Mostrando entradas con la etiqueta fraude. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta fraude. Mostrar todas las entradas

miércoles, 14 de enero de 2015

Voto en blanco / Voto nulo

miércoles, 14 de enero de 2015

El voto en blanco se suele interpretar como un apoyo al hecho electoral en sí mismo, pero manifestando disconformidad o apatía con las opciones que se presentan, o con el método de elección. Un deseo de participar en las elecciones políticas, dejando que sea la mayoría la que decida. Pero esta opción de voto, en la práctica tal y como está planteado en el actual sistema español, tiene el efecto «colateral» de modificar los margenes mínimos necesarios para obtener representación parlamentaria, con unas consecuencias que pueden resultar inesperadas, por lo perjudiciales para los partidos minoritarios. De alguna manera, es otra más de las incoherencias del sistema.

Supongamos un electorado que decide hacer uso del voto en blanco pensando que de esta manera fortalece el sistema democrático. Estaría formado por las siguientes intenciones de voto:

Ejemplo 1

  • 80% de votos en blanco
  • 20% de votos a tres opciones políticas repartidas de la siguiente manera:
    • 10% opción A
    •   6% opción B
    •   4% opción C
Suponiendo un mínimo necesario del 5% para obtener al menos un diputado, únicamente las opciones A y B lograrían representación parlamentaria —la farragosa aplicación de la Ley d'Hont es irrelevante en este caso—. Si sólo un 1% de los que han votado en blanco hubiera votado a la opción C, podría haber sido esta situación:

Ejemplo 2

  • 79% de votos en blanco
  • 21% de votos a tres opciones políticas repartidas de la siguiente manera:
    • 10% opción A
    •   6% opción B
    •   5% opción C
De esta manera, se pasa de una situación dominada por el partido A en la que el partido C no tendría ni un sólo escaño, a otra en la que una coalición entre B y C tendría opciones de gobernar —la dichosa Ley d'Hont favorecería no obstante en el reparto a A—. Y esto sólo con un 1% de votos. Si se traslada este mismo ejemplo al parlamento real de España, los 350 escaños actuales se llenarían con la representación obtenida del 20% restante según el ejemplo 1. Si eliminamos el mínimo necesario para obtener un escaño —un 5%— se quedaría en un 15% aproximadamente, que corresponde solo a los partidos que han superado el mínimo necesario según la ley, para obtener representación. Si ese electorado vota siguiendo la pauta hasta ahora, es decir, con dos partidos mayoritarios ocupando el 85% de los escaños, se correspondería con un 12,75% de ese 15%, no quedando margen electoral para los partidos pequeños, al no haber porcentaje suficiente. Los dos partidos mayoritarios ocuparían el 100% de los escaños del parlamento. Con estos ejemplos se intenta mostrar cómo influyen los resultados electorlaes y su reparto en el Congreso una vez aplicado el filtro del mínimo electoral. ¿Y el voto nulo? En el ejemplo siguiente se puede ver cómo influye esta opción:

Ejemplo 3

En este caso se introduce la opción de «voto nulo». Supongamos que la sociedad hace uso de ella como otra similar al voto en blanco, y lo hace con una proporción del 60% en blanco y 20% nulo, quedando el resto de votos a partidos exactamente igual que en el ejemplo 1:
  • 60% de votos en blanco (75% de votos válidos)
  • 20% de votos a tres opciones políticas repartidas de la siguiente manera:
    • 10% opción A (12'5% de votos válidos)
    •   6% opción B (7,5% de votos válidos)
    •   4% opción C (5% de votos válidos)
  • 20% de votos nulos
En este caso, como parte de los votos no cuentan en el total —los votos nulos, que se cuentan únicamente en la urna— los porcentajes de votos válidos se modifican, pasando el partido «C» de no obtener representación parlamentaria a sí tenerla, quedando de nuevo con opciones a formar coalición con el «B», sino fuera porque de nuevo la Ley d'Hont favorecería a la Opción A. En cualquier caso, se observa cómo el uso del voto nulo tiene una repercusión práctica completamente distinta al voto en blanco, más coherente y manteniendo el mensaje de disconformidad con las opciones que el sistema presenta. Por añadidura, se visibiliza la magnitud de dicha postura, cosa que no ocurre con la abstención.

Los partidos minoritarios tienen el problema de estar muy dispersos. El sistema actual basado en partidos permite que existan un número ilimitado de estos, sin embargo, debido en la práctica a la limitación del 5%, la mayoría de ellos no lograrán su objetivo. De esta manera, el uso del voto en blanco favorece la cesión del poder político a las opciones más tradicionales, conservadoras, radicales y sectarias que concentran un mayor número de votos. El voto en blanco y el voto nulo tienen un significado «simbólico» similar, pero con repercusiones prácticas completamente diferentes

Para intentar paliar estas aberraciones, surgió la opción de Ciudadanos en Blanco —ahora Escaños en Blanco— , por la cual en lugar de hacer uso de dicho voto, con esta alternativa política los apoyos obtenidos se convertirían en asientos vacíos, reflejando de forma más veraz —teóricamente—, el sentir ciudadano.

Dejando la exactitud de las cifras por un momento y como conclusión, el voto en blanco es un voto válido, y como tal, se contabiliza, modificando de esta manera los mínimos necesarios para obtener representación aumentándolos, por lo que las opciones minoritarias son perjudicadas.  Cuanto mayor uso se hace de él, mayor es la penalización al resto de opciones alternativas. Hasta no hace mucho poca gente era plenamente consciente de las consecuencias de estas alternativas electorales. En el resto de casos, lo que comúnmente se entiende como una opción de «voto neutro», se contamina y convierte escondido entre porcentajes, en una trampa política.

lunes, 12 de enero de 2015

El fraude electoral

lunes, 12 de enero de 2015
¿Se vota en España a partidos o a personas? ¿es adecuado el sistema político para las costumbres del electorado español? ¿intenta paliar los vicios o por el contrario, se aprovecha de ellos?

En las pasadas Elecciones Generales del 9 de Marzo de 2008, el PSOE/PSPV presentaba en la Comunidad Valenciana a Dña. Mª Teresa Fernández de La Vega como candidata «por Valencia», que posteriormente se convertiría en vicepresidenta. Para llegar hasta ello, tuvo que empadronarse forzosamente en dicha provincia (municipio de Beneixida), ya que no era este su domicilio habitual.

El supuesto gancho de esta política de origen valenciano se utilizaba para atraer al público de dicha provincia, de forma que con sus votos contribuyera a la victoria de su partido. A pesar de que se acudía a un electorado concreto para obtener de ellos su confianza, no prometieron ni garantizaron que el escaño obtenido estaría al servicio de representar a dichos electores. Finalmente de La Vega obtuvo su escaño, como sabemos, a pesar de no ganar en su distrito electoral. 

Lo excepcional y forzado de toda esta estrategia —que tenía como objetivo recuperar el electorado de una comunidad que dejó de elegirles hace décadas— denota que el votante español no tiene en cuenta normalmente a quien vota, sino la ideología o la imagen artificial y mediatizada construida para el candidato a presidente del gobierno, que normalmente es el que se presenta por la circunscripción madrileña —mezclando elecciones legislativas con las del ejecutivo—.

Para que un sistema político funcione hay que tener en cuenta tanto los factores formales —los referentes a sus aspectos teóricos— como los sociales —definidos por la habilidad del electorado en hacer uso de sus herramientas democráticas—. Estas carencias tanto las formales en el sistema democrático español como los vicios de la sociedad, se realimentan entre sí, formando un circulo vicioso que puede resumirse así:
  1. El sistema lo propicia (no existen candidaturas independientes, las listas son cerradas, no hay independencia de poderes, etc.)
  2. Por la idiosincrasia del ciudadano español (falta de cultura democrática, sectarismo, nacionalismos, etc.)
Tal vez pudo parecer adecuado en su momento —en la Transición— la elección del sistema actual, pero más de 30 años después las cosas se ven de otra manera: porque la situación política ya está superada, por que la sociedad no es la misma y además, porque la supuesta necesidad de acoplar el sistema a dichas condiciones político-sociales del momento, han desembocado en una serie de incoherencias.

Independencia de los gobernantes

El mandato imperativo es una figura política por la cuál —a grandes rasgos— los representantes han de rendir cuentas ante los ciudadanos que los eligen. Existen varias formas de aproximarse a esta situación ideal, que van desde la propia elección directa de los representantes hasta mecanismos de revocación de mandato.

En España está expresamente prohibida en la Constitución de 1978 esta herramienta, con el pretexto de garantizar la «independencia» de los diputados. Lejos de lograr este objetivo, esta medida eliminaba la responsabilidad de los políticos con los ciudadanos, abriendo las puertas a que esta responsabilidad lo fuera para con su partido. En efecto, tras todas estas décadas no sólo el diputado no es independiente, sino que ha acabado siendo una marioneta ideológica de su partido.

Reparto de escaños

En el sistema político español el reparto de escaños se realiza en función de la poco proporcional Ley d'Hont como método, se dice que con la intención de favorecer la formación de gobiernos fuertes y a las opciones políticas que tengan mayor apoyo local o regional. Esta técnica tendría cierta lógica si los ciudadanos tuviéramos un control efectivo sobre los que ocupan los asientos en el parlamento y sobre todo, si el tamaño de las circunscripciones fuera equivalente, de forma que la premisa «una persona, un voto», se cumpliese.

En lugar de ello, los partidos ocupan todo el escenario de las campañas electorales. El candidato «cabeza de lista» por Madrid aparece en las vallas publicitarias de toda España y en los colegios aparecen sus listas en las papeletas con las grandes siglas de partido en la cabecera, mientras que los candidatos que las componen son meros números, nombre inocuos, títeres de partido cuya principal función es la de rellenar.

Suponiendo que los electores voten pensando en los partidos, el reparto se decide por el apoyo a una determinada lista de personas en una zona geográfica determinada, cuando en realidad se está votando un programa ideológico con aplicación en todo el Estado.

Si se decide votar en función de los candidatos tal y como el sistema aparenta permitir, para empezar nos tenemos que contentar con la lista puesta por el partido, tanto en orden como en composición. En cualquier caso, los que finalmente acaben en el parlamento dependerán de los votos logrados por las listas en otras circunscripciones. Total, para que luego ni se acuerden de quienes les han puesto ahí.

En definitiva, el problema no consiste solamente en las listas cerradas o la mayor o menor proporcionalidad, sino que se sigue un criterio engañoso. Por un lado se tiene un entramado de listas, candidatos y circunscripciones que nadie tiene en cuenta a la hora de decidir su voto, pero que sin embargo, son decisivas a la hora de definir el mapa representativo. En la práctica se tiene un parlamento dividido en facciones ideológicas monolíticas en forma de partidos, donde quien manda, son sus cúpulas directivas y otros intereses ajenos a los electores.

[Una versión de este artículo se público en el blog Centro de Estudios sobre Democracia el 31 de julio de 2008]