La caída de Occidente

 

Los inicios (1950~1970)

Al acabar la Segunda Guerra Mundial e iniciarse el periodo de la Guerra Fría, el mundo comenzó a iniciar un lento pero imparable proceso marcado por el enfrentamiento entre dos grandes potencias y la carrera armamentística, que nos llevaría a la situación actual. Es difícil determinar hasta qué punto se era consciente de lo que implicarían las decisiones tomadas entonces, pero sí se puede advertir una intencionalidad y un patrón de comportamiento. La dinámica de gasto e intervencionismo militar con fines políticos, se enfrentó en el caso Occidental con el auge económico europeo y asiático con Alemania y Japón como principales exponentes. En esta tesitura, el bloque capitalista demostró que en el corto plazo tenía mayor flexibilidad para encontrar alternativas —no vamos a llamarlas «soluciones»— a su problema. Mientras ocurría todo esto, Occidente desatendía las crecientes demandas de las sociedades que se recuperaban tras el periodo de postguerra, asumiendo que el ciudadano era una entidad que ejercía su libertad y decidía en democracia disponiendo de toda la información necesaria para hacerlo, consecuencia de aplicar ؅؅—erróneamente— la teoría económica al modelo social[1].

El fin del patrón oro (1971)

Determinados actores económicos y corporativos en el bloque occidental capitalista, principalmente vinculados a la industria manufacturera y financiera estadounidense, comenzaron a expresar su descontento con la erosión de sus beneficios. Principalmente, la emergencia de países como Alemania y Japón que habían experimentado un rápido crecimiento tras la Segunda Guerra Mundial, representaba un desafío para la hegemonía económica estadounidense. Esto provocó que la financiación de costosas campañas militares como la Guerra del Vietnam, exacerbara aún más las tensiones dentro del sistema de Bretton Woods. La rigidez del sistema de cambio monetario fijado en el patrón oro y con el dólar como «moneda de cambio», acabó con el presidente Richard Nixon asesorado por el influyente diplomático Henry Kissinger, decidiendo eliminar dicho estándar fijo internacional. Esto permitió iniciar una era de mayor flexibilidad monetaria, pero también de mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros. La inflación sufrió un aumento como consecuencia de la mayor facilidad de los gobiernos para imprimir dinero. Además se abrió la puerta a la especulación con la deuda soberana, ya que la desvinculación del dólar del oro por el que se regulaba el sistema de cambio de divisas, sufrió una importante alteración. Esta nueva dinámica financiera permitió a países como China, con sus crecientes exportaciones hacia Estados Unidos, acumular grandes reservas de dólares que invertían en bonos del Tesoro de dicho país, convirtiéndose en uno de sus mayores acreedores y adquiriendo un considerable poder económico sobre esta nación.

La crisis del petróleo (1973)

Poco después de eliminar el patrón oro, la OPEP —una formación de países, en su mayoría dictaduras islamistas— bloqueó el consumo de crudo de los países occidentales en respuesta a su apoyo a Israel en la Guerra de Yom Kipur. Este embargo provocó una crisis de grandes dimensiones debido a la dependencia de Occidente del consumo de combustible fósil y puso de evidencia la vulnerabilidad de su modelo económico. Además, la crisis exacerbó las tensiones geopolíticas entre Oriente Medio y Occidente, y contribuyó a un aumento del sentimiento antiamericano en el mundo árabe. El «modelo occidental» comenzó a evidenciarse como una fachada de «libertad y democracia» mientras ocupaban con tanques y rociaban con napalm territorios enemigos solo por su ideología e interés geopolítico. La división entre los intereses geopolíticos de los gobiernos y las ilusiones y sueños de «paz y armonía» en las que creían los ciudadanos tras la propaganda aliada consecuencia de la victoria en la 2GM, comenzó a ser abrumadoramente divergente, provocando la aparición de movimientos de protesta y activismo social.  ¿Cómo respondió occidente ante esta coyuntura?

La respuesta occidental: Reunión de la Comisión Trilateral (1973)

Llama la atención que precisamente en la reunión de las personas más «influyentes» del planeta en el año 1973 en la llamada Comisión Trilateral, algunas de las conclusiones a las que llegaron como respuesta a la difícil situación de aquel momento fue la de la «ingobernabilidad de la sociedad» y el «exceso de democracia» (Crozier et al., 2012) como unos de los principales problemas. La respuesta occidental no se basó en un cambio del modelo social y económico. En lugar de asumir que el problema global era demasiado grande para que los ciudadanos de a pie lo manejaran, lo que implicaba aceptar que el modelo democrático —«el menos malo», recuerden— tenía deficiencias que debían ser corregidas, se optó por una mayor opacidad y reducción de la participación del ciudadano, sin que este fuera pleno conocedor. A tenor de todas las evidencias que han surgido desde aquella fecha, incluidas un renacer de la teoría política «práctica»[2], no cabe duda de que aquellas personas influyentes no perdieron el tiempo en aquella reunión y sus conclusiones han logrado llegar, en su mayor parte, al lugar que previeron. 

Globalización y deslocalización (1980)

Tras la caída de la Unión Soviética implosionada por su propia combinación de ineficiencias económicas, rigidez política y crecientes tensiones internas, el bloque Occidental dispuso de mayor libertad a la hora de «expandir» su ámbito de actuación. Con Margaret Thatcher y Ronald Reagan como principales protagonistas, Occidente inició un imparable proceso de privatización de servicios públicos, eliminación de políticas antimonopolio, creación de mercados en países ahora controlados económica, política y militarmente si llegaba el caso, aumento de la especulación financiera, control de los medios de comunicación a través de intereses económicos, control de partidos políticos por el mismo mecanismo y para redondear la maniobra, reformas para aumentar el protagonismo de dichos partidos. Al igual que en la crisis del petróleo, nadie puso pegas a deslocalizar las principales empresas tecnológicas e industriales occidentales a países asiáticos con quienes se compartía dicha tecnología y sus secretos industriales, a nadie pareció importarles que las principales materias primas se continuasen obteniendo en dictaduras de África, Medio Oriente y Asia. La mayoría de los principales responsables de evaluar los resultados trimestrales estaban satisfechos por los resultados. De momento.

La era de las burbujas (1990~2008)

Basar la economía en la especulación financiera y el ahorro de costes momentáneo que supone deslocalizar las empresas a países donde sus empleados trabajan más horas y cobran menos, con quienes se comparte la tecnología desarrollada en las propias fronteras pero que para fabricarla hacen falta materiales que se obtienen en países foráneos que han acabado controlando y monopolizando el transporte de mercancías a nivel global gracias a una falta de regulación que los mismos países han promovido, no parece una buena idea. Sin embargo, así es como la economía occidental comenzó a funcionar a finales del siglo pasado, en base a decisiones tomadas desde las altas cúpulas corporativas y políticas, las que se supone disponen de la información suficiente y han llegado hasta ahí «por méritos». La realidad es que comenzó a surgir un «patrón» de actividad empresarial basada en el supuesto del «crecimiento ilimitado» y un mantra «filosófico» conocido por el «falla, rápido, falla barato», que consistía en ofrecer productos de eficacia incierta y poco realista que parecían funcionar… hasta que dejaban de hacerlo. Fruto de este patrón surgió la burbuja de las «punto.com», de las renovables[3], de los bienes inmobiliarios, de los productos financieros, que alcanzó su punto máximo en 2008. Esta crisis fue alimentada por una combinación de factores, entre ellos la fácil disponibilidad de crédito y las bajas tasas de interés, como otra consecuencia de la situación que comenzó a generarse a principios de los 70, que fue la demanda insaciable de bonos del Tesoro por parte de China. La estrategia de este país de aprovechar la debilidad de Occidente en su fijación en el corto plazo, no solo incentivó la toma de riesgos y la formación de la burbuja, sino que también consolidó su posición como potencia económica global y le otorgó una influencia significativa sobre la economía estadounidense. Cuando estalló la crisis en Occidente, la sólida posición financiera de China le permitió seguir comprando bonos del Tesoro, perpetuando una dinámica de dependencia mutua que ha moldeado las relaciones económicas y geopolíticas actuales. De esta manera, las burbujas continuaron con las de los estudios universitarios[4], siguiendo por el arte contemporáneo, por las criptomonedas, la de los NFT. Todo era susceptible de convertirse en burbuja porque… bueno, las causas de las burbujas pueden variar desde el optimismo irracional vendido detrás de grandes estrategias de marketing hasta la corrupción económica y política, pero todas tienen en común que proporcionan interés económico en el corto plazo. La cuestión es que el modelo económico actual desregulado apenas puede contener la fuerte tendencia a su creación.

La pandemia y el coche eléctrico (2020~)

La principal innovación de las décadas recientes ha sido la de la creación de un modelo de negocio basado en la comunicación móvil y los dispositivos portátiles. Si bien este modelo ha generado beneficios económicos, también ha traído consigo una serie de consecuencias negativas:

En primer lugar, este modelo se basa en gran medida en la importación de materias primas y la fabricación de dispositivos en países como China, lo que genera una dependencia excesiva de estos países. En segundo lugar, el modelo de suscripción y demanda ha llevado a la proliferación de servicios que no presentan una innovación tecnológica real y que, en algunos casos, incluso han empeorado la calidad de los trabajos y aumentado la huella de carbono. Casos como canales de streaming —series, música, etc. —, de influencers, de venta en-línea, de tarifas de datos a los operadores de comunicación,  de almacenamiento por cuotas en «la nube» —en realidad, en costosos servidores de datos centralizados que generan un consumo de energía elevadísimo—, y de ahí se ha extendido a otros ámbitos como los de la vivienda —Airbnb—, transporte —BlaBlacar, Uber, Cavify—, envíos a domicilio —Glovo—. Un tercer caso sería el de la creación de  un sistema de publicidad supuestamente a medida del usuario pero que implica el espionaje continuo y el uso opaco de todos los datos recogidos, incluidos los de la localización del usuario, para fines comerciales y potencialmente lucrativos en la medida todos estos datos son manejados por empresas privadas en connivencia con poderes políticos, dando lugar al llamado Tecnofeudalismo.

Pero lo peor es que se ha ignorado casi por completo la necesidad de innovación[5] en la mayoría de ámbitos, principalmente el del transporte. Tras evidenciarse la influencia negativa del consumo de combustible fósil tras la aparición de la pandemia del COVID-19, la exigencia social por un cambio en la movilidad ha sido abrumadora, cambio que una industria automovilística occidental muy conservadora y jerarquizada, no ha sabido asimilar. Mientras tanto, China, que se ha mantenido aislada siguiendo con su tradición, ha innovado en este ámbito, dejando pasar con un filtro preciso aquellos elementos de la cultura occidental que han funcionado, manteniendo una estricta censura con los que no, lo que les ha conllevado duras críticas. Sin embargo, el resultado es que en estos momentos, monopoliza la extracción y exportación de las principales materias primas así como su transporte, ha mejorado tecnológicamente gracias a aprovechar la poca tecnología innovadora desarrollada por occidente recientemente, desde smartphones hasta tecnología aeroespacial. En estos momentos BYD es el mayor productor mundial de automóviles eléctricos y China ha traído a la Tierra por primera vez minerales de la cara oculta de La Luna.

En definitiva, esta cronología parece evidenciar de manera inevitable que Occidente lleva desde inicios de la década de los 70 con un modelo social basado en una jerarquía o «élite económica» establecida en EE.UU. que impone mediante su influencia en el ámbito político una serie de medidas cuyo único o principal objetivo es mantener su estatus, sin atender las necesidades reales que todo modelo requiere a pesar de las consecuencias de esta negligencia.

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[1] «a partir de los años sesenta se produjo una desgracia para el planteamiento sociológico tradicional: el desembarco de la teoría económica en la teoría sociológica» (Paramio, 2005, p. 14)

[2] «En general, en la literatura anglosajona referente a la historia reciente de la Teoría Política [práctica] se comienza siempre hablando de la resurrección de la disciplina en los años setenta» (Rivero, 2001, p. 84)

[3] https://www.eleconomista.es/energia/noticias/12318311/06/23/la-burbuja-de-las-renovables-explota-tras-hundirse-los-precios-un-25.html [acceso19/07/2024]

[4] https://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/la-burbuja-universitaria-en-estados-unidos [acceso19/07/2024]

[5] https://www.wired.com/2011/10/stephenson-innovation-starvation/ [acceso 29/07/2024]

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·  Paramio, L. (2005). Teorías de la decisión racional y de la acción colectiva. Sociológica, 20(57), 13-34. https://www.redalyc.org/pdf/3050/305024871002.pdf

·   Rivero, Á. (2001). La objetividad en el estudio de la política. Daimon: Revista Internacional de Filosofía, 24, 81-92. https://tinyurl.com/cczbka3b

·    Crozier, M. J., Huntington, S. P., & Watanuki, J. (2012). The Crisis of Democracy. Report on the Governability of democracies to the Trilateral Commission. Sociología Histórica, 1(1), 311-329. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4554297.pdf

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Desmontando mitos de la política en España

Es habitual pensar que en España vivimos en el «menos malo» de los sistemas políticos conocidos. Con esta afirmación parece que se intenta zanjar toda posibilidad de modificar ni una sola coma al actual sistema. Sin embargo, nuestro sistema de representación política no está carente de extrañas y retorcidas peculiaridades, causa de muchas de las habituales discusiones polarizadas sobre temas políticos que parecen aprovechar la circunstancia de que un buen número de personas desconoce su funcionamiento en detalle, y ha asumido cierto relato construido desde la Transición. «Mitos» con los que en algún momento en el pasado la sociedad soñó y creyó haber alcanzado, pero la realidad parece indicar otra cosa:

Nuestro voto vale igual: FALSO

Una democracia representativa se supone que se distingue básicamente por dos cosas. Una de ellas es que el voto de todos los ciudadanos vale lo mismo. Lamentablemente no se puede decir esto del caso español porque no se cumple: el valor del voto es diferente ya que el reparto de escaños se realiza por cada circunscripción —la provincia— la cual tiene asignada una cuota mínima fija de escaños que no depende de su población. Esto provoca que las provincias con poca densidad de habitantes determinen con mayor peso el número de escaños asignados, es decir, los votos tienen mayor valor que en el resto del país (¡¡La primera condición importante ya no se cumple!!) Bueno, pero al menos podremos decir que ese reparto de escaños se hace a representantes elegidos por el pueblo. Pues no.

Enlace: ¿Por qué el voto no vale lo mismo en todas las provincias en España?

Elegimos a nuestros representantes: FALSO

Otra de las características de un sistema representativo es que se asume que los ciudadanos pueden elegir a sus representantes. Sin embargo, resulta extraordinariamente difícil poder decir eso de nuestro sistema. Parémonos a pensar por un momento: ¿A quién de los que componen esas listas de partido han puesto ustedes en ese lugar? Ninguno de cada uno de los concejales o diputados que se sientan a cobrar de nuestro dinero sin cumplir la mayoría de las promesas realizadas y no arreglar prácticamente ninguno de los problemas a los que se enfrentan —por no hablar de los que provocan— es elegido por los ciudadanos (¡¡La segunda condición tampoco se cumple!!) Cuando se acude a votar se ha de hacer a unas listas prestablecidas, cerradas y bloqueadas, con candidatos elegidos a dedo por las direcciones internas de los partidos, completamente opacas al ciudadano. Lo único que puede hacer este es delegar su voluntad a unas siglas de partido, el cuál propone una listas llenas de nombres que sea lo que sea promuevan en nosotros, no podemos hacer más que aceptarla o rechazarla, en cuyo caso deberemos aceptar la impuesta por otro partido. En definitiva, listas cuyo carácter anónimo solo es roto por su asociación con el candidato principal a jefe del ejecutivo. Alguien podrá pensar que por lo menos este candidato, una vez ganadas las elecciones, sí que es elegido por el pueblo. Pues tampoco.

Enlace: ¿Quién elige a los diputados?

El que gana las elecciones es elegido: FALSO

Este y el siguiente son casi el mismo punto pero es necesario puntualizar un par de cosas. Cuando vamos a las urnas vamos convencidos de que «vamos a elegir» a «alguien». Bueno, una cosa es cierta, en función del resultado electoral «alguien» será elegido, pero desde luego que no será el que hayamos podido decidir los ciudadanos. Por un lado porque como se ha visto nuestro voto va a parar a una lista completamente refractaria a nuestra decisión salvo para rechazarla —y que la acepte otro— y por otro lado porque los votos obtenidos son solo un primer paso para el reparto final de asientos en el Congreso. Este reparto se realiza mediante la conocida Ley d'Hont supuestamente para plasmar la territorialidad, al prevalecer los votos locales sobre los obtenidos en el conjunto del Estado. Sin embargo, al final lo que prevalece sobre todo lo demás son el número total de escaños de cada formación en el Congreso, da igual quien esté en la lista ni de dónde venga, porque por lo visto anteriormente, el ciudadano no lo ha elegido. En función de este resultado final en el Congreso, se ha de realizar una votación para entonces sí, elegir al presidente. Por tanto, «ganar» unas elecciones en función de los votos obtenidos, sea lo que sea que signifique este término en este contexto, no garantiza en absoluto qué candidato va a ser investido presidente.

Enlace: ¿Quién elige al presidente del Gobierno?

Elegimos al presidente: FALSO

Poniendo por caso las elecciones generales, lo habitual venia siendo en las convocatorias que desde 1978 hemos estado asistiendo los que ya tenemos cierta edad —y desde que tuvimos la suficiente para hacerlo— que el partido que obtenía más votos colocaba al principal candidato como Presidente del Gobierno. Esto ocurría porque lo hacía con tal holgura que lograba también una mayoría en el Congreso, que es el órgano que cumple la función de representar a la ciudadanía española —lo que no significa que lo haga—. Pero el constante y paulatino aumento en el descontento de los ciudadanos con los partidos en el gobierno en su gestión legislativa, provocó la aparición «en el escenario» de otras fuerzas políticas, no necesariamente como solución, sino simplemente como única herramienta posible que la sociedad dispone para reaccionar de alguna manera a la situación que se interpretaba como lamentable. El resultado es que una vez repartidos los escaños, ya no era posible colocar al presidente propuesto por el partido ganador —insistimos, de haber un ganador es un partido, no un candidato, los ciudadanos no eligen a ni uno solo de los candidatos propuestos que aparecen en las listas— al no poseer la mayoría necesaria. La cuestión principal es que al presidente lo eligen los representantes en el Congreso, no los ciudadanos, y lo hacen unos diputados que tampoco los han podido elegir, sino más bien al contrario, es el candidato a presidente —que suele coincidir con el jefe absoluto del partido, algo que no tendría que ser así si existiesen unas primarias correctamente establecidas— el que con toda probabilidad los ha puesto en la lista para que ahora le elijan a él. Es aquí cuando el público advirtió el protagonismo adquirido por los llamados «pactos» de gobierno post-electorales. Estos pactos, en efecto, se hacen sin la intervención en absoluto de los ciudadanos y se asume que se hacen entre partidos «similares», en todo caso, esta interpretación es a expensas de la que decidan los jefes de partido. La cuestión es ¿En qué medida es democrático algo hecho a espaldas de los ciudadanos sin contar con su aprobación?

Los pactos de gobierno son democráticos: FALSO

Hasta aquí ha sido fácil, pero ahora viene la parte complicada. Aunque estos pactos tras la jornada electoral —cuando los ciudadanos ya no pueden decir nada— han adquirido relevancia y son objeto de titulares en los últimos tiempos, lo cierto es que ya se habían estado haciendo hace décadas en diversas ocasiones con los partidos independentistas de Cataluña y País Vasco principalmente —los llamados «bisagra», en concreto, tanto PP como PSOE, han tenido que pactar con PNV, CiU, ERC, CC principalmente—. Sin embargo, es recientemente cuando son objeto de esas discusiones que ocupan titulares y #trendingtopics, aunque no sirvan más que para polarizar y definir el voto de los usuarios, a costa de nuestro ambiente social de convivencia, cada vez más sujeto a visceralidades y carga emotiva. Parece claro que los medios de comunicación y ahora las redes sociales se encargan de maximizar de manera artificial cierto tipo de debate que eclipsa la cuestión de fondo: es así como funciona el sistema. Por enumerar las características que describen la situación, paradójica y en cierta forma, contradictoria:

• Los ciudadanos depositan su voto en las urnas con una creencia mayoritaria —aunque en paulatina disminución— de que van a «decidir» sobre «algo», creencia alimentada por todo el aparato mediático que opera en esta misma dirección de escenificar una «representatividad de la sociedad civil».
• La evidencia sin embargo, muestra que esa «voluntad» depositada en las urnas difícilmente puede asociarse con ese cometido, siendo usada en su lugar para legitimar un reparto de poder acorde a unas reglas.
• Este reparto de poder resultante muestra un «criterio de representatividad» basado en un «mapa ideológico» de la sociedad, que combina criterios de territorialidad y proporcionalidad.
• La contradicción es que dicho criterio ideológico está apoyado en la ocupación de unos escaños por personas, las cuales han de renunciar a sus propios criterios a favor de los programas de sus partidos —que tampoco cumplen— a pesar de que el sistema en teoría defiende su independencia.
• La paradoja aparece cuando un sistema supuestamente representativo y democrático ha de necesitar de pactos posteriores para lograr un gobierno «estable», que en términos prácticos significa que del reparto resultante surgen dos «bloques»: uno el que gobierna y decide absolutamente todo, y otro que se dedica a dinamitar ideológica y sistemáticamente —aunque infructuosamente la gran mayoría de ocasiones— lo que hace el primero, llamado oposición.
• La mayoría de estos problemas son consecuencia de un sistema ideológico cuyo diputado está sometido a la disciplina de partido. La solución que nadie propone sería, o bien liberar al diputado de esta cadena, o bien se establece un sistema de segunda vuelta en la que participen solo los más votados (actualización 07/07/2023). 

Los políticos son conscientes de este funcionamiento incongruente basado en la representatividad ideológica en lugar de en la política. No pasaría —casi— nada si esto fuera asumido por todos, conscientes de sus limitaciones pero adaptándonos a su funcionamiento. El problema es cuando se usa como argumento político y objeto de crítica dichas inconsistencias del sistema, sin proponer su reforma y usándolas al mismo tiempo cuando les es oportuno, siempre basado en el propio criterio ideológico pero demonizando lo mismo cuando lo hace el oponente, lo que ocasiona debates circulares interminables. Por ejemplo:

• Criticar los pactos con otro partido por motivos ideológicos —pactar con «la ultraderecha», con «los radicales» o con «los que desean romper España»— pero hacer lo propio en cuanto se tiene la más mínima ocasión —porque cuando «lo hago yo» está bien—
• Cuando lo anterior no es suficiente al comenzar a volverse cotidiano y evidenciarse que es consecuencia del funcionamiento del propio sistema, se emplean argumentos ad hominem arbitrarios contra los integrantes de las listas —los «asesinos de BILDU», los «maltratadores de VOX»—.
• Proponer la creación de «cordones sanitarios» que consisten en cancelar, excluir e incluso atentar contra los derechos de un grupo de personas por motivos ideológicos —solo escribir esto me ha parecido espeluznante—.
• Criticar el uso de recursos públicos para la creación de instituciones culturales minoritarias o discutibles en algunos casos —los llamados «chiringuitos»— para luego hacer exactamente lo mismo cambiando tan solo el criterio ideológico —porque el mío «es el bueno»—.
• En todos estos casos se superponen los criterios ideológicos, intereses partidistas y «rentabilidades electorales» a lo que marcan las normas que supuestamente, legitiman todo el sistema, sin que nadie proponga su reforma.

Muchos de estos problemas que son origen de muchas horas perdidas en discusiones de ciudadanos que creen estar solucionando algo, podrían desaparecer de la escena simplemente dejando que sea el ciudadano el que pueda intervenir en la formación de las listas electorales, descartando o colocando en última posición los candidatos menos deseados. Igualmente, debería establecerse un criterio de selección basado en parámetros objetivos —antecedentes legales, conflicto de intereses, etc.— que no se lleva a cabo nunca porque, en ambas medidas, los propios partidos deberían someterse a ellas, lo que conllevaría perder su capacidad de controlar al representante.

La lealtad al partido es democrática: FALSO

Lo único que es democrático es la lealtad a los que te han votado. Pero claro, como en realidad no se ha establecido esa relación entre la sociedad y sus representantes ya que no es posible que un ciudadano elija a una persona con nombre y apellidos, no es posible tampoco crear ese vínculo democrático. De hecho, la lealtad al partido no solo es antidemocrática, sino que además es anticonstitucional ya que esta situación por la que el voto de un representante está condicionado se denomina «mandato imperativo», el cual está explícitamente prohibido en la Constitución de 1978. Ni siquiera los que se rasgan las vestiduras en la defensa de «la Constitución que nos dimos los españoles» son fieles a sus propios principios. Con esta guisa se entiende que independentistas y otros grupos de activismo se estén riendo a carcajadas un día si, y otro también.

Enlace: Artículo 67 de la Constitución Española de 1.978

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Recordando el 11M

El mayor atentado terrorista en la historia de España, que alteró muy probablemente de manera significativa la jornada electoral de unos días después.

Si la intención del atentado en aquella fecha concreta era la de condicionar un resultado electoral para lograr el cambio de rumbo de la política posterior, en la misma medida se consiguió el objetivo, significaría que la voluntad de los que idearon esta estrategia basada en el asesinato de 192 personas tuvo éxito, con la complicidad de los electores españoles que creyeron de esta manera «castigar» al «responsable» del atentado, pero que de ser así realmente estarían premiando a los terroristas. De esta manera se convertía un acto de este tipo en elemento de valoración electoral, trivializándolo inconscientemente como si fueran tormentas o el cambio climático, como si dependieran de variables económicas. Como si no fuera la decisión de un grupo criminal que lo ha planificado precisamente para causar ese efecto político, en la medida el electorado se dejó influir por este atentado.

Si algo puso en evidencia aquel atentado es mostrar la escasa cultura democrática que la sociedad española había desarrollado desde la transición. Es cierto que la principal herramienta de castigo político de la que se dispone son las elecciones generales, convirtiendo lo que debería ser la elección del mejor, en el castigo al peor. El problema era y es, que no sirve para ninguna de las dos cosas. Y no sirve, no solo porque no fue Aznar el que puso las bombas, ni porque el antiguo presidente del Gobierno de España tan siquiera se presentaba a las elecciones. Sino porque aunque se hubiera presentado, el supuesto castigo hubiera sido seguir de diputado, cobrando casi lo mismo y por hacer todavía menos.

Muchos se sorprenden ahora de los populismos actuales, pero no recuerdan que estas carencias democráticas ya se vienen denunciando desde hace décadas. No ha habido respuesta por parte de los gobernantes desde entonces, no han movido un dedo modificando el sistema para que la sociedad tenga más herramientas para valorar y castigar la corrupción o el abuso de poder. Se ha permitido, en definitiva, que parte de la sociedad vaya adoptando posturas cada vez más extremas o más drásticas —que no es lo mismo— lo que unido a las crisis que han venido desde entonces, ha desembocado en la creación de partidos nuevos y de nuevas estrategias de activismo político, llegando a la situación actual en la que de momento, no se ha solucionado nada en absoluto.

En aquella jornada electoral del 14M, los ciudadanos españoles nos enfrentamos a la tesitura de votar a alguien que no nos convencía nada o hacerlo a otro que nos convencía todavía menos, si es que aquello era posible. Muchos nos dimos cuenta entonces de que el sistema no servía, no funcionaba para lo que debería: la sociedad eligiendo a sus propios representantes. Si en aquel entonces la ciudadanía no hubiera decidido ser cómplice de la situación, la respuesta más digna era no votar, o hacerlo de manera neutra —blanco o nulo—. Una participación mínima que evidenciara que una mayoría social era consciente de que aquellas no eran las condiciones para elegir en libertad, con calma, de manera meditada, sin visceralidad ni odio. Odio que algunos partidos convirtieron en su principal arma política. Si el partido que hubiera ganado esas hipotéticas elecciones hubiera tenido decencia, su siguiente paso sería preparar unas elecciones anticipadas, por decisión propia. Pero la sociedad tomó el camino más fácil, más corto, que casi nunca es el correcto. El resultado: que el partido ganador se creyó con legitimidad para hacer lo que quiso y para negar la realidad hasta que esta se hizo inevitable cuando la crisis del 2008 estalló. España no se merecía que le mintieran, pero así lo hicieron y así continúan haciendo.

La mentira de Aznar

Aznar no puso las bombas, Aznar no se presentaba a las elecciones, pero Aznar nos mintió. Para no votar a Aznar/Rajoy habían muchos motivos, todos antes del 11M. No era necesario, o no debería serlo, un atentado para condicionarnos. Tampoco poner como «escusa» que un presidente del gobierno había dicho algo que no se ajustaba a la realidad. Más que nada porque si por eso fuera, no debería haber habido ni un presidente en los cuarenta y pico años de democracia que llevamos. Aznar mintió porque afirmó sin la cautela necesaria y sin esperar las primeras conclusiones de la correspondiente investigación, que ETA, el grupo terrorista que hasta entonces era el que todos esperábamos cuando se daba noticia de un atentado, el culpable. Durante los tres días siguientes se oyeron en la radio noticias que aún hoy en día son objeto de discusión hasta el punto de que una emisora de la talla de la Cadena SER, ha retirado de la fonoteca los archivos correspondientes a aquellos días. Salvo intervención judicial, el público no podrá corroborar las diferentes versiones y construir un relato acorde con lo que realmente se dijo o se omitió. Lo paradójico del asunto es que probablemente fue Aznar con su insistencia en mantener la teoría inicial de ETA como autora del atentado ―era normal suponer que pudiera ser la autora, y así se pudo oír en los noticieros. Lo que no era normal era asegurarlo sin tener pruebas de ello― el que iniciara un proceso que le llevaría a la propia destrucción electoralista de su partido. No es descabellado suponer —si todavía cabe más especulación en este asunto tras todos estos años de teorías de la conspiración— que Aznar jugó la baza de ETA por conveniencia electoral, imaginando que así evitaba que la posible relación del atentado con la Guerra de Irak influyera en el electorado. Tal vez, con las elecciones ganadas ya darían las explicaciones pertinentes y continuar con la investigación. O no. Pero el efecto producido fue el contrario que deseaban: al dejar al descubierto la jugada, hizo que a partir de aquel momento la oposición y sus medios de comunicación afines se le adelantaran y establecieran como objetivo hacer desaparecer a ETA de cualquier comunicación relacionada con el atentado, fuera la que fuera y tuviera la relevancia que tuviera, creándose una verdadera guerra mediática sobre este asunto. Además, Iñaqui Gabilondo, comentarista en aquel momento en la cadena de radio, dio información falsa sobre unos terroristas suicidas de supuesto origen islamista, condicionando a la opinión pública para que se fuera olvidando del grupo terrorista vasco. Es decir, Aznar quiso jugar la baza mediática de la opinión pública, espantó la liebre, y la oposición que lo sabe hacer mucho mejor en el terreno mediático, le gano la partida, ganó las elecciones y luego, con el partido al mando del Estado, ya no hay control de transparencia sobre lo que pueda hacer y permitir con la investigación. Y menos hace diecisiete años. 

La mochila de Vallecas

La situación es la siguiente: en los noticiarios televisivos avisan que los Tedax han encontrado una mochila con explosivos sin detonar. Poco después, en otro noticiario, se cuenta que han llevado una mochila aparentemente similar a la comisaría de Vallecas. La sorpresa viene cuando se matiza que no son la misma, ya que la que encuentran los Tedax es detonada allí mismo, in situ. El problema es que todos los intentos de relacionar la mochila llevada a la comisaría de Vallecas con las explosiones de Atocha, han resultado infructuosos: 

• La metralla encontrada en la mochila (clavos y tornillos), no ha sido encontrada de manera concluyente en los restos de los trenes.
• El explosivo no coincide, dando la explicación que se ha «contaminado», pero no con cualquier sustancia, sino precisamente con un componente ―ácido bórico― que se añade para fabricar un explosivo distinto ―en definitiva, es un explosivo diferente―. Cabe decir que al estar contaminada, la prueba no es válida y no fue usada como tal en el juicio. Sí que fue usada por los medios para sus propios objetivos.

Los terroristas suicidas

Para poder condenar a alguien, para poder determinar al autor material de un atentado, es necesario identificar el arma homicida como primer paso. Esto no ha ocurrido desde entonces. ¿Para qué ha servido la mochila? Para relacionarla con los supuestos suicidas de Leganés, lugar donde sí que se ha encontrado la metralla y restos de explosivos coincidentes ¿Pero, un momento, entonces los suicidas de Leganés no se suicidaron en el atentado yihadista? No, el principal crimen de aquel suceso en el piso de Leganés que puede demostrarse con pruebas, fue el de matar a un policía al detonar el explosivo con el que en teoría, se mataron ellos mismos. No hay más relación con el atentado que la que han querido construir, en una aberración jurídica sin precedentes, cuando sin estar acusados son nombrados sin ninguna necesidad salvo la mediática, en la resolución del juicio. La anécdota, si es que merece alguna este asunto, es que de todos los «terroristas» que vivían en el piso se salvó uno que no estaba en la vivienda en el momento de la explosión, que fue detenido después ¿Qué paso con él? que está en prisión por pertenencia a banda armada, pero no ha podido probarse su relación con el atentado, naturalmente. Otros acusados relacionados han sido absueltos por el mismo motivo.

Los trenes desaparecidos

El escenario de un crimen es un lugar cuyo paso y uso ha de quedar totalmente restringido exclusivamente a miembros de la policía. Cualquier otra persona que no sea un investigador del caso o responsable de las pruebas que han de ser usadas en el juicio posterior, ha de evitar acceder para impedir que sea contaminada o alterada la escena del crimen. En definitiva, hasta que el proceso judicial haya sido completado —incluidos los recursos— se ha de mantener intacto el lugar para efectuar todos los posibles análisis y se hayan tomado todas las muestras necesarias, tanto las que se estimen en un primer momento, como todas las que aparezcan posteriormente a requerimiento de los letrados, siguiendo los procedimientos ¿Ocurrió así en España? No, ya que el gobierno entrante, en otra extraordinaria aberración, ordenó desmantelar y limpiar los restos de los trenes afectados por las explosiones, de manera que dejaron de ser útiles para aclarar nada más. Al menos para la opinión pública.

El tipex

El sumario de un proceso judicial es una especie de resumen o compendio de todo lo relacionado con un caso que ha de someterse a juicio. En él se incluyen la descripción de los crímenes, víctimas, lugares y todo tipo de pruebas. Este documento es creado por un juez distinto al que posteriormente llevará la propia vista del proceso. Con este procedimiento se intenta evitar que el mismo juez aplique algún sesgo a la hora de aportar el material con el que se ha de procesar a los imputados. Lo que ocurra en el juicio, salvo la necesidad de acudir a la fuente a petición de algún letrado ―imposible en este caso ya que como se ha visto, las pruebas se inutilizaron por parte del propio Estado― se decide con lo que haya en el sumario. Para preparar estas pruebas, unos peritos realizan unos informes. Cabe decir que esos peritos son los especialistas con los conocimientos adecuados para realizar esa labor, por eso son los peritos. Bien, en un informe realizado por tres de estos peritos, todos ellos coinciden en que se ha encontrado ácido bórico, que es la sustancia con la que se habían «contaminado» los explosivos y que es la usada en los explosivos que ETA utiliza. Lo que ocurre a continuación con este borrador de informe es espeluznante: el informe fue modificado con tipex para eliminar esta referencia. Pero esto no es lo peor, sino que el jefe de los peritos les dijo que se habían extralimitado ¡por hacer su trabajo! Además, se añade que el ácido bórico es una «sustancia habitual» ―en la actualidad su uso es ilegal― por lo que no cabía hacer mención de ello. A pesar de esto y de que el informe había sido modificado por un cargo jerárquico, los medios anunciaron con titulares que «no había rastro de ETA». Lo cierto es que el ácido bórico se encontró, que es ETA quien usaba este tipo de componente en sus actividades criminales, que los peritos lo indicaron en un borrador de informe, pero esto no llego al sumario porque fue modificado por orden política. Es decir, aunque parece claro que no es una prueba concluyente, sí que parecía a los técnicos lo suficientemente significativa como para indicarlo. La importancia de este hallazgo es algo que se tendría que decidir después durante la investigación y el juicio, pero esto no fue posible porque se impidió que llegara esta información a donde tenía que llegar. Al parecer, la importancia no era esclarecer los sucesos, sino fabricar un relato político adecuado.

Los acusados y condenados

El resultado tras el juicio del 11M es que solo uno de los condenados ―Jamal Zougam― lo es por participación directa en el crimen y autor material, siendo las pruebas que lo incriminan testigos directos que lo sitúan en el lugar de los hechos y por las tarjetas usadas en los teléfonos móviles. No ha servido nada de lo investigado en los trenes, ni lo encontrado en el piso de Leganés, ni una mochila que no explotó ni mató a nadie. Solo una persona para diez explosiones en cuatro focos distintos, ya que los suicidas de Leganés ni murieron en el atentado, ni lo hicieron con un explosivo que se pueda relacionar con unos trenes que ya no existen. El resto de los acusados han sido condenados por delitos como tráfico de explosivos o de sustancias ilegales, sin que participaran materialmente en el atentado en el que murieron 192 personas. Hoy en día, la mayoría de medios siguen dando la misma versión incoherente que en su día se fabricó. La importancia ahora no es ya si fue ETA o no fue. Sino además de la tomadura de pelo a la que nos someten, la frustración de sentir que no se ha hecho todo lo posible por hacer justicia.

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La extraña democracia española

El periodista Manuel Martín Ferrand
(Foto: Panorama Audiovisual)

Artículo escrito por Manuel Martín Ferrand para el medio Estrella Digital el 03 de febrero de 2007. El autor señala ya entonces carencias que todavía se arrastran y cuya denuncia se asocia incorrectamente en la actualidad a ideologías de izquierdas «radicales» o «revolucionarias», ámbitos políticos de difícil encaje con el tristemente fallecido periodista.

La extraña democracia española 

Por Manuel Martín Ferrand el 3/2/2007

En uno de los más apasionantes libros de viajes que recuerdo haber leído —Mi vuelta al Mundo— contaba el maestro Augusto Assía, el más aliadófilo de los observadores españoles en la II Gran Guerra, que en la Universidad de Honolulú lucía una inscripción para advertir al visitante: «Ésta es la única Universidad en 2.000 millas a la redonda». Aquí y hoy, con todo rigor, podríamos atornillar una placa en el Congreso de los Diputados para presumir de la Cámara menos parlamentaria y representativa entre todas las de los países de nuestro rango. No podríamos hablar de «millas a la redonda», porque la cercanía de África le quita rigor a tan plástica expresión. 

La Transición —tan cantada, tan oportuna— tiró por la calle del pragmatismo y sacrificó, en aras del consenso, principios fundamentales para la separación de los poderes del Estado y la garantía representativa de los ciudadanos. Ahora toca pagarlo. Seis quinquenios de aplazamiento son un rasgo de generosidad por parte de la Historia. El problema para la amortización de la deuda y la consecuente construcción de un nuevo Estado que cumpla con los supuestos de una verdadera democracia reside en unos pocos puntos de muy difícil reconversión:  

La desidia ciudadana.

El espíritu crítico, columna vertebral de una sociedad con aspiraciones democráticas auténticas, brilla aquí por su ausencia. La adhesión a los partidos es más emocional que analítica y, de esa manera, un chimpancé con la camiseta y el emblema de cualquiera de las formaciones en presencia, grandes o pequeñas, obtendría el voto de «los suyos» sin mayores reparos por parte de los votantes «del partido». Como no quiero ofender a nadie, no aporto ejemplos reales, que están ahí vivítos y coleando, con escaño o con vara. 

La norma electoral. 

Sin entrar en mayores matices, puede afirmarse que la ley vigente es la consecuencia de un pacto que entusiasmó a todos cuantos lo suscribieron en su día porque, en razón de las listas cerradas y bloqueadas, las oligarquías de cada partido refuerzan su poder hasta el infinito. ¿Alguien sabe quien es «su representante» en el Congreso de los Diputados, el Senado, las Cámaras Autonómicas o su propio Ayuntamiento? En los días, tan glorificados, del pacto constitucional los partidos llegaron a intercambiarse, como si fueran cromos, modelos de Estado por sistemas electorales. Todo por el poder. 

La centrifugación del Estado. 

Es evidente que el franquismo, más por razones de autodefensa que por firme convicción ideológica, le aportó a la Nación un movimiento centrípeto que, además de llevar a sus límites lo peor de la idea jacobina, anuló la identidad y la cultura de la España periférica para concentrar «en Madrid» todos los poderes estatales. Para remediar el mal, lejos de reaccionar con la moderación de la inteligencia, los líderes de la UCD, acomplejados por su procedencia política, invirtieron el sentido de las fuerzas y pasó a actuar una centrífuga que nos ha llevado al caos de 17 Españas diferentes hasta en su reglamentación del espectáculo taurino. Nunca, en parte alguna, se vio semejante disparate. 

La fuerza de las minorías. 

Parte del consenso de la Transición, el que nos ha llevado a un túnel de difícil salida, se fundamenta en la concesión de una fuerza desmedida a las minorías nacionalistas y/o separatistas. Ello le ha dotado de un poder decisorio en las grandes cuestiones de Estado a quienes, precisamente, pretenden acabar con el Estado. No cabe mayor dislate. 

El valor de lo extraparlamentario. 

Una vez sustituido el debate parlamentario por un mero cálculo aritmético, las Cámaras y la confrontación de las ideas quedan sin sentido. Basta que los capataces de los distintos grupos acuerden tanto cuanto quieran pactar para que, sin luz y sin taquígrafos —de espaldas a los supuestamente representados, a la teórica soberanía popular—, tengan vía libre todos los despropósitos que surjan de su voluntad. 

El debilitamiento de la opinión pública. 

El control de los medios de comunicación, que en lo audiovisual llega a su colmo, reforzado por la circunstancia de la participación pública en el proceso editor —en grave caso de competencia desleal— y convertidas las Administraciones — nacional, autonómica y local— en los primeros anunciantes y mejores clientes de los medios privados, hace que los mensajes se debiliten y desvirtúen con sus efectos consecuentes.  

La media docena de vectores que señalo, sumados a los típicos de la degeneración democrática —los que, con mayor o menor intensidad, padecen los países de la UE—, marcan el cuadro básico de nuestra enfermedad. Lejos de atacarla decididamente, ante la proximidad electoral, los dos grandes partidos nacionales, «representantes» de más del 80 por ciento de la población española, afinan sus instrumentos y pasan por alto las cuestiones de máximo calado. Mariano Rajoy dice girar al centro y promete moderación y concordia, mientras José Luis Rodríguez Zapatero debate con sus compañeros de Gobierno cómo minimizar los daños que le ha producido al PSOE su permanente traspié al enfrentarse a la cuestión vasca.  

Los socialistas le zurran la badana a la memoria de Aznar y los populares, desorientados, demonizan a Zapatero y sus diálogos con los etarras y sus palafreneros. Ése es, en esquema elemental, el contenido político final de nuestra extraña democracia. ¡Socorro! 


Nota: el artículo no se encuentra en la hemeroteca del medio original ya que en-línea solo está disponible desde el año 2008. Por este motivo se ha recuperado de un PDF guardado entonces.

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Carencias democráticas

Foto: Wikipedia

España tiene un sistema político que dista mucho de ser el de hace 80 años. Actualmente según ciertos parámetros es considerado un país libre pero, ¿significa que no es mejorable? ¿Es nuestra forma de democracia la mejor que puede tener nuestra sociedad? ¿Son todas igualmente efectivas para cumplir su función? ¿En otros países representan por igual a su sociedad? ¿Todos evitan de igual manera los abusos y la corrupción? ¿Por qué protestan los independentistas, tienen razón o parte de ella en los motivos que les lleva a adoptar su postura, sea esta correcta o no? ¿En qué aspectos es mejorable nuestro sistema? ¿Quién impide que este madure?

Son muchas preguntas cuyas respuestas exceden la intención de este artículo. Sin embargo, con tan sólo comparar otros países no muy lejanos como Dinamarca en asuntos de corrupción y comprobar la plena consciencia del problema de sus ciudadanos y qué clase de actitudes y vicios han de reprimir para evitar males mayores; o con datos como que España es el país europeo con mayor número de encarcelados por habitante mientras que en Suecia se cierran las prisiones, se advierte fácilmente que algo no funciona. Se le propone al lector un pequeño viaje por nuestra historia inmediata para intentar averiguar qué clase de defectos palpables se encuentra en nuestro sistema político. Problemas conocidos que en otros países solucionaron en su momento de alguna manera, mientras que en España... bueno, mientras que aquí pasaba esto:

Un poco de historia

En los últimos años del periodo de dictadura —el llamado tardofranquismo—, la necesidad económica del país de abrirse a Europa fue fundamental y probablemente el motivo por el cuál los que entonces gobernaban no tuvieran más remedio que modernizar paulatinamente a la sociedad española. De esta manera se dio paso al baby boom y a la creación de una clase media que, con el Seat 600 como símbolo, comenzó a vivir con unos niveles incipientes de autonomía individual, de igualdad y de libertad. Con el dictador muerto y dejándolo todo bien dispuesto, el siguiente paso vino con la Transición, una fase que si bien la sociedad española venía años demandando, no es menos cierto que finalmente vino desde dentro, es decir, fue orquestada desde el propio sistema que entonces regulaba la vida de sus ciudadanos.

Transición perpetua

De esto hace más de cuarenta años, los cuales hemos estado viviendo en una transición que ha permanecido inalterable, con un sistema político y legal cuya diferencia más notoria con el anterior son unas elecciones «generales», cada cuatro años, que pretenden simbolizar una apertura a la participación de los ciudadanos. Ahora bien, observado con algo de detalle se evidencia que dicha participación ha de realizarse a través de alguna fuerza política en forma de partido, para que ocupe prácticamente las mismas instituciones. Unas que continúan basadas en una rígida jerarquía que decide todo desde arriba de manera unidireccional, desde el Jefe de Estado hasta el último conserje de consejo de barrio. El porqué de esta tradición cultural es igualmente un asunto que nos sobrepasa, pero no es nuevo: desde el cesaropapismo hasta el caciquismo, pasando por la mafia, podemos sospechar que en la cultura mediterránea son un común denominador. La Transición no ha mejorado este aspecto, todas las organizaciones e instituciones en España obedecen el mismo sistema de orden y control, de autoridad y sumisión: organismos públicos, partidos y sindicatos. El resto de organizaciones de corte menos político acaban imitando esta cultura, que se podría decir que si bien puede ser comprensible en el ejército, es en su base de difícil compatibilidad con la democracia y muy inadecuada para aprovechar el capital humano en cualquier otro ámbito.

Paradoja social

Durante todo este tiempo el sistema ha permitido que posturas contrapuestas cohabiten dentro del mismo espacio político. Esta apertura es la que definió la época de la Transición, un momento de la historia conocido por un espíritu de optimismo y fraternidad. Esta cultura sin embargo, en lugar de madurar, no solo ha ido desapareciendo sino que se ha radicalizado hasta el esperpento con el paso de los años, sin superar ni uno solo de los demonios guerracivilísticos que tanto han socavado la convivencia en la sociedad española. Si bien «sobre el papel» el sistema a nivel formal permite la diversidad política, ocurre sin embargo que a nivel cultural esta coexistencia está marcada por el enfrentamiento y la emotividad. No ha habido asimilación por parte de la sociedad, o lo que ocurre es que el propio sistema heredado de la Transición promueve estas actitudes: el debate no existe, empezando por el principal lugar donde debería que es el Congreso, lugar en el que sus protagonistas se limitan a decir lo que quiere oír su público sectorizado, su audiencia ideológica, sus electores. En lugar de debate, las legislaturas son campañas electorales de cuatro años. El punto de inflexión donde se evidenció el fracaso cultural de la Transición fueron tal vez las elecciones generales de 2004, de triste recuerdo por el trágico atentado del 11M.

En consecuencia, las posturas políticas que se generan son acordes a esta situación. La democracia a la que se le ha estado llamando así durante estas décadas, nos ha traído una cada vez mayor radicalización y enfrentamiento de las posturas, en lugar del acercamiento y el enriquecimiento mutuo. Los nacionalismos e independentismos han aumentado y radicalizado al ser alimentados por el sistema actual año tras año, cebándolos, sin convencerles lo más mínimo a pesar de que en teoría, si las cosas fueran como nos dicen que son, no deberían tener ya motivo alguno para continuar en sus posturas. Debido a esto, se han formado dos bandos que han ido escalando en su dogmatismo por igual, algo que viene también a evidenciar lo poco que se ha aprendido del más triste periodo anterior a la dictadura que le sucedió. Esos dos bandos, como se decía, se han configurado como los «constitucionalistas» y los «anticonstitucionalistas».

Los primeros defienden de manera absolutamente inamovible el sistema que paradójicamente, nos ha llevado a la actual situación. Los segundos señalan las carencias del mismo sistema que sin embargo, les permite manifestarse, sin ofrecer más alternativa que la escisión del mismo para repetir el mismo esquema autoritario. Cualquier intento de posicionarse fuera de estas dos posturas rígidas se enfrenta a enormes dificultades, teniendo como oponentes la mayor parte de medios de comunicación que están sometidos a uno u otro «bando».

Fallos del sistema

¿Es posible criticar a algo en España con normalidad? ¿Es posible hacerlo sin ser acusado o encasillado en alguna de las etiquetas ideológicas del momento? Ha quedado demostrado que no se puede convencer a nadie, si este previamente no lo desea, por justificados y razonables que sean los argumentos expuestos. Pero no es intención el convencer a nadie, sino buscar respuestas a las preguntas planteadas durante el artículo. De todas las cosas cuestionables que tiene nuestro sistema, los siguientes puntos destacan sobre el resto:

• Sistema de representación político

• Valor del voto por circunscripción: esta está basada en la provincia sin tener en cuenta las grandes desigualdades en densidad de población y su correspondencia con los escaños. Esto genera una diferencia de valor del voto de cada ciudadano en función de su residencia, a efectos del número de votos necesario para elegir un representante. Independientemente de cualquier otra consideración, nada más empezar nos encontramos ya en en el criterio básico por el cual se establece la representación ciudadana, en una desigualdad.  <Artículo 68 [acceso el 22/3/2019]>
  
  
• Los siguientes tres puntos por separado son opciones que cada una de ellas pueden darse en un sistema democrático por unas razones u otras, pero las tres al mismo tiempo forman un conjunto que reducen la necesaria representatividad del sistema español a la anécdota:
  
  
1. Listas cerradas y bloqueadas: los ciudadanos no eligen al representante, sino a una lista ya confeccionada y predefinida. Tampoco eligen el orden, ni pueden realizar modificación alguna sobre ella. Esta clara merma en la capacidad de decisión de los ciudadanos tiene todavía una mayor repercusión si se le añaden el resto de puntos.
2. Reparto de escaños: se realiza asignándose a cada uno de los miembros de la lista siguiendo el orden establecido en ella, en función del número de votos que ha recibido la misma. Es decir, los escaños que recibe la lista son repartidos a cada uno de sus miembros, como si hubieran sido otorgados a cada uno de ellos. De esta manera el reparto favorece a los votos locales, ya que cuantos más votos reciba una lista en su circunscripción, más escaños recibirá.
   En un primer momento este «principio de localidad» parece tener sentido, pero deja de hacerlo si se consideran el resto de puntos enumerados, ya que el ciudadano no ha podido decidir nada sobre sus representantes ni tendrá mandato alguno sobre ellos.
   En resumen, el sistema de reparto de escaños se decide en función de un principio de representación local que en la práctica no existe. El hecho de que los ciudadanos acudan a las urnas y se enfrenten a un entramado de listas y nombres que sirve para poco pero que es el que va a decidir a la postre la representación parlamentaria, no es en ningún caso, deseable.
3. Anulación del mandato imperativo y disciplina de partido: el mandato imperativo es una figura política que consiste en la obligación del representante de estar a disposición de sus representados. Esto significa que el representado conoce quién es su representante cuyo mandato legislativo está sujeto a anulación en cualquier momento —en base a algún mecanismo que lo posibilite, como recogida de firmas—. En España la Constitución prohíbe expresamente que los representantes estén sujetos a mandato alguno, algo que tampoco sería posible ya que no hay forma de relacionar a un representante con sus representados, ya que en ningún momento ha existido la posibilidad de ofrecerse a ser elegidos, ni manera de que los ciudadanos puedan hacerlo, como se ha visto. Por este motivo las campañas rara vez usan el atractivo de un político local, siendo en su lugar la imagen del candidato a presidente la usada en todo el ámbito de España. El argumento esgrimido es el de lograr que el representante sea independiente, pero la realidad impuesta por el primero de estos tres puntos, es que el diputado acaba sujeto a una férrea disciplina de partido <Artículo 67 [acceso 22/3/2019]>.
   La consecuencia de estos tres puntos es que la representatividad se pierde en gran medida, siendo las direcciones centrales de los partidos los que tienen verdadero control sobre las decisiones. A pesar de que el reparto de escaños se realiza en función de una supuesta característica de representatividad local, el resto de mecanismos obligan a que la política posterior en el Congreso se decida en función del total de escaños obtenidos en el conjunto de circunscripciones, perdiendo toda característica de teórica cercanía al ciudadano —a pesar de que la proporción de escaños proviene de esta premisa—. La disciplina impuesta por los partidos hace que salvo en contadas ocasiones —transfugismo— un representante no sea más que un robot, un autómata cuya única finalidad es apretar un botón, leer el periódico, o jugar al Candy Crush.
   Cuando el partido es por definición de ámbito local, su política posterior obedece a esta circunstancia —los independentistas solo se presentan en las circunscripciones de su autonomía y las tendencias de voto son distintas en función de si son elecciones generales o autonómicas—. Sin embargo, siendo el resto de funcionamiento el mismo —listas cerradas y bloqueadas y prohibición de mandato imperativo— esta «cercanía» política no implica ninguna mayor representatividad, sino la defensa por parte de unas cúpulas políticas locales de unos intereses distintos a las cúpulas que gobiernan en el resto del Estado, las cuales adolecen de la misma falta de representatividad. El independentismo es por tanto un fenómeno derivado del actual sistema, cuya actual fuerza es consecuencia de la misma causa que dicen repudiar.
   Como anécdota, si es que un tema tan serio merece alguna, son las explicaciones que en la propia Constitución se dan para justificar los caminos escogidos. Un texto que ha de representar la voluntad del pueblo no necesita de ninguna justificación.

• Independencia de poderes

  A efectos prácticos esta es inexistente ya que como se ha visto, el poder legislativo está controlado por las direcciones de los partidos, los cuales eligen a un candidato como jefe del ejecutivo, en este caso del gobierno —por ser una monarquía—. Poca o nula capacidad de decisión han tenido los ciudadanos en esta situación, salvo los votos concedidos bajo las condiciones expuestas. Por añadidura, tras una reforma de 1985 <enlace a la fuente [acceso el 7/2/2019]> la poca independencia del poder judicial acaba por desaparecer —las reformas tras la Constitución son a peor, por lo visto— con lo que los tres poderes del Estado están sometidos al reparto que logren las direcciones de los partidos tras unas elecciones generales. Es ahí donde se decide todo durante los cuatro años siguientes.

• Iniciativa Legislativa Popular

  No debería ser necesario señalar que en un sistema democrático la participación ciudadana es el principal requisito. Aunque las grandes poblaciones tengan que recurrir a un sistema representativo para llevar el gobierno del pueblo a efecto, en la medida sea posible no hay que olvidar los mecanismos de democracia directa. Uno de ellos es la llamada ILP —por sus siglas— mediante la cual la ciudadanía puede proponer a sus representantes una iniciativa legislativa. Es decir, que se apruebe o rechace una ley en el Congreso propuesta directamente por los ciudadanos.
  De nuevo, la Constitución Española recoge esta posibilidad ineludible en un sistema democrático, sin embargo; independientemente del número de firmas necesario ni de los mecanismos para ello; esta opción es en la práctica inútil, ya que los representantes pueden ignorarla sistemáticamente a pesar de ser una petición directa de sus representados. <enlace a  la Ley Orgánica 3/1984 [acceso 3(4/2019]>
  Para poder comparar la manera de llevar a cabo este sistema con otras opciones existentes funcionando desde hace décadas con resultados satisfactorios, Suiza es un país que mantiene su sistema federal con una gran presencia de democracia directa —uno de los probables motivos de su no pertenencia a la Unión Europea—: ante una ILP, los representantes si bien no están obligados a aceptarla, en caso de rechazo sí están obligados a presentar una alternativa y a someterla a referendum. 

Puntos débiles

Decir que en estos puntos anteriores no existe pasión en su exposición no sería cierto, porque las personas jamás podremos deshacernos de ella. Incluso el más ortodoxo de los científicos no deja de sentir cierto amor por su trabajo. Pero en este caso el esfuerzo ha consistido en ser lo más independientes posibles de dicha emoción. Sin embargo, no sería justo ignorar otros temas que provocan reacciones airadas entre la sociedad, no tanto por ellos mismos, sino por la dificultad para tener un verdadero debate, más allá de las tertulias televisivas cuyas posturas obedecen a un guión preestablecido. Mientras tanto, en nuestro país continúan la escalada en el separatismo, el déficit público, el paro —el doble que otros países del entorno inmediato— y sobre todo, los casos de corrupción, que han alcanzado tales cotas que salpican hasta la máxima institución del Estado:

Monarquía

Holanda, Bélgica, Dinamarca y Reino Unido son monarquías, por citar unos ejemplos. Lo llevan de manera aceptable, incluso en algunos casos se diría que son países ejemplares, como Dinamarca. Reino Unido se dice que es el único país que a través de reformas ha logrado un sistema representativo considerado modélico por algunos especialistas. Holanda es un país con una cultura social que respeta la diversidad y la libertad como señas propias. Y Bélgica hace lo que puede, dentro de las dificultades por las que atraviesa. La monarquía no es por tanto un problema en sí mismo, pero no cabe duda que es un instrumento caduco y obsoleto. Su adecuación a la democracia pasa por artificios cuyo objetivo final no es otro que mantener a los monarcas en su trono, con la mayor parte de sus privilegios. La cuestión es pues hacerlo de la manera más decorosa posible. No se trata ahora en este instante de «opinar» de manera favorable o lo contrario, pero lo que es necesario es reclamar la existencia de un verdadero debate sobre el tema, en el cual participen actores cuyos intereses tengan lo menos que ver con la institución, sea a favor o en contra, y en el cual se pongan sobre el tapete todos los pros y contras de las diferentes opciones de la forma de Estado, y sobre todo, qué quiere la sociedad española, qué caminos ha de emprender y cuál podría ser su coste en todos los aspectos.

Indultos

Este es otro de los casos en que si bien una figura como el indulto por parte de la jefatura del estado es admisible, no lo es tanto si no existen junto a ella ciertas condiciones. En cualquier otro país avanzado, los indultos tienen mecanismos que en comparación con el caso de España se aparecen como mucho más válidos. Difícilmente un presidente de gobierno que ha sido permitido por el rey le va a poner pegas. Tanto o más difícil lo va a hacer un congreso cuyos diputados ocupan unos asientos gracias a apoyar al actual jefe del gobierno. En definitiva, la inexistencia de una separación de poderes efectiva en la práctica, hace que el indulto en España sea poco más que alzar o bajar el pulgar, al más puro estilo del César de Roma.

Decretos

La prueba más aplastante de la inexistencia de debate social y político, es la cantidad de decretos promulgados gracias a la mayoría que un único partido y sus socios, poseen en el parlamento. Y el panorama no parece remitir en absoluto. Toda la decisión, como se viene explicando, ha partido de una cúpula la cual transmite como un rodillo, aplastando a quien pilla por debajo. El resto de millones de personas que se supone deberían estar representadas por el resto de ocupantes del parlamento, no tienen la más mínima oportunidad de hacer nada al respecto, salvo el pataleo o las tertulias de barra de bar.

Financiación de los partidos

Por más supuesta apertura que se ofrezca a los ciudadanos, si estos no tienen ninguna posibilidad por falta de medios, no sirve para nada. Los más veteranos recordamos lo que entonces se llamó «sopa de letras», por el maremágnum de siglas e iniciales en el que se convertían las primeras convocatorias electorales. La cantidad de pequeños partidos, cada cuál más anecdótico e incluso estrambótico, ofrecían un espectáculo algo patético. Es necesario un filtro. En otros países se solucionan con circunscripciones uninominales a doble vuelta, en el que los candidatos son personas, y que las propuestas más débiles caen en la primea vuelta. En España es el respaldo financiero, de manera que sólo las opciones que de entrada tienen más capacidad, llegan a obtener representación parlamentaria.  Con el agravante que a continuación, es el propio Estado el que asigna un presupuesto electoral a la formación, en función de su respaldo en número de votos y gracias al cual te llenan el buzón de propaganda electoral. Esta es la manera en que que en España se hacen las cosas: matando moscas a cañonazos. De esta manera se crea un circulo vicioso donde los partidos tienen como objetivo vivir a costa de unos presupuestos estatales, logrando como sea apoyos electorales. El resto de opciones que quieren cambiar algo o proponer cosas nuevas, parten de entrada con enormes dificultades. Lo que en un principio era un filtro necesario, se convierte luego en una clara desigualdad injusta y poco democrática, que favorece especialmente a los más poderosos, consolidando la llamada «dictadura de la mayoría» que a base de decretos y de una ausencia de controles de poder independientes, hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. En definitiva, en España nuestra democracia todavía va en 600.

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