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martes, 20 de enero de 2015

Los dueños de la lengua

martes, 20 de enero de 2015

En todas partes hablan su propia lengua, se podría decir. Con sus propias expresiones y su propio vocabulario. Incluso con sus propios verbos, como en Argentina. Lo que evita que surjan lenguas por cada rincón es que sólo algunas de ellas van a tener una literatura importante y sólo algunas gozarán del suficiente impulso social o político para que así sea. Las lenguas se crean cuando alcanzan una entidad cultural y política diferenciada lo suficientemente importante para que esto ocurra.

Puede suceder de forma natural como ocurrió en la península ibérica en los siglos X al XV aproximadamente, o de forma artificial reinterpretando la historia como hacen los nacionalismos desde el Siglo XIX. En España existe cierta polémica respecto a los orígenes del valenciano y del catalán. Las referencias más antiguas a estas denominaciones se han encontrado recientemente en unos documentos que hablan de catalanesc en 1290 y valencianesch en 1343, apenas medio siglo de diferencia. Parte del conflicto reside en otorgar a organismos políticos actuales la oficialidad sobre una lengua en un territorio mayor del que política e históricamente están vinculados. El pretexto utilizado es la existencia previa de registros escritos del latín vulgar en el territorio que hoy se conoce como Cataluña. Es decir, que en Cataluña hablaban la lengua «antes» que en el resto, siguiendo una analogía con la teoría oficial de lo ocurrido en Castilla. El resultado es la creación de unas instituciones de carácter oficial —el IEC— en Cataluña, con autoridad para regular sobre la lengua de los territorios de Cataluña, Comunidad Valenciana y las Baleares. Sin entrar en otros aspectos de este conflicto lingüístico ¿hasta que punto es lógica y admisible esta decisión?

El uso de la denominación de catalán parecer ser una referencia genérica a los condados feudales de Barcelona, Gerona y Osuna —el Principado de Cataluña o la llamada Cataluña vieja—. El término catalán podría referirse a la condición de señores feudales —como en el caso del castellano—, por lo que otros territorios feudales de la Corona de Aragón podrían recibir posteriormente el mismo nombre —Cataluña nueva—. Desde esta perspectiva —entendiendo «catalán» con un significado distinto entonces al de ahora— podría admitirse el uso de este término para denominar al conjunto lingüístico como catalán, incluyendo todos los territorios de la Corona de Aragón. El problema es el uso político que se hace dentro de una especie de plan de construcción nacional, como si una aristocracia venida a menos necesitase inventar nuevas maneras de continuar en su status-quo. Supongamos que hacemos un último esfuerzo y se acepta la denominación de catalán para el conjunto y asignar la autoridad lingüística y cultural a los que hoy ocupan dichas tierras, por ser supuestamente antecesores y fuente de los repobladores. Como «prueba», suele compararse —en una falsa analogía— con la colonización europea del continente americano, y la exportación de la lengua y cultura a aquellas tierras.

Sin embargo, la identificación lingüística de hispanoamérica con la lengua española o castellana es desde sus inicios y actualmente no existe ninguna subordinación política —la lengua es aceptada tal cual aun teniendo legitimidad para cambiarla—. No se ha construido artificialmente siglos después, fuera acertado o no lo que hicieran los colonos españoles. Otro punto que suele no mencionarse es que entre América y Europa hay un gran océano que impedía que hubiera contacto cultural previo, cosa que entre Cataluña, Valencia y Mallorca no es cierto, ni mucho menos. Aún así, el nacionalismo catalanista supedita toda la creación cultural de los territorios que le conviene a la «catalanidad», concepto oportunamente escogido para autoelegirse ellos como la «autoridad». Aun admitiendo en última instancia la tesis catalanista del origen de la lengua, hay contra-ejemplos claros que demuestran que no es correcto supeditar la propiedad de una lengua a los gobernantes de un supuesto territorio «originario». El origen de una lengua no es condición suficiente para adueñarse de ella por toda la eternidad:

El inglés

El inglés proviene de la lengua hablada por diversas tribus germánicas que emigraron a las Islas Británicas, entre ellas las sajonas. Sin embargo, a nadie se le ocurre decir que los ingleses hablan alemán. Ni Alemania reclama ninguna propiedad ni autoridad sobre la lengua hablada mayormente en el Reino Unido. Tal vez este caso no se encuentre válido ya que la divergencia política y lingüística ha sido suficiente como para que se separen. Al ser distintas lenguas no pueden constituirse como un bloque susceptible de ser regulado.

El portugués

El portugués, sin embargo, es considerado la misma lengua que el gallego, formando un bloque llamado galaico-portugués. Por motivos similares, el gallego tuvo que existir antes que el portugués, sin embargo, no recuerdo haber oído decir que los portugueses hablen gallego, ni existe ninguna academia lingüística de gallego que incluya e imponga denominación y normativa sobre Portugal. ¿Por qué? simplemente porque son países distintos y nadie tiene jurisdicción sobre otro. Sin embargo Brasil es un país distinto y a pesar de la distancia, afirman hablar portugués. Bueno, esto es un decir ya que el portugués brasileño es considerado una lengua independiente en la práctica, con una evolución separada.

Servo-croata

Otro caso es el servo-croata. Una misma lengua dividida por la escisión política y la falta de acuerdo entre pueblos vecinos, que internacionalmente recibe la denominación combinada. Buscar el acuerdo y la unión es deseable, pero siempre que sea bajo acuerdo de las partes y no mediante la imposición. Más que nada porque las decisiones tomadas por autoridades no consideradas legitimas por un pueblo, no las van a aceptar, aunque deban obedecer por la fuerza.

Austro-bávaro

Este es uno de los casos más escalofriantes. Resulta que el III Reich decidió que Austria era un pueblo hermano porque hablaban una lengua germánica similar a la hablada en Alemania, el austro-bávaro. Es decir, la lengua era el punto de unión de ambos pueblos, a pesar de que se parecían como un huevo a una castaña. Pero lo más curioso es que no fue porque ambas lenguas tuvieran orígenes cercanos, sino que los nazis decidieron en pleno siglo XX que los austriacos no hablaban austriaco, sino alemán ¿le suena a alguien esta cantinela?

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No parece haber una norma fija. Lo que si que parece claro es que el desarrollo de una lengua es paralelo al desarrollo socio-político de una sociedad. Es como si se estableciera un vínculo entre la sociedad y su lenguaje. Una relación en ambos sentidos. El Dr. José Manuel Blecua, director de la RAE, dice que «los hablantes son dueños de su lengua», en el sentido de decidir qué hacer con ella. Todo depende pues de cómo esos hablantes estén organizados.

Sin embargo, en el otro sentido también existe una influencia. El escritor Juan José Millás dice que «solo somos herramientas del lenguaje, no sus dueños». Desde que aprendemos a hablar, la lengua nos condiciona y seguramente, nos cambia. En definitiva, la lengua es un poder cuyo control todos quieren poseer.

martes, 1 de diciembre de 2009

Ningún político será más que yo

martes, 1 de diciembre de 2009

1984 actualizado Si hay alguna forma de defender la verdad, o la igualdad, es precisamente evitando que estas dependan de un grupo cerrado de personas que toman las decisiones. Todavía más si el acceso a dicho grupo implica el sometimiento a su disciplina interna, limitando por lo tanto la igualdad de oportunidades al establecer de entrada un filtro ideológico y la sumisión a un partido. En la famosa novela de George Orwell, 1984, su autor presenta un escenario distópico con un «Ministerio de la Verdad» a través del cuál se pretende tener un control total sobre el conocimiento de los acontecimientos pasados.

Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado
George Orwell

Según se relata en la novela, la pretensión final es que «La Verdad» dependa del interés de una casta cerrada de gobernantes y por lo tanto, el resultado nada tenga que ver con aquella. Algo parecido ocurre con el igualmente archiconocido Ministerio de Igualdad (igual dá, para los amigos) del gobierno Español, cuya inclusión en el propio nombre del ministerio de aquello que se pretende controlar y asegurar, en función de las teorías particulares de unos tecnócratas o los asesores de vete tu a saber qué, parece que ha de tener un resultado que como muchos nos tememos, no tenga nada que ver con aquello que se aparenta defender.

B. Aido Sin ir mas lejos, parece ser que la igualdad de los españoles de este ministerio consiste en señalar con el dedo a las personas de un determinado sexo, y establecer por ley y por sistema, que su presencia es obligada independientemente de su valía o de sus méritos, probablemente por que no sabrían como evaluarlos ni valorarlos. O lo que es lo mismo, que si fuera por los méritos, dichos gobernantes que toman estas decisiones no estarían donde están, haciendo lo que hacen ni ganando sus desorbitados sueldos, merecidos según el exclusivo criterio de dicha casta gobernante. Independientemente del sexo que sean, por supuesto, y al margen de lo que pensemos usted y yo, a pesar de cobrar gracias a nuestro sueldo.

Esto es lo que les pasa a los que están en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con su reciente apoyo a la campaña Maltrato Zero contra el maltrato doméstico. O bueno, habría que decir más bien, del maltrato de las personas de sexo masculino hacia las de sexo femenino (lo que se conoce incorrectamente como «de género»). El resto de maltratos entre personas que ocurren a diario en dicho ámbito, no tienen cabida en esta campaña.

Seguramente alguien pensará que este sector, el femenino, es el más afectado por la violencia o maltrato entre personas, por su relación afectiva o sexual. Este es precisamente parte del problema, que solo los grupos mayoritarios y por lo tanto, de mayor valor electoralista, son los que preocupan a ese grupo de personas sometidas a la decisión de una cúpula política, que toman las decisiones. En todos los ámbitos, ya sea el social, laboral o político, si no perteneces a un grupo homogéneo que presente un interés electoralista, ya sea organizado o no, solo entonces podrás defender tu dignidad en el ámbito concreto relacionado con el grupo, llegando incluso a poder recibir un sin fin de subvenciones o ayudas, en claro agravio comparativo al resto de personas que tenemos la desgracia de pertenecer a ese otro grupo heterogéneo, diverso y disperso por definición, llamado sociedad civil o también clase media, que ha de ganarse el sueldo día a día con esfuerzo, dedicación y empeño; para que todo este proceso pueda seguir adelante y los demás puedan recibir subvenciones o merecer la atención de campañas mediáticas.

mujer menos yo Ejemplos de estos casos de trato desigual, paradójicamente buscando lo contrario, son la «discriminación positiva» hacia la mujer, hacia algunos colectivos gays o hacia el colectivo de artistas y actores de cine, por poner los ejemplos más conocidos. El origen de este problema es con toda probabilidad la dependencia que los poderes del estado tienen de esa cúpula política formada por las cumbres de las jerarquías de los partidos. Poderes que en teoría, deberían representar la soberanía de esa sociedad civil, que en la práctica, es la más perjudicada con el agravio comparativo y el trato asimétrico.

hombre más yo Tal es así que el eslogan más conocido de la campaña mencionada, promueve un trato asimétrico entre el hombre y la mujer de forma que, tal y como reza dicho eslogan («ningún hombre podrá ser mas que una mujer», y «ninguna mujer menos que un hombre») el hombre si es susceptible de ser menos que la mujer. Todo menos buscar esa igualdad que valdría tanto para unos casos como para otros, y muchos más tan merecedores de esa atención. Puede que el motivo de esquivar este justo y equitativo trato, sea el temor de someterse los mismos que traman este tipo de estrategias, a esa igualdad de oportunidades que deberíamos tener todos los españoles a los cargos que ocupan, o al control de la eficacia en su desempeño, sin tener que pasar por el filtro de un partido.

La otra parte de esta trampa es la de la apelación al sentimiento, el populismo o la demagogia, por la que resulta complicada la critica a este tipo de campañas por el temor a ser tachado de machista, fascista o similares. Es decir, a la discriminación abierta o permitida de una parte de la sociedad civil a otra por expresar una opinión distinta o por tener un sexo distinto, poniendo al publico en general a favor de unas campañas que, por buena intención que en principio estas tengan, acaban constituyéndose en meras imposiciones ideológicas o partidistas. Otro ejemplo de esto fue el famoso «No a guerra» eficazmente promovido por el mencionado y subvencionado colectivo de artistas (actualmente desaparecido a pesar de que continúan prestándose apoyo a conflictos bélicos) por el que al expresar cierto acuerdo favorable al apoyo por parte de tropas españolas a la ocupación norteamericana y británica de Irak, aunque fuera dese un punto de vista geoestratégico, te convertía en una malvado asesino y en un amante de las guerras. De forma similar, el opinar que a una unión civil entre personas de distinto sexo no se le debe llamar matrimonio, te convierte en un repudiado homófobo, a pesar de que la diferencia entre dicha unión y un matrimonio legal pueda ser simplemente nominativa.

Por todos estos motivos y para que los políticos no manejen a su antojo el dinero de los que se supone que representan, para que sus sueldos, sus pensiones, sus dietas, superiores en comparación a los del resto de ciudadanos y que reciben para efectuar dignamente el noble desempeño de representarnos, puedan estar sujetos a control de su eficacia y buen hacer. Para que cualquier ciudadano tenga las mismas opciones de acceder a un cargo publico o de representante, sin depender del favor de los gobernantes. Para que las simples pero fundadas sospechas de corrupción sean suficientes para retirar o deponer a un político de su cargo, sin esperar a la decisión de sus compañeros o jefes de partido, o a una resolución judicial de un «juez amigo». Para que este, el Poder Judicial, esté al servicio de la sociedad civil y no de la casta gobernante.

Por todo esto, propongo la siguiente campaña:

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