuestamente para plasmar la territorialidad, al prevalecer los votos locales sobre los obtenidos en el conjunto del Estado. Sin embargo, al final lo que prevalece sobre todo lo demás son el número total de escaños de cada formación en el Congreso, da igual quien esté en la lista ni de dónde venga, porque por lo visto anteriormente, el ciudadano no lo ha elegido. En función de este resultado final en el Congreso, se ha de realizar una votación para entonces sí, elegir al presidente. Por tanto, «ganar» unas elecciones en función de los votos obtenidos, sea lo que sea que signifique este término en este contexto, no garantiza en absoluto qué candidato va a ser investido presidente.

    Elegimos al presidente: FALSO

    Poniendo por caso las elecciones generales, lo habitual venia siendo en las convocatorias que desde 1978 hemos estado asistiendo los que ya tenemos cierta edad —y desde que tuvimos la suficiente para hacerlo— que el partido que obtenía más votos colocaba al principal candidato como Presidente del Gobierno. Esto ocurría porque lo hacía con tal holgura que lograba también una mayoría en el Congreso, que es el órgano que cumple la función de representar a la ciudadanía española —lo que no significa que lo haga—. Pero el constante y paulatino aumento en el descontento de los ciudadanos con los partidos en el gobierno en su gestión legislativa, provocó la aparición «en el escenario» de otras fuerzas políticas, no necesariamente como solución, sino simplemente como única herramienta posible que la sociedad dispone para reaccionar de alguna manera a la situación que se interpretaba como lamentable. El resultado es que una vez repartidos los escaños, ya no era posible colocar al presidente propuesto por el partido ganador —insistimos, de haber un ganador es un partido, no un candidato, los ciudadanos no eligen a ni uno solo de los candidatos propuestos que aparecen en las listas— al no poseer la mayoría necesaria. La cuestión principal es que al presidente lo eligen los representantes en el Congreso, no los ciudadanos, y lo hacen unos diputados que tampoco los han podido elegir, sino más bien al contrario, es el candidato a presidente —que suele coincidir con el jefe absoluto del partido, algo que no tendría que ser así si existiesen unas primarias correctamente establecidas— el que con toda probabilidad los ha puesto en la lista para que ahora le elijan a él. Es aquí cuando el público advirtió el protagonismo adquirido por los llamados «pactos» de gobierno post-electorales. Estos pactos, en efecto, se hacen sin la intervención en absoluto de los ciudadanos y se asume que se hacen entre partidos «similares», en todo caso, esta interpretación es a expensas de la que decidan los jefes de partido. La cuestión es ¿En qué medida es democrático algo hecho a espaldas de los ciudadanos sin contar con su aprobación?

    Los pactos de gobierno son democráticos: FALSO

    Hasta aquí ha sido fácil, pero ahora viene la parte complicada. Aunque estos pactos tras la jornada electoral —cuando los ciudadanos ya no pueden decir nada— han adquirido relevancia y son objeto de titulares en los últimos tiempos, lo cierto es que ya se habían estado haciendo hace décadas en diversas ocasiones con los partidos independentistas de Cataluña y País Vasco principalmente —los llamados «bisagra», en concreto, tanto PP como PSOE, han tenido que pactar con PNV, CiU, ERC, CC principalmente—. Sin embargo, es recientemente cuando son objeto de esas discusiones que ocupan titulares y #trendingtopics, aunque no sirvan más que para polarizar y definir el voto de los usuarios, a costa de nuestro ambiente social de convivencia, cada vez más sujeto a visceralidades y carga emotiva. Parece claro que los medios de comunicación y ahora las redes sociales se encargan de maximizar de manera artificial cierto tipo de debate que eclipsa la cuestión de fondo: es así como funciona el sistema. Por enumerar las características que describen la situación, paradójica y en cierta forma, contradictoria:
    • Los ciudadanos depositan su voto en las urnas con una creencia mayoritaria —aunque en paulatina disminución— de que van a «decidir» sobre «algo», creencia alimentada por todo el aparato mediático que opera en esta misma dirección de escenificar una «representatividad de la sociedad civil».
    • La evidencia sin embargo, muestra que esa «voluntad» depositada en las urnas difícilmente puede asociarse con ese cometido, siendo usada en su lugar para legitimar un reparto de poder acorde a unas reglas.
    • Este reparto de poder resultante muestra un «criterio de representatividad» basado en un «mapa ideológico» de la sociedad, que combina criterios de territorialidad y proporcionalidad.
    • La contradicción es que dicho criterio ideológico está apoyado en la ocupación de unos escaños por personas, las cuales han de renunciar a sus propios criterios a favor de los programas de sus partidos —que tampoco cumplen— a pesar de que el sistema en teoría defiende su independencia.
    • La paradoja aparece cuando un sistema supuestamente representativo y democrático ha de necesitar de pactos posteriores para lograr un gobierno «estable», que en términos prácticos significa que del reparto resultante surgen dos «bloques»: uno el que gobierna y decide absolutamente todo, y otro que se dedica a dinamitar ideológica y sistemáticamente —aunque infructuosamente la gran mayoría de ocasiones— lo que hace el primero, llamado oposición.
    • La mayoría de estos problemas son consecuencia de un sistema ideológico cuyo diputado está sometido a la disciplina de partido. La solución que nadie propone sería, o bien liberar al diputado de esta cadena, o bien se establece un sistema de segunda vuelta en la que participen solo los más votados (actualización 07/07/2023)
    Los políticos son conscientes de este funcionamiento incongruente basado en la representatividad ideológica en lugar de en la política. No pasaría —casi— nada si esto fuera asumido por todos, conscientes de sus limitaciones pero adaptándonos a su funcionamiento. El problema es cuando se usa como argumento político y objeto de crítica dichas inconsistencias del sistema, sin proponer su reforma y usándolas al mismo tiempo cuando les es oportuno, siempre basado en el propio criterio ideológico pero demonizando lo mismo cuando lo hace el oponente, lo que ocasiona debates circulares interminables. Por ejemplo:
    • Criticar los pactos con otro partido por motivos ideológicos —pactar con «la ultraderecha», con «los radicales» o con «los que desean romper España»— pero hacer lo propio en cuanto se tiene la más mínima ocasión —porque cuando «lo hago yo» está bien—
    • Cuando lo anterior no es suficiente al comenzar a volverse cotidiano y evidenciarse que es consecuencia del funcionamiento del propio sistema, se emplean argumentos ad hominem arbitrarios contra los integrantes de las listas —los «asesinos de BILDU», los «maltratadores de VOX»—.
    • Proponer la creación de «cordones sanitarios» que consisten en cancelar, excluir e incluso atentar contra los derechos de un grupo de personas por motivos ideológicos —solo escribir esto me ha parecido espeluznante—.
    • Criticar el uso de recursos públicos para la creación de instituciones culturales minoritarias o discutibles en algunos casos —los llamados «chiringuitos»— para luego hacer exactamente lo mismo cambiando tan solo el criterio ideológico —porque el mío «es el bueno»—.
    • En todos estos casos se superponen los criterios ideológicos, intereses partidistas y «rentabilidades electorales» a lo que marcan las normas que supuestamente, legitiman todo el sistema, sin que nadie proponga su reforma.
    Muchos de estos problemas que son origen de muchas horas perdidas en discusiones de ciudadanos que creen estar solucionando algo, podrían desaparecer de la escena simplemente dejando que sea el ciudadano el que pueda intervenir en la formación de las listas electorales, descartando o colocando en última posición los candidatos menos deseados. Igualmente, debería establecerse un criterio de selección basado en parámetros objetivos —antecedentes legales, conflicto de intereses, etc.— que no se lleva a cabo nunca porque, en ambas medidas, los propios partidos deberían someterse a ellas, lo que conllevaría perder su capacidad de controlar al representante.

    La lealtad al partido es democrática: FALSO

    Lo único que es democrático es la lealtad a los que te han votado. Pero claro, como en realidad no se ha establecido esa relación entre la sociedad y sus representantes ya que no es posible que un ciudadano elija a una persona con nombre y apellidos, no es posible tampoco crear ese vínculo democrático. De hecho, la lealtad al partido no solo es antidemocrática, sino que además es anticonstitucional ya que esta situación por la que el voto de un representante está condicionado se denomina «mandato imperativo», el cual está explícitamente prohibido en la Constitución de 1978. Ni siquiera los que se rasgan las vestiduras en la defensa de «la Constitución que nos dimos los españoles» son fieles a sus propios principios. Con esta guisa se entiende que independentistas y otros grupos de activismo se estén riendo a carcajadas un día si, y otro también.