Lo que esconde Rubalcaba

Recientes declaraciones del Ministro de Interior Español, Alfredo Pérez Rubalcaba sobre sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional:

«Yo creo en ese Estatuto, creo que es constitucional y creo que recoge un hecho que además es políticamente relevante. Lo que España no puede hacer es negar la decisión de un parlamento democrático elegido por los catalanes»

Es difícil enrevesar tanto las cosas como hace este señor. Sin saber muy bien si se trata de su opinión o la profesional propia de un cargo público, el Sr. Rubalcaba pretendiendo hacer las veces de juez, jurado y ejecutor dice que «cree» que es constitucional, cuando el que lo tiene que decidir es el Poder Judicial salvo que se considere el mismísimo Juez Dredd.

No obstante, si el señor Rubalcaba nos obsequia con su opinión, como si estuviera en el bar de la esquina en lugar de cobrando una tremendísima pasta por hacer lo que hace, ahondémonos algo más en ella y veamos qué hay detrás.

Se habla de parlamentos democráticos, cuando en esos parlamentos no hay nadie que haya sido elegido directamente por los ciudadanos, es decir, el demos. Se habla de estatutos, de autonomías y del gobierno central. Pasemos brevemente por estas definiciones adaptadas al caso particular, para comprender mejor a tan ilustre personaje:

• Dictadura de la mayoría: un parlamento, aún por el hipotético supuesto de ser democrático, no le habilita para decidir sobre cualquier cosa, menos aún si es uno autonómico. Para que una democracia no se convierta en una dictadura de la mayoría, ha de tener límites, asegurar la igualdad ante la ley del «demos» y no decidir cualquier cosa. Por lo tanto, el argumento básico es falaz.
  
  
  
• Independencia de poderes: por buenas que sean las intenciones; para asegurar esa igualdad ante la ley que capacita (en principio y a falta de mostrar sus capacidades como gestor y comprobar cual es la voluntad de los ciudadanos en las urnas) a todos los ciudadanos por igual para ser por ejemplo, presidente del gobierno; los representantes una vez con el poder que le delegan los electores han de estas sujetos a un sistema que los limite, y que no dependa de esa «buena voluntad», que seguro que al poco de ir en los coches oficiales se les olvida. Si no existen estos límites, llamarle democracia es una burla.
  
  
  
• Soberanía: ahora viene lo que esconde Rubalcaba. Los parlamentos de los países que los tienen (sistemas parlamentarios) representan la soberanía de ese país. Lo que dice ese parlamento va a misa, y el nivel de barbaridades que se decidan en el vendrá determinado por los puntos anteriores. En este caso el País es España, no Cataluña, es decir, Cataluña no es soberana para tomar todo tipo de decisiones, sea o no democrático el parlamento. España sí es soberana para decidir apoyar la Guerra de Irak, o aprobar la nueva Ley de Costas, por ejemplo, nos guste o no, duela a quien duela y mientras no se cambien las cosas, porque ningún ciudadano ni ningún representante elegido por los mismos ha podido intervenir en dichas decisiones.
  
  
  
• Legitimidad democrática: las posibles argumentaciones de que el parlamento autonómico no puede elegir cualquier cosa porque el parlamento y poder judicial central (Español no, ya que los dos son Españoles) defiende a todos los ciudadanos no es útil, porque dicho parlamento no es democrático aunque los políticos que lo ocupan nos intenten convencer de lo contrario, y no hay igualdad, aspecto manifiesto y que es la baza fundamental que utilizan los nacionalistas de forma victimista. Habría que decir que: «todos los ciudadanos españoles están sujetos al la ley de España, que se decide en el parlamento central y vigilada [teóricamente] por el poder judicial». Las autonomías son extensiones del estado o divisiones territoriales sujetas a la misma ley (La Constitución, sea buena o mala). Por lo tanto, el parlamento autonómico carece igualmente de legitimidad democrática.
  
  
  
• Electoralismo: el gobierno central con el PSOE al frente, renuncia lograr la legitimidad democrática del parlamento central Español, y solo le interesa seguir en el poder. Para ello y obtener el favor del electorado nacionalista, prefiere hacer dejación de funciones al perder o ceder parte de la soberanía de la que es responsable, antes que obtener una legitimidad democrática, ocultando sus verdaderas pretensiones.
  
  
  
• Cesión de soberanía: no hay que confundir la división territorial autonómica del estado, con la cesión de soberanía. Como se ha explicado, la soberanía de un área es la que permite a dictaduras como Cuba o la China tomar todo tipo de decisiones, perjudiquen a quien perjudiquen, encarcelen a quien encarcelen, sin importar los derechos humanos o la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La cesión de soberanía que desde el gobierno central Español se está efectuando paulatinamente desde la transición, implica que las leyes que gobiernan en el estado español sobre estos derechos, aun defectuosamente defendidos, no son válidos en esta parte de su territorio, dándose casos como coacción o multa a particulares por usar una lengua determinada infringiendo derechos lingüísticos, cierre de emisoras solo por ser criticas con el gobierno autonómico arremetiendo contra la libertad de prensa o represión brutal de manifestaciones de inofensivos estudiantes, entre otros. No hay una propuesta autonómica para mejorar la legitimidad democrática, sino que se utiliza el nacionalismo como elemento electoralista. Seguir en el poder es lo importante, y cuanto más , mejor.
  

Espero que esta pequeña aportación haya servido para aclarar algo más las palabras de nuestro Ministro.

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«los regalos»

Regalar es delito, parece ser según se viene oyendo. Para ser más exactos, regalar a un cargo publico, es delito. No se explica cuando alguien deja de ser cargo publico y es simplemente, un ciudadano. Se llega al punto de criminalizar el hecho de recibir un regalo que parece ser que el ciudadano que es cargo público no puede celebrar cumpleaños ni el San Valentín. El origen de todas estas disquisiciones es el artículo nº 426 del Código Penal, que dice:

Artículo 426. La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses.

Según esta norma, la oposición se agarra al clavo ardiendo del tecnicismo legal para intentar lograr lo que las urnas le niegan. Los críticos a Camps, ya sean de su mismo partido o de cualquier otro que le interese, se suben al carro de la protesta partidista y piden su dimisión. Se mezcla todo con el caso Gürtel de corrupción, pero solo dejándolo caer, sin aportar prueba alguna salvo la del propio regalo, que de por si, sea legal o no, no le relaciona con la trama.

Algunos me achacan que defiendo a Camps, pero no es así. Si en lugar de este político estuviera otro, y de otro partido, pensaría exactamente lo mismo: que nadie defiende la persecución de la corrupción, sino que lo importante es cargarse a un político, utilizando las acusaciones y resoluciones judiciales como herramienta política. Que el impedimento de recibir regalos como control de cohecho es un absurdo, como matar moscas a cañonazos, y encima, sin cargarse ni una sola mosca. Que lo que interesa es que los casos de corrupción que hay por toda la geografía española, desde el más pequeño de los ayuntamientos hasta el gobierno central, queden a salvo mientras no reciban «regalos», pero si puedan recibir maletines secretos repletos de dinero de los ciudadanos.

No se exige de una vez la independencia de los representantes políticos para minimizar los amiguismos, o las del propio poder judicial para que investigue por su cuenta esos casos. Eso si, luego lloran por que las resoluciones judiciales no les gustan, el mismo PSOE que ha fomentado la federalización asimétrica del poder judicial haciéndolo depender del ejecutivo autonómico. Un ejecutivo por el que disputan su control, y para el que no se exigen medidas de control y cuya ausencia facilita que los que lo ocupan puedan hacer lo que les da la gana, tal y como el PSPV denuncia que hace el PP, y que ellos podrán hacer si llegan al mismo. Por eso no exigen medidas de control, ni independencia de los cargos públicos, el chollo para el partido ha de mantenerse intacto.

La cuestión es que recibir regalos de gran cuantía de alguien que está además relacionado con la mencionada trama de corrupción y cohecho, es algo que a los ciudadanos debe preocupar enormemente, pero no es de por sí una prueba jurídica suficiente, salvo que el juez observe otros factores y hechos. El problema es la mencionada ausencia de controles de forma que los ciudadanos bien a través de iniciativas o a través de nuestros representantes en caso de que estos existieran y no estuvieran al servicio de los partidos, pusieran límite a esta y otras muchas situaciones lamentables.

El delito existe, el delito de falta de respeto a los ciudadanos por aceptar regalos de forma vanidosa de alguien de dudosa reputación, lo que no significa que sea un delito penal. Es un delito democrático y no son los jueces los encargados de resolverlo, ya que ni disponen de las herramientas ni son ellos los responsables de hacerlo. Los abusos del ejecutivo, sean o no delito penal, deben ser limitados por el legislativo, si fuera independiente. Pero no lo es y parece que a nadie le importa. El problema no son los regalos, pero si la falta de decencia democrática, y de eso no se salva ni un solo político de este país.

El artículo 426 del Código Penal indicado arriba, es una aberración. ¿No es suficiente con especificar de forma general el cohecho o la prevaricación, de forma similar a como se hace para diferenciar entre robo, hurto o sustracción? ¿no es evidente que recibir regalos a cambio de favores (con lo que no sería un regalo, sino un pago) es un delito para el que ostenta un cargo público y sobre todo, un insulto a la confianza que los ciudadanos depositan en el, independientemente de la cuantía?. Por lo visto, no. De esta manera, elevando a leyes tonterías de este tipo no se persigue el delito, se persiguen los «regalos». Hecha la ley, hecha la trampa.

Puedo entender que los partidos políticos sean los protagonistas de este juego sucio y adulterado, en donde los ellos mismos deciden las normas según les conviene, pero no entiendo que muchos bloggeros y periodistas supuestamente independientes, entren también en dicho juego tramposo. En cuanto a la sociedad civil, ya tiene bastante con seguir los resultados deportivos en La Sexta (sic). En definitiva: no entiendo nada.

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Vendo cerdos vietnamitas

Foto: anuncio real de venta en el tablón de una factoría

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La Democracia según Federico

Si Javier Marías nos mostraba la democracia como el «menos malo» de los sistemas y según el, teníamos que dar gracias de no tener dirigentes como G.W. Bush o Hugo Chávez, el controvertido comentarista radiofónico que presume de defensor, más bien de ultra-defensor de los valores liberales, nos deja una no menos sorprendente definición de lo que en otros tiempos era el auto-gobierno del pueblo.

Federico Jiménez Losantos en «La Mañana» el día 8 de Junio de 2009

el mecanismo de la democracia que existe para no llegar a la guerra civil, pa.. como mecanismo de cambiar de gobierno … luego las libertades las garantiza un régimen liberal, la separación de poderes etc., la libertad de todos los días, pero además, cada cierto tiempo conviene ver si cambiamos o seguimos con el gobierno, se vota, y así no hay que acudir como los visigodos al magnicidio, al regicidio, a cortarle el pescuezo al prójimo o a pedir ayuda al Islam, que luego va y se queda…

«…para no llegar a la guerra civil…» ¡¿?!… Es tan impresionante esta frase que creo que por eso se trabuca un poco. O si no esta otra: «…cada cierto tiempo conviene ver si cambiamos de gobierno…». Increíble. Es decir: que si esa separación de poderes que no se sabe muy bien a que separación se refiere, funciona tan bien, y el régimen de libertades es tan estupendo, ¿para que demonios se ha de llegar a una guerra civil? ¿tanta libertad hay «garantizada» que para arreglar las cosas habría que organizar una guerra civil? ¿en una democracia se ha de llegar a situaciones tan extremas como para tener que cambiar de gobierno, como única opción a una guerra civil? ¿la única forma de cambiar de gobierno es tener que esperar «cada cierto tiempo» y escoger las únicas alternativas que nos ofrece una casta política? ¿es esa la idea de libertad del Don Federico? ¿los cambios de gobierno son solo tras tirar la cuerda hasta casi romperla? ¿es la democracia un juego de sogatira para F.J. Losantos, en donde los políticos tan solo marcan la raya en el suelo?

Por otro lado, manda narices que haya que remontarse a los visigodos para hablar de sistemas de gobierno ¿tan poco hemos progresado? Encima, dando un dato falso: los visigodos elegían a sus reyes, no los mataban para cambiarlos, pero la carencia de un control del poder y de un marco legal adecuado, propiciaban las luchas internas llegando a eliminar a los contrarios. Es decir, un sistema electivo de gobierno (no se puede hablar de democracia ni en el caso de los visigodos, ni en el sistema partidocrático español), no es garantía de nada, ni un mecanismo para evitar guerras civiles.

Como diría el de «Alarma Social»: esto se nos va de las manos.

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España: marzo de 2004

El 11 de septiembre de 2001, menos de tres años antes de la fecha que abre el título de este artículo, la mayoría de ciudadanos de todo el mundo observamos atónitos como un par de aviones comerciales se estrellaban contra los tal vez, edificios económicos más emblemáticos y representativos del capitalismo del mundo, y de a la vez, nación más poderosa del mismo.

La indefensión y pánico por la que es imaginable pasarían los desdichados pasajeros de los aviones, o la visión de gente del interior de los edificios que prefieren lanzarse al vacío a una muerte segura, antes que pasar por otra igualmente certera pero tal vez más horrible aún a causa del fuego; son una conjunción de factores que no pueden ser considerados como simples hechos traumáticos: conmoción, sorpresa, temor, desconcierto. Los esquemas hasta ese momento habituales, en cuanto al orden establecido, a la seguridad, a la falta de enemigos que occidente y su máximo representante había dejado de tener desde que cayera la antigua Unión Soviética, parecía que se desmoronaban al mismo tiempo que lo hacían ante nuestros alucinados ojos, las Torres Gemelas.

¿Qué clase de mundo estábamos construyendo y dejando a nuestros descendientes? Puede que pensase mucha gente. Desde algunos foros y medios de comunicación el panorama que anunciaban era el de una guerra entre occidente y el nuevo enemigo a batir: el fundamentalismo islámico terrorista, y a los que les apoyan. Otros esperaban la reacción del Jefe del Ejecutivo del país violentado, un polémico presidente George W. Bush que poco después invadiría Iraq, escogiendo para ello el motivo que más les convino, fuera cierto o no, y que a la postre no lo fue.

Todo lo relacionado con el trágico y brutal atentado en Nueva York, está rodeado de extrañas circunstancias. Se ha hablado de una conspiración, en la que el propio George W. Bush podría estar implicado, sospecha a la que también ha contribuido el polémico director de cine Michael Moore, con su película Fahrenheit 9/11. Lo que es indudable en cualquier caso, es el impresionante carácter mediático de los sucesos, llegándose a definir los mismos como un episodio de hipnosis colectiva, al modo de un espectáculo televisivo.

Pero dejando a un lado todas estas cuestiones misteriosas; seguramente irresolubles para la mayoría de ciudadanos y que lo único que parecen conseguir es la distracción de otros problemas más importantes; hay algo que a pesar de ser muy verificable y que afecta de lleno a estos, ha pasado desapercibido para la mayor parte de la sociedad, o al menos, no suele ocupar una parte importante en los debates sobre el tema. Algo que comenzó a gestarse en aquellas fechas y se padeció en España tres años después: la utilización política (y electoralista en el caso español) de un crimen.

Nótese que no se refiere el asunto a la participación o implicación en el crimen, sino en la postura que se tenga ante él. Y al decir postura se refiere a la forma de actuar y lo que se demuestra con ello, no a las grandilocuentes y demagógicas declaraciones a las que nos tienen acostumbrados nuestros políticos y medios de comunicación.

Tras el atentado del 11S ¿al lado de quien se colocaba cada uno? ¿era suficiente una discrepancia con la cultura o la sociedad norteamericana, o con su dirigente George W. Bush conocido ya en aquel entonces antes de Irak por sus abusos bélicos, para manifestar cierta conveniencia de cualquier tipo por estos atentados? ¿aporta algo útil a la valoración política de una legislatura, la voluntad de uno o unos asesinos, que de esta forma se convierten en inadvertidas herramientas criminales al servicio de una ideología?

La respuesta a estas preguntas va a depender seguramente mucho según de la sociedad en cuyo seno se hagan. En sociedades tribales primitivas, o en aquellas en donde no se han superado algunos episodios violentos como una Guerra Civil, y en las que la aniquilación del contrario como método político no se ha llegado a desterrar del todo, existirá en mayor medida quien piense, aunque sea para sus adentros: ¡ya era hora que alguien le bajara los humos a estos norteamericanos!

En España salieron muchos de estos demonios a la luz, debido a las similares por trágicas circunstancias del atentado en Madrid, el 11 de marzo de 2004. La implicación española en la guerra de Irak, merced al apoyo que Aznar manifestó con el envío a dicho país de tropas de apoyo logístico, convirtió la cuestión de la autoría del atentado en un elemento potencialmente clave desde un punto de vista electoral, como si los cuatro años anteriores no fueran suficientes para evaluar la gestión, y el capricho asesino de un grupo de descerebrados fundamentalistas, tuviera que ser el que lo decidiera. Seguramente ellos, políticos y medios de comunicación, conscientes de que tras 30 años de la partidocracia a la que nos habían sometido, la sociedad española no había aprendido realmente apenas nada de lo que implica una democracia y temerosos de la influencia que en los electores pudiera tener el atentado —algo que en una sociedad madura no debería ocurrir jamás— corrieron a la desesperada a lanzar titulares, emitir comunicados, y realizar llamadas telefónicas en donde se insinuara la participación de ETA, o directamente se emitieran falsas e infundadas noticias sobre terroristas suicidas en el atentado, que nunca existieron.

Manifestaciones el día de la jornada de reflexión del 13 de Marzo de 2004, delante de uno de los partidos participantes de dichas elecciones, y que había estado al frente del gobierno en la legislatura anterior realizando las labores legales de representación que el sistema político le permitía, merced a la mayoría absoluta que disfrutaba gracias a los votos que los electores le dieron en su día. No había crimen, todo era legal, aunque la labor de gobierno y sobre todo de representación haya sido desastrosa. Sin embargo, las declaraciones o denominaciones de «Aznar asesino» o «PP terrorista» fueron habituales durante aquellos días y los años siguientes aún hasta nuestros días, mientras se ha tenido que oír como se le llamaba a alguien como Otegi, que no ha tenido tapujos en mostrar su apoyo a grupos terroristas, hombre de Paz.

Según este escenario, tras un atentado terrorista los culpables no eran los criminales que lo habían perpetrado, eran en cambio unos políticos que, para bien o para mal, habían realizado las labores que su cargo les permitía. El culpable no era tampoco el sistema político que lo sustentaba, a pesar de la evidencia. De esta forma, el asesinato se convertía en elemento de propaganda electoral, asunto que no parece haberles desagradado a los que les ha beneficiado, y del que se aprovecharon en su día todo lo que pudieron.

Los medios de comunicación, especialmente entre ellos el Grupo Prisa, debieron de continuar con sus experimentos sociológicos, y unos meses después de aquel lamentable marzo de 2004 que ha significado un cambio en la historia de España y la constatación del fracaso de la transición, en septiembre, nos sorprendía a los que estábamos en sus listas de correo con una repugnante campaña publicitaria:

La muerte de unas 3000 personas se utilizaba tranquilamente para una campaña de promoción. Pero claro, es que los 3000 muertos eran gringos (sic). Afortunadamente, el experimento no les fue muy bien, y tuvieron que pedir perdón por esta campaña unos días después, dando todo tipo de escusas gratuitas. No obstante, el partido que desde entonces desempeña la labor de gobernación (y sus medios afines, como el citado) y a falta de conocimiento para hacer otra cosa, ha tenido que rentabilizar al máximo lo que interpretaban como un factor clave que les hizo volver al poder: la utilización política del atentado del 11M.

De esta forma, se ha tergiversado, falseado y mentido, sobre las noticias relacionadas sobre el sumario y el posterior juicio. Con un sumario en cuyas fuentes se había eliminado de forma completamente irregular toda referencia a ETA, motivo por el cuál esta no podía aparecer y por tanto, imposible realizar cualquier tipo de juicio sobre su participación o su ausencia. A pesar de ello en algunos diarios, entre ellos EL PAÍS, se afirmaba en uno de sus titulares que el tribunal descartaba al citado grupo terrorista, lo que no puede ser cierto por los motivos explicados. Lo importante es transmitir una idea, independientemente de su veracidad, algo que desde luego no es propio de un medio de comunicación, sino más bien de un instrumento de propaganda política.

La implicación aunque fuera indirecta en el atentado, no es conveniente desde un punto de vista político. Se anteponen de esta forma los intereses partidistas a los de esclarecer el trágico suceso. Toda la pantomima política se vendría abajo como un castillo de naipes, si se admitiera que la banda terrorista ETA aparecía por algún sitio aunque fuera tangencialmente, desmontando de esa forma un elemento clave en su estrategia electoral. Si a esto se le añade la muy apresurada destrucción de los trenes que contrasta de forma espectacular con la practica habitual en la investigación de un desastre aéreo, por ejemplo, no queda otro camino que desconfiar, no del gobierno tan solo, sino del mismo sistema político que permitió los abusos del anterior presidente, y que permite los del actual.

Más información:  

• Sentencia completa juicio 11M
• Blog Investigar el 11M

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