La democracia ateniense no es lo que crees (y no pasa nada)

La democracia vuelve a estar en cuestión. A pesar de ser presentada como uno de los mayores logros políticos de la historia, crece el descontento hacia su funcionamiento real. No es extraño encontrar encuestas en las que una parte creciente de la población, especialmente entre los más jóvenes, considera preferible otro tipo de sistema. En este contexto, es habitual recurrir a la democracia ateniense como referencia. Sin embargo, lejos de aclarar el debate, suele enturbiarlo. 

Unos la presentan como el origen de nuestros valores políticos, ignorando las enormes diferencias entre una democracia asamblearia y la representativa actual. Otros la desacreditan fijándose en quién excluía —mujeres, esclavos, extranjeros—, como si esas estructuras no existieran mucho antes de su aparición. El resultado es una discusión aparentemente histórica que, en realidad, no lo es.

Atenas como excusa

Aunque la pregunta parece clara: ¿era Atenas una democracia real?, en el fondo, esa no es la cuestión que se está discutiendo. Cuando se invoca a Atenas, no se intenta comprender cómo funcionaba aquella sociedad, sino responder a una duda contemporánea: si el sistema actual es legítimo o no. El pasado se convierte así en un campo de batalla simbólico donde se proyectan conflictos del presente. La democracia ateniense se convierte en un reflejo de los prejuicios contemporáneos. Lo peor es que, al hacerlo, se mezclan niveles que deberían analizarse por separado, lo que dificulta enormemente llegar a una conclusión coherente y los debates se convierten en discusiones circulares donde cada uno habla de cosas distintas.

La Atenas «real»

La democracia ateniense fue, ante todo, una innovación política muy concreta: por primera vez, un grupo de ciudadanos participaba directamente en la toma de decisiones colectivas de su polis. Eso es lo relevante. No eliminó la esclavitud. No estableció igualdad universal. No pretendía hacerlo. La democracia, en ese contexto, no era un proyecto moral de justicia, sino un mecanismo de decisión dentro de una estructura social ya existente. 

En esa estructura se incluía lo que durante milenios fue percibido como un «orden natural». No necesariamente porque se considerara justo, sino porque no existían alternativas viables dentro de las condiciones materiales de la época. De ahí derivaban tres elementos clave: una desigualdad material ligada a la acumulación de excedentes, una exclusión política resultado de múltiples factores —especialización, jerarquización, crisis sociales— y una dependencia productiva que, en ese contexto, solo podía sostenerse mediante coerción. 

Criticar Atenas por algo que existía varios miles de años antes e ignorar lo que aportaron, es tan cierto como irrelevante si no se distingue entre estos niveles.

La mezcla «explosiva»

Buena parte de la confusión actual surge porque se tratan como equivalentes tres cosas distintas: por un lado, la forma de gobierno —quién decide—; por otro, la estructura social y económica —quién sostiene el sistema y en qué condiciones— y finalmente, los valores morales —qué se considera justo o injusto—. Cuando estos niveles se mezclan, el análisis se vuelve ambiguo y las ideologías ocupan una buena parte del debate.

Así, se critica la democracia ateniense por una desigualdad social existente desde mucho antes, como si esa desigualdad invalidara un mecanismo político que acababa de surgir en la cultura humana por primera vez en la historia —no fue la única, pero si la primera—. O desde otro «bando», se defiende la democracia actual apelando a valores que no dependen directamente de su forma institucional.

En ambos casos, el resultado es el mismo: confusión. Parece que no hay intención de arrojar claridad sino disimular los defectos del actual sistema argumentando que «todos pueden participar», algo que no ocurría hace más de dos mil años. O defender el sistema asambleario o la democracia directa, sin tener en cuenta su viabilidad práctica.

Las dos caras del mismo problema

Esta confusión no es casual y se manifiesta en posiciones que, aunque parecen opuestas, comparten un mismo patrón: por un lado, existen corrientes que, desde posiciones críticas —a menudo vinculadas a análisis materialistas o marxistas—, utilizan Atenas como ejemplo para desmontar la democracia en su conjunto. Señalan sus exclusiones, su dependencia de la esclavitud o su estructura desigual para concluir que la democracia no es más que una fachada ideológica. Sin embargo, este enfoque suele pasar por alto que aquello que se critica no es la innovación política en sí, sino la estructura social en la que se insertaba, heredada de miles de años anteriores.

Por otro lado, quienes defienden la democracia actual tienden a construir una narrativa de continuidad histórica en la que Atenas aparece como el origen de nuestros valores políticos. Se resaltan sus logros, pero se ignoran tanto sus limitaciones como, sobre todo, las profundas diferencias con los sistemas contemporáneos. La democracia ateniense era directa, asamblearia y exigía una implicación y responsabilidad constante del ciudadano en la vida política. La actual, en cambio, es representativa, mediada por partidos y con una participación mucho más indirecta.

En ambos casos, cada posición selecciona el nivel que le interesa y omite el resto.

Lo que sí ha cambiado (y lo que no)

Es evidente que las sociedades modernas han reducido muchas de las formas más explícitas de dominación. La esclavitud legal generalizada o la coerción directa ya no definen el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Sin embargo, este avance real no implica necesariamente que la estructura de fondo haya desaparecido. En las sociedades antiguas, la dependencia era visible y directa. En las actuales, tiende a manifestarse de forma más compleja, mediada y, en muchos casos, menos perceptible. La ausencia de coerción explícita no equivale automáticamente a la ausencia de dependencia estructural. La diferencia es importante, pero no implica una ruptura completa con las lógicas anteriores. 

Quienes critican la esclavitud en Atenas suelen identificar correctamente ciertas continuidades estructurales, pero pasan por alto la innovación política que supuso. Por el contrario, quienes destacan esa innovación tienden a asumir que su desarrollo histórico ha resuelto el problema, ignorando la distancia entre aquel modelo y los sistemas actuales. En particular, la relación entre participación, responsabilidad y toma de decisiones del ciudadano —central en Atenas— apenas tiene equivalente en las democracias contemporáneas. En este sentido, que hoy «todos puedan votar» no equivale necesariamente a igualdad ni a participación efectiva en el gobierno.

La captura política del lenguaje

Uno de los problemas del debate contemporáneo como consecuencia de ignorar algunos de sus aspectos fundamentales, es la identificación implícita entre democracia e igualdad. La democracia, en su sentido más estricto, es un mecanismo de toma de decisiones colectivas. No garantiza por sí misma ni la igualdad material ni la equidad social. Puede coexistir —e históricamente así ha sido— con estructuras profundamente desiguales. Esperar que la democracia resuelva automáticamente problemas que pertenecen a otros niveles conduce a frustración y a diagnósticos erróneos. Atenas se utiliza así como una herramienta retórica más que como un objeto de estudio.

Quienes buscan desacreditar el sistema actual proyectan sobre ella sus críticas, ignorando el contexto histórico en el que surgió. Quienes buscan legitimarlo seleccionan aquellos elementos que refuerzan su narrativa, sin atender a las diferencias fundamentales entre ambos modelos. El resultado es que Atenas deja de ser comprendida y pasa a ser utilizada.

A esta dificultad se suma otra: la falta de un lenguaje preciso para describir cómo funcionan realmente las relaciones de poder en las sociedades actuales. En ausencia de distinciones claras, términos como «democracia», «libertad», «autoridad» o «dominación», se utilizan de forma ambigua, cargados de significados distintos según quién los emplee. Esto hace que muchas discusiones no sean tanto desacuerdos como malentendidos. Algunas personas creen estar discutiendo lo mismo, pero en realidad operan con marcos conceptuales diferentes. Otras, probablemente, usan diferentes conceptos para los mismos términos, para dar coherencia interna a sus propios marcos ideológicos sin buscar acuerdos comunes.

Un pasado no superado

La insistencia en Grecia y Roma no es casual. Cuando un sistema entra en crisis o pierde legitimidad, es habitual buscar sus orígenes. El pasado se convierte en un recurso para justificar o cuestionar el presente. Pero esta mirada rara vez es neutral. Se seleccionan aquellos elementos que encajan con el relato que se quiere construir. Por eso Atenas sigue apareciendo una y otra vez en el debate. No porque explique nuestro presente, sino porque todavía no sabemos explicarlo sin recurrir a ella. Porque todavía persiste un problema latente en nuestras sociedades que no nos atrevemos a mirar.

Una última idea incómoda

Quizá el problema no sea solo histórico ni político, sino conceptual. Puede que carezcamos todavía de herramientas suficientemente precisas para distinguir entre formas de organización, estructuras de dependencia y mecanismos de legitimación. Mientras esa distinción no se haga de manera clara, el debate seguirá atrapado en la confusión.

Y Atenas seguirá siendo utilizada, no como lo que fue, sino como lo que cada uno necesita que sea para sostener su propio relato. Y no pasa nada. 

El problema no es que no entendamos Atenas, es que no nos entendemos a nosotros mismos.

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Cuando las culturas fracasan

Poder, cultura y el colapso de los sistemas

A lo largo del siglo XX, distintos pensadores han intentado explicar la transformación y el declive de las sociedades complejas. Algunos, como Oswald Spengler, describieron estos procesos como ciclos casi orgánicos de auge y decadencia. Otros, como Michel Foucault, analizaron cómo las estructuras de poder producen los marcos de verdad que sostienen esos sistemas. Sin embargo, ambos enfoques dejan una cuestión fundamental en segundo plano. No se trata simplemente de por qué las sociedades colapsan o se transforman, ni de cómo construyen sus relatos de legitimidad, sino de algo más profundo.

Los sistemas sociales que, en determinados momentos, logran generar estabilidad, crecimiento y complejidad, acaban reproduciendo patrones similares en su caída. Las mismas innovaciones que alumbraron nuevos periodos de progreso, se convierten en formas más sofisticadas de control y coacción. Según la visión de estos autores, parece haber cierta inevitabilidad en este proceso. Como si el auge y caída de los imperios o la dificultad de alcanzar una verdad definitiva fueran condiciones inevitables con las que se ha de convivir sin más.

Esto abre un margen de cuestionamiento distinto. Tal vez las causas que conducen a la crisis no aparecen al final del proceso, sino que están presentes desde el inicio, aunque quedan eclipsadas por el éxito inicial del sistema. La expansión y el crecimiento no eliminan esas tensiones, las contienen temporalmente. Desde esta perspectiva, el colapso puede entenderse como una dinámica interna que opera desde el principio de manera inadvertida, en lugar de errores de criterio o de inevitabilidades históricas.

Una forma de aproximarse a este proceso es observar los momentos en los que las sociedades han logrado generar entornos especialmente fértiles para la innovación. Aunque estos espacios se apoyan en avances previos y periodos de estabilidad, rara vez emergen desde los centros de poder. Surgen más bien en zonas periféricas, donde la cooperación, la educación, la estabilidad institucional y la inversión a largo plazo permiten la aparición de nuevas ideas. Son entornos que no nacen de forma espontánea del mercado ni de instituciones rígidas que operan sobre su propia legitimidad, sino de marcos políticos y colectivos que los hacen posibles.

A pesar de ello, la innovación que emerge en estos contextos tiende a ser progresivamente capturada por estructuras económicas y burocráticas que la organizan, la escalan y la explotan, reconfigurando en el proceso nuevas formas de centralidad de poder. Este proceso no es necesariamente negativo: permite el crecimiento y la expansión del sistema. Sin embargo, el problema aparece cuando esa dinámica de apropiación comienza a desplazar y, en ocasiones, a sofocar las condiciones que hicieron posible la innovación inicial. En ese punto, la capacidad de generar nuevas ideas tiende a estancarse dentro de la estructura dominante, reapareciendo con el tiempo en los márgenes donde el sistema aún no ha consolidado su control.

La importancia del marco político

Precisamente, una de las confusiones más extendidas en el discurso contemporáneo consiste en considerar el Estado como algo opuesto al mercado. Determinados enfoques tienden a atribuir al llamado «mercado libre» la capacidad de generar innovación de forma casi autónoma, mientras que el papel del Estado queda reducido al de un obstáculo o una interferencia. Sin embargo, aunque no son los políticos ni las estructuras burocráticas quienes generan directamente las nuevas ideas, esta visión ignora un hecho fundamental: los procesos de innovación sostenida dependen de un entramado político, institucional y social que no puede reducirse a la lógica de mercado y que, en gran medida, se sostiene sobre decisiones colectivas y marcos públicos.

La educación pública, la investigación financiada colectivamente, las infraestructuras, la estabilidad jurídica o la sanidad no son elementos accesorios, sino condiciones estructurales que permiten la generación de valor en sociedades complejas. Ejemplos paradigmáticos como el desarrollo tecnológico en Silicon Valley muestran que los ecosistemas más innovadores surgen precisamente allí donde existe una combinación de inversión pública, instituciones sólidas y entornos de cooperación. El capitalismo, en este sentido, no crea estas condiciones por sí mismo, sino que opera sobre ellas. Su capacidad de crecimiento depende de un marco previo que posibilita dinámicas de suma no cero —cooperación, conocimiento acumulado, creatividad—. Sin embargo, a medida que la lógica de acumulación gana autonomía, tiende a apropiarse de los resultados de ese proceso sin necesariamente reinvertir en sus condiciones de origen.

La llegada de las crisis

Cuando el sistema político pierde capacidad para sostener ese marco —ya sea por desregulación, captura institucional o debilitamiento de lo público—, las dinámicas de generación de valor se erosionan progresivamente. El sistema puede seguir funcionando durante un tiempo mediante la explotación de innovaciones pasadas, pero su capacidad de adaptación real disminuye. En este contexto, la innovación deja de ser transformadora y pasa a ser incremental o técnica: se optimiza lo existente, pero no se cuestionan sus fundamentos. Las organizaciones se vuelven más complejas y eficientes en apariencia, pero menos capaces de adaptarse a cambios estructurales.

Mientras tanto, los marcos de verdad que sostienen ese sistema continúan operando, aunque cada vez con mayor dificultad para explicar la realidad que han contribuido a generar. Las contradicciones no desaparecen, sino que se acumulan. La crisis no aparece entonces como un accidente, sino como el resultado de una pérdida de funcionalidad. El sistema ya no puede sostener las condiciones que lo legitimaban, pero tampoco ha permitido el desarrollo de alternativas suficientes.

En ese punto, la transformación se vuelve necesaria, no por destino ni por la imposibilidad de alcanzar una verdad definitiva, sino porque las tensiones internas alcanzan un nivel en el que ya no pueden gestionarse con los mecanismos existentes, obligando a una reconfiguración —en ocasiones traumática— para poder seguir funcionando. En realidad, el sistema nunca llegó a ser plenamente funcional, sino que durante su expansión fue capaz de contener y posponer los efectos de las incoherencias que lo atravesaban.

Transformación y desplazamiento

La innovación que finalmente permite esa transformación no surge como continuación natural del sistema, sino, en muchos casos, como aquello que había sido previamente marginado, ignorado o bloqueado. Lo que se presenta como un cambio repentino es, en realidad, la liberación tardía de posibilidades que el propio sistema había contenido. A menudo, estas innovaciones no son el resultado de una adaptación consciente del sistema, sino que emergen en sus márgenes cuando la crisis abre fisuras por las que asoman nuevas ideas. No obstante, estas acaban siendo reconocidas, apropiadas e integradas por la estructura dominante.

Desde esta perspectiva, la historia no es una sucesión de ciclos inevitables ni una simple lucha ideológica, sino un proceso en el que las estructuras de poder y los marcos de verdad que generan entran periódicamente en contradicción con su propia capacidad de sostenerse. El poder, en su configuración histórica concreta, tiende a priorizar su propia perpetuación. La funcionalidad social no constituye su finalidad, sino una condición que se activa cuando resulta necesaria para sostener el funcionamiento del sistema.

De este modo, el sistema puede operar durante largos periodos, aun cuando su propio funcionamiento erosiona progresivamente las condiciones que lo hacen posible, posponiendo sus efectos hasta que estos se vuelven inevitables. En este contexto, las excepciones individuales tienden a adquirir un valor simbólico desproporcionado. Las figuras que logran prosperar dentro del sistema se presentan como prueba de su validez —el individuo hecho a sí mismo—, ocultando las condiciones estructurales que facilitan o limitan su aparición. 

Así, el individuo como excepción se convierte en norma aparente, reforzando un marco que, en términos generales, continúa operando bajo las mismas incongruencias. Estas figuras no surgen de la nada, sino en contextos profundamente dependientes de dinámicas colectivas y condiciones previas que el propio sistema tiende a invisibilizar al individualizar sus resultados.

Y es en esa contradicción donde se abre, siempre tarde y nunca sin coste, la posibilidad del cambio.

Bibliografía de referencia

• Foucault, Michel. (1975). Vigilar y castigar
• Kuhn, Thomas S. (1962). La estructura de las revoluciones científicas.
• Spengler, Oswald. (1918). La decadencia de Occidente. 
• Žižek, Slavoj. (1989). El sublime objeto de la ideología.

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Lo que esconde Rubalcaba

Recientes declaraciones del Ministro de Interior Español, Alfredo Pérez Rubalcaba sobre sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional:

«Yo creo en ese Estatuto, creo que es constitucional y creo que recoge un hecho que además es políticamente relevante. Lo que España no puede hacer es negar la decisión de un parlamento democrático elegido por los catalanes»

Es difícil enrevesar tanto las cosas como hace este señor. Sin saber muy bien si se trata de su opinión o la profesional propia de un cargo público, el Sr. Rubalcaba pretendiendo hacer las veces de juez, jurado y ejecutor dice que «cree» que es constitucional, cuando el que lo tiene que decidir es el Poder Judicial salvo que se considere el mismísimo Juez Dredd.

No obstante, si el señor Rubalcaba nos obsequia con su opinión, como si estuviera en el bar de la esquina en lugar de cobrando una tremendísima pasta por hacer lo que hace, ahondémonos algo más en ella y veamos qué hay detrás.

Se habla de parlamentos democráticos, cuando en esos parlamentos no hay nadie que haya sido elegido directamente por los ciudadanos, es decir, el demos. Se habla de estatutos, de autonomías y del gobierno central. Pasemos brevemente por estas definiciones adaptadas al caso particular, para comprender mejor a tan ilustre personaje:

• Dictadura de la mayoría: un parlamento, aún por el hipotético supuesto de ser democrático, no le habilita para decidir sobre cualquier cosa, menos aún si es uno autonómico. Para que una democracia no se convierta en una dictadura de la mayoría, ha de tener límites, asegurar la igualdad ante la ley del «demos» y no decidir cualquier cosa. Por lo tanto, el argumento básico es falaz.
  
  
  
• Independencia de poderes: por buenas que sean las intenciones; para asegurar esa igualdad ante la ley que capacita (en principio y a falta de mostrar sus capacidades como gestor y comprobar cual es la voluntad de los ciudadanos en las urnas) a todos los ciudadanos por igual para ser por ejemplo, presidente del gobierno; los representantes una vez con el poder que le delegan los electores han de estas sujetos a un sistema que los limite, y que no dependa de esa «buena voluntad», que seguro que al poco de ir en los coches oficiales se les olvida. Si no existen estos límites, llamarle democracia es una burla.
  
  
  
• Soberanía: ahora viene lo que esconde Rubalcaba. Los parlamentos de los países que los tienen (sistemas parlamentarios) representan la soberanía de ese país. Lo que dice ese parlamento va a misa, y el nivel de barbaridades que se decidan en el vendrá determinado por los puntos anteriores. En este caso el País es España, no Cataluña, es decir, Cataluña no es soberana para tomar todo tipo de decisiones, sea o no democrático el parlamento. España sí es soberana para decidir apoyar la Guerra de Irak, o aprobar la nueva Ley de Costas, por ejemplo, nos guste o no, duela a quien duela y mientras no se cambien las cosas, porque ningún ciudadano ni ningún representante elegido por los mismos ha podido intervenir en dichas decisiones.
  
  
  
• Legitimidad democrática: las posibles argumentaciones de que el parlamento autonómico no puede elegir cualquier cosa porque el parlamento y poder judicial central (Español no, ya que los dos son Españoles) defiende a todos los ciudadanos no es útil, porque dicho parlamento no es democrático aunque los políticos que lo ocupan nos intenten convencer de lo contrario, y no hay igualdad, aspecto manifiesto y que es la baza fundamental que utilizan los nacionalistas de forma victimista. Habría que decir que: «todos los ciudadanos españoles están sujetos al la ley de España, que se decide en el parlamento central y vigilada [teóricamente] por el poder judicial». Las autonomías son extensiones del estado o divisiones territoriales sujetas a la misma ley (La Constitución, sea buena o mala). Por lo tanto, el parlamento autonómico carece igualmente de legitimidad democrática.
  
  
  
• Electoralismo: el gobierno central con el PSOE al frente, renuncia lograr la legitimidad democrática del parlamento central Español, y solo le interesa seguir en el poder. Para ello y obtener el favor del electorado nacionalista, prefiere hacer dejación de funciones al perder o ceder parte de la soberanía de la que es responsable, antes que obtener una legitimidad democrática, ocultando sus verdaderas pretensiones.
  
  
  
• Cesión de soberanía: no hay que confundir la división territorial autonómica del estado, con la cesión de soberanía. Como se ha explicado, la soberanía de un área es la que permite a dictaduras como Cuba o la China tomar todo tipo de decisiones, perjudiquen a quien perjudiquen, encarcelen a quien encarcelen, sin importar los derechos humanos o la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La cesión de soberanía que desde el gobierno central Español se está efectuando paulatinamente desde la transición, implica que las leyes que gobiernan en el estado español sobre estos derechos, aun defectuosamente defendidos, no son válidos en esta parte de su territorio, dándose casos como coacción o multa a particulares por usar una lengua determinada infringiendo derechos lingüísticos, cierre de emisoras solo por ser criticas con el gobierno autonómico arremetiendo contra la libertad de prensa o represión brutal de manifestaciones de inofensivos estudiantes, entre otros. No hay una propuesta autonómica para mejorar la legitimidad democrática, sino que se utiliza el nacionalismo como elemento electoralista. Seguir en el poder es lo importante, y cuanto más , mejor.
  

Espero que esta pequeña aportación haya servido para aclarar algo más las palabras de nuestro Ministro.

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