Si hay alguna forma de defender la verdad, o la igualdad, es precisamente evitando que estas dependan de un grupo cerrado de personas que toman las decisiones. Todavía más si el acceso a dicho grupo implica el sometimiento a su disciplina interna, limitando por lo tanto la igualdad de oportunidades al establecer de entrada un filtro ideológico y la sumisión a un partido. En la famosa novela de George Orwell, 1984, su autor presenta un escenario distópico con un «Ministerio de la Verdad» a través del cuál se pretende tener un control total sobre el conocimiento de los acontecimientos pasados.
Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasadoGeorge Orwell
Según se relata en la novela, la pretensión final es que «La Verdad» dependa del interés de una casta cerrada de gobernantes y por lo tanto, el resultado nada tenga que ver con aquella. Algo parecido ocurre con el igualmente archiconocido Ministerio de Igualdad (igual dá, para los amigos) del gobierno Español, cuya inclusión en el propio nombre del ministerio de aquello que se pretende controlar y asegurar, en función de las teorías particulares de unos tecnócratas o los asesores de vete tu a saber qué, parece que ha de tener un resultado que como muchos nos tememos, no tenga nada que ver con aquello que se aparenta defender.
Sin ir mas lejos, parece ser que la igualdad de los españoles de este ministerio consiste en señalar con el dedo a las personas de un determinado sexo, y establecer por ley y por sistema, que su presencia es obligada independientemente de su valía o de sus méritos, probablemente por que no sabrían como evaluarlos ni valorarlos. O lo que es lo mismo, que si fuera por los méritos, dichos gobernantes que toman estas decisiones no estarían donde están, haciendo lo que hacen ni ganando sus desorbitados sueldos, merecidos según el exclusivo criterio de dicha casta gobernante. Independientemente del sexo que sean, por supuesto, y al margen de lo que pensemos usted y yo, a pesar de cobrar gracias a nuestro sueldo.
Esto es lo que les pasa a los que están en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con su reciente apoyo a la campaña Maltrato Zero contra el maltrato doméstico. O bueno, habría que decir más bien, del maltrato de las personas de sexo masculino hacia las de sexo femenino (lo que se conoce incorrectamente como «de género»). El resto de maltratos entre personas que ocurren a diario en dicho ámbito, no tienen cabida en esta campaña.
Seguramente alguien pensará que este sector, el femenino, es el más afectado por la violencia o maltrato entre personas, por su relación afectiva o sexual. Este es precisamente parte del problema, que solo los grupos mayoritarios y por lo tanto, de mayor valor electoralista, son los que preocupan a ese grupo de personas sometidas a la decisión de una cúpula política, que toman las decisiones. En todos los ámbitos, ya sea el social, laboral o político, si no perteneces a un grupo homogéneo que presente un interés electoralista, ya sea organizado o no, solo entonces podrás defender tu dignidad en el ámbito concreto relacionado con el grupo, llegando incluso a poder recibir un sin fin de subvenciones o ayudas, en claro agravio comparativo al resto de personas que tenemos la desgracia de pertenecer a ese otro grupo heterogéneo, diverso y disperso por definición, llamado sociedad civil o también clase media, que ha de ganarse el sueldo día a día con esfuerzo, dedicación y empeño; para que todo este proceso pueda seguir adelante y los demás puedan recibir subvenciones o merecer la atención de campañas mediáticas.
Ejemplos de estos casos de trato desigual, paradójicamente buscando lo contrario, son la «discriminación positiva» hacia la mujer, hacia algunos colectivos gays o hacia el colectivo de artistas y actores de cine, por poner los ejemplos más conocidos. El origen de este problema es con toda probabilidad la dependencia que los poderes del estado tienen de esa cúpula política formada por las cumbres de las jerarquías de los partidos. Poderes que en teoría, deberían representar la soberanía de esa sociedad civil, que en la práctica, es la más perjudicada con el agravio comparativo y el trato asimétrico.
Tal es así que el eslogan más conocido de la campaña mencionada, promueve un trato asimétrico entre el hombre y la mujer de forma que, tal y como reza dicho eslogan («ningún hombre podrá ser mas que una mujer», y «ninguna mujer menos que un hombre») el hombre si es susceptible de ser menos que la mujer. Todo menos buscar esa igualdad que valdría tanto para unos casos como para otros, y muchos más tan merecedores de esa atención. Puede que el motivo de esquivar este justo y equitativo trato, sea el temor de someterse los mismos que traman este tipo de estrategias, a esa igualdad de oportunidades que deberíamos tener todos los españoles a los cargos que ocupan, o al control de la eficacia en su desempeño, sin tener que pasar por el filtro de un partido.
La otra parte de esta trampa es la de la apelación al sentimiento, el populismo o la demagogia, por la que resulta complicada la critica a este tipo de campañas por el temor a ser tachado de machista, fascista o similares. Es decir, a la discriminación abierta o permitida de una parte de la sociedad civil a otra por expresar una opinión distinta o por tener un sexo distinto, poniendo al publico en general a favor de unas campañas que, por buena intención que en principio estas tengan, acaban constituyéndose en meras imposiciones ideológicas o partidistas. Otro ejemplo de esto fue el famoso «No a guerra» eficazmente promovido por el mencionado y subvencionado colectivo de artistas (actualmente desaparecido a pesar de que continúan prestándose apoyo a conflictos bélicos) por el que al expresar cierto acuerdo favorable al apoyo por parte de tropas españolas a la ocupación norteamericana y británica de Irak, aunque fuera dese un punto de vista geoestratégico, te convertía en una malvado asesino y en un amante de las guerras. De forma similar, el opinar que a una unión civil entre personas de distinto sexo no se le debe llamar matrimonio, te convierte en un repudiado homófobo, a pesar de que la diferencia entre dicha unión y un matrimonio legal pueda ser simplemente nominativa.
Por todos estos motivos y para que los políticos no manejen a su antojo el dinero de los que se supone que representan, para que sus sueldos, sus pensiones, sus dietas, superiores en comparación a los del resto de ciudadanos y que reciben para efectuar dignamente el noble desempeño de representarnos, puedan estar sujetos a control de su eficacia y buen hacer. Para que cualquier ciudadano tenga las mismas opciones de acceder a un cargo publico o de representante, sin depender del favor de los gobernantes. Para que las simples pero fundadas sospechas de corrupción sean suficientes para retirar o deponer a un político de su cargo, sin esperar a la decisión de sus compañeros o jefes de partido, o a una resolución judicial de un «juez amigo». Para que este, el Poder Judicial, esté al servicio de la sociedad civil y no de la casta gobernante.
Por todo esto, propongo la siguiente campaña: