- Democracia NO ES proporcionalidad: un reparto proporcional de votos, sin más, no implica mayor democracia. Esto implica que en lugar de gobernar los que más votos tienen, podrían hacerlo otros que no han sido elegidos, si realizan un pacto aunque sus electores no lo deseen. Esto es antidemocrático.
- Democracia SI ES eliminación de la disciplina de partido: por mucha proporcionalidad o cualquier otra asignación aritmética de unos votos con la concesión de escaños que haya, no sirve de nada o es contraproducente si los que ocupan sus escaños continúan bajo mandato de los líderes de sus partidos.
- Democracia SI ES elección del ejecutivo de forma separada al legislativo: aunque estamos en monarquía, la autonomías podrían considerarse pequeñas repúblicas. En todo caso, la elección del ejecutivo debe corresponder al más votado en cada autonomía.
sábado, 21 de mayo de 2011
miércoles, 2 de junio de 2010
MANIFIESTO CIUDADANO
Los ciudadanos de España, por encima de ideologías e intereses personales, encontramos necesario un cambio en el sistema político actual que posibilite de la mejor forma el gobierno por parte de la Sociedad Civil. Resulta evidente que el actual sistema aprobado en referéndum en 1978, se encuentra viciado y genera desconfianza constante y palpable entre la población. De este modo, entendemos que no cumple satisfactoriamente con su función principal y acarrea graves problemas de todo tipo debido a la falta de legitimidad y representatividad. Es claro que tanto las acciones del Ejecutivo como las del Legislativo responden más a estrategias políticas de los partidos que las diseñan, que a necesidades de la Sociedad Civil, ocasionando gran tendencia a la corrupción en casos de cohecho, prevaricación, tratos de favor, desigualdad, privilegios desorbitados, etc, al no existir mecanismos de control ni independencia de los poderes democráticos.Encontramos igualmente necesario que el sistema político que sustituya al actual, así como el proceso de transición correspondiente, han de ser decididos y asimilados por la Sociedad Civil. Para ello, deberá existir un autentico y necesario debate entre toda la sociedad, incluyendo a las fuerzas políticas, la Corona, jerarquías eclesiásticas y a cualquier otro grupo, sindicato, colegio profesional, asociación o movimiento, que deberán dejar a un lado por un momento sus intereses particulares, ideologías y creencias, para colaborar o al menos no impedir, el inicio de un proceso constituyente mediante la creación de una asamblea formada por representantes elegidos directamente, que deberán estar cualificados para poner sobre la mesa las soluciones necesarias y así la Sociedad Civil pueda asimilarlas y elegirlas, sometiéndolas a aprobación popular en referéndum.Con la mirada puesta en el futuro y deseando dejar lo mejor para las futuras generaciones, como ciudadanos civilizados que creen en los sistemas legales y que respetan el legado que sus antepasados nos dejaron, pero sin dejar de observar sus defectos, entendemos que la Sociedad Civil ha de agotar, mientras sea posible, todos los trámites legales que le permitan ejercer su soberanía en la formación y elección de dicha asamblea. Este proceso ha de implicar la aprobación de un Periodo Constituyente que tenga como fruto la disolución de las Cortes y la formación de una Asamblea Constituyente, principalmente en base a los artículos 167 y 168 de la actual Constitución Española de 1978.
El método que se propone a continuación de elección de los representantes de dicha Asamblea y de los asuntos a tratar en ella, puede que cause recelos en una gran parte de nuestros conciudadanos, pero es necesaria una reforma representativa para que no se oxide el engranaje de nuestro sistema democrático. Tras más de treinta años de una partidocracia dominada por las luchas entre partidos, que han infectado y dividido al conjunto de la sociedad, será necesaria una gran labor de diálogo, sin que deba interpretarse como una debilidad ni como falta de convencimiento, pero sí de una muestra de convivencia pacifica y voluntad cívica.Los ciudadanos que apoyamos este manifiesto proponemos los siguientes aspectos fundamentales:A. Periodo Constituyente
Previamente a la formación de la Asamblea Constituyente y durante un periodo de 12 a 18 meses de transición que tendrá como objetivo dar tiempo a la Sociedad Civil a perfilar la base de las futuras instituciones democráticas y a debatir las decisiones políticas; se elegirán y definirán los siguientes conceptos:
- Delegados provinciales: representantes por los actuales distritos provinciales, los cuales en coordinación permanente, definirán el futuro mapa de los distritos electorales.
- Distritos electorales: tendrán un censo aproximado de 100.000 habitantes y se constituirán procurando grupos heterogéneos de población, de tal manera que se garantice la representatividad.
- Candidaturas a los distritos: los aspirantes se darán a conocer a los ciudadanos, manteniendo reuniones con ellos a través de foros vecinales, deportivos, universitarios, etc. Los partidos irán engrasando la maquinaria para la nueva realidad electoral.
B. Asamblea ConstituyentePara que los representantes que finalmente compongan la Asamblea Constituyente merezcan tal consideración, se proponen las siguientes condiciones óptimas:
- Elección libre y directa de los representantes por distritos mayoritarios uninominales, a doble vuelta
- Sometimiento de las decisiones tomadas a los necesarios referéndums vinculantes en circunscripción única.
- Candidaturas abiertas e independientes, tanto de ciudadanos como de representantes de los partidos políticos.
Cualquier otro sistema distinto al propuesto implicará una menor representatividad objetiva. La circunscripción única para la aprobación definitiva, debe evitar que la presencia de territorialidades afecten al conjunto. Finalizado el proceso constituyente la Asamblea se disolverá, quedando definidos en una nueva Constitución los aspectos a continuación.C. Representación de la Sociedad CivilPara que las instituciones del Estado articulen los mecanismos de representación de la Sociedad Civil de forma que se defienda lo siguiente:Se divide el poder en tres ramas independientes con atribuciones distintas y con la misión de que cada una vigile el cumplimiento de la otra en la noble tarea de la representación civil: legislativo, ejecutivo y judicial.
- Representatividad
- Igualdad ante la ley
- Defensa de los derechos individuales del ciudadano frente a los posibles abusos de las mayorías
D. Independencia de los poderes
- Legislativo: es el máximo órgano de representación social. Confecciona y aprueba el marco legal. Se elegirá de forma similar a la Asamblea Constituyente:
- Elección libre y directa de los representantes por distritos mayoritarios uninominales, a doble vuelta.
- Sometimiento del representante a la revocación de su cargo, a través del mecanismo que se decida.
- Candidaturas abiertas e independientes, tanto de ciudadanos como de representantes de los partidos políticos.
- La división por distritos electorales será tal que garantice la representación y la igualdad.
- Ejecutivo: gobierno y representación internacional dentro del marco legal definido por el legislativo. El Jefe del Ejecutivo y/o el Jefe de Gobierno, deberá ser elegido de forma independiente al Legislativo en distrito mayoritario único uninominal a doble vuelta.
- Judicial: aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley. Los órganos superiores del Poder Judicial serán elegidos por la parte de la Sociedad Civil perteneciente al mundo jurídico (jueces, abogados colegiados, catedráticos de derecho, oficiales de Juzgado, policía judicial, etc.) en base a criterios de mérito y excelencia.
E. Forma de Estado
- Jefatura del Estado: deberá resolverse de una vez por todas el debate entre la Monarquía y la República, decidiéndose en referéndum libre tras el periodo constituyente. Independientemente del resultado, el Jefe del Estado deberá tener solo aquellos privilegios acordes a la importancia de su función, por lo que esta deberá estar definida y vigilada en su cumplimiento en la medida correspondiente, por el resto de las ramas del poder de la Sociedad Civil.
- División y organización territorial: partiendo de la integridad
territorial del Estado Español, estado centralista, estado federal o cualquiera que sea la solución decidida, no ha de implicar una desigualdad ante la ley de ninguno de sus habitantes, lo que significa que el marco principal de derechos y obligaciones no puede ser modificado desde ninguna otra parte que no sea el conjunto del territorio. Igualmente, la llamada solidaridad interterritorial no ha de ser excusa para la financiación indefinida de proyectos o subvenciones de una parte del territorio a costa del resto.F. Participación ciudadana
El nuevo sistema que La Sociedad Civil consiga ha de estar basado en eliminar todos los obstáculos para la participación del ciudadano en la vida política, a través de referendums y un sistema de Iniciativas Legislativas Populares que lo permita. Las competencias descentralizadoras del estado deberán desarrollarse lo más cerca posible del ciudadano, para garantizar el control de sus representantes, es decir, deberán desarrollarse a nivel de municipio.G. Financiación de partidos, sindicatos y otras subvenciones con dinero público
La financiación con dinero publico de cualquier agrupación, causa o proyecto, debe considerarse como un atentado contra la propiedad privada si no existe el previo, adecuado y suficiente consentimiento del origen de los fondos, que no es otro que el de La Sociedad Civil y los ciudadanos que la forman.Firmado: España, 1 de junio de 2010Ciudadanos por la democracia
viernes, 4 de diciembre de 2009
En defensa de los derechos fundamentales… ¡solo en internet!
Me entero por desde diversos blogs y redes sociales, de una iniciativa promovida parece ser por Enrique Dans en relación al último desaguisado cocinado en el parlamento Español sobre la Ley de Economía sostenible, en la que han colado como han podido el tema de las supuestas descargas ilegales. Hay también convocada una serie de manifestaciones para las 20h de hoy, hora para la que he programado la publicación de este artículo.
Desde hace un tiempo me he convencido de que si hay alguna causa por que merece la pena seguir, fuera del ámbito personal (familia, trabajo, amigos,…), es la de mejorar el sistema político. Mejorarlo para hacerlo más democrático. Tengo el convencimiento de que una vez el poder no se circunscriba a una serie de despachos de partidos, y dependa más de lo que se trata en un sistema democrático, de la voluntad del pueblo que es el que sufre las consecuencias, este problema que ha originado este movimiento de internautas, y otros muchos, tendrían el camino abierto a su solución desde su origen, es decir, no habría lugar a tener que organizar manifestaciones para defender los principios fundamentales. ¡Los derechos fundamentales!
Si el sistema permite que, por una simple decisión en un parlamento se vulneren estos derechos ¿que clase de sistema es entonces?
Pues bien, con todas las cosas que podrían reivindicarse, como se decía en el artículo anterior: la independencia de los poderes, el aumento de participación ciudadana, el control de los cargos públicos de representación… a este señor y su por lo visto, impresionante capacidad de convocatoria se le ha ocurrido defender los derechos ¡solo en internet!
Cada día hay cosas que entiendo menos. Aquí va el manifiesto, que no se sabe de quien es obra y con el que desde luego, no estoy de acuerdo en algunos matices, pero al menos es un paso. Para empezar el mayor problema que los internautas manifestaban con la aprobación de la nueva ley es que posibilitaba que se cortara el acceso a internet sin decisión judicial, pero no hay por ninguna parte petición alguna para que este poder, sea más independiente, por ejemplo, con lo que nos quedamos casi igual:
Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que...
Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Actualización (7/12/2009): antes se dice, antes corren a proponer solución a la protesta. Se podría aplicar aquello de hecha la ley, hecha la trampa, solo que en este caso la trampa pretenden que la protagonicen los propios jueces, los mismos que interpretan la ley, elegidos y al servicio de los que la hacen. El ínclito Peces Barba, de nefasto recuerdo para las victimas del 11M, vuelve a la carga proponiendo una comisión especial de jueces para cerrar páginas web. Se ha dicho y se vuelve a repetir, mientras no haya independencia de los poderes del estado, y estos no tengan mecanismos para articular su servicio a la Sociedad Civil, todos estos manifiestos no sirven más que para marear al personal, para crear enfrentamiento, y hacernos perder el tiempo evitando ir a por el problema de origen.