Carencias democráticas ~ Información vs. Realidad

España tiene un sistema político que dista mucho de ser el de hace 80 años. Actualmente según ciertos parámetros es considerado un país libre pero, ¿significa que no es mejorable? ¿Es nuestra forma de democracia la mejor que puede tener nuestra sociedad? ¿Son todas igualmente efectivas para cumplir su función? ¿En otros países representan por igual a su sociedad? ¿Todos evitan de igual manera los abusos y la corrupción? ¿Por qué protestan los independentistas, tienen razón o parte de ella en los motivos que les lleva a adoptar su postura, sea esta correcta o no? ¿En qué aspectos es mejorable nuestro sistema? ¿Quién impide que este madure?

Son muchas preguntas cuyas respuestas exceden la intención de este artículo. Sin embargo, con tan sólo comparar otros países no muy lejanos como Dinamarca en asuntos de corrupción y comprobar la plena consciencia del problema de sus ciudadanos y qué clase de actitudes y vicios han de reprimir para evitar males mayores; o con datos como que España es el país europeo con mayor número de encarcelados por habitante mientras que en Suecia se cierran las prisiones, se advierte fácilmente que algo no funciona. Se le propone al lector un pequeño viaje por nuestra historia inmediata para intentar averiguar qué clase de defectos palpables se encuentra en nuestro sistema político. Problemas conocidos que en otros países solucionaron en su momento de alguna manera, mientras que en España... bueno, mientras que aquí pasaba esto:

Un poco de historia

En los últimos años del periodo de dictadura —el llamado tardofranquismo—, la necesidad económica del país de abrirse a Europa fue fundamental y probablemente el motivo por el cuál los que entonces gobernaban no tuvieran más remedio que modernizar paulatinamente a la sociedad española. De esta manera se dio paso al baby boom y a la creación de una clase media que, con el Seat 600 como símbolo, comenzó a vivir con unos niveles incipientes de autonomía individual, de igualdad y de libertad. Con el dictador muerto y dejándolo todo bien dispuesto, el siguiente paso vino con la Transición, una fase que si bien la sociedad española venía años demandando, no es menos cierto que finalmente vino desde dentro, es decir, fue orquestada desde el propio sistema que entonces regulaba la vida de sus ciudadanos.

Transición perpetua

De esto hace más de cuarenta años, los cuales hemos estado viviendo en una transición que ha permanecido inalterable, con un sistema político y legal cuya diferencia más notoria con el anterior son unas elecciones «generales», cada cuatro años, que pretenden simbolizar una apertura a la participación de los ciudadanos. Ahora bien, observado con algo de detalle se evidencia que dicha participación ha de realizarse a través de alguna fuerza política en forma de partido, para que ocupe prácticamente las mismas instituciones. Unas que continúan basadas en una rígida jerarquía que decide todo desde arriba de manera unidireccional, desde el Jefe de Estado hasta el último conserje de consejo de barrio. El porqué de esta tradición cultural es igualmente un asunto que nos sobrepasa, pero no es nuevo: desde el cesaropapismo hasta el caciquismo, pasando por la mafia, podemos sospechar que en la cultura mediterránea son un común denominador. La Transición no ha mejorado este aspecto, todas las organizaciones e instituciones en España obedecen el mismo sistema de orden y control, de autoridad y sumisión: organismos públicos, partidos y sindicatos. El resto de organizaciones de corte menos político acaban imitando esta cultura, que se podría decir que si bien puede ser comprensible en el ejército, es en su base de difícil compatibilidad con la democracia y muy inadecuada para aprovechar el capital humano en cualquier otro ámbito.

Paradoja social

Durante todo este tiempo el sistema ha permitido que posturas contrapuestas cohabiten dentro del mismo espacio político. Esta apertura es la que definió la época de la Transición, un momento de la historia conocido por un espíritu de optimismo y fraternidad. Esta cultura sin embargo, en lugar de madurar, no solo ha ido desapareciendo sino que se ha radicalizado hasta el esperpento con el paso de los años, sin superar ni uno solo de los demonios guerracivilísticos que tanto han socavado la convivencia en la sociedad española. Si bien «sobre el papel» el sistema a nivel formal permite la diversidad política, ocurre sin embargo que a nivel cultural esta coexistencia está marcada por el enfrentamiento y la emotividad. No ha habido asimilación por parte de la sociedad, o lo que ocurre es que el propio sistema heredado de la Transición promueve estas actitudes: el debate no existe, empezando por el principal lugar donde debería que es el Congreso, lugar en el que sus protagonistas se limitan a decir lo que quiere oír su público sectorizado, su audiencia ideológica, sus electores. En lugar de debate, las legislaturas son campañas electorales de cuatro años. El punto de inflexión donde se evidenció el fracaso cultural de la Transición fueron tal vez las elecciones generales de 2004, de triste recuerdo por el trágico atentado del 11M.

En consecuencia, las posturas políticas que se generan son acordes a esta situación. La democracia a la que se le ha estado llamando así durante estas décadas, nos ha traído una cada vez mayor radicalización y enfrentamiento de las posturas, en lugar del acercamiento y el enriquecimiento mutuo. Los nacionalismos e independentismos han aumentado y radicalizado al ser alimentados por el sistema actual año tras año, cebándolos, sin convencerles lo más mínimo a pesar de que en teoría, si las cosas fueran como nos dicen que son, no deberían tener ya motivo alguno para continuar en sus posturas. Debido a esto, se han formado dos bandos que han ido escalando en su dogmatismo por igual, algo que viene también a evidenciar lo poco que se ha aprendido del más triste periodo anterior a la dictadura que le sucedió. Esos dos bandos, como se decía, se han configurado como los «constitucionalistas» y los «anticonstitucionalistas».

Los primeros defienden de manera absolutamente inamovible el sistema que paradójicamente, nos ha llevado a la actual situación. Los segundos señalan las carencias del mismo sistema que sin embargo, les permite manifestarse, sin ofrecer más alternativa que la escisión del mismo para repetir el mismo esquema autoritario. Cualquier intento de posicionarse fuera de estas dos posturas rígidas se enfrenta a enormes dificultades, teniendo como oponentes la mayor parte de medios de comunicación que están sometidos a uno u otro «bando».

Fallos del sistema

¿Es posible criticar a algo en España con normalidad? ¿Es posible hacerlo sin ser acusado o encasillado en alguna de las etiquetas ideológicas del momento? Ha quedado demostrado que no se puede convencer a nadie, si este previamente no lo desea, por justificados y razonables que sean los argumentos expuestos. Pero no es intención el convencer a nadie, sino buscar respuestas a las preguntas planteadas durante el artículo. De todas las cosas cuestionables que tiene nuestro sistema, los siguientes puntos destacan sobre el resto:

Sistema de representación político

Valor del voto por circunscripción: esta está basada en la provincia sin tener en cuenta las grandes desigualdades en densidad de población y su correspondencia con los escaños. Esto genera una diferencia de valor del voto de cada ciudadano en función de su residencia, a efectos del número de votos necesario para elegir un representante. Independientemente de cualquier otra consideración, nada más empezar nos encontramos ya en en el criterio básico por el cual se establece la representación ciudadana, en una desigualdad. <Artículo 68 [acceso el 22/3/2019]>
Los siguientes tres puntos por separado son opciones que cada una de ellas pueden darse en un sistema democrático por unas razones u otras, pero las tres al mismo tiempo forman un conjunto que reducen la necesaria representatividad del sistema español a la anécdota:

Listas cerradas y bloqueadas: los ciudadanos no eligen al representante, sino a una lista ya confeccionada y predefinida. Tampoco eligen el orden, ni pueden realizar modificación alguna sobre ella. Esta clara merma en la capacidad de decisión de los ciudadanos tiene todavía una mayor repercusión si se le añaden el resto de puntos.
Reparto de escaños: se realiza asignándose a cada uno de los miembros de la lista siguiendo el orden establecido en ella, en función del número de votos que ha recibido la misma. Es decir, los escaños que recibe la lista son repartidos a cada uno de sus miembros, como si hubieran sido otorgados a cada uno de ellos. De esta manera el reparto favorece a los votos locales, ya que cuantos más votos reciba una lista en su circunscripción, más escaños recibirá.
En un primer momento este «principio de localidad» parece tener sentido, pero deja de hacerlo si se consideran el resto de puntos enumerados, ya que el ciudadano no ha podido decidir nada sobre sus representantes ni tendrá mandato alguno sobre ellos.
En resumen, el sistema de reparto de escaños se decide en función de un principio de representación local que en la práctica no existe. El hecho de que los ciudadanos acudan a las urnas y se enfrenten a un entramado de listas y nombres que sirve para poco pero que es el que va a decidir a la postre la representación parlamentaria, no es en ningún caso, deseable.
Anulación del mandato imperativo y disciplina de partido: el mandato imperativo es una figura política que consiste en la obligación del representante de estar a disposición de sus representados. Esto significa que el representado conoce quién es su representante cuyo mandato legislativo está sujeto a anulación en cualquier momento —en base a algún mecanismo que lo posibilite, como recogida de firmas—. En España la Constitución prohíbe expresamente que los representantes estén sujetos a mandato alguno, algo que tampoco sería posible ya que no hay forma de relacionar a un representante con sus representados, ya que en ningún momento ha existido la posibilidad de ofrecerse a ser elegidos, ni manera de que los ciudadanos puedan hacerlo, como se ha visto. Por este motivo las campañas rara vez usan el atractivo de un político local, siendo en su lugar la imagen del candidato a presidente la usada en todo el ámbito de España. El argumento esgrimido es el de lograr que el representante sea independiente, pero la realidad impuesta por el primero de estos tres puntos, es que el diputado acaba sujeto a una férrea disciplina de partido <Artículo 67 [acceso 22/3/2019]>.
La consecuencia de estos tres puntos es que la representatividad se pierde en gran medida, siendo las direcciones centrales de los partidos los que tienen verdadero control sobre las decisiones. A pesar de que el reparto de escaños se realiza en función de una supuesta característica de representatividad local, el resto de mecanismos obligan a que la política posterior en el Congreso se decida en función del total de escaños obtenidos en el conjunto de circunscripciones, perdiendo toda característica de teórica cercanía al ciudadano —a pesar de que la proporción de escaños proviene de esta premisa—. La disciplina impuesta por los partidos hace que salvo en contadas ocasiones —transfugismo— un representante no sea más que un robot, un autómata cuya única finalidad es apretar un botón, leer el periódico, o jugar al Candy Crush.
Cuando el partido es por definición de ámbito local, su política posterior obedece a esta circunstancia —los independentistas solo se presentan en las circunscripciones de su autonomía y las tendencias de voto son distintas en función de si son elecciones generales o autonómicas—. Sin embargo, siendo el resto de funcionamiento el mismo —listas cerradas y bloqueadas y prohibición de mandato imperativo— esta «cercanía» política no implica ninguna mayor representatividad, sino la defensa por parte de unas cúpulas políticas locales de unos intereses distintos a las cúpulas que gobiernan en el resto del Estado, las cuales adolecen de la misma falta de representatividad. El independentismo es por tanto un fenómeno derivado del actual sistema, cuya actual fuerza es consecuencia de la misma causa que dicen repudiar.
Como anécdota, si es que un tema tan serio merece alguna, son las explicaciones que en la propia Constitución se dan para justificar los caminos escogidos. Un texto que ha de representar la voluntad del pueblo no necesita de ninguna justificación.

Independencia de poderes
A efectos prácticos esta es inexistente ya que como se ha visto, el poder legislativo está controlado por las direcciones de los partidos, los cuales eligen a un candidato como jefe del ejecutivo, en este caso del gobierno —por ser una monarquía—. Poca o nula capacidad de decisión han tenido los ciudadanos en esta situación, salvo los votos concedidos bajo las condiciones expuestas. Por añadidura, tras una reforma de 1985 <enlace a la fuente [acceso el 7/2/2019]> la poca independencia del poder judicial acaba por desaparecer —las reformas tras la Constitución son a peor, por lo visto— con lo que los tres poderes del Estado están sometidos al reparto que logren las direcciones de los partidos tras unas elecciones generales. Es ahí donde se decide todo durante los cuatro años siguientes.
Iniciativa Legislativa Popular
No debería ser necesario señalar que en un sistema democrático la participación ciudadana es el principal requisito. Aunque las grandes poblaciones tengan que recurrir a un sistema representativo para llevar el gobierno del pueblo a efecto, en la medida sea posible no hay que olvidar los mecanismos de democracia directa. Uno de ellos es la llamada ILP —por sus siglas— mediante la cual la ciudadanía puede proponer a sus representantes una iniciativa legislativa. Es decir, que se apruebe o rechace una ley en el Congreso propuesta directamente por los ciudadanos.
De nuevo, la Constitución Española recoge esta posibilidad ineludible en un sistema democrático, sin embargo; independientemente del número de firmas necesario ni de los mecanismos para ello; esta opción es en la práctica inútil, ya que los representantes pueden ignorarla sistemáticamente a pesar de ser una petición directa de sus representados. <enlace a la Ley Orgánica 3/1984 [acceso 3(4/2019]>
Para poder comparar la manera de llevar a cabo este sistema con otras opciones existentes funcionando desde hace décadas con resultados satisfactorios, Suiza es un país que mantiene su sistema federal con una gran presencia de democracia directa —uno de los probables motivos de su no pertenencia a la Unión Europea—: ante una ILP, los representantes si bien no están obligados a aceptarla, en caso de rechazo sí están obligados a presentar una alternativa y a someterla a referendum.

Puntos débiles

Decir que en estos puntos anteriores no existe pasión en su exposición no sería cierto, porque las personas jamás podremos deshacernos de ella. Incluso el más ortodoxo de los científicos no deja de sentir cierto amor por su trabajo. Pero en este caso el esfuerzo ha consistido en ser lo más independientes posibles de dicha emoción. Sin embargo, no sería justo ignorar otros temas que provocan reacciones airadas entre la sociedad, no tanto por ellos mismos, sino por la dificultad para tener un verdadero debate, más allá de las tertulias televisivas cuyas posturas obedecen a un guión preestablecido. Mientras tanto, en nuestro país continúan la escalada en el separatismo, el déficit público, el paro —el doble que otros países del entorno inmediato— y sobre todo, los casos de corrupción, que han alcanzado tales cotas que salpican hasta la máxima institución del Estado:

Monarquía

Holanda, Bélgica, Dinamarca y Reino Unido son monarquías, por citar unos ejemplos. Lo llevan de manera aceptable, incluso en algunos casos se diría que son países ejemplares, como Dinamarca. Reino Unido se dice que es el único país que a través de reformas ha logrado un sistema representativo considerado modélico por algunos especialistas. Holanda es un país con una cultura social que respeta la diversidad y la libertad como señas propias. Y Bélgica hace lo que puede, dentro de las dificultades por las que atraviesa. La monarquía no es por tanto un problema en sí mismo, pero no cabe duda que es un instrumento caduco y obsoleto. Su adecuación a la democracia pasa por artificios cuyo objetivo final no es otro que mantener a los monarcas en su trono, con la mayor parte de sus privilegios. La cuestión es pues hacerlo de la manera más decorosa posible. No se trata ahora en este instante de «opinar» de manera favorable o lo contrario, pero lo que es necesario es reclamar la existencia de un verdadero debate sobre el tema, en el cual participen actores cuyos intereses tengan lo menos que ver con la institución, sea a favor o en contra, y en el cual se pongan sobre el tapete todos los pros y contras de las diferentes opciones de la forma de Estado, y sobre todo, qué quiere la sociedad española, qué caminos ha de emprender y cuál podría ser su coste en todos los aspectos.

Indultos

Este es otro de los casos en que si bien una figura como el indulto por parte de la jefatura del estado es admisible, no lo es tanto si no existen junto a ella ciertas condiciones. En cualquier otro país avanzado, los indultos tienen mecanismos que en comparación con el caso de España se aparecen como mucho más válidos. Difícilmente un presidente de gobierno que ha sido permitido por el rey le va a poner pegas. Tanto o más difícil lo va a hacer un congreso cuyos diputados ocupan unos asientos gracias a apoyar al actual jefe del gobierno. En definitiva, la inexistencia de una separación de poderes efectiva en la práctica, hace que el indulto en España sea poco más que alzar o bajar el pulgar, al más puro estilo del César de Roma.

Decretos

La prueba más aplastante de la inexistencia de debate social y político, es la cantidad de decretos promulgados gracias a la mayoría que un único partido y sus socios, poseen en el parlamento. Y el panorama no parece remitir en absoluto. Toda la decisión, como se viene explicando, ha partido de una cúpula la cual transmite como un rodillo, aplastando a quien pilla por debajo. El resto de millones de personas que se supone deberían estar representadas por el resto de ocupantes del parlamento, no tienen la más mínima oportunidad de hacer nada al respecto, salvo el pataleo o las tertulias de barra de bar.

Financiación de los partidos

Por más supuesta apertura que se ofrezca a los ciudadanos, si estos no tienen ninguna posibilidad por falta de medios, no sirve para nada. Los más veteranos recordamos lo que entonces se llamó «sopa de letras», por el maremágnum de siglas e iniciales en el que se convertían las primeras convocatorias electorales. La cantidad de pequeños partidos, cada cuál más anecdótico e incluso estrambótico, ofrecían un espectáculo algo patético. Es necesario un filtro. En otros países se solucionan con circunscripciones uninominales a doble vuelta, en el que los candidatos son personas, y que las propuestas más débiles caen en la primea vuelta. En España es el respaldo financiero, de manera que sólo las opciones que de entrada tienen más capacidad, llegan a obtener representación parlamentaria. Con el agravante que a continuación, es el propio Estado el que asigna un presupuesto electoral a la formación, en función de su respaldo en número de votos y gracias al cual te llenan el buzón de propaganda electoral. Esta es la manera en que que en España se hacen las cosas: matando moscas a cañonazos. De esta manera se crea un circulo vicioso donde los partidos tienen como objetivo vivir a costa de unos presupuestos estatales, logrando como sea apoyos electorales. El resto de opciones que quieren cambiar algo o proponer cosas nuevas, parten de entrada con enormes dificultades. Lo que en un principio era un filtro necesario, se convierte luego en una clara desigualdad injusta y poco democrática, que favorece especialmente a los más poderosos, consolidando la llamada «dictadura de la mayoría» que a base de decretos y de una ausencia de controles de poder independientes, hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. En definitiva, en España nuestra democracia todavía va en 600.