En defensa de los derechos fundamentales… ¡solo en internet!

Me entero por desde diversos blogs y redes sociales, de una iniciativa promovida parece ser por Enrique Dans en relación al último desaguisado cocinado en el parlamento Español sobre la Ley de Economía sostenible, en la que han colado como han podido el tema de las supuestas descargas ilegales. Hay también convocada una serie de manifestaciones para las 20h de hoy, hora para la que he programado la publicación de este artículo.

Desde hace un tiempo me he convencido de que si hay alguna causa por que merece la pena seguir, fuera del ámbito personal (familia, trabajo, amigos,…), es la de mejorar el sistema político. Mejorarlo para hacerlo más democrático. Tengo el convencimiento de que una vez el poder no se circunscriba a una serie de despachos de partidos, y dependa más de lo que se trata en un sistema democrático, de la voluntad del pueblo que es el que sufre las consecuencias, este problema que ha originado este movimiento de internautas, y otros muchos, tendrían el camino abierto a su solución desde su origen, es decir, no habría lugar a tener que organizar manifestaciones para defender los principios fundamentales. ¡Los derechos fundamentales!

Si el sistema permite que, por una simple decisión en un parlamento se vulneren estos derechos ¿que clase de sistema es entonces?

Pues bien, con todas las cosas que podrían reivindicarse, como se decía en el artículo anterior: la independencia de los poderes, el aumento de participación ciudadana, el control de los cargos públicos de representación… a este señor y su por lo visto, impresionante capacidad de convocatoria se le ha ocurrido defender los derechos ¡solo en internet!

Cada día hay cosas que entiendo menos. Aquí va el manifiesto, que no se sabe de quien es obra y con el que desde luego, no estoy de acuerdo en algunos matices, pero al menos es un paso. Para empezar el mayor problema que los internautas manifestaban con la aprobación de la nueva ley es que posibilitaba que se cortara el acceso a internet sin decisión judicial, pero no hay por ninguna parte petición alguna para que este poder, sea más independiente, por ejemplo, con lo que nos quedamos casi igual:

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que...

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Actualización (7/12/2009): antes se dice, antes corren a proponer solución a la protesta. Se podría aplicar aquello de hecha la ley, hecha la trampa, solo que en este caso la trampa pretenden que la protagonicen los propios jueces, los mismos que interpretan la ley, elegidos y al servicio de los que la hacen. El ínclito Peces Barba, de nefasto recuerdo para las victimas del 11M, vuelve a la carga proponiendo una comisión especial de jueces para cerrar páginas web. Se ha dicho y se vuelve a repetir, mientras no haya independencia de los poderes del estado, y estos no tengan mecanismos para articular su servicio a la Sociedad Civil, todos estos manifiestos no sirven más que para marear al personal, para crear enfrentamiento, y hacernos perder el tiempo evitando ir a por el problema de origen.

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Ningún político será más que yo

Si hay alguna forma de defender la verdad, o la igualdad, es precisamente evitando que estas dependan de un grupo cerrado de personas que toman las decisiones. Todavía más si el acceso a dicho grupo implica el sometimiento a su disciplina interna, limitando por lo tanto la igualdad de oportunidades al establecer de entrada un filtro ideológico y la sumisión a un partido. En la famosa novela de George Orwell, 1984, su autor presenta un escenario distópico con un «Ministerio de la Verdad» a través del cuál se pretende tener un control total sobre el conocimiento de los acontecimientos pasados.

Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado

George Orwell

Según se relata en la novela, la pretensión final es que «La Verdad» dependa del interés de una casta cerrada de gobernantes y por lo tanto, el resultado nada tenga que ver con aquella. Algo parecido ocurre con el igualmente archiconocido Ministerio de Igualdad (igual dá, para los amigos) del gobierno Español, cuya inclusión en el propio nombre del ministerio de aquello que se pretende controlar y asegurar, en función de las teorías particulares de unos tecnócratas o los asesores de vete tu a saber qué, parece que ha de tener un resultado que como muchos nos tememos, no tenga nada que ver con aquello que se aparenta defender.

Sin ir mas lejos, parece ser que la igualdad de los españoles de este ministerio consiste en señalar con el dedo a las personas de un determinado sexo, y establecer por ley y por sistema, que su presencia es obligada independientemente de su valía o de sus méritos, probablemente por que no sabrían como evaluarlos ni valorarlos. O lo que es lo mismo, que si fuera por los méritos, dichos gobernantes que toman estas decisiones no estarían donde están, haciendo lo que hacen ni ganando sus desorbitados sueldos, merecidos según el exclusivo criterio de dicha casta gobernante. Independientemente del sexo que sean, por supuesto, y al margen de lo que pensemos usted y yo, a pesar de cobrar gracias a nuestro sueldo.

Esto es lo que les pasa a los que están en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con su reciente apoyo a la campaña Maltrato Zero contra el maltrato doméstico. O bueno, habría que decir más bien, del maltrato de las personas de sexo masculino hacia las de sexo femenino (lo que se conoce incorrectamente como «de género»). El resto de maltratos entre personas que ocurren a diario en dicho ámbito, no tienen cabida en esta campaña.

Seguramente alguien pensará que este sector, el femenino, es el más afectado por la violencia o maltrato entre personas, por su relación afectiva o sexual. Este es precisamente parte del problema, que solo los grupos mayoritarios y por lo tanto, de mayor valor electoralista, son los que preocupan a ese grupo de personas sometidas a la decisión de una cúpula política, que toman las decisiones. En todos los ámbitos, ya sea el social, laboral o político, si no perteneces a un grupo homogéneo que presente un interés electoralista, ya sea organizado o no, solo entonces podrás defender tu dignidad en el ámbito concreto relacionado con el grupo, llegando incluso a poder recibir un sin fin de subvenciones o ayudas, en claro agravio comparativo al resto de personas que tenemos la desgracia de pertenecer a ese otro grupo heterogéneo, diverso y disperso por definición, llamado sociedad civil o también clase media, que ha de ganarse el sueldo día a día con esfuerzo, dedicación y empeño; para que todo este proceso pueda seguir adelante y los demás puedan recibir subvenciones o merecer la atención de campañas mediáticas.

Ejemplos de estos casos de trato desigual, paradójicamente buscando lo contrario, son la «discriminación positiva» hacia la mujer, hacia algunos colectivos gays o hacia el colectivo de artistas y actores de cine, por poner los ejemplos más conocidos. El origen de este problema es con toda probabilidad la dependencia que los poderes del estado tienen de esa cúpula política formada por las cumbres de las jerarquías de los partidos. Poderes que en teoría, deberían representar la soberanía de esa sociedad civil, que en la práctica, es la más perjudicada con el agravio comparativo y el trato asimétrico.

Tal es así que el eslogan más conocido de la campaña mencionada, promueve un trato asimétrico entre el hombre y la mujer de forma que, tal y como reza dicho eslogan («ningún hombre podrá ser mas que una mujer», y «ninguna mujer menos que un hombre») el hombre si es susceptible de ser menos que la mujer. Todo menos buscar esa igualdad que valdría tanto para unos casos como para otros, y muchos más tan merecedores de esa atención. Puede que el motivo de esquivar este justo y equitativo trato, sea el temor de someterse los mismos que traman este tipo de estrategias, a esa igualdad de oportunidades que deberíamos tener todos los españoles a los cargos que ocupan, o al control de la eficacia en su desempeño, sin tener que pasar por el filtro de un partido.

La otra parte de esta trampa es la de la apelación al sentimiento, el populismo o la demagogia, por la que resulta complicada la critica a este tipo de campañas por el temor a ser tachado de machista, fascista o similares. Es decir, a la discriminación abierta o permitida de una parte de la sociedad civil a otra por expresar una opinión distinta o por tener un sexo distinto, poniendo al publico en general a favor de unas campañas que, por buena intención que en principio estas tengan, acaban constituyéndose en meras imposiciones ideológicas o partidistas. Otro ejemplo de esto fue el famoso «No a guerra» eficazmente promovido por el mencionado y subvencionado colectivo de artistas (actualmente desaparecido a pesar de que continúan prestándose apoyo a conflictos bélicos) por el que al expresar cierto acuerdo favorable al apoyo por parte de tropas españolas a la ocupación norteamericana y británica de Irak, aunque fuera dese un punto de vista geoestratégico, te convertía en una malvado asesino y en un amante de las guerras. De forma similar, el opinar que a una unión civil entre personas de distinto sexo no se le debe llamar matrimonio, te convierte en un repudiado homófobo, a pesar de que la diferencia entre dicha unión y un matrimonio legal pueda ser simplemente nominativa.

Por todos estos motivos y para que los políticos no manejen a su antojo el dinero de los que se supone que representan, para que sus sueldos, sus pensiones, sus dietas, superiores en comparación a los del resto de ciudadanos y que reciben para efectuar dignamente el noble desempeño de representarnos, puedan estar sujetos a control de su eficacia y buen hacer. Para que cualquier ciudadano tenga las mismas opciones de acceder a un cargo publico o de representante, sin depender del favor de los gobernantes. Para que las simples pero fundadas sospechas de corrupción sean suficientes para retirar o deponer a un político de su cargo, sin esperar a la decisión de sus compañeros o jefes de partido, o a una resolución judicial de un «juez amigo». Para que este, el Poder Judicial, esté al servicio de la sociedad civil y no de la casta gobernante.

Por todo esto, propongo la siguiente campaña:

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El verdadero independentista

Suelen creer los afectados por el nacionalismo (o al menos es lo que suelen poner como escusa) que la independencia o desvinculación política de un territorio respecto al que hasta ese momento le englobaba y era el responsable de todos los males que le afectan (es lo que tiene un Estado, sea cuál sea), la libertad y el progreso llegarán por fin a bendecir su «sagrada tierra».

Lo que se suele obviar en estas disertaciones, es que de la misma forma que la vinculación política con un territorio puede ser origen de los males que le afectan al estar incluido en él, también deberá serlo de las bondades de las que disfruta. Por lo tanto, siendo una consecuencia natural el que aquellos desaparezcan, nadie sabe o puede explicar, cómo van a suplir aquellos aspectos positivos que van a dejar de satisfacerse. Podría darse la circunstancia de que vinieran otros males que antes eran impensables.

O podría ser que el independentismo no fuera más que una escusa para evitar todos esos males de los que tanto se quejan, pero que afectan a todo el territorio por igual —o incluso en mayor medida— en el territorio del que (al menos de boquilla) desean separarse. Es decir, el independentismo y esos males de los que no desean solución sino alejamiento, sería la excusa para la obtención ilimitada de privilegios a costa una vez más del territorio que era origen de los males, pero que poco a poco se va descubriendo que más bien es el origen de dichos privilegios.

Por otro lado, se habla de privilegios para un territorio pero ¿qué pasa con sus habitantes? ¿implica necesariamente la concesión de esos privilegios un beneficio a sus habitantes? Es fácil comprobar como no sólo no hay ninguna seguridad de que esto sea así, sino que podría ocurrir todo lo contrario. Si observamos a países enormemente privilegiados como Arabia Saudí, gracias a todo tipo de concesiones que las primeras potencias globales le hacen con el ánimo de acordar sustanciosos contratos internacionales de mercadeo petrolífero, se comprueba como a pesar de ello la población de aquel país vive en lamentables condiciones y sometido a una dictadura que impone castigos corporales.

Otro ejemplo claro es la antigua Yugoslavia. Tan cierto es que el régimen de dictadura que vivían era inaceptable, como que la escisión de aquel país ya desaparecido no condujo directamente a una mejora en las condiciones de vida de sus habitantes. Y si no que se lo digan a las victimas que el régimen de Radovan Karadžić en la nueva y «soberana» Bosnia-Herzegovina produjo, a causa de un genocidio de características étnico-culturales.

Por el contrario, otro país privilegiado no muy alejado de Yugoslavia como Suiza, rodeado de grandes potencias que le proporcionan seguridad y un mercado económico proveedor de capital para sus bancos, alberga la población con mayor libertad sobre el planeta con capacidad para participar en el gobierno de su país y una de las de mayor renta per cápita e índice de desarrollo humano. Igualmente, al lado de Arabia Saudí está Qatar, una monarquía absoluta que a diferencia de su vecino, su población disfruta de condiciones similares a las primeras potencias occidentales merced a las leyes liberales que poco a poco se adoptan, aún a pesar de mantener tradiciones esclavistas como las leyes de avales.

¿Que diferencia a unos ejemplos de otros? No es la independencia de un territorio respecto a otro. Ni siquiera del disfrute de privilegios gracias al su aporte pactado entre los gobernantes de los territorios vecinos, al margen de los ciudadanos. La respuesta es la independencia de sus habitantes. Es la defensa de sus derechos, la defensa de su igualdad ante la ley, el derecho a escoger su lengua o a la defensa de su participación en el gobierno de su país (no una sola y ridícula posibilidad cada cuatro años). En definitiva, la propia defensa de su dignidad como personas libres.

Este es el verdadero independentista, no el que promueve o aplaude referéndums de independencia que solo benefician a la casta política gobernante al estar en posición de negociar más y más privilegios, mientras que el resto de aspectos y problemas sociales, económicos y políticos quedan ocultos o sin decidir, destapándose ocasionalmente sobre el lodazal de corrupción que existe por el mismo motivo.

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¡Viva Honduras!

Tal vez recuerden los lectores aquella estrafalaria anécdota que protagonizó el inefable sr. Don Federico Trillo, en la que les hizo gritar a las tropas de EL Salvador un sonoro ¡viva Honduras!. Es más probable incluso que estén al tanto de la situación de crisis política que se está viviendo allí desde que el Jefe del Ejecutivo de aquel país decidió que la constitución le importaba un pimiento, y en vista de que se le acababa su mandato y no podía ser reelegido, puso a prueba el sistema a ver si podía cambiar por su cuenta esa situación. Como no podía ser de otra forma, la cámara de representantes que en este país centroamericano es elegida de forma directa por el pueblo, se opuso a esta violación de su principal texto legal y destituyó al que hasta ese momento era el jefe del Poder Ejecutivo: Manuel Zelaya.

Como se muestra de forma detallada en el blog Memento mori, esta destitución de Zelaya distaba bastante de ser anticonstitucional. Sin embargo, la comunidad internacional defendía lo contrario. Bueno, mejor dicho, los que defendían lo contrario eran los colegas de Zelaya, es decir, los jefes de estado de la comunidad internacional esa. Hablando claro, los que ocupan cargos similares a Zelaya como Obama o Zapatero, probablemente para que no cunda el ejemplo no vaya a ser que les toque a ellos ser los siguientes. Sin embargo, una parte de esa comunidad internacional que estaba tan de acuerdo en la ilegalidad de la destitución de Zelaya, ha resultado no estarlo tanto: un congresista de los EUA, Aaron Schock, se hace eco de un informe presentado por la Biblioteca del Congreso del mismo país donde afirma todo lo contrario.

Por si fuera poco, un diario de Honduras daba noticia de que la ONU disponía de un informe en donde se posicionaba de forma similar. Esta organización compuesta por políticos y diplomáticos designados por las jefaturas de los respectivos países (o sea, amigos de los jefes de estado), corrió despavorida al día siguiente a aclarar este asunto, con la escusa de que este era «uno de los muchos informes» que recibe esta organización internacional, pero que no era su postura final.

Parece bastante claro que las jefaturas de estado y los diplomáticos designados por ellos no van a aceptar nunca que su poder está a disposición de otros, que no son omnímodos, como seguramente les gustaría. Los Jefes de Estado de repúblicas presidencialistas como los EUA o los Jefes de Gobierno de sistemas partidocráticos como México, Italia o España, detentan un poder que es el que más se acerca al de las monarquías absolutistas. Paradójicamente, tienen más poder que los Reyes o Jefes de Estado actuales en los vestigios de estos sistemas de estado hereditarios. El mayor y más sagrado límite a esta acumulación de poder es precisamente el límite de mandato, que como queda claramente reflejado en la Constitución de Honduras ningún cargo publico puede ni tan siquiera promover su reelección. Cosa que Zelaya había infringido clara y descaradamente con el referéndum, fuera vinculante o no.

Pienso que dadas las circunstancias, los ciudadanos de Honduras se merecen todo nuestro ánimo para que sepan solucionar democráticamente este problema, que aprendan y que aprendamos todos de esta situación que pienso es un ejemplo del que hay que tomar nota, y a ver si la próxima vez no se exceden tanto como en esta ocasión y no se saca a punta de pistola a la gente de sus casas. Aunque se lo merezcan.

Por todo esto, propongo que (ahora si Sr. Trillo) dediquemos a sus ciudadanos un animoso ¡Viva Honduras!

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El caso Gürtel (ahora ya en serio)

¿Son los casos de corrupción destapados en la Comunidad Valenciana y conocidos como caso Gürtel, tan excepcionales o distintos a lo que ocurre habitualmente en el resto de comunidades? ¿No parece transmitirse que es así, que «huele mal» y es necesario hacer limpieza de una vez?

No todo lo que se cuenta en la prensa es lo que es. Más aún si la prensa está sometida a un estado de partidos en donde la democracia se entiende como una lucha sin cuartel por llegar al poder, un poder sin trabas ni poderes independientes y sin participación ciudadana. Y más todavía, si de lo que se trata puede desestabilizar la imagen de un partido cara a sus electores. Y todavía más aún, si es en una comunidad autónoma en la que desde hace años gana un partido político determinado sin que haya alternativa. Y todavía más aún con diferencia si esa comunidad es un objetivo claro de un pancatalanismo que tiene sometida a la izquierda nacional española en concreto, y al gobierno central en general.

De las comunidades con mayor Producto Interior Bruto (PIB), las de Cataluña y Valencia representan un 28,4% del PIB Español. Si le añadimos las Islas Baleares es un 30% aproximadamente. Estas tres comunidades contiguas geográficamente, poseen un enorme valor estratégico por concentrar un tercio de la capacidad de riqueza del Estado Español, en una superficie de apenas un 12% del mismo. Se puede decir que no hay una configuración territorial continua que produzca más en menos espacio.

Sin pretender en estos momentos realizar una exhaustiva explicación del pancatalanismo, queda bastante claro cuales son los verdaderos orígenes de la enorme querencia que los nacionalistas catalanes experimentan por esta comunidad autónoma. Pero ¿cuales son los impedimentos para que esta unión se materialice? Bien, en Islas Baleares que no ha ganado nunca el PSOE, con el tiempo se ha conseguido que el proceso vaya tomando forma aún a pesar de gobernar el Partido Popular y algunas estrategias se van realizando como la de la normalización lingüística, elemento clave en el proceso. Sin embargo en la Comunidad Valenciana que parecía que iba a ser coser y cantar con las victorias del Partido Socialista las tres primeras convocatorias, resulta que a partir del año 1995 fue el Partido Popular el que las ha ido ganando una tras otra. Tal vez los valencianos no estén muy de acuerdo con ese proceso «unificador» en los términos que se pretenden, aunque estoy seguro que esto les importa bien poco a los estrategas pancatalanistas. Pues esa es la actual situación desde hace años, en hacer pasar por el aro al igual que lo lograron en las Islas Baleares, al Partido Popular al frente del gobierno de la Comunidad Valenciana. Esta comunidad autónoma, mientras el nacionalismo catalanista y su vinculación con la izquierda exista, será objetivo político por el mencionado valor estratégico.

Solo teniendo en cuenta esta situación se pueden entender las maniobras mediáticas y políticas que se están desencadenando, cuyas consecuencias pueden ser insospechadas para los que las traman, ya que al no tener nada especialmente denunciable que no sea la misma corrupción que está presente en todas partes, en todos los partidos, y desde hace tiempo, se desestabiliza todo el sistema representativo y partidocrático. Se denuncia la corrupción, y se hace uso de un sistema judicial cuya legitimidad se pone en entredicho, pero la alternativa que se da a entender no es una mayor imparcialidad, mayor independencia o mejor funcionamiento de este, sino la alternancia política, es decir, «dejar que me ponga yo para poder hacer lo mismo cuando me parezca».

Para ello, una de las tácticas habituales es la de utilizar la influencia sobre el gobierno central para llevar a la práctica todos estos objetivos. Por pura estrategia electoralista, al que actualmente ocupa La Moncloa le parece estupendo destapar lo que se pueda sobre el partido de la oposición y de paso evitar así hablar de la crisis, del paro o de las bajas en la guerra de Afganistán, antes que hacer frente a su responsabilidad. De esta forma se saca a la luz lo que ya sabíamos: que los políticos se pegan una vida de puta madre a a costa del dinero de los ciudadanos, con cochazos de lujo, despachos alucinantes, sueldazos tremendísimos, clubes de alterne, y elecciones a dedo de empresas de amiguetes o de las que se cobra una comisión. 

Pero en los últimos días, la actividad política y mediática parece olvidarse de todo lo que ocurre y ha ocurrido en la casta política en general, como si ya estuviera solucionado y no hubieran más responsabilidades políticas, como si el mal olor no viniera de «más arriba» en la jerarquía, o como si no fuera el propio sistema de elección y control de los representantes políticos el que funcionara mal; y la prensa española sea escrita o visual se estrena día si y día también con este caso relacionado con un único partido (el de la oposición, por supuesto), y en una comunidad autónoma (la del valor estratégico nacionalista y electoralista)

La diferencia es que en esa comunidad autónoma en la que hay algo «que huele tan mal», en lugar de hundimientos de barrios enteros, hundimientos de túneles de tren que afectan a viviendas de particulares o apagones gigantescos con perjuicios a miles de ciudadanos (aunque ya ha pasado el tiempo conveniente para que la gente no se acuerde), hay un parque de atracciones (no muy rentable, eso si), una Ciudad de las Artes y Las Ciencias que es la envidia de media Europa y atractivo turístico de primer orden (que está costando un ojo de la cara y cuyo arquitecto se está forrando literalmente mientras que hay barrios que permanecen desatendidos), por no hablar de la reforma de la zona portuaria (el segundo de España por detrás de Algeciras y por delante de Barcelona) para la Copa América y el Circuito de Fórmula Uno. No es por nada, pero no hay color.

Y todo este tinglado está teniendo el curioso efecto boomerang de estallarles en la cara no solo al partido que actualmente gobierna en la Comunidad Valenciana objetivo del proceso, si no a la clase política en general, ya que ahora se desvela que hasta el propio Zapatero ha tenido algo que ver con el beneficio a las empresas relacionadas en esta trama. Por añadidura, los intentos por solucionar el asunto en una especie de huida hacia delante para salvar el culo y que caigan otros, y pretendiendo apartar de la misma forma que los eligieron (a dedo) a los diputados y concejales involucrados, evidencian las deficiencias de todo el sistema representativo ya que el diputado tiene derecho a conservar el acta que le define como tal hasta finalizar la legislatura, a pesar de ser expulsado del partido. De esta forma, los responsables últimos siguen siendo los jefes de partido que gracias al poder que un incongruente sistema de representación les otorga, regalan unos escaños a gente irresponsable sin poderles exigir ningún tipo de reciprocidad ni deber ante el electorado. Hagan lo que hagan para salvar la carita los jefes de partido, los ciudadanos nos tenemos que comer con patatas a sus chupópteros descarriados.

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La Ciencia en España NO necesita tijeras

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Menos Plan E, y más ciencia e investigación, para no depender eternamente de los que si poseen una cultura basada en el esfuerzo y el mérito, y no en el caciquismo y enchufismo peloteril.

Gobierno y oposición, enfrascados en sus disputas partidistas e incapaces de ofrecer otra solución, logran que tan solo se aplique el método paliativo de crear empleo publico para subsistir hasta que Alemania o Francia previsiblemente, nos saquen del atolladero. Para agravar aún más el problema arrastrando un mal endémico desde hace décadas, y para poseer de un mayor presupuesto para las subvenciones que agotaran todo el disponible sin aportar solución alguna, se pretende reducir el destinado a la investigación y desarrollo, únicos ámbitos capaces de ofrecer soluciones reales.

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Los Zapamonster

Zapatero acusaba hace poco a García Escudero, diputado al servicio del Partido Popular, de no haber realizado nunca políticas solidarias. Lo decía como si la que se está realizando ahora por orden de su gobierno sea solidaria, y no todo lo contrario.

No solo esto es cuestionable, sino que habría que preguntarle a Zapatero si aparte de querer ser solidario con el dinero de todos los ciudadanos, el mismo también hace políticas solidarias, por ejemplo, no empleando el sueldo que se supone se merece en comprar cinturones de 500€ con el dinero que le damos por su trabajo, a pesar de tener más de un 18% de paro, logro que cualquiera de nosotros igualaría con los ojos cerrados.

Desde luego, de igual forma que los italianos desearían ser como Berlusconi, es probable que a los españoles nos gustase ser como nuestro presidente, para hacer lo que nos de la gana, sin dar resultado alguno, y además, cobrando de los que son perjudicados. Lo de Berlusconi no es nada comparado con esto.

Pero ya el colmo de los colmos de la incongruencia ha sido el capitulo protagonizado por la familia «presidencial» española, al pedir que se retirara de publicación una foto oficial (es decir, en nuestra representación y con nuestro dinero, nuevamente) con la Primera Dama estadounidense y su marido, el presidente Barack Obama. Por lo visto el motivo es que en dicha foto aparecen las hijas de ZP, perfectamente caracterizadas como extras de algún otro capitulo de la familia Monster, pero sin venir a cuento y fuera de contexto. No dudan en hacerlo, pero no desean que la gente lo vea aunque esa misma gente sea la que lo page, en todos los aspectos.

El gobierno tan solidario con dinero ajeno del Sr. Rodríguez Zapatero, encuentra normal que nuestras hijas no necesiten permiso paterno para abortar o para pedir en las farmacias la píldora poscoital, ya que son suficientemente maduras para decidir por ellas mismas y vestirse de Buffy Caza-vampiros, pero sin embargo, no lo son para salir en una foto ya que, según la encargada de decir las burradas que no se atreve a decir nuestro presidente en persona, la vicepresidenta F. De La Vega afirma que «la privacidad depende de los padres».

Para morirse de risa. O de espanto.

Actualización 27/9/2009: parece ser que la gente, a tenor por los videos, fotos y comentarios que circulan por la red, se está dedicando de forma equivocada a ridiculizar a las niñas, cuando se debería hacerlo con los padres, los responsables de este desaguisado a cargo del erario público. Por otro lado, blogueros que normalmente son críticos hacia lo políticamente correcto, solo observan este hecho e ignoran incomprensiblemente la vergonzosa actitud de los Zapatero. Si se debe proteger a las niñas, de quien habría que hacerlo es de sus padres por exponerlas de esta forma.

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Lo que esconde Rubalcaba

Recientes declaraciones del Ministro de Interior Español, Alfredo Pérez Rubalcaba sobre sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional:

«Yo creo en ese Estatuto, creo que es constitucional y creo que recoge un hecho que además es políticamente relevante. Lo que España no puede hacer es negar la decisión de un parlamento democrático elegido por los catalanes»

Es difícil enrevesar tanto las cosas como hace este señor. Sin saber muy bien si se trata de su opinión o la profesional propia de un cargo público, el Sr. Rubalcaba pretendiendo hacer las veces de juez, jurado y ejecutor dice que «cree» que es constitucional, cuando el que lo tiene que decidir es el Poder Judicial salvo que se considere el mismísimo Juez Dredd.

No obstante, si el señor Rubalcaba nos obsequia con su opinión, como si estuviera en el bar de la esquina en lugar de cobrando una tremendísima pasta por hacer lo que hace, ahondémonos algo más en ella y veamos qué hay detrás.

Se habla de parlamentos democráticos, cuando en esos parlamentos no hay nadie que haya sido elegido directamente por los ciudadanos, es decir, el demos. Se habla de estatutos, de autonomías y del gobierno central. Pasemos brevemente por estas definiciones adaptadas al caso particular, para comprender mejor a tan ilustre personaje:

• Dictadura de la mayoría: un parlamento, aún por el hipotético supuesto de ser democrático, no le habilita para decidir sobre cualquier cosa, menos aún si es uno autonómico. Para que una democracia no se convierta en una dictadura de la mayoría, ha de tener límites, asegurar la igualdad ante la ley del «demos» y no decidir cualquier cosa. Por lo tanto, el argumento básico es falaz.
  
  
  
• Independencia de poderes: por buenas que sean las intenciones; para asegurar esa igualdad ante la ley que capacita (en principio y a falta de mostrar sus capacidades como gestor y comprobar cual es la voluntad de los ciudadanos en las urnas) a todos los ciudadanos por igual para ser por ejemplo, presidente del gobierno; los representantes una vez con el poder que le delegan los electores han de estas sujetos a un sistema que los limite, y que no dependa de esa «buena voluntad», que seguro que al poco de ir en los coches oficiales se les olvida. Si no existen estos límites, llamarle democracia es una burla.
  
  
  
• Soberanía: ahora viene lo que esconde Rubalcaba. Los parlamentos de los países que los tienen (sistemas parlamentarios) representan la soberanía de ese país. Lo que dice ese parlamento va a misa, y el nivel de barbaridades que se decidan en el vendrá determinado por los puntos anteriores. En este caso el País es España, no Cataluña, es decir, Cataluña no es soberana para tomar todo tipo de decisiones, sea o no democrático el parlamento. España sí es soberana para decidir apoyar la Guerra de Irak, o aprobar la nueva Ley de Costas, por ejemplo, nos guste o no, duela a quien duela y mientras no se cambien las cosas, porque ningún ciudadano ni ningún representante elegido por los mismos ha podido intervenir en dichas decisiones.
  
  
  
• Legitimidad democrática: las posibles argumentaciones de que el parlamento autonómico no puede elegir cualquier cosa porque el parlamento y poder judicial central (Español no, ya que los dos son Españoles) defiende a todos los ciudadanos no es útil, porque dicho parlamento no es democrático aunque los políticos que lo ocupan nos intenten convencer de lo contrario, y no hay igualdad, aspecto manifiesto y que es la baza fundamental que utilizan los nacionalistas de forma victimista. Habría que decir que: «todos los ciudadanos españoles están sujetos al la ley de España, que se decide en el parlamento central y vigilada [teóricamente] por el poder judicial». Las autonomías son extensiones del estado o divisiones territoriales sujetas a la misma ley (La Constitución, sea buena o mala). Por lo tanto, el parlamento autonómico carece igualmente de legitimidad democrática.
  
  
  
• Electoralismo: el gobierno central con el PSOE al frente, renuncia lograr la legitimidad democrática del parlamento central Español, y solo le interesa seguir en el poder. Para ello y obtener el favor del electorado nacionalista, prefiere hacer dejación de funciones al perder o ceder parte de la soberanía de la que es responsable, antes que obtener una legitimidad democrática, ocultando sus verdaderas pretensiones.
  
  
  
• Cesión de soberanía: no hay que confundir la división territorial autonómica del estado, con la cesión de soberanía. Como se ha explicado, la soberanía de un área es la que permite a dictaduras como Cuba o la China tomar todo tipo de decisiones, perjudiquen a quien perjudiquen, encarcelen a quien encarcelen, sin importar los derechos humanos o la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La cesión de soberanía que desde el gobierno central Español se está efectuando paulatinamente desde la transición, implica que las leyes que gobiernan en el estado español sobre estos derechos, aun defectuosamente defendidos, no son válidos en esta parte de su territorio, dándose casos como coacción o multa a particulares por usar una lengua determinada infringiendo derechos lingüísticos, cierre de emisoras solo por ser criticas con el gobierno autonómico arremetiendo contra la libertad de prensa o represión brutal de manifestaciones de inofensivos estudiantes, entre otros. No hay una propuesta autonómica para mejorar la legitimidad democrática, sino que se utiliza el nacionalismo como elemento electoralista. Seguir en el poder es lo importante, y cuanto más , mejor.
  

Espero que esta pequeña aportación haya servido para aclarar algo más las palabras de nuestro Ministro.

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