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¿Cuál es la comunidad autónoma más productiva? ¿Dónde hay más corrupción? Políticos y medios de comunicación suelen hablar de estos temas en cuanto tienen oportunidad. Los acompañan de titulares impactantes y nuestros representantes nos obsequian con «elocuentes argumentos», para justificar sus acciones. Pero muy pocas veces se hace explicando con cifras y datos adjuntos su origen. En esta ocasión empezaremos la casa por los datos, los ladrillos que deben formar los sólidos cimientos de toda interpretación que se construya.
Productividad y eficiencia
¿Que comunidad es la más productiva? ¿y la más eficiente? ¿donde se aprovecha mejor la superficie y población? Los datos necesarios para poder obtener alguna conclusión sobre este asunto son: PIB, superficie y población, de cada autonomía, en relación al total de España de cada uno de los conceptos mencionados. Este es el resultado: |
Gráfica 1.— Porcentaje de la superficie, población —ordenado por este concepto— y PIB por autonomía respecto del total de España (año 2014) —Fuente: datos [Wikipedia]. Gráfica [elaboración propia]— (pulsar para agrandar)
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En la Gráfica 1 se contemplan por orden de población los tres conceptos mencionados de cada autonomía. Las dos autonomías que más aportan en cifras absolutas al total de España son Cataluña y la Comunidad de Madrid, seguidas a algo más de distancia por Andalucía y la Comunidad Valenciana. Tras un salto, viene a continuación País Vasco, seguida con una diferencia gradual el resto de autonomías. No es sorpresa comprobar como las de mayor población son las que mayor aporte realizan al PIB total de España, sin embargo, como se puede comprobar, Andalucía y la Comunidad de Madrid lo hacen en áreas geográficas muy distintas. Esta circunstancia puede explicarse por el tipo de economía y la densidad de población. En áreas industriales y núcleos urbanos la densidad de población será alta y el PIB también. Aunque también existen otro tipo de economías que pueden aportar también un PIB importante. Es conveniente por tanto establecer una relación entre el PIB y la superficie como medida del tipo de economía.
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Gráfica 2.— Relación entre PIB y superficie por autonomía respecto del total de España (año 2014) —Fuente: datos [Wikipedia]. Gráfica [elaboración propia]— (pulsar para agrandar)
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Como era previsible, el área relativamente pequeña de la Comunidad de Madrid donde se concentran en exclusiva el área urbana, turística e industrializada de la capital de España, es la que mayor PIB por superficie ofrece. Igualmente previsible, el también muy industrializado País Vasco viene a continuación —a una distancia relativamente grande al tener mucha menos población y por tanto, menor PIB—. Al tener mayor área sigue Cataluña, con una economía basada en la industria, el pequeño comercio y el turismo de su capital. Inmediatamente después aparecen las Islas Canarias y Las Baleares, que en un área reducida ofrecen un producto turístico de primer orden mundial. A corta distancia en sexto lugar se encuentra la Comunidad Valenciana con minifundios agrícolas, turismo, pequeñas y medianas empresas, el comercio, y algo de industria. Con la Región de Murcia a la cabeza continúan de forma anodina el resto de comunidades.
¿Alguna conclusión? Me pregunto si cuando se configuró el mapa autonómico se era consciente de esos detalles como para separar a la antigua Castilla en dos comunidades y capital por separado. Castilla-La Mancha y Castilla-León junto con Extremadura, son las comunidades con menor rendimiento económico por superficie. Jugando algo más con las cifras, se comprueba como las cuatro comunidades con mayor PIB representan el 60% del total de España, en tan sólo un 30% de su superficie. Si vamos más allá, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares son un 11% de la superficie de España, produciendo un 31% de su PIB. Andalucía y Comunidad de Madrid representan otro 32%, sin embargo, en un 20% de la superficie total de nuestro país. La diferencia entre este caso y el anterior es que en este se requiere del doble de superficie para producir lo mismo. Además, son territorios no contiguos —Madrid y Andalucía, separados por Castilla la Mancha— y en el anterior caso mencionado —los llamados por el nacionalismo catalán «Países Catalanes»— significan el territorio continuo con mayor productividad en términos absolutos de España, y en términos de PIB por superficie por detrás del artificio de la Comunidad de Madrid. ¿Casualidad?, no lo creo.
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| Gráfica 3.— Comparativa de PIB y superficie entre la tripleta «Cataluña-Valencia-Baleares», Andalucía, Madrid y el resto de España (año 2014) —Fuente: datos [Wikipedia]. Gráfica [elaboración propia]— (pulsar para agrandar) |
Corrupción
Hay corrupción. Y mucha. Esto está claro. El problema surge cuando se habla de ciertas autonomías como «ejemplo» de la corrupción. Lo es porque pueden ser usadas como chivo expiatorio de la corrupción de otros lugares. Como una nueva versión del «y tu más», en la que viene bien señalar a un territorio cuando se habla de este asunto, para evitar señalar los casos que tienes en tu propia casa. Las gráficas a continuación puede que ayuden al lector a extraer sus propias conclusiones.
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Gráfica 4.— Delitos que afectan al bien común combinado con población de la autonomía (año 2013) —Orden alfabético, excepto Ceuta y Melilla. Fuente: datos [INE]. Gráfica [elaboración propia]—. Más información [Sabemos Digital]. (pulsar para agrandar)
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En la Gráfica 4 se visualizan la suma de los delitos que afectan al bien común —escala de la parte izquierda— con la población —columna sobreimpresa amarilla con borde rojo, escala a la derecha— de cada autonomía, ordenadas alfabéticamente. Lo primero que se advierte en cuanto a corrupción, es que la relación entre la cantidad de población y el número de delitos tiene una relación directamente proporcional —a más población, más corrupción—. En números absolutos, la comunidad con mayor casos de corrupción es Andalucía, seguidas de Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, seguidas a mayor distancia por Galicia, Canarias y el resto. Si se compara con la gráfica 1 —ordenada por población— se comprueba como coinciden las primeras cuatro posiciones más relevantes. La segunda conclusión que puede extraerse es que no hay ninguna autonomía que destaque especialmente por sus casos de corrupción en cuanto al número de ellos, teniendo en cuenta el factor comentado de proporcionalidad a su volumen de población —dicho de otra manera, Andalucía tiene mucha más corrupción que el resto, pero también tiene muchas más población, por ejemplo—. No obstante, para afinar más en este sentido se puede establecer un coeficiente que refleje la relación entre estos dos conceptos —corrupción y nº de habitantes—:
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Gráfica 5.— Relación entre nº de delitos que afectan al bien común y el nº de habitantes de la autonomía —Fuente: datos [INE]. Gráfica [elaboración propia]—. Más información [Sabemos Digital]. (pulsar para agrandar)
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En la Gráfica 5 se representan los casos de corrupción por nº de habitante —se han excluido los casos de Ceuta y Melilla que dada su poca población ofrecía un resultado despropor-cionadamente alto— enmascarando de esta manera el factor población. El resultado es que las Islas Baleares es la comunidad con mayor corrupción por habitante, seguidas por Murcia, Canarias, la Comunidad Valenciana y Andalucía, formando un grupo igualado. Seguidamente, en un grupo similar se encuentran varias autonomías entre ellas, Cataluña y Comunidad de Madrid. Tras otro salto, viene Extremadura que encabeza el grupo con menor índice de casos de corrupción por habitante, para acabar en solitario con Aragón. Sólo si comparamos los casos extremos, las turísticas Islas Baleares —visitadas por todo tipo de altos cargos políticos, famosos, dirigentes de mafias internacionales, jeques, etc.— con la noble y baturra Aragón —con la población concentrada en unos pocos municipios importantes y poca actividad turística— se puede encontrar una diferencia significativa, explicada por las circunstancias particulares indicadas, diametralmente opuestas de cada comunidad.
Corrupción y productividad
¿Tienen relación la superficie con la corrupción? ¿la tiene la densidad de población? ¿y el PIB per cápita? A tenor de los hechos estadísticos se ha visto como el aumento de población lleva parejo un aumento de la corrupción en sus representantes políticos, en cifras absolutas. La lógica simple de esta circunstancia es que a más población, más representantes, y por tanto, un mayor número de casos de corrupción en asuntos públicos. Recordando lo realizado hasta ahora, para determinar de forma algo más precisa el grado de corrupción independientemente de si hay más o menos población, se han relacionado ambos conceptos en un nuevo parámetro llamado «corrupción por habitante» —Gráfica 5—. Este índice pretende establecer cuantos casos de corrupción cometen los representantes políticos por cada habitante al que representan.
Ahora bien, parece existir también una relación entre la actividad económica y corrupción. Hay que señalar que en este caso no se trata de relacionar el grado de pobreza o riqueza de la población con el número de delitos. No es la delincuencia social lo que se está pretendiendo medir, sino el grado de delincuencia de la clase política que representa a dicha población. Conociendo esto, es lógico que cuanta mayor riqueza de la sociedad, mayor será lo recaudado por tributos e impuestos, mayores serán las inversiónes y en general, el dispendio monetario de la población. En este escenario cabe esperarse que mayor será la tentación, y por tanto, si los mecanismos de limitación de los políticos son ineficientes o no existen, los casos de corrupción se corresponderán de forma proporcional, como se ha visto. Para establecer el grado de corrupción de forma que un mayor o menor PIB no influya en la valoración, de forma similar al caso anterior en donde se relacionaba corrupción con nº de habitantes, en esta ocasión se hará lo propio entre corrupción y el PIB por habitante —o PIB per cápita—. El resultado se muestra en las dos gráficas siguientes:
Las gráficas anteriores muestran los mismos dos conceptos combinados, pero ordenadas cada una por cada uno de ellos. De esta manera se pueden comparar las diferencias en función de si se contempla la corrupción en función de la cantidad de población o en función del PIB de sus habitantes. Los resultados no muestran ninguna sorpresa a lo comentado: las cinco comunidades donde hay más corrupción, independientemente de cuál de estos dos criterios se utilicen son: Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana. De las 17 comunidades muestreadas, siete de ellas se mantienen en la misma posición relativa en las dos clasificaciones: Murcia (2º lugar), Canarias (3ª), C. Valenciana (4ª), Galicia (7ª), Asturias (8ª), Cantabria (10ª) y La Rioja (13ª). El resto de comunidades intercambian sus posiciones según sea el criterio utilizado: Baleares y Andalucía (puestos 1º o 5º), Cataluña y Extremadura (puestos 6º o 12º). Navarra y Castilla-La Mancha (puestos 9º o 14º), C. de Madrid y Castilla-León (puestos 11º o 16º), País Vasco y Aragón (puestos 15º o 17º).
De todos estas casos tal vez los más significativos sean los dos primeros. Andalucía y las Islas Baleares poseen una diferencias evidentes, en población y en tipo de economía —latifundios frente a turismo—. Salvo Marbella, parece claro que en Andalucía la corrupción obedece a algo más que al turismo desmedido y caro. En el caso de Cataluña y Extremadura ocurre algo similar. Las grandes diferencias de tipología hacen que sea complicado establecer un criterio para «medir» la corrupción de forma cualitativa que sea aplicable por igual, que no dependa de magnitudes absolutas cuantitativas.
Tal vez alguien pudiese pensar que la poca productividad o el poco nivel de riqueza en una comunidad —en definitiva su mala gestión— es debida a sus altos niveles de corrupción. A tenor de los datos parece que no es exactamente así. La deficiente gestión de los recursos de una comunidad están originados por otro tipo de problemas culturales, sociales, orográficos, etc, que no se van a analizar en esta ocasión, pero la corrupción no parece ser uno de ellos, puede que incluso sea al contrario. Bien sea debida a su correcta gestión o por otro tipo de circunstancias favorables, la cuestión es que allá donde hay riqueza acude todo tipo de gente en busca de nuevas oportunidades. Naturalmente la mayoría de ellos lo intentaran de forma honrada, pero inevitablemente y pagando justos por pecadores, habrá gente que no. En definitiva: allá donde hay riqueza saldrán los corruptos existentes y acudirán más. Realmente, esto obedece a una lógica aplastante: las personas faltas de escrúpulos y avariciosas por lograr una riqueza fácil y rápida, acudirán a donde hay posibilidades de lograrla. No lo harán a lugares yermos o poco poblados.
Se puede concluir que: a) las personas son potencialmente igual de corruptas en todos los lados —o existe una cantidad similar de corruptos por doquier—; b) el problema parece inherente a la ineficacia, inexistencia o poca adecuación de los mecanismos de contención públicos. Y c) la variación de corrupción entre unas y otras autonomías responde a circunstancias particulares de cada una de ellas. Estas circunstancias tienen la peculiar característica de que si bien pueden considerarse como positivas —turismo activo, actividad comercial, grandes inversiones, etc—, en la práctica, parece que constituyen —paradójicamente— un handicap por el cuál las comunidades con mayor actividad económica han de padecer un mayor abuso de sus gobernantes.
Alguien podría argumentar que falta relacionar el nivel de los cargos públicos afectados, ya que, ciertamente, no es lo mismo que delinca un funcionario, que lo haga el presidente de la comunidad. El problema es que tampoco suscita el mismo interés político ni mediático, lo que provoca que se convierta en objetivo político destapar unos casos y ocultar o ignorar otros. Dado el carácter subjetivo de esta circunstancia, el análisis político que merece se deja para otra ocasión. Para otro momento también merecería ser tratado con dedicación especial la relación entre la economía sumergida con estos factores, ya que se ha estimado que esta puede corresponderse con un 20% del PIB total de España, lo que podría cambiar sustancialmente las estimaciones realizadas en este estudio.
Recordatorio: no se trata de justificar la corrupción en una u otra comunidad, sino justamente al contrario, no utilizar a una de ellas como justificación de la corrupción en el resto, o para ocultar las carencias del sistema político.
NOTA: algunas cantidades utilizadas se han debido re-escalar para poder ajustarse en magnitud junto con otras variables en las gráficas, pero sin que afecte a la relación entre ellas.
Ahora bien, parece existir también una relación entre la actividad económica y corrupción. Hay que señalar que en este caso no se trata de relacionar el grado de pobreza o riqueza de la población con el número de delitos. No es la delincuencia social lo que se está pretendiendo medir, sino el grado de delincuencia de la clase política que representa a dicha población. Conociendo esto, es lógico que cuanta mayor riqueza de la sociedad, mayor será lo recaudado por tributos e impuestos, mayores serán las inversiónes y en general, el dispendio monetario de la población. En este escenario cabe esperarse que mayor será la tentación, y por tanto, si los mecanismos de limitación de los políticos son ineficientes o no existen, los casos de corrupción se corresponderán de forma proporcional, como se ha visto. Para establecer el grado de corrupción de forma que un mayor o menor PIB no influya en la valoración, de forma similar al caso anterior en donde se relacionaba corrupción con nº de habitantes, en esta ocasión se hará lo propio entre corrupción y el PIB por habitante —o PIB per cápita—. El resultado se muestra en las dos gráficas siguientes:
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| Gráfica 6.— Gráfica combinada de corrupción por habitante (año 2013) y por PIB per cápita (año 2014) ordenadas por el primer concepto —Fuente: datos [INE] y [Wikipedia]. Gráfica [elaboración propia]— (pulsar para agrandar) |
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| Gráfica 7.— Gráfica combinada de corrupción por habitante (año 2013) y por PIB per cápita (año 2014) ordenadas por el segundo concepto —Fuente: datos [INE] y [Wikipedia]. Gráfica [elaboración propia]— (pulsar para agrandar) |
Las gráficas anteriores muestran los mismos dos conceptos combinados, pero ordenadas cada una por cada uno de ellos. De esta manera se pueden comparar las diferencias en función de si se contempla la corrupción en función de la cantidad de población o en función del PIB de sus habitantes. Los resultados no muestran ninguna sorpresa a lo comentado: las cinco comunidades donde hay más corrupción, independientemente de cuál de estos dos criterios se utilicen son: Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana. De las 17 comunidades muestreadas, siete de ellas se mantienen en la misma posición relativa en las dos clasificaciones: Murcia (2º lugar), Canarias (3ª), C. Valenciana (4ª), Galicia (7ª), Asturias (8ª), Cantabria (10ª) y La Rioja (13ª). El resto de comunidades intercambian sus posiciones según sea el criterio utilizado: Baleares y Andalucía (puestos 1º o 5º), Cataluña y Extremadura (puestos 6º o 12º). Navarra y Castilla-La Mancha (puestos 9º o 14º), C. de Madrid y Castilla-León (puestos 11º o 16º), País Vasco y Aragón (puestos 15º o 17º).
De todos estas casos tal vez los más significativos sean los dos primeros. Andalucía y las Islas Baleares poseen una diferencias evidentes, en población y en tipo de economía —latifundios frente a turismo—. Salvo Marbella, parece claro que en Andalucía la corrupción obedece a algo más que al turismo desmedido y caro. En el caso de Cataluña y Extremadura ocurre algo similar. Las grandes diferencias de tipología hacen que sea complicado establecer un criterio para «medir» la corrupción de forma cualitativa que sea aplicable por igual, que no dependa de magnitudes absolutas cuantitativas.
Conclusiones
Un sistema político por el cuál se elige y controla a unos representantes debería tener en cuenta algunos aspectos básicos de la condición humana para prevenir estos problemas. Sin embargo, nuestro ineficiente, fraudulento y defectuoso sistema político parece pensado en la práctica más para caer en las numerosas tentaciones a las que todo cargo público ha de enfrentarse, en lugar de al contrario. Y estas tentaciones serán mayores, cuanta más riqueza exista en una comunidad. En líneas muy generales, las comunidades con poca población, con poco turismo o con poca actividad económica en general, tienen menos corrupción que el resto.Tal vez alguien pudiese pensar que la poca productividad o el poco nivel de riqueza en una comunidad —en definitiva su mala gestión— es debida a sus altos niveles de corrupción. A tenor de los datos parece que no es exactamente así. La deficiente gestión de los recursos de una comunidad están originados por otro tipo de problemas culturales, sociales, orográficos, etc, que no se van a analizar en esta ocasión, pero la corrupción no parece ser uno de ellos, puede que incluso sea al contrario. Bien sea debida a su correcta gestión o por otro tipo de circunstancias favorables, la cuestión es que allá donde hay riqueza acude todo tipo de gente en busca de nuevas oportunidades. Naturalmente la mayoría de ellos lo intentaran de forma honrada, pero inevitablemente y pagando justos por pecadores, habrá gente que no. En definitiva: allá donde hay riqueza saldrán los corruptos existentes y acudirán más. Realmente, esto obedece a una lógica aplastante: las personas faltas de escrúpulos y avariciosas por lograr una riqueza fácil y rápida, acudirán a donde hay posibilidades de lograrla. No lo harán a lugares yermos o poco poblados.
Se puede concluir que: a) las personas son potencialmente igual de corruptas en todos los lados —o existe una cantidad similar de corruptos por doquier—; b) el problema parece inherente a la ineficacia, inexistencia o poca adecuación de los mecanismos de contención públicos. Y c) la variación de corrupción entre unas y otras autonomías responde a circunstancias particulares de cada una de ellas. Estas circunstancias tienen la peculiar característica de que si bien pueden considerarse como positivas —turismo activo, actividad comercial, grandes inversiones, etc—, en la práctica, parece que constituyen —paradójicamente— un handicap por el cuál las comunidades con mayor actividad económica han de padecer un mayor abuso de sus gobernantes.
Alguien podría argumentar que falta relacionar el nivel de los cargos públicos afectados, ya que, ciertamente, no es lo mismo que delinca un funcionario, que lo haga el presidente de la comunidad. El problema es que tampoco suscita el mismo interés político ni mediático, lo que provoca que se convierta en objetivo político destapar unos casos y ocultar o ignorar otros. Dado el carácter subjetivo de esta circunstancia, el análisis político que merece se deja para otra ocasión. Para otro momento también merecería ser tratado con dedicación especial la relación entre la economía sumergida con estos factores, ya que se ha estimado que esta puede corresponderse con un 20% del PIB total de España, lo que podría cambiar sustancialmente las estimaciones realizadas en este estudio.
Recordatorio: no se trata de justificar la corrupción en una u otra comunidad, sino justamente al contrario, no utilizar a una de ellas como justificación de la corrupción en el resto, o para ocultar las carencias del sistema político.
NOTA: algunas cantidades utilizadas se han debido re-escalar para poder ajustarse en magnitud junto con otras variables en las gráficas, pero sin que afecte a la relación entre ellas.
