Más allá del derecho a decidir

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¿Hasta donde podemos decidir sobre lo que nos rodea? ¿podemos decidir de qué color pintamos la escalera del rellano? ¿podemos decidir poner un muro en la terraza para guardarnos un trocito? ¿puede una parte de un autobús decidir el destino «independientemente» de lo que decida el resto? ¿pueden los ciudadanos de una parte de un estado decidir que se quedan con ella? ¿es lo mismo un referendum sobre una decisión que hacerla realidad? ¿tiene sentido apelar a la democracia al mismo tiempo que se ignora el marco político dónde se desarrolla, tenga o no defectos? Se oye muy poco sobre las preguntas que realmente se deberían hacer. Cada uno de los bandos continua con su visión particular, reavivándose unos a otros, anclados a sus posturas hasta llegar al actual punto. Cada uno con su parte de razón, que usa para justificar su mentira. Siendo ambas posturas, curiosamente, complementarias.

El diagnóstico del independentismo

Hay una parte, en efecto, en la que el independentismo acierta, pone el dedo en la llaga y sabe que es ahí donde ha de incidir una y otra vez, ya que saben que el «enemigo» elegido no va a aceptar su verdadera condición. Este contrincante está formado por los poderes tradicionales que han gobernado y gobiernan en España, algunos desde hace siglos: la monarquía, la Iglesia y los bancos. Desde aquí se propagan hacia la sociedad a través de monopolios energéticos y de comunicaciones —sectores declarados estratégicos desde el franquismo y que continúan siéndolo gracias a las «puertas traseras»— y asociaciones políticas como partidos o sindicatos, instituciones monolíticas cerradas, la mayoría de ellas con un alto grado de verticalidad y fuerte jerarquía —salvo algunos partidos de aparición reciente—.

El enemigo —o espejo donde mirarse—

Los poderes que gobernaron España tras la Guerra Civil se acostumbraron desde entonces a ser la máxima autoridad. La sociedad española de la época estaba educada bajo un régimen social jerarquizado y vertical, siendo el cabeza de familia la autoridad de nivel básico —en lugar del ciudadano— quedando el resto de la familia relegada a su voluntad. De esta manera, las reivindicaciones sociales no tenían cabida en sus mentes fijas y básicas. Aún así, empujados por la presión interna de la sociedad que reclamaba un cambio político, pero sobre todo, por la presión internacional encabezada por unos Estados Unidos encargados de remodelar la nueva Europa que se quedaba tras la Segunda Guerra Mundial, fueron los que «apadrinaron» el inicio de un proceso de transición. De esta manera los poderes «tradicionales» aceptaron a regañadientes y sin dejar ni una sola de sus convicciones ideológicas, dejar entrar a otras opciones y ceder a algunas concesiones. Así el PSOE y el PC dejaron la clandestinidad y pasaron a ser compañeros de los poderes clásicos. Así mismo, el llamado «café para todos» dio paso al sistema pseudo federal autonómico, un quiero y no puedo cargado de incoherencias y asimetrías, culminado en la actual Constitución de 1978. Esta era teóricamente un punto de partida para que la sociedad pudiera por si misma continuar el proceso, pero nos hemos quedado en el limbo, en una transición política permanente que no acaba de cuajar.

El sistema

España se gobierna desde entonces por un sistema que si bien cuenta —contaba— con la aceptación mayoritaria tanto del propio pueblo como reconocimiento internacional, con el tiempo se ha visto que minimiza y desvirtúa la participación del ciudadano, tanto para elegir representantes como para el reparto de escaños. Además, la legislación para recoger iniciativas populares no es útil en la práctica. En definitiva, está muy alejado de los principales países de su entorno como Francia, Alemania, Gran bretaña incluso Italia —ni hablar ya de Suiza o de los países nórdicos—. Un sistema que como se nos dijo desde el principio, estaba ideado para crear «mayorías sólidas» que pudieran gobernar sin obstáculos. Aún con todo, el sistema alberga la posibilidad de que el pueblo, una vez mínimamente organizado, pueda modificarlo. Han tenido que pasar varias décadas para lograr que por fin esa gobernabilidad que no era otra cosa que potestad e impunidad para ordenar decretazos, tuviera su freno mediante la única opción posible que es la de un partido político diseñado —teóricamente— para tal fin. Por supuesto, los poderes aquellos, los «de siempre», no les cabe en la cabeza que su posición privilegiada otorgada por «derecho divino» pueda cambiar.

Huida hacia adelante

Pero precisamente por esto, todos los nacionalismos sean del color que sean, se definen precisamente por la creencia en un dogma abstracto al que le conceden total supremacía. Concepto bajo el que supeditan todas las demás cuestiones. Para que la jerarquía gobernante pudiera continuar lamiendo las mieles del poder, tuvo que adaptarse la situación y dejar que otras jerarquías locales tuvieran mayor poder de actuación. En definitiva, como ocurre otras veces cuando de manera no vigilada o bajo intereses distintos a los de representar a la sociedad, la ausencia de un poder conlleva la aparición de otro, no necesariamente mejor. El nacionalismo «españolista» fue sustituido por otro «catalanista», más local, más cercano indudablemente, pero igual de autoritario aunque no tuviese un ejército detrás. Esta dejadez o irresponsabilidad por ignorar un problema que tal vez no entendían pero les permitía continuar privilegiados, permitió que las élites catalanistas a través del modelo autonómico y el reparto de escaños, tuvieran el poder legal suficiente como para controlar los poderes públicos, educación y medios de comunicación para así, diseñar un modelo de sociedad catalana basada en «la integración del acto contestatario dentro de los ritos de la vida social» (Enric Gonzalez,  El Mundo, 27-08-2017)

La solución mágica

En esta situación a mi también me gustaría independizarme de España. Tienen gran parte de razón los independentistas cuando hablan en estos términos. A una parte de mi le gustaría cerrar los ojos y que al volverlos a abrir nada de esto fuera así. Me gustaría decir una palabra mágica, algo así como «voy a votar que quiero ser independiente» y que todos estos problemas desapareciesen. Me gustaría poder decir «que se pare España que me bajo». Pero a otra parte de mí sabe que esto no es más que una fantasía, que los problemas hay que hacerles frente, haciendo uso de las herramientas existentes, que son pocas, pero existen. Y si no existen, se fabrican. En lugar de seguir este camino, en Cataluña se ha gobernado durante décadas siguiendo las mismas pautas, colocando como fuente de todos los males siempre al mismo protagonista y sin proponer ni una solución. Diseñando un modelo basado en la creación de un enemigo imaginario en el sentido de que no es enemigo de la sociedad catalana, sino enemigo de la sociedad misma, un problema que compartimos todos los españoles pero que en Cataluña se ha utilizado para justificar una posición privilegiada de una clase dirigente local, que no es mejor que ninguna otra e igual de mala que cualquiera que usa mentiras para pretender legitimarse y a enemigos escogidos como culpables de todo y así evitar la obligación de proponer soluciones.

El día después [actualizado 6/oct/2017]

Los actos del propio día de esa pantomima llamada «autoreferendum» y los de los días posteriores definen la actual situación esperpéntica. Por un lado, a esa jerarquía autoritaria que sólo conoce como solución aplicar la fuerza coactiva del estado, ya sea para vigilar a punta de pistola a controladores aéreos como para impedir algo que por ilegal y absurdo que fuere, era completamente inofensivo. Por otro, a unos estrategas mediáticos que han manipulado a su población para poner delante de policías que cumplen ordenes a ciudadanos, incluidos niños y ancianos. En resumen, la orden de enviar a la policía fue un completo error, por capacidad y respaldo legal que tuvieran para hacerlo. Un error político de los que no han sabido desde hace décadas, ni saben, ni por lo visto sabrán, manejar un conflicto el cual no han hecho más que alimentar desde entonces. Ahora bien, una vez dada la orden, la decisión de no acatarla y formar barricadas humanas, demuestra la falta de ética de los políticos catalanistas y también, de su perfecto conocimiento de las carencias de sus adversarios, anticipando su respuestas y preparándose para la foto.