Ministerio de Ambigüedad

Las palabras con un significado ambiguo (con más de una interpretación posible) tienen el inconveniente de requerir más palabras o más información necesaria para poder conocer a cuál de esas posibles interpretaciones se refiere.

«Igualdad» es una de ellas. Decir que dos cosas son iguales casi resulta inútil, sino se acompaña de algo más. Siendo estrictos, no hay nada bajo el sol que sea igual ... perdón, exactamente igual entre si.

Por lo tanto, ya es necesario indicar hasta que punto se da esa igualdad mencionada, o también no vendría mal, aclarar en que facetas existe la misma. Sería interesante a su vez, discernir entre si esa igualdad es conveniente o no, y en que aspectos. De la misma forma, será necesario averiguar cómo se puede lograr dicha igualdad en caso de ser adecuada, o cómo evitarla en caso contrario:

Estos dos automóviles son iguales

¿En qué? ¿de rápidos? ¿de malos? ¿de color? ¿de tono de color? ¿de marca? ¿son cabriolet? ¿son deportivos?... es necesario e indispensable que se nos facilite más información, de lo contrario puede significar cualquier cosa. Lo normal es que dentro del contexto se pueda encontrar respuesta a todas estas consideraciones.

El actual gobierno Español decidió incluir una nueva cartera ministerial sumándola a las existentes, poniendo además al frente de la misma a la persona más joven que jamás ha tenido nuestro país en dicho puesto, provocando una gran repercusión mediática. Dicho ministerio es el ya conocido Ministerio de Igualdad, cuyas competencias estaban antes incluidas dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Hasta ahora, el campo de actuación de los planes de igualdad, se enmarcaban dentro de lo laboral y en lo social en aquellos casos en los que la Constitución no llegara:

Constitución Española de 1978, artículo 14.
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Aunque parece que queda bastante claro, sin embargo existen todavía casos en los que esta igualdad ante la ley, no se cumple. Lo racional es que en primera instancia, sea el Ministerio de Justicia a través de las fuerzas de seguridad los que hagan cumplir la ley citada. No obstante, puede ocurrir que la denuncia de alguna irregularidad sea más problemática que aceptar la discriminación, debiéndose intervenir para impedir estas injusticias estableciendo regulaciones o sistemas de denuncia distintos a los civiles o penales para facilitar este proceso y evitar esta situación. No debería ser necesario aclarar que esa intervención debe ser igualmente acorde a todo lo anterior en cuanto a la igualdad y legalidad, en los términos explicados.

Con la creación de este ministerio y la inclusión en el de las llamadas «políticas de igualdad», lo primero que logra el gobierno con esta medida es descontextualizar las funciones que antes competían al anterior ministerio. Solo por esto, no se ha ganado mucho de momento, más que añadir algo de confusión. Los posibles motivos para este cambio pueden ser:

• Las anteriores funciones han de ser ampliadas en su ámbito de aplicación fuera del marco socio-laboral en donde se encontraban, continuando no obstante todavía sin definir con claridad.
• Lograr una repercusión mediática tanto por la persona puesta al frente, como por el hecho en si mismo de la creación de esta cartera ministerial.
• Poder intervenir en la sociedad a todos los niveles con un supuesto respaldo mediático y moral.

Para averiguar de que trata todo esto sobre la búsqueda de la igualdad por parte de este ministerio, sería necesario leer varios documentos algo extensos. Con el objeto de ahorrar esfuerzo al lector, tal vez el siguiente resumen le sea útil:

Para tener una idea de que tipo de actuaciones va a emprender el gobierno, ojeando el documento sobre la Ley de Igualdad (LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo) se puede leer el siguiente párrafo:

Artículo 11. Acciones positivas.
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

Queda claro que para lograr esa ansiada igualdad se aplicarán por ley medidas desiguales según el sexo. Lo que no queda muy claro es a que clase de igualdad se refiere, ya que según esto, ya no es la de ante la ley tal y como marca la Constitución. Más adelante se encuentra una orientación de las actuaciones previstas, a saber: aplicación de medidas de igualdad de número de hombres y mujeres en cargos administrativos, en las plantillas de empresas de más de 250 trabajadores o para confeccionar listas electorales, entre otras; sin especificar otro criterio de valoración además del sexo, y en todo caso el de los alcanzados en los respectivos convenios colectivos. Parece ser que los jueces encuentran correcta la exigencia de la «paridad» hombre/mujer en la confección de listas electorales. En este caso, mientras los que hagan las listas sean exclusivamente los partidos y no sus genuinos responsables, los ciudadanos, no importa mucho una cosa que otra.

Para profundizar aún más en los motivos y en el espíritu de estas medidas y acciones ya especificadas y las futuras que puedan venir, se puede probar con el Plan Estratégico de igualdad de Oportunidades (2008~2011), en donde claramente se puede leer:

PRINCIPIOS INSPIRADORES
(..)
Igualdad: La igualdad debe ser considerada como un valor en sí mismo. Las mujeres constituyen, al menos, el 50% de la población. No se trata, por tanto, de un colectivo. Ninguna sociedad puede permitirse el lujo de prescindir de la mitad de su potencial intelectual y humano. Desde esta perspectiva, lo importante no es sólo reparar situaciones de discriminación, sino recuperar el valor de la incorporación de las mujeres en paridad para el crecimiento económico y la modernización social.

Según esto, no se trata de aprovechar el capital humano de la mejor forma, sino de que obligatoriamente al menos la mitad de ese capital humano tiene que ser el proporcionado por personas de sexo femenino. Si ese capital humano es desempeñado mejor por personas mayoritariamente de un solo sexo, no interesa, y si son hombres, menos. Muy «igualitario», si señor, pero no se sabe en que. Se asume sin justificar debidamente la igualdad aritmética hombre/mujer en la sociedad como la mejor forma de aprovechar el capital humano, cuando la lógica dice que esto es más una traba que otra cosa, y que sería la igualdad de oportunidad sin distinción de sexo y en función principalmente de su valía intrínseca como ser humano, lo que se habría de buscar. Se descarta esta búsqueda y se aplica el rasero burdo del 50%, desechando igualmente que se pueda valorar a las personas como tales y por su capacidad y no por el sexo, justo lo contrario de lo que se deseaba, con lo que las políticas de elegir «a dedo» van a seguir existiendo exactamente igual que antes, puede que más.

Se sustituye además la tradicional y caduca obligación doméstica prácticamente superada al fin en cuanto a deber femenino, y se cambia por la pretensión de imponer un obligado modelo social y familiar en el que los dos componentes necesariamente han de trabajar fuera de casa. En este sentido, otra cosa preocupante es cuando se manifiesta en concreto lo siguiente:

Ninguna sociedad puede permitirse el lujo de prescindir de la mitad de su potencial intelectual y humano (...) recuperar el valor de la incorporación de las mujeres en paridad

Por supuesto que, como se decía, las personas más cualificadas han de estar donde mejor desempeñen su valor, independientemente del sexo o cualquier otra condición, como igualmente pone en el artículo indicado de la Constitución. El problema de esta frase es lo que da a entender de lo que es «prescindir», pareciendo que se refiere a los trabajos domésticos. De esta forma se menosprecia y se descartan definitivamente las labores domésticas como la educación de los hijos, por ejemplo, como algo «sin valor», independientemente de quien la desempeñe. Continuando con el mismo documento un poco más adelante, se van aclarando las cosas:

PRINCIPIOS RECTORES
(...)
1. La redefinición del modelo de ciudadanía en concordancia con la igualdad de género, que entiende la igualdad más allá de la equiparación de lo femenino con lo masculino y considera lo femenino como riqueza (...) De ahí que lo masculino deba, ya, dejar de ser considerado como referencia universal y medida de la experiencia humana (...)
(...)

Por si quedaba alguna duda, uno de los objetivos finales es nada más y nada menos que redefinir todo el concepto de ciudadanía, lo que define a la persona en el ámbito político y social, algo que es realmente muy propio de un gobierno socialista. Y algo que evidencia la tremenda empanada mental de al menos, los redactores del documento en cuestión, es la última frase reseñada:

De ahí que lo masculino deba, ya, dejar de ser considerado como referencia universal y medida de la experiencia humana

Esta aseveración se supone que tiene su origen de ser en el convenio lingüístico de utilizar el género neutro como coincidente con el masculino (o viceversa), siendo el género femenino una excepción o incluso una distinción, cosa que coincidiría paradójicamente bastante con el deseo de considerar lo femenino (en referencia al sexo... o no) como sinónimo de riqueza.

Es decir, el sexo masculino dejó de ser hace tiempo todo eso que se afirma, si es que alguna vez lo fue en otro sito que no sea la calenturienta mente de algunas personas, que no se duda que las hay, empezando por los que elaboran semejantes informes. Confundirlo con el uso del género masculino en estos términos es sencillamente, no tener ni idea.

Dejando aparte la cuestión ideológica con la que se puede estar o no de acuerdo, es una lástima que intenten todo esto de forma un tanto artera y engañosa bajo la escusa de la igualdad de sexos y amparándose en la ambigüedad de algunas palabras, elevándolas a ministerios.

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