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Es habitual pensar que en España vivimos en el «menos malo» de los sistemas políticos conocidos. Con esta afirmación parece que se intenta zanjar toda posibilidad de modificar ni una sola coma al actual sistema. Sin embargo, nuestro sistema de representación política no está carente de extrañas y retorcidas peculiaridades, causa de muchas de las habituales discusiones polarizadas sobre temas políticos que parecen aprovechar la circunstancia de que un buen número de personas desconoce su funcionamiento en detalle, y ha asumido cierto relato construido desde la Transición. «Mitos» con los que en algún momento en el pasado la sociedad soñó y creyó haber alcanzado, pero la realidad parece indicar otra cosa:
Nuestro voto vale igual: FALSO
Una democracia representativa se supone que se distingue básicamente por dos cosas. Una de ellas es que el voto de todos los ciudadanos vale lo mismo. Lamentablemente no se puede decir esto del caso español porque no se cumple: el valor del voto es diferente ya que el reparto de escaños se realiza por cada circunscripción —la provincia— la cual tiene asignada una cuota mínima fija de escaños que no depende de su población. Esto provoca que las provincias con poca densidad de habitantes determinen con mayor peso el número de escaños asignados, es decir, los votos tienen mayor valor que en el resto del país (¡¡La primera condición importante ya no se cumple!!) Bueno, pero al menos podremos decir que ese reparto de escaños se hace a representantes elegidos por el pueblo. Pues no.
Elegimos a nuestros representantes: FALSO
Otra de las características de un sistema representativo es que se asume que los ciudadanos pueden elegir a sus representantes. Sin embargo, resulta extraordinariamente difícil poder decir eso de nuestro sistema. Parémonos a pensar por un momento: ¿A quién de los que componen esas listas de partido han puesto ustedes en ese lugar? Ninguno de cada uno de los concejales o diputados que se sientan a cobrar de nuestro dinero sin cumplir la mayoría de las promesas realizadas y no arreglar prácticamente ninguno de los problemas a los que se enfrentan —por no hablar de los que provocan— es elegido por los ciudadanos (¡¡La segunda condición tampoco se cumple!!) Cuando se acude a votar se ha de hacer a unas listas prestablecidas, cerradas y bloqueadas, con candidatos elegidos a dedo por las direcciones internas de los partidos, completamente opacas al ciudadano. Lo único que puede hacer este es delegar su voluntad a unas siglas de partido, el cuál propone una listas llenas de nombres que sea lo que sea promuevan en nosotros, no podemos hacer más que aceptarla o rechazarla, en cuyo caso deberemos aceptar la impuesta por otro partido. En definitiva, listas cuyo carácter anónimo solo es roto por su asociación con el candidato principal a jefe del ejecutivo. Alguien podrá pensar que por lo menos este candidato, una vez ganadas las elecciones, sí que es elegido por el pueblo. Pues tampoco.
Enlace: ¿Quién elige a los diputados?
El que gana las elecciones es elegido: FALSO
Este y el siguiente son casi el mismo punto pero es necesario puntualizar un par de cosas. Cuando vamos a las urnas vamos convencidos de que «vamos a elegir» a «alguien». Bueno, una cosa es cierta, en función del resultado electoral «alguien» será elegido, pero desde luego que no será el que hayamos podido decidir los ciudadanos. Por un lado porque como se ha visto nuestro voto va a parar a una lista completamente refractaria a nuestra decisión salvo para rechazarla —y que la acepte otro— y por otro lado porque los votos obtenidos son solo un primer paso para el reparto final de asientos en el Congreso. Este reparto se realiza mediante la conocida Ley d'Hont supuestamente para plasmar la territorialidad, al prevalecer los votos locales sobre los obtenidos en el conjunto del Estado. Sin embargo, al final lo que prevalece sobre todo lo demás son el número total de escaños de cada formación en el Congreso, da igual quien esté en la lista ni de dónde venga, porque por lo visto anteriormente, el ciudadano no lo ha elegido. En función de este resultado final en el Congreso, se ha de realizar una votación para entonces sí, elegir al presidente. Por tanto, «ganar» unas elecciones en función de los votos obtenidos, sea lo que sea que signifique este término en este contexto, no garantiza en absoluto qué candidato va a ser investido presidente.
Elegimos al presidente: FALSO
Poniendo por caso las elecciones generales, lo habitual venia siendo en las convocatorias que desde 1978 hemos estado asistiendo los que ya tenemos cierta edad —y desde que tuvimos la suficiente para hacerlo— que el partido que obtenía más votos colocaba al principal candidato como Presidente del Gobierno. Esto ocurría porque lo hacía con tal holgura que lograba también una mayoría en el Congreso, que es el órgano que cumple la función de representar a la ciudadanía española —lo que no significa que lo haga—. Pero el constante y paulatino aumento en el descontento de los ciudadanos con los partidos en el gobierno en su gestión legislativa, provocó la aparición «en el escenario» de otras fuerzas políticas, no necesariamente como solución, sino simplemente como única herramienta posible que la sociedad dispone para reaccionar de alguna manera a la situación que se interpretaba como lamentable. El resultado es que una vez repartidos los escaños, ya no era posible colocar al presidente propuesto por el partido ganador —insistimos, de haber un ganador es un partido, no un candidato, los ciudadanos no eligen a ni uno solo de los candidatos propuestos que aparecen en las listas— al no poseer la mayoría necesaria. La cuestión principal es que al presidente lo eligen los representantes en el Congreso, no los ciudadanos, y lo hacen unos diputados que tampoco los han podido elegir, sino más bien al contrario, es el candidato a presidente —que suele coincidir con el jefe absoluto del partido, algo que no tendría que ser así si existiesen unas primarias correctamente establecidas— el que con toda probabilidad los ha puesto en la lista para que ahora le elijan a él. Es aquí cuando el público advirtió el protagonismo adquirido por los llamados «pactos» de gobierno post-electorales. Estos pactos, en efecto, se hacen sin la intervención en absoluto de los ciudadanos y se asume que se hacen entre partidos «similares», en todo caso, esta interpretación es a expensas de la que decidan los jefes de partido. La cuestión es ¿En qué medida es democrático algo hecho a espaldas de los ciudadanos sin contar con su aprobación?
Los pactos de gobierno son democráticos: FALSO
Hasta aquí ha sido fácil, pero ahora viene la parte complicada. Aunque estos pactos tras la jornada electoral —cuando los ciudadanos ya no pueden decir nada— han adquirido relevancia y son objeto de titulares en los últimos tiempos, lo cierto es que ya se habían estado haciendo hace décadas en diversas ocasiones con los partidos independentistas de Cataluña y País Vasco principalmente —los llamados «bisagra», en concreto, tanto PP como PSOE, han tenido que pactar con PNV, CiU, ERC, CC principalmente—. Sin embargo, es recientemente cuando son objeto de esas discusiones que ocupan titulares y #trendingtopics, aunque no sirvan más que para polarizar y definir el voto de los usuarios, a costa de nuestro ambiente social de convivencia, cada vez más sujeto a visceralidades y carga emotiva. Parece claro que los medios de comunicación y ahora las redes sociales se encargan de maximizar de manera artificial cierto tipo de debate que eclipsa la cuestión de fondo: es así como funciona el sistema. Por enumerar las características que describen la situación, paradójica y en cierta forma, contradictoria:
- Los ciudadanos depositan su voto en las urnas con una creencia mayoritaria —aunque en paulatina disminución— de que van a «decidir» sobre «algo», creencia alimentada por todo el aparato mediático que opera en esta misma dirección de escenificar una «representatividad de la sociedad civil».
- La evidencia sin embargo, muestra que esa «voluntad» depositada en las urnas difícilmente puede asociarse con ese cometido, siendo usada en su lugar para legitimar un reparto de poder acorde a unas reglas.
- Este reparto de poder resultante muestra un «criterio de representatividad» basado en un «mapa ideológico» de la sociedad, que combina criterios de territorialidad y proporcionalidad.
- La contradicción es que dicho criterio ideológico está apoyado en la ocupación de unos escaños por personas, las cuales han de renunciar a sus propios criterios a favor de los programas de sus partidos —que tampoco cumplen— a pesar de que el sistema en teoría defiende su independencia.
- La paradoja aparece cuando un sistema supuestamente representativo y democrático ha de necesitar de pactos posteriores para lograr un gobierno «estable», que en términos prácticos significa que del reparto resultante surgen dos «bloques»: uno el que gobierna y decide absolutamente todo, y otro que se dedica a dinamitar ideológica y sistemáticamente —aunque infructuosamente la gran mayoría de ocasiones— lo que hace el primero, llamado oposición.
- La mayoría de estos problemas son consecuencia de un sistema ideológico cuyo diputado está sometido a la disciplina de partido. La solución que nadie propone sería, o bien liberar al diputado de esta cadena, o bien se establece un sistema de segunda vuelta en la que participen solo los más votados (actualización 07/07/2023).
Los políticos son conscientes de este funcionamiento incongruente basado en la representatividad ideológica en lugar de en la política. No pasaría —casi— nada si esto fuera asumido por todos, conscientes de sus limitaciones pero adaptándonos a su funcionamiento. El problema es cuando se usa como argumento político y objeto de crítica dichas inconsistencias del sistema, sin proponer su reforma y usándolas al mismo tiempo cuando les es oportuno, siempre basado en el propio criterio ideológico pero demonizando lo mismo cuando lo hace el oponente, lo que ocasiona debates circulares interminables. Por ejemplo:
- Criticar los pactos con otro partido por motivos ideológicos —pactar con «la ultraderecha», con «los radicales» o con «los que desean romper España»— pero hacer lo propio en cuanto se tiene la más mínima ocasión —porque cuando «lo hago yo» está bien—
- Cuando lo anterior no es suficiente al comenzar a volverse cotidiano y evidenciarse que es consecuencia del funcionamiento del propio sistema, se emplean argumentos ad hominem arbitrarios contra los integrantes de las listas —los «asesinos de BILDU», los «maltratadores de VOX»—.
- Proponer la creación de «cordones sanitarios» que consisten en cancelar, excluir e incluso atentar contra los derechos de un grupo de personas por motivos ideológicos —solo escribir esto me ha parecido espeluznante—.
- Criticar el uso de recursos públicos para la creación de instituciones culturales minoritarias o discutibles en algunos casos —los llamados «chiringuitos»— para luego hacer exactamente lo mismo cambiando tan solo el criterio ideológico —porque el mío «es el bueno»—.
- En todos estos casos se superponen los criterios ideológicos, intereses partidistas y «rentabilidades electorales» a lo que marcan las normas que supuestamente, legitiman todo el sistema, sin que nadie proponga su reforma.
Muchos de estos problemas que son origen de muchas horas perdidas en discusiones de ciudadanos que creen estar solucionando algo, podrían desaparecer de la escena simplemente dejando que sea el ciudadano el que pueda intervenir en la formación de las listas electorales, descartando o colocando en última posición los candidatos menos deseados. Igualmente, debería establecerse un criterio de selección basado en parámetros objetivos —antecedentes legales, conflicto de intereses, etc.— que no se lleva a cabo nunca porque, en ambas medidas, los propios partidos deberían someterse a ellas, lo que conllevaría perder su capacidad de controlar al representante.
La lealtad al partido es democrática: FALSO
Lo único que es democrático es la lealtad a los que te han votado. Pero claro, como en realidad no se ha establecido esa relación entre la sociedad y sus representantes ya que no es posible que un ciudadano elija a una persona con nombre y apellidos, no es posible tampoco crear ese vínculo democrático. De hecho, la lealtad al partido no solo es antidemocrática, sino que además es anticonstitucional ya que esta situación por la que el voto de un representante está condicionado se denomina «mandato imperativo», el cual está explícitamente prohibido en la Constitución de 1978. Ni siquiera los que se rasgan las vestiduras en la defensa de «la Constitución que nos dimos los españoles» son fieles a sus propios principios. Con esta guisa se entiende que independentistas y otros grupos de activismo se estén riendo a carcajadas un día si, y otro también.
