Información y realidad

Porque para conocer la realidad que nos afecta día a día en nuestras vidas y poder tomar decisiones, es necesario tener información sobre ella. 

Porque para tener información es necesario tener tecnología y canales libres de comunicación, sin filtros, sin censura. 

Porque para tener estos canales es necesario que la sociedad tenga los mecanismos para garantizarlos y acceder a ellos con un mínimo de igualdad. 

Porque para que la sociedad tenga estos mecanismos de control es necesario un sistema político que lo permita.

Por ello, no hay más remedio que interesarse por la política.

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¿Monarquía o República?

La Historia de España, sobre todo la más reciente, ha marcado de tintes ideológicos cada uno de estos conceptos, siendo muy complicado evitar la asociación monarquía-derecha/república-izquierda. Sin embargo, repúblicas como los Estados Unidos o Alemania, difícilmente se pueden asociar exclusivamente a la izquierda. El problema, pues, parece ser interno.

Para que la sociedad pueda decidir sobre este asunto, sería conveniente resolver primero esta confusión. Que se den estas asociaciones tan simplistas aún hoy en día, es seguramente reflejo de un problema endémico que se arrastra. Nunca se ha hecho frente a esta disyuntiva, ya que cada vez que ha surgido una nueva constitución o ha caído una monarquía, las cosas han venido dadas para el pueblo.

Éste, se ha encontrado con tener que aceptar noblezas aristocráticas en las monarquías, o castas oligárquicas en las repúblicas. Nuestro problema no es realmente la forma de Estado, sino el llevar arrastrando una sociedad basada en el caciquismo. Quitar a un rey para poner en su lugar a una «estirpe» de políticos que va a ocupar el cargo de máxima autoridad del Estado, sin que existan mecanismos de control y equilibrio que regulen un poder idéntico al de un monarca, no hace más que continuar el problema.

La Transición es otro más de esos pasos inacabados en los que determinados poderes volvieron a decidir por el pueblo en lo más importante. El Rey cumplió un papel fundamental en aquel periodo histórico, en el que según dicen algunos expertos, la sociedad no estaba capacitada tras el sufrimiento de más de 40 años de enfrentamiento en la Guerra Civil y el resentimiento de la dictadura, todavía sin superar. Y probablemente fuese cierto.

Pero pasados ya más de 30 años desde entonces, nunca parece estar preparada la sociedad, ni se hace nada para que así sea. Mientras en otros países la monarquía no es más que un recuerdo del pasado, en España el motivo principal para justificar esta institución continúa siendo el mismo: que la sociedad «necesita» la figura de un Rey.

El problema surge cuando esta institución se ve envuelta en escándalos bochornosos y su «función» parece consistir en aprovecharse de la ignorancia en la que se mantiene a la sociedad, a la que debería servir.

No se trata de discutir sobre la forma de Estado, ni de dudar de la importancia que en el pasado tuvo la figura de la monarquía. Se trata de identificar y solucionar aquellas trabas que impiden que la sociedad tenga la madurez suficiente como para poder decidir. La misma madurez que hace que esta figura, de una vez por todas, deje de ser necesaria.

Nota: este texto se redactó hace pocos días para colaborar en un proyecto de graduación, a petición de  una de sus participantes (antes de los recientes sucesos relacionados con la Infanta Cristina). 
Más información en: woMet - Metropolitan Women's Magazine (@wo_Met)

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Una democracia para España (II)

Viene de Una democracia para España (I)

Formas de implementar la democracia existentes

Sistema mayoritario

• Es el sistema clásico y se basa en la representación por distritos, de forma que los candidatos que obtienen mayoría de votos en cada uno de ellos obtienen representación.
• Existe en los EUA, Reino Unido y Francia, entre otros.
• Según los teóricos en política es el más representativo, debido a que pese a perjudicar a partidos minoritarios y minorías étnico-culturales dispersas, establece una relación entre el político y el electorado que otorga una democracia de gran calidad y reduce significativamente el poder de los partidos. Con este sistema obtienen mayor presencia en los parlamentos los partidos cuyos políticos son del agrado de una mayoría, así como los partidos cuyos seguidores están localizados en distritos concretos.
• Gracias a esta relación entre representantes y representados, que permite a aquellos conocer las inquietudes de estos, en la mayoría de estados de los EUA es habitual la celebración de numerosos referéndums. Se podría decir que, aún con todos los defectos que para mucha gente padece la sociedad norteamericana, poseen un sistema que les dota de gran soberanía ya que sus ciudadanos pueden presentarse a las primarias organizadas por el propio Estado, pueden elegir a sus representantes directamente, e incluso pueden revocarles el mandato legislativo gracias al sistema llamado recall. Esta capacidad recibe el nombre de «mandato imperativo», a diferencia del «mandato representativo» existente en Francia y Reino Unido en donde la capacidad de revocación esta eliminada o reducida.

Fig. 01: esquema simplificado del sistema mayoritario (fuente: elaboración propia)

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Ciudadanos que ponen a un Estado en alarma y los agravios comparativos.

Es probable, que las reivindicaciones de los controladores aéreos sean injustificadas y exageradas. Es probable, que sean unos privilegiados y que su trabajo no merezca dichos beneficios. Pero, lo que me ha molestado siempre profundamente son los agravios comparativos.

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MANIFIESTO CIUDADANO

Los ciudadanos de España, por encima de ideologías e intereses personales, encontramos necesario un cambio en el sistema político actual que posibilite de la mejor forma el gobierno por parte de la Sociedad Civil. Resulta evidente que el actual sistema aprobado en referéndum en 1978, se encuentra viciado y genera desconfianza constante y palpable entre la población. De este modo, entendemos que no cumple satisfactoriamente con su función principal y acarrea graves problemas de todo tipo debido a la falta de legitimidad y representatividad. Es claro que tanto las acciones del Ejecutivo como las del Legislativo responden más a estrategias políticas de los partidos que las diseñan, que a necesidades de la Sociedad Civil, ocasionando gran tendencia a la corrupción en casos de cohecho, prevaricación, tratos de favor, desigualdad, privilegios desorbitados, etc, al no existir mecanismos de control ni independencia de los poderes democráticos.

Encontramos igualmente necesario que el sistema político que sustituya al actual, así como el proceso de transición correspondiente, han de ser decididos y asimilados por la Sociedad Civil. Para ello, deberá existir un autentico y necesario debate entre toda la sociedad, incluyendo a las fuerzas políticas, la Corona, jerarquías eclesiásticas y a cualquier otro grupo, sindicato, colegio profesional, asociación o movimiento, que deberán dejar a un lado por un momento sus intereses particulares, ideologías y creencias, para colaborar o al menos no impedir, el inicio de un proceso constituyente mediante la creación de una asamblea formada por representantes elegidos directamente, que deberán estar cualificados para poner sobre la mesa las soluciones necesarias y así la Sociedad Civil pueda asimilarlas y elegirlas, sometiéndolas a aprobación popular en referéndum.

Con la mirada puesta en el futuro y deseando dejar lo mejor para las futuras generaciones, como ciudadanos civilizados que creen en los sistemas legales y que respetan el legado que sus antepasados nos dejaron, pero sin dejar de observar sus defectos, entendemos que la Sociedad Civil ha de agotar, mientras sea posible, todos los trámites legales que le permitan ejercer su soberanía en la formación y elección de dicha asamblea. Este proceso ha de implicar la aprobación de un Periodo Constituyente que tenga como fruto la disolución de las Cortes y la formación de una Asamblea Constituyente, principalmente en base a los artículos 167 y 168 de la actual Constitución Española de 1978.

El método que se propone a continuación de elección de los representantes de dicha Asamblea y de los asuntos a tratar en ella, puede que cause recelos en una gran parte de nuestros conciudadanos, pero es necesaria una reforma representativa para que no se oxide el engranaje de nuestro sistema democrático. Tras más de treinta años de una partidocracia dominada por las luchas entre partidos, que han infectado y dividido al conjunto de la sociedad, será necesaria una gran labor de diálogo, sin que deba interpretarse como una debilidad ni como falta de convencimiento, pero sí de una muestra de convivencia pacifica y voluntad cívica.

Los ciudadanos que apoyamos este manifiesto proponemos los siguientes aspectos fundamentales:

A. Periodo Constituyente

Previamente a la formación de la Asamblea Constituyente y durante un periodo de 12 a 18 meses de transición que tendrá como objetivo dar tiempo a la Sociedad Civil a perfilar la base de las futuras instituciones democráticas y a debatir las decisiones políticas; se elegirán y definirán los siguientes conceptos:

1. Delegados provinciales: representantes por los actuales distritos provinciales, los cuales en coordinación permanente, definirán el futuro mapa de los distritos electorales.
   
2. Distritos electorales: tendrán un censo aproximado de 100.000 habitantes y se constituirán procurando grupos heterogéneos de población, de tal manera que se garantice la representatividad.
   
3. Candidaturas a los distritos: los aspirantes se darán a conocer a los ciudadanos, manteniendo reuniones con ellos a través de foros vecinales, deportivos, universitarios, etc. Los partidos irán engrasando la maquinaria para la nueva realidad electoral.
   

B. Asamblea Constituyente

Para que los representantes que finalmente compongan la Asamblea Constituyente merezcan tal consideración, se proponen las siguientes condiciones óptimas:

1. Elección libre y directa de los representantes por distritos mayoritarios uninominales, a doble vuelta
   
2. Sometimiento de las decisiones tomadas a los necesarios referéndums vinculantes en circunscripción única.
   
3. Candidaturas abiertas e independientes, tanto de ciudadanos como de representantes de los partidos políticos.
   

Cualquier otro sistema distinto al propuesto implicará una menor representatividad objetiva. La circunscripción única para la aprobación definitiva, debe evitar que la presencia de territorialidades afecten al conjunto. Finalizado el proceso constituyente la Asamblea se disolverá, quedando definidos en una nueva Constitución los aspectos a continuación.

C. Representación de la Sociedad Civil

Para que las instituciones del Estado articulen los mecanismos de representación de la Sociedad Civil de forma que se defienda lo siguiente:

1. Representatividad
2. Igualdad ante la ley
3. Defensa de los derechos individuales del ciudadano frente a los posibles abusos de las mayorías

Se divide el poder en tres ramas independientes con atribuciones distintas y con la misión de que cada una vigile el cumplimiento de la otra en la noble tarea de la representación civil: legislativo, ejecutivo y judicial.

D. Independencia de los poderes

1. Legislativo: es el máximo órgano de representación social. Confecciona y aprueba el marco legal. Se elegirá de forma similar a la Asamblea Constituyente:
   
   1. Elección libre y directa de los representantes por distritos mayoritarios uninominales, a doble vuelta.
      
   2. Sometimiento del representante a la revocación de su cargo, a través del mecanismo que se decida.
      
   3. Candidaturas abiertas e independientes, tanto de ciudadanos como de representantes de los partidos políticos.
      
   4. La división por distritos electorales será tal que garantice la representación y la igualdad.
      
2. Ejecutivo: gobierno y representación internacional dentro del marco legal definido por el legislativo. El Jefe del Ejecutivo y/o el Jefe de Gobierno, deberá ser elegido de forma independiente al Legislativo en distrito mayoritario único uninominal a doble vuelta.
   
3. Judicial: aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley. Los órganos superiores del Poder Judicial serán elegidos por la parte de la Sociedad Civil perteneciente al mundo jurídico (jueces, abogados colegiados, catedráticos de derecho, oficiales de Juzgado, policía judicial, etc.) en base a criterios de mérito y excelencia.
   

E. Forma de Estado

1. Jefatura del Estado: deberá resolverse de una vez por todas el debate entre la Monarquía y la República, decidiéndose en referéndum libre tras el periodo constituyente. Independientemente del resultado, el Jefe del Estado deberá tener solo aquellos privilegios acordes a la importancia de su función, por lo que esta deberá estar definida y vigilada en su cumplimiento en la medida correspondiente, por el resto de las ramas del poder de la Sociedad Civil.
2. División y organización territorial: partiendo de la integridad
   territorial del Estado Español, estado centralista, estado federal o cualquiera que sea la solución decidida, no ha de implicar una desigualdad ante la ley de ninguno de sus habitantes, lo que significa que el marco principal de derechos y obligaciones no puede ser modificado desde ninguna otra parte que no sea el conjunto del territorio. Igualmente, la llamada solidaridad interterritorial no ha de ser excusa para la financiación indefinida de proyectos o subvenciones de una parte del territorio a costa del resto.

F. Participación ciudadana

El nuevo sistema que La Sociedad Civil consiga ha de estar basado en eliminar todos los obstáculos para la participación del ciudadano en la vida política, a través de referendums y un sistema de Iniciativas Legislativas Populares que lo permita. Las competencias descentralizadoras del estado deberán desarrollarse lo más cerca posible del ciudadano, para garantizar el control de sus representantes, es decir, deberán desarrollarse a nivel de municipio.

G. Financiación de partidos, sindicatos y otras subvenciones con dinero público

La financiación con dinero publico de cualquier agrupación, causa o proyecto, debe considerarse como un atentado contra la propiedad privada si no existe el previo, adecuado y suficiente consentimiento del origen de los fondos, que no es otro que el de La Sociedad Civil y los ciudadanos que la forman.

Firmado: España, 1 de junio de 2010

Ciudadanos por la democracia

(La Sociedad Civil -
http://lasociedadcivilesp.blogspot.com)

Adhesión al manifiesto

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Los Tres Poderes

Normalmente, los poderes del estado que han de representar la soberanía de la sociedad civil, reciben los clásicos nombres de Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Sin embargo, los tres poderes que hay en España son:

1. Poder político:
   • Administración o funcionariado
   • Justicia
   • La Corona
   • Partidos políticos, sindicatos, y otras asociaciones o agrupaciones relacionadas (de victimas, Nunca Mais, los de «la ceja», etc.)
   • La Iglesia (la Católica, claro)
   • Colegios profesionales tradicionales (abogacía, médicos, telecos, arquitectos –principalmente–)

2. Poder mediático: que se pelearán a ver a quien le hacen más la pelota a los anteriores, ya que de lo contrario, les pondrán todas las dificultades legales que puedan y harán todo lo posible para que sean expropiados o cerrados , dando para ello la excusa que mejor convenga según el momento.
   
   • Prensa
   • Radio
   • TV

3. Poder económico: los que acordarán sustanciosos contratos con cualquiera de los anteriores, para promocionar y apoyar sus proyectos a cambio de tratos de favor, en detrimento del resto de empresas más modestas aunque más numerosas, dejando al resto de ciudadanos en general en claro agravio comparativo.
   • Bancos
   • Multinacionales
   • Energéticas
     

Si estás en alguno de los grupos anteriores, dependerá de ti que es lo que quieras hacer y por lo que quieras luchar o reivindicar, pero si no estás relacionado con alguno de ellos, por ejemplo, si no eres gay ni inmigrante (colectivos de interés populista para el poder político), si no eres un artista que ha logrado caerle en gracia a alguno de los poderes anteriores, si eres trabajador de una pequeña o mediana empresa o eres autónomo…

Entonces, si deseas ser una persona emprendedora y ser valorada más por tus méritos o por tus ideas comerciales que por tus enchufes o amigos, o deseas que así sea valorado todo el mundo; si deseas ser tan solo un ciudadano independiente, la base de la sociedad civil en un sistema democrático; entonces en cualquiera de estos casos estimado compañero, entonces estás jodido.

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El caso Gürtel (ahora ya en serio)

¿Son los casos de corrupción destapados en la Comunidad Valenciana y conocidos como caso Gürtel, tan excepcionales o distintos a lo que ocurre habitualmente en el resto de comunidades? ¿No parece transmitirse que es así, que «huele mal» y es necesario hacer limpieza de una vez?

No todo lo que se cuenta en la prensa es lo que es. Más aún si la prensa está sometida a un estado de partidos en donde la democracia se entiende como una lucha sin cuartel por llegar al poder, un poder sin trabas ni poderes independientes y sin participación ciudadana. Y más todavía, si de lo que se trata puede desestabilizar la imagen de un partido cara a sus electores. Y todavía más aún, si es en una comunidad autónoma en la que desde hace años gana un partido político determinado sin que haya alternativa. Y todavía más aún con diferencia si esa comunidad es un objetivo claro de un pancatalanismo que tiene sometida a la izquierda nacional española en concreto, y al gobierno central en general.

De las comunidades con mayor Producto Interior Bruto (PIB), las de Cataluña y Valencia representan un 28,4% del PIB Español. Si le añadimos las Islas Baleares es un 30% aproximadamente. Estas tres comunidades contiguas geográficamente, poseen un enorme valor estratégico por concentrar un tercio de la capacidad de riqueza del Estado Español, en una superficie de apenas un 12% del mismo. Se puede decir que no hay una configuración territorial continua que produzca más en menos espacio.

Sin pretender en estos momentos realizar una exhaustiva explicación del pancatalanismo, queda bastante claro cuales son los verdaderos orígenes de la enorme querencia que los nacionalistas catalanes experimentan por esta comunidad autónoma. Pero ¿cuales son los impedimentos para que esta unión se materialice? Bien, en Islas Baleares que no ha ganado nunca el PSOE, con el tiempo se ha conseguido que el proceso vaya tomando forma aún a pesar de gobernar el Partido Popular y algunas estrategias se van realizando como la de la normalización lingüística, elemento clave en el proceso. Sin embargo en la Comunidad Valenciana que parecía que iba a ser coser y cantar con las victorias del Partido Socialista las tres primeras convocatorias, resulta que a partir del año 1995 fue el Partido Popular el que las ha ido ganando una tras otra. Tal vez los valencianos no estén muy de acuerdo con ese proceso «unificador» en los términos que se pretenden, aunque estoy seguro que esto les importa bien poco a los estrategas pancatalanistas. Pues esa es la actual situación desde hace años, en hacer pasar por el aro al igual que lo lograron en las Islas Baleares, al Partido Popular al frente del gobierno de la Comunidad Valenciana. Esta comunidad autónoma, mientras el nacionalismo catalanista y su vinculación con la izquierda exista, será objetivo político por el mencionado valor estratégico.

Solo teniendo en cuenta esta situación se pueden entender las maniobras mediáticas y políticas que se están desencadenando, cuyas consecuencias pueden ser insospechadas para los que las traman, ya que al no tener nada especialmente denunciable que no sea la misma corrupción que está presente en todas partes, en todos los partidos, y desde hace tiempo, se desestabiliza todo el sistema representativo y partidocrático. Se denuncia la corrupción, y se hace uso de un sistema judicial cuya legitimidad se pone en entredicho, pero la alternativa que se da a entender no es una mayor imparcialidad, mayor independencia o mejor funcionamiento de este, sino la alternancia política, es decir, «dejar que me ponga yo para poder hacer lo mismo cuando me parezca».

Para ello, una de las tácticas habituales es la de utilizar la influencia sobre el gobierno central para llevar a la práctica todos estos objetivos. Por pura estrategia electoralista, al que actualmente ocupa La Moncloa le parece estupendo destapar lo que se pueda sobre el partido de la oposición y de paso evitar así hablar de la crisis, del paro o de las bajas en la guerra de Afganistán, antes que hacer frente a su responsabilidad. De esta forma se saca a la luz lo que ya sabíamos: que los políticos se pegan una vida de puta madre a a costa del dinero de los ciudadanos, con cochazos de lujo, despachos alucinantes, sueldazos tremendísimos, clubes de alterne, y elecciones a dedo de empresas de amiguetes o de las que se cobra una comisión. 

Pero en los últimos días, la actividad política y mediática parece olvidarse de todo lo que ocurre y ha ocurrido en la casta política en general, como si ya estuviera solucionado y no hubieran más responsabilidades políticas, como si el mal olor no viniera de «más arriba» en la jerarquía, o como si no fuera el propio sistema de elección y control de los representantes políticos el que funcionara mal; y la prensa española sea escrita o visual se estrena día si y día también con este caso relacionado con un único partido (el de la oposición, por supuesto), y en una comunidad autónoma (la del valor estratégico nacionalista y electoralista)

La diferencia es que en esa comunidad autónoma en la que hay algo «que huele tan mal», en lugar de hundimientos de barrios enteros, hundimientos de túneles de tren que afectan a viviendas de particulares o apagones gigantescos con perjuicios a miles de ciudadanos (aunque ya ha pasado el tiempo conveniente para que la gente no se acuerde), hay un parque de atracciones (no muy rentable, eso si), una Ciudad de las Artes y Las Ciencias que es la envidia de media Europa y atractivo turístico de primer orden (que está costando un ojo de la cara y cuyo arquitecto se está forrando literalmente mientras que hay barrios que permanecen desatendidos), por no hablar de la reforma de la zona portuaria (el segundo de España por detrás de Algeciras y por delante de Barcelona) para la Copa América y el Circuito de Fórmula Uno. No es por nada, pero no hay color.

Y todo este tinglado está teniendo el curioso efecto boomerang de estallarles en la cara no solo al partido que actualmente gobierna en la Comunidad Valenciana objetivo del proceso, si no a la clase política en general, ya que ahora se desvela que hasta el propio Zapatero ha tenido algo que ver con el beneficio a las empresas relacionadas en esta trama. Por añadidura, los intentos por solucionar el asunto en una especie de huida hacia delante para salvar el culo y que caigan otros, y pretendiendo apartar de la misma forma que los eligieron (a dedo) a los diputados y concejales involucrados, evidencian las deficiencias de todo el sistema representativo ya que el diputado tiene derecho a conservar el acta que le define como tal hasta finalizar la legislatura, a pesar de ser expulsado del partido. De esta forma, los responsables últimos siguen siendo los jefes de partido que gracias al poder que un incongruente sistema de representación les otorga, regalan unos escaños a gente irresponsable sin poderles exigir ningún tipo de reciprocidad ni deber ante el electorado. Hagan lo que hagan para salvar la carita los jefes de partido, los ciudadanos nos tenemos que comer con patatas a sus chupópteros descarriados.

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España: marzo de 2004

El 11 de septiembre de 2001, menos de tres años antes de la fecha que abre el título de este artículo, la mayoría de ciudadanos de todo el mundo observamos atónitos como un par de aviones comerciales se estrellaban contra los tal vez, edificios económicos más emblemáticos y representativos del capitalismo del mundo, y de a la vez, nación más poderosa del mismo.

La indefensión y pánico por la que es imaginable pasarían los desdichados pasajeros de los aviones, o la visión de gente del interior de los edificios que prefieren lanzarse al vacío a una muerte segura, antes que pasar por otra igualmente certera pero tal vez más horrible aún a causa del fuego; son una conjunción de factores que no pueden ser considerados como simples hechos traumáticos: conmoción, sorpresa, temor, desconcierto. Los esquemas hasta ese momento habituales, en cuanto al orden establecido, a la seguridad, a la falta de enemigos que occidente y su máximo representante había dejado de tener desde que cayera la antigua Unión Soviética, parecía que se desmoronaban al mismo tiempo que lo hacían ante nuestros alucinados ojos, las Torres Gemelas.

¿Qué clase de mundo estábamos construyendo y dejando a nuestros descendientes? Puede que pensase mucha gente. Desde algunos foros y medios de comunicación el panorama que anunciaban era el de una guerra entre occidente y el nuevo enemigo a batir: el fundamentalismo islámico terrorista, y a los que les apoyan. Otros esperaban la reacción del Jefe del Ejecutivo del país violentado, un polémico presidente George W. Bush que poco después invadiría Iraq, escogiendo para ello el motivo que más les convino, fuera cierto o no, y que a la postre no lo fue.

Todo lo relacionado con el trágico y brutal atentado en Nueva York, está rodeado de extrañas circunstancias. Se ha hablado de una conspiración, en la que el propio George W. Bush podría estar implicado, sospecha a la que también ha contribuido el polémico director de cine Michael Moore, con su película Fahrenheit 9/11. Lo que es indudable en cualquier caso, es el impresionante carácter mediático de los sucesos, llegándose a definir los mismos como un episodio de hipnosis colectiva, al modo de un espectáculo televisivo.

Pero dejando a un lado todas estas cuestiones misteriosas; seguramente irresolubles para la mayoría de ciudadanos y que lo único que parecen conseguir es la distracción de otros problemas más importantes; hay algo que a pesar de ser muy verificable y que afecta de lleno a estos, ha pasado desapercibido para la mayor parte de la sociedad, o al menos, no suele ocupar una parte importante en los debates sobre el tema. Algo que comenzó a gestarse en aquellas fechas y se padeció en España tres años después: la utilización política (y electoralista en el caso español) de un crimen.

Nótese que no se refiere el asunto a la participación o implicación en el crimen, sino en la postura que se tenga ante él. Y al decir postura se refiere a la forma de actuar y lo que se demuestra con ello, no a las grandilocuentes y demagógicas declaraciones a las que nos tienen acostumbrados nuestros políticos y medios de comunicación.

Tras el atentado del 11S ¿al lado de quien se colocaba cada uno? ¿era suficiente una discrepancia con la cultura o la sociedad norteamericana, o con su dirigente George W. Bush conocido ya en aquel entonces antes de Irak por sus abusos bélicos, para manifestar cierta conveniencia de cualquier tipo por estos atentados? ¿aporta algo útil a la valoración política de una legislatura, la voluntad de uno o unos asesinos, que de esta forma se convierten en inadvertidas herramientas criminales al servicio de una ideología?

La respuesta a estas preguntas va a depender seguramente mucho según de la sociedad en cuyo seno se hagan. En sociedades tribales primitivas, o en aquellas en donde no se han superado algunos episodios violentos como una Guerra Civil, y en las que la aniquilación del contrario como método político no se ha llegado a desterrar del todo, existirá en mayor medida quien piense, aunque sea para sus adentros: ¡ya era hora que alguien le bajara los humos a estos norteamericanos!

En España salieron muchos de estos demonios a la luz, debido a las similares por trágicas circunstancias del atentado en Madrid, el 11 de marzo de 2004. La implicación española en la guerra de Irak, merced al apoyo que Aznar manifestó con el envío a dicho país de tropas de apoyo logístico, convirtió la cuestión de la autoría del atentado en un elemento potencialmente clave desde un punto de vista electoral, como si los cuatro años anteriores no fueran suficientes para evaluar la gestión, y el capricho asesino de un grupo de descerebrados fundamentalistas, tuviera que ser el que lo decidiera. Seguramente ellos, políticos y medios de comunicación, conscientes de que tras 30 años de la partidocracia a la que nos habían sometido, la sociedad española no había aprendido realmente apenas nada de lo que implica una democracia y temerosos de la influencia que en los electores pudiera tener el atentado —algo que en una sociedad madura no debería ocurrir jamás— corrieron a la desesperada a lanzar titulares, emitir comunicados, y realizar llamadas telefónicas en donde se insinuara la participación de ETA, o directamente se emitieran falsas e infundadas noticias sobre terroristas suicidas en el atentado, que nunca existieron.

Manifestaciones el día de la jornada de reflexión del 13 de Marzo de 2004, delante de uno de los partidos participantes de dichas elecciones, y que había estado al frente del gobierno en la legislatura anterior realizando las labores legales de representación que el sistema político le permitía, merced a la mayoría absoluta que disfrutaba gracias a los votos que los electores le dieron en su día. No había crimen, todo era legal, aunque la labor de gobierno y sobre todo de representación haya sido desastrosa. Sin embargo, las declaraciones o denominaciones de «Aznar asesino» o «PP terrorista» fueron habituales durante aquellos días y los años siguientes aún hasta nuestros días, mientras se ha tenido que oír como se le llamaba a alguien como Otegi, que no ha tenido tapujos en mostrar su apoyo a grupos terroristas, hombre de Paz.

Según este escenario, tras un atentado terrorista los culpables no eran los criminales que lo habían perpetrado, eran en cambio unos políticos que, para bien o para mal, habían realizado las labores que su cargo les permitía. El culpable no era tampoco el sistema político que lo sustentaba, a pesar de la evidencia. De esta forma, el asesinato se convertía en elemento de propaganda electoral, asunto que no parece haberles desagradado a los que les ha beneficiado, y del que se aprovecharon en su día todo lo que pudieron.

Los medios de comunicación, especialmente entre ellos el Grupo Prisa, debieron de continuar con sus experimentos sociológicos, y unos meses después de aquel lamentable marzo de 2004 que ha significado un cambio en la historia de España y la constatación del fracaso de la transición, en septiembre, nos sorprendía a los que estábamos en sus listas de correo con una repugnante campaña publicitaria:

La muerte de unas 3000 personas se utilizaba tranquilamente para una campaña de promoción. Pero claro, es que los 3000 muertos eran gringos (sic). Afortunadamente, el experimento no les fue muy bien, y tuvieron que pedir perdón por esta campaña unos días después, dando todo tipo de escusas gratuitas. No obstante, el partido que desde entonces desempeña la labor de gobernación (y sus medios afines, como el citado) y a falta de conocimiento para hacer otra cosa, ha tenido que rentabilizar al máximo lo que interpretaban como un factor clave que les hizo volver al poder: la utilización política del atentado del 11M.

De esta forma, se ha tergiversado, falseado y mentido, sobre las noticias relacionadas sobre el sumario y el posterior juicio. Con un sumario en cuyas fuentes se había eliminado de forma completamente irregular toda referencia a ETA, motivo por el cuál esta no podía aparecer y por tanto, imposible realizar cualquier tipo de juicio sobre su participación o su ausencia. A pesar de ello en algunos diarios, entre ellos EL PAÍS, se afirmaba en uno de sus titulares que el tribunal descartaba al citado grupo terrorista, lo que no puede ser cierto por los motivos explicados. Lo importante es transmitir una idea, independientemente de su veracidad, algo que desde luego no es propio de un medio de comunicación, sino más bien de un instrumento de propaganda política.

La implicación aunque fuera indirecta en el atentado, no es conveniente desde un punto de vista político. Se anteponen de esta forma los intereses partidistas a los de esclarecer el trágico suceso. Toda la pantomima política se vendría abajo como un castillo de naipes, si se admitiera que la banda terrorista ETA aparecía por algún sitio aunque fuera tangencialmente, desmontando de esa forma un elemento clave en su estrategia electoral. Si a esto se le añade la muy apresurada destrucción de los trenes que contrasta de forma espectacular con la practica habitual en la investigación de un desastre aéreo, por ejemplo, no queda otro camino que desconfiar, no del gobierno tan solo, sino del mismo sistema político que permitió los abusos del anterior presidente, y que permite los del actual.

Más información:  

• Sentencia completa juicio 11M
• Blog Investigar el 11M

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El sistema de partidos: estudio de alternativas (2ª parte)

viene de: estudio de alternativas (1ª parte)

En el artículo anterior se mostraban algunas de la opciones que se podrían considerar en un sistema político para lograr aumentar la democracia, que a tenor de lo comentado no es de otra forma que aumentando la participación ciudadana. Un sistema basado especialmente en el gobierno por parte de representantes, siendo la única posibilidad del ciudadano para valorar su acción, la de votar que sean unos u otros cuando estos digan y a quienes estos digan, ya que no es posible elegir quienes son esos unos ni esos otros, ni lo que han de hacer o decidir, dando igual si lo hacen regular, mal o muy mal (que lo hagan bien ya se da por descartado), difícilmente puede ser democrático. Aunque quien sabe, dada la última tendencia a deformar el significado de las palabras. Pero entonces, si se desea mantener dicho significado fiel a los que la idearon, en un alarde de estoica heroicidad ¿donde quedarían los partidos políticos en este esquema?...

Los partidos

Para ser sinceros, un sistema basado en los representantes y que pretenda ser democrático, adolece de un defecto de base: la financiación. Desde el momento en que, el que tiene más dinero para promocionarse podrá llegar a más gente, y por lo tanto, resultar del agrado de una mayor cantidad y tener más opciones para ser elegido representante, el principio de igualdad inherente a una democracia queda al menos, alterado.

La solución española de financiarse a través del estado en función del número de votos obtenidos, es como permitir a los presos que se guarden ellos mismos la llave de la celda, sobre todo si una vez con el dinero, no existe apenas transparencia con lo que hacen, ni que decir tiene si llegan al gobierno. No es solución.

Teniendo en cuenta lo expuesto, un grupo de ciudadanos libres pero con ideologías afines, es decir, que coinciden en lo básico pero no desean renunciar a su libertad ideológica, podrían unirse y así co-financiarse y hacer frente a esos magnates. De esta forma la sociedad civil, a través del asociacionismo político podría competir en igualdad de condiciones frente a cualquiera. Nótese que no se ha hablado de escaños, ni votos ni nada por el estilo que tenga que ver con las instituciones del estado. Este debería mantenerse al margen, o en todo caso, intervenir para garantizar que el funcionamiento de esos partidos es democrático y sus cuentas completamente transparentes.

Naturalmente, en un sistema partidocrático, desear que un partido intente funcionar internamente como una democracia, es como pedirle peras a un olmo. Lo único que puede y debe funcionar democráticamente es la sociedad civil, y los partidos lo harán en la medida en que el sistema dependa de esta, y no de los partidos.

Por lo tanto, hasta que la sociedad civil no aprenda a organizarse democráticamente, logre arrinconar a los partidos tradicionales (y a los que aspiran a serlo), y una vez con el estado ya en posesión de la sociedad civil deje entrar a los partidos bajo las condiciones explicadas; no llegará la democracia. Jamás. Así que señoras y señores, vayan poniéndose a remojo, que hay para rato.

Independencia de poderes

Algo muy importante en toda democracia, más aún en la medida que sea representativa, es la independencia de los poderes. Nada de lo comentado aquí podría ser de verdadera utilidad si no existiera un poder independiente que vigilara por ejemplo, que las propuestas aceptadas incluso en referéndum democrático, no vulneran ciertos derechos individuales, aunque sea el de un solo individuo (p.ej.: la libertad religiosa, de expresión, etc.). De no ser así, el paso de una democracia a una dictadura de la mayoría¹ sería casi inmediato, y los despropósitos podrían ser de verdadero escándalo. Este tal vez haya sido el fallo que llevara a las repúblicas españolas a su histórico fracaso.

Enlaces relacionados

• Constitución de Suiza (1999)
• Constitución de España (1978)

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(1) «Estas virtudes, sin embargo, sólo están presentes si el gobierno elegido democráticamente no excede sus funciones específicas. El poder ilegítimo "corrompe" cualquiera sea el origen de los mandatarios. Para esta corriente de pensamiento, entonces, la dictadura de la mayoría adolece de los mismos defectos que el absolutismo monárquico, y no es en esas circunstancias una herramienta idónea para asegurar la paz social» GALLO, E. Notas sobre el liberalismo clásico. [en línea]. Pág, 252-253. Documento PDF disponible aquí> [acceso: 12 jul 2019]

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El sistema de partidos: estudio de alternativas (1ª parte)

viene de: estado de la cuestión

La alternativa a un sistema de partidos es naturalmente, si se desea acercarse a la democracia, un sistema basado en el ciudadano, es decir, en las personas.

No es intención la de valorar el sistema político desde el punto de vista malo/bueno, parámetros en última instancia meramente subjetivos, pero si que lo es el averiguar cómo puede ser más democrático.

En este sentido, para aumentar el nivel de la misma es necesario caminar en una dirección tal de forma que el ciudadano tenga de nuevo; acercándose a la antigua Grecia o sin irse tan lejos ni en el tiempo ni en el espacio, a la misma Suiza, Francia o Reino Unido; el protagonismo que se merece.

No es intención de esta bitácora el dar una respuesta detallada, porque esa respuesta no la ha de decidir uno solo. Es un asunto de una comunidad política, en este caso, de los españoles. No por sentir el nacionalismo español correr por su venas, o el ardor guerrero rezumar por el pecho, sino simple y llanamente por formar parte de una comunidad de ciudadanos regidos a través de las instituciones de un estado de siglos de antigüedad.

No somos suizos, ni americanos, ni franceses, ni británicos. Ni todos somos del mismo cantón o comunidad. Por eso que cada pueblo, culturalmente hablando, tendrá su idiosincrasia a la hora de organizarse. No ha de haber una sola solución. Sin embargo, para poder decidirlo democráticamente, serán necesarios unos mínimos:

El ciudadano como protagonista

Suponiendo que el ciudadano desee ser el protagonista y dueño de la dirección que tome la sociedad civil a la que pertenece y forma, aspecto nada baladí y muy alejado de la realidad dado el panorama actual, algunas de las herramientas de las que debería disponer para ello podrían ser las siguientes:

Presupuesto participativo

Una de los mecanismos básicos de decisión de los ciudadanos es poder participar en aquellas acciones que se toman en las que se hace uso de su dinero. El lugar natural de esta herramienta democrática es en el seno de los municipios, en donde el gasto publico responde a las necesidades más cercanas. Al ser estas decisiones dependientes de la voluntad de los ciudadanos, la «tendencia» a «favoritismos» por parte del pequeñísimo circulo de dirigentes que actualmente manejan los designios municipales, se vería seriamente reducida.

Referéndum

Para que el ciudadano sea de nuevo el protagonista, mayoritariamente todas las decisiones que afecten a la sociedad deberían ser decididas por esta, mediante referéndum. Por poner un ejemplo, gracias a este wiki llamado Ballotpedia (traducido como la Wikipedia de las boletas electorales o boletopedia)¹, es posible navegar por entre las páginas oficiales de los estados y sus instituciones, y comprobar los cientos y cientos de propuestas, convocatorias y sus respectivos resultados de votaciones, que se celebran allende el océano, en los tan criticados Estados Unidos de América.

Para el caso español, se podría en las convocatorias electorales actuales (municipales, autonómicas y generales) ofrecer al ciudadano en las mismas, la posibilidad de decidir todas las cuestiones que le afecten directamente mediante una papeleta adicional correspondiente a los referéndum². Y así de esta forma las necesidades sociales no serían objeto político y electoralista de los partidos, que ofrecen soluciones diseñadas para únicamente contentar a la parte más afín o soliviantar a la contraria, sin que por ello signifique solución alguna necesariamente. Para ello tan solo es necesario que la alternativa sea peor todavía.

Otra opción no excluyente en el sentido de que podría combinarse con las anteriores, sería la de la democracia electrónica. Mediante esta opción, el uso del DNI electrónico y los servicios adecuados, el ciudadano podría participar de diferentes formas en las decisiones de gobierno, durante las legislaturas. Un inconveniente o dificultad de esta medida, sería precisamente el de la necesidad de dotar a los ciudadanos de la identificación electrónica pertinente, así como de un acceso a Internet, bien sea en el domicilio o en otro centro adecuado.

Iniciativa legislativa popular

Naturalmente, para que esto funcione, ha de ser necesario que las propuestas puedan ser presentadas por ciudadanos, sin necesidad de pertenecer a ningún partido, debiendo existir para ello métodos viables de admisión de propuestas ciudadanas. En España³, la Ley correspondiente no es más que un artificio que no sirve para nada, ya que el parlamento puede rechazar sistemáticamente todas las propuestas si es menester, para continuar en sus cómodos asientos. Por mencionar un caso práctico, en Suiza⁴ si bien el número de firmas necesarias es comparativamente mayor que en el caso de España, el parlamento está obligado por ley a deliberarla y votarla. En caso de desaprobación, ha de proponer una contrapropuesta que junto a la iniciativa de partida, serán sometidas a referéndum popular. Es decir, que toda iniciativa popular es o bien aprobada, o sometida a votación por parte de todos los ciudadanos.

Es importante señalar el papel de los representantes, que como en el ejemplo citado pueden elaborar propuestas mejores y específicas para cada problema, ya que se les supone una mejor preparación. Pero ¿y si no es así? ¿y si no demuestran tal capacidad? ¿merecen entonces a estar en ese puesto más que cualquier otro ciudadano?...

Los representantes

Asumiendo que la necesidad de la existencia de los representantes políticos es inevitable, se tendrá que buscar la forma de que, con la intención de lograr el mencionado protagonismo ciudadano, los representantes se constituyan en verdad como tales, sin que ello signifique siempre que se logre el objetivo al completo.

Por este motivo, y sin entrar a valorar y analizar la extensísima variedad de sistemas de elección y representación, la cuestión es que debe existir una relación entre cada una de las porciones del electorado o circunscripciones electorales, con cada uno de los representantes, de forma que sea elegido y sometido a algún tipo de aprobación durante la legislatura. En definitiva, contemplar la posibilidad de revocación de cargos.

En España y a causa del sistema de partidos, la moción de censura resulta sumamente ineficaz, principalmente por el mismo problema que se viene comentando: es el parlamento controlado por los partidos, y no los ciudadanos, los que deciden. Por lo tanto, las mociones de censura, salvo casos extremos, están condenadas al fracaso una vez se lograr los acuerdos parlamentarios. De esta forma, un diputado o un presidente del gobierno, pueden permanecer en su puesto tan solo llegando a acuerdos a puerta cerrada con el resto de dirigentes de partidos.

En relación a estas cuestiones existe el concepto de Mandato Imperativo, por el cual un representante tiene la obligación legal de someterse continuamente a la voluntad política de sus electores. No es frecuente encontrarlo, sin embargo hay alternativas que hace que su presencia no sea tan necesaria. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Suiza en donde no existe dicho precepto, al tener el parlamento tan poco poder respecto al pueblo, este puede por iniciativa popular tal y como se ha descrito, proponer la destitución de algún representante.

Actualmente, lo máximo que se contempla por las principales fuerzas políticas llamadas reformistas, es la de cambiar el sistema electoral para dar mayor peso a una circunscripción única, o dicho de otra forma mejorar la proporcionalidad respecto al conjunto del electorado. Además de esto, se propone la existencia de listas abiertas, en lugar de las cerradas actuales.

Que duda cabe que estas propuestas significarían un aumento de la «coherencia» del sistema, en el sentido de evitar la demencial desproporción entre circunscripciones que provoca que el valor del voto sea distinto, en función del número de escaños asignado a la circunscripción electoral y a la obligatoriedad de tener que elegir a una lista de candidatos cerrada, resultando una extraña mezcla entre un sistema mayoritario y otro proporcional⁵. No obstante, esta mejora no iría en la dirección de lograr un aumento de la democracia, sino tan solo de que los distintos partidos se repartan de otra forma el poder, facilitando que aparezcan con mayor fuerza otros grupos políticos actualmente discriminados (por ejemplo, Izquierda Unida o UPyD) y aumentando el multipartidismo, lo que no significa como se ha comentado, que aumente de la misma forma la democracia.

En todo caso, si a la opción de listas abiertas se sumara la de candidaturas independientes (con algún filtro adicional a determinar), se lograría al menos que la ocupación de los escaños dependiera mucho más de la decisión de los ciudadanos, acentuando la responsabilidad personal de los representantes de servir al ciudadano. De esta forma y al contrario que en la actualidad en España, los diputados que ocuparan los escaños habrían sido decididos por elección directa de los ciudadanos y su permanencia en dicho asiento dependería de estos, los cuales lo valorarían directamente en función de su labor de representación, y no de la lealtad a la jerarquía de su partido, en caso de pertenecer a alguno.

continúa en: estudio de alternativas (2ª parte) 

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(1) Visto en el blog El Rincón de la Libertad

(2) Las propuestas de presupuesto participativo y papeleta de referéndum, vistas en el blog Ciudadano en Blanco

(3) LEY ORGÁNICA 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular

(4) Incitativa Legislativa Popular (ILP) en Suiza. Más información sobre la ILP en la wiki de Evolución Democrática

(5) El maquiavélico sistema electoral español. [Artículo de EL País].

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