Regalar es delito, parece ser según se viene oyendo. Para ser más exactos, regalar a un cargo publico, es delito. No se explica cuando alguien deja de ser cargo publico y es simplemente, un ciudadano. Se llega al punto de criminalizar el hecho de recibir un regalo que parece ser que el ciudadano que es cargo público no puede celebrar cumpleaños ni el San Valentín. El origen de todas estas disquisiciones es el artículo nº 426 del Código Penal, que dice:
Artículo 426. La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses.
Según esta norma, la oposición se agarra al clavo ardiendo del tecnicismo legal para intentar lograr lo que las urnas le niegan. Los críticos a Camps, ya sean de su mismo partido o de cualquier otro que le interese, se suben al carro de la protesta partidista y piden su dimisión. Se mezcla todo con el caso Gürtel de corrupción, pero solo dejándolo caer, sin aportar prueba alguna salvo la del propio regalo, que de por si, sea legal o no, no le relaciona con la trama.
Algunos me achacan que defiendo a Camps, pero no es así. Si en lugar de este político estuviera otro, y de otro partido, pensaría exactamente lo mismo: que nadie defiende la persecución de la corrupción, sino que lo importante es cargarse a un político, utilizando las acusaciones y resoluciones judiciales como herramienta política. Que el impedimento de recibir regalos como control de cohecho es un absurdo, como matar moscas a cañonazos, y encima, sin cargarse ni una sola mosca. Que lo que interesa es que los casos de corrupción que hay por toda la geografía española, desde el más pequeño de los ayuntamientos hasta el gobierno central, queden a salvo mientras no reciban «regalos», pero si puedan recibir maletines secretos repletos de dinero de los ciudadanos.
No se exige de una vez la independencia de los representantes políticos para minimizar los amiguismos, o las del propio poder judicial para que investigue por su cuenta esos casos. Eso si, luego lloran por que las resoluciones judiciales no les gustan, el mismo PSOE que ha fomentado la federalización asimétrica del poder judicial haciéndolo depender del ejecutivo autonómico. Un ejecutivo por el que disputan su control, y para el que no se exigen medidas de control y cuya ausencia facilita que los que lo ocupan puedan hacer lo que les da la gana, tal y como el PSPV denuncia que hace el PP, y que ellos podrán hacer si llegan al mismo. Por eso no exigen medidas de control, ni independencia de los cargos públicos, el chollo para el partido ha de mantenerse intacto.
La cuestión es que recibir regalos de gran cuantía de alguien que está además relacionado con la mencionada trama de corrupción y cohecho, es algo que a los ciudadanos debe preocupar enormemente, pero no es de por sí una prueba jurídica suficiente, salvo que el juez observe otros factores y hechos. El problema es la mencionada ausencia de controles de forma que los ciudadanos bien a través de iniciativas o a través de nuestros representantes en caso de que estos existieran y no estuvieran al servicio de los partidos, pusieran límite a esta y otras muchas situaciones lamentables.
El delito existe, el delito de falta de respeto a los ciudadanos por aceptar regalos de forma vanidosa de alguien de dudosa reputación, lo que no significa que sea un delito penal. Es un delito democrático y no son los jueces los encargados de resolverlo, ya que ni disponen de las herramientas ni son ellos los responsables de hacerlo. Los abusos del ejecutivo, sean o no delito penal, deben ser limitados por el legislativo, si fuera independiente. Pero no lo es y parece que a nadie le importa. El problema no son los regalos, pero si la falta de decencia democrática, y de eso no se salva ni un solo político de este país.
El artículo 426 del Código Penal indicado arriba, es una aberración. ¿No es suficiente con especificar de forma general el cohecho o la prevaricación, de forma similar a como se hace para diferenciar entre robo, hurto o sustracción? ¿no es evidente que recibir regalos a cambio de favores (con lo que no sería un regalo, sino un pago) es un delito para el que ostenta un cargo público y sobre todo, un insulto a la confianza que los ciudadanos depositan en el, independientemente de la cuantía?. Por lo visto, no. De esta manera, elevando a leyes tonterías de este tipo no se persigue el delito, se persiguen los «regalos». Hecha la ley, hecha la trampa.
Puedo entender que los partidos políticos sean los protagonistas de este juego sucio y adulterado, en donde los ellos mismos deciden las normas según les conviene, pero no entiendo que muchos bloggeros y periodistas supuestamente independientes, entren también en dicho juego tramposo. En cuanto a la sociedad civil, ya tiene bastante con seguir los resultados deportivos en La Sexta (sic). En definitiva: no entiendo nada.
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