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sábado, 20 de febrero de 2021

La pandemia como contraste

sábado, 20 de febrero de 2021


El contraste, llamado así en medicina, es una técnica que mejora la visibilidad de la estructura interna de un organismo. Se introduce un agente ―normalmente un líquido― que es fácilmente detectable por un instrumento ―habitualmente una radiografía de rayos x―. De esta manera, un posible obstáculo o elemento que interfiera en el normal fluir del líquido, se evidenciará de manera clara y ostensible. La pandemia, además de la tragedia en sí misma, se ha convertido también en un contraste que ha evidenciado de manera bochornosa los fallos, políticos, sociales y culturales de la sociedad occidental. Empezando por la española.

El relato político

El 8 de Marzo es el Día Internacional de la Mujer. Ese día se celebraron, como en años anteriores, multitudinarias manifestaciones en diversas ciudades y municipios de España. La pandemia en aquel entonces estaba en Italia, en la península apenas habían unos cientos de casos de una enfermedad de la que se conocía muy poco sobre cómo se transmitía y qué periodo de incubación tenía. Los confinamientos parciales de Italia y otras medidas se aparentaban como exageradas en aquel entonces,  prácticamente ningún partido ni ningún medio tan siquiera insinuaban la necesidad de paralizar mítines, manifestaciones y mucho menos, confinamientos. Más bien al contrario, se banalizaba con el problema como si fuera algo distante.

A los tres días, la incidencia de casos se había multiplicado por diez hasta que finalmente se decretó el confinamiento el 13 de marzo. España fue uno de los países que relativamente, más pronto aplicó esta drástica medida. Al principio del confinamiento domiciliario, existió un amago de unidad. Una corta semana en la que los mensajes de serenidad y firmeza eran unánimes por parte de los protagonistas políticos. Nadie se atrevía a criticar en aquella situación ante la falta de información y argumentos. Pero entonces alguien se acordó de aquellas manifestaciones ocurridas apenas unos días antes. Se elaboró una teoría en base a aplicar la Falacia del Historiador, es decir, haciendo uso de toda la información sobre la enfermedad que se fue desvelando en las dos semanas tras el confinamiento, para juzgar las decisiones que se tomaron entonces que indudablemente, fueron tardías y equivocadas, como difícilmente podría ser de otra manera. 

De repente, lo que sospechábamos se convertía en una evidencia: los políticos se distinguen por poco más que por su capacidad para fabricar relatos que resulten electoralmente efectivos, sin preocuparse de su veracidad, de dar soluciones o aportar ideas constructivas, prácticas, más allá de lo obvio. Más de un mes después, tras superar varias cuarentenas, todavía se seguía hablando del 8M como la causa de la pandemia sin haber dedicado un solo segundo a analizar la trazabilidad del virus para realmente conocer por dónde había entrado y cómo se había difundido. El problema del relato ―o lo bueno, según del lado que se mire― era precisamente que era creíble, pero para que esto sea así es necesario que la audiencia sea lo suficientemente crédula.

El problema social

Casi un año después de que todo comenzara, las principales medidas de protección contra una infección de este tipo de virus siguen siendo las mismas: distanciamiento social, lavado de manos y evitar tocarse ojos y cara. Estas normas se vienen recomendando ―y recordando, ya que son de aplicación genérica ante toda epidemia― desde al menos, un par de días antes de que se decretara el estado de alarma y con él, el confinamiento ¿Qué hizo la gente? ¿Hizo caso de esas recomendaciones de una manera mayoritaria y responsable? Nada de eso, sino más bien todo lo contrario. A lo largo y ancho del país se repitieron las avalanchas de gente, apelotonándose, pisoteándose, acudiendo en masa a supermercados, esparciendo el virus por todas partes, causando desabastecimiento al adquirir productos que no iban a consumir en esa semana y dejando las estantería vacías ¿De quién fue responsabilidad? 

El problema cultural

Meses antes de ser declarada la epidemia como global, cuando solo era una epidemia local de China, el mediático médico cirujano Cavadas ―de virus sabe tanto como cualquier otra persona medianamente formada― alertaba que algo gordo estaba ocurriendo. El principal argumento era que si un país se pone a construir en diez días un mega hospital, es que en efecto, la situación es grave. Meses después, cuando ya se conoce de manera trágicamente palpable, es cuando la sociedad reclama responsabilidades por haber actuado tarde y mal. Los argumentos arrojadizos de los políticos, la poca capacidad de la sociedad para asumir parte de la culpa y el estrés de la difícil situación por la que se está pasando, han generado un ambiente de confusión y de impotencia frente al problema que no ayuda nada, salvo para descargar la frustración de la gente. Sin embargo la cuestión es: aunque se hubiera decidido actuar antes, no estaba claro cuales eran las medidas a tomar, ya que como se ha estado diciendo, no había certeza de cómo se transmitía a humanos. Es más, meses después, a pesar de todas las medidas tomadas y por tomar, a pesar de que todos deberíamos conocer los riesgos y el mal al que nos enfrentamos, el virus continua esparciéndose con una facilidad pasmosa, así como las noticias falsas, las dudas y los negacionismos. Después de todo este tiempo una cosa parece clara, que las medidas que se tomen apenas pueden contener los contagios mientras no haya un policía vigilándonos a cada uno de nosotros, un trabajo que no debería hacer nadie mas que nuestra propia responsabilidad. Pero es más fácil echarle la culpa al vecino o a otros profesionales que entonces no eran mediáticos, ni salían en la tele, como Fernando Simón. Un especialista que no basa sus argumentos en intuiciones, sino en lo que se ha podido probar en base a los hechos conocidos. Los cuales por desgracia, llegan sólo después de haber pasado por enfrentarse al problema durante mucho tiempo.

La ignorancia de la ciencia

La ciencia puede parecer engañosa al profano en el sentido de que muchas cosas obvias parece pasarlas por alto. La gente suele decir en ciertas ocasiones cuando se anuncia algún resultado de un estudio, que «eso ya lo sabía, que no hacía falta que se lo demostraran». Pero si algo tiene especial la Ciencia es su grado de objetividad, es decir, que no depende de lo que «uno» ya sabe, sino que es un conocimiento que puede ser compartido por todo el mundo. Cuando el epidemiólogo Fernando Simón hacía sus estimaciones en las ruedas de prensa, estaba compartiendo lo que en ese momento se conocía objetivamente, independientemente de lo que él pensase o «supiese». Lo que Simón decía no era «su verdad» , ni ninguna otra «verdad», sino el conocimiento compartido de la comunidad científica. Un conocimiento que siempre está sujeto, y esta es otra de las grandezas de la ciencia, a nuevas aportaciones objetivas, que pueden refutar por completo lo conocido anteriormente. Las mentes más conservadoras, tanto de izquierda como derecha, no viven cómodamente en esta situación de eterna duda, necesitan de «verdades» en las que ellos puedan creer, sin importar si son o no, ciertas. Por eso, la propia Organización Mundial de la Salud no llegó a recomendar las mascarillas de manera decidida hasta que no se supo de manera científica y objetiva, cómo se transmitía la enfermedad. Por eso todas las indecisiones e imprecisiones que se han estado dando ha sido debido por un lado, al desconocimiento de la comunidad científica de una manera de proceder precisa y detallada ―aunque como se ha comentado a día de hoy las recomendaciones básicas del primer día continúan siendo válidas― para enfrentarse a un problema en parte nuevo. Y por otro, por que la mayor parte de la sociedad no quiere tener que responsabilizarse de sus actos y espera de brazos cruzados que le digan lo que hay que hacer, siguiéndolo al pie de la letra cuando les interesa y de manera laxa cuando no, sin intentar comprender e interiorizar los motivos que llevan a definir esas medidas, en definitiva, sin formar parte de la decisión colectiva de seguirlas.

La guerra de datos

Si bien a los demás países no les va mucho mejor, esta tercera ola ha sido especialmente dolorosa porque ya se tenía el aviso de Reino Unido o Alemania. Otros países como Chequia que alardeaban de pocos contagios gracias al uso de la mascarilla, continúan sin controlar la epidemia. Lo que se ha visto es que todos los países han pasado por los mismos problemas, tarde o temprano, independientemente de las medidas que haya tomado. Los casos de contagios se han equiparado, aunque a distinto ritmo y sobre todo, con una respuesta y gestión diferente. El virus no ha tenido una expansión uniforme, no todos los países tienen la misma afluencia de gente, ni los estilos de vida son equiparables, ni las familias se estructuran igual, por lo que la respuesta a la pandemia no puede medirse igual para todos los países. 

En lugar de señalar de manera coherente y constructiva dichos fallos de gestión o de diferencias en las circunstamcias, se han usado los datos interpretados parcialmente de manera arrojadiza como arma electoralista. El caso más llamativo es cuando se habla de fallecimientos por habitante como una manera de medir la eficacia de la gestión, cuando por lo que se está viendo, las características de la enfermedad la hacen prácticamente incontrolable una vez hay una fisura por la cual logra colarse el virus y durante quince largos días difumina su nefasta influencia. Este parámetro es desde luego una manera de comprobar cómo está siendo un país afectado por la enfermedad, pero dice poco de la gestión y eficacia en combatirla. Es decir, si no tienes contagios, es difícil que tengas fallecimientos, por lo que se hace indispensable hablar primero de contagios por habitante para saber el grado de incidencia del problema y a continuación, el de fallecimientos por contagiados ―no por habitante―. Dicho de otra manera, cuantos de esos contagiados han muerto. Los medios de comunicación, más preocupados por las audiencias que por la divulgación y la información, se interesan más por obtener alarma de los datos, que de la verdadera trascendencia de estos.

La rotura del vínculo político

Una cosa es saber como evitar un contagio, otra es traducirlo en medidas sociales de obligado cumplimiento, y otra es diseñarlas para que sean comprendidas, asimiladas y seguidas por la población. A la dificultad en sí del problema completamente nuevo al que nos estamos enfrentando ―no ya como sociedad sino como especie― se añade la de comprender cómo una sociedad va a ser capaz de interpretar dichas ordenes, asumirlas y llevarlas a cabo. No se trata simplemente de entenderlas, sino de aceptarlas, en un país como España donde las frases como «para que roben los políticos, que sean los míos» no sorprenden a nadie, donde la economía sumergida es de las más altas de Europa, donde el número de presos por habitante es de los más altos, donde en definitiva, los trapicheos, la prevaricación y el pelotazo están a la orden del día. 

Por el lado de los políticos se tiene la dificultad añadida del desconocimiento de la enfermedad, lo que hace que las medidas son decididas sobre la marcha en función de nuevos datos conocidos sobre la enfermedad. Las medidas son diseñadas de forma genérica, tal vez para no pillarse los dedos, pero el resultado es que en ciertos casos individuales concretos no tienen sentido. Hemos pasado de no tener que llevar mascarilla por la calle, a ser de obligado cumplimiento, aunque vayamos solos por en medio de una calle de cuatro metros de ancho. 

Y la población, acostumbrada a ser decepcionada por sus políticos, ya no se sorprende del despropósito de las vacunas donde no hay protocolos para su administración claros ni medios adecuados para aprovecharlas, responde de manera muy irregular. Los profesionales sanitarios han dado de sí todo lo posible, al igual que suele ocurrir en cualquier otro ámbito de trabajadores por cuenta ajena, que no están sometidos a necesidades políticas y que son los que hacen que todo funcione. Pero el resto de la población, son protagonistas de numerosas anécdotas que muestran su desconocimiento de lo que está pasando. Gente que no entiende lo que es el periodo de incubación, antes de tener síntomas pero potencialmente peligrosos para transmitir la enfermedad. Gente que todavía, tras meses de explicaciones en medios e instituciones públicas, continúa sin saber que los grupos burbuja no evitan el contagio, sino que acotan a un círculo controlado la difusión del virus si algún miembro del grupo lo contrae. O que el uso de las mascarillas más sencillas de tela o quirúrgicas, no es para protección personal sino para evitar, de nuevo, que el virus se transmita. La mayoría de medidas no son para evitar el contagio de los que las toman, sino para evitar que se transmita a los demás. Salvo una vez más, el distanciamiento y la higiene personal medidas que se vienen repitiendo desde hace décadas, en las sucesivas pandemias que llevamos ya a nuestras espaldas. Epidemias que apenas recordamos en las que nadie reparó en sus causas, lo que hace que el mal vaya a peor.

El fallo del sistema

Mientras la pandemia continua imparable y nos muestra todos los puntos débiles políticos, económicos y sociales, pocos se acuerdan que estos problemas llevaban ya con nosotros mucho tiempo. Tal vez muchos ni tan siquiera habían pensado en ellos. La cuestión es que es ahora, cuando no podemos salir de nuestras casas, cuando afecta a la propia consistencia de un sistema basado en el «bienestar», pero que no tiene en cuenta a costa de qué o quienes se logra dicha comodidad. Los políticos continúan interesados en su interés electoral, sean locales o de todo el Estado, lo único que cambia es el ámbito. Las guerras de partidos continúan prácticamente intactas. Toda la sociedad está compartimentada en sus ámbitos y responsabilidades. Los trabajadores, el pueblo de a pie, poco puede hacer más que preocuparse de su día a día. Mientras, los problemas generales han continuado su camino, poco a poco, hasta que los hospitales se han llenado. Y esta es al parecer la preocupación de los políticos ya que siempre han habido miles y miles de muertes al año por motivos como la gripe común, por ejemplo, pero en este caso al ser mayor el índice de letalidad y la necesidad de atención hospitalaria, la falta de recursos lo convierte en un problema de responsabilidad de gente con nombres y apellidos de polìticos. 

Lo preocupante de la pandemia no son sólo los fallecidos, sino que además de estos, está evidenciando la incapacidad de la sociedad para hacer frente a los problemas que están con nosotros desde hace décadas. Si en España son consecuencia de un sistema político creado en una coyuntura ya obsoleta, el mundo occidental en general, prepotente y engreído, achaca sus males a cabezas de turco señalando los síntomas en lugar de la causa. Se llega al punto del espantoso ridículo de unos EEUU, el supuesto faro de las democracias de occidente, convertido en una república bananera mientras pretenden echar la culpa a Trump, no a la decadencia de su meritocracia, victima de una pretensión de justicia buenista malentendida que en realidad instrumentaliza políticamente a las minorías para satisfacer el interés particular de grupos de activismo ruidosos. Lo preocupante es que quien se ríe de todo es una dictadura como China que no necesita justificarse ni pedir permiso para tomar medidas. Una dictadura China que puede permitirse el lujo de elaborar estrategias con una proyección de décadas en el futuro, mientras que en el mundo occidental el principal interés es ganar las elecciones siguientes cada cuatro años, mientras los problemas se enquistan y meten bajo la alfombra. Lo preocupante es que después de siglos de renacimiento, de ilustración, de revoluciones y de peleas por la igualdad y los derechos, cuesta entender para que se está aprovechando lo que en teoría, se ha aprendido.

Más información:
  • Cómo modelizar una pandemia. Investigación y Ciencia. Mayo, 2020 <enlace> [acceso 20/02/2021]
  • El virus también ataca a la democracia. The Conversation. 31 de Marzo de 2020 <enlace> [acceso 20/02/2021]

sábado, 20 de abril de 2019

Carencias democráticas

sábado, 20 de abril de 2019
Foto: Wikipedia
España tiene un sistema político que dista mucho de ser el de hace 80 años. Actualmente según ciertos parámetros es considerado un país libre pero, ¿significa que no es mejorable? ¿Es nuestra forma de democracia la mejor que puede tener nuestra sociedad? ¿Son todas igualmente efectivas para cumplir su función? ¿En otros países representan por igual a su sociedad? ¿Todos evitan de igual manera los abusos y la corrupción? ¿Por qué protestan los independentistas, tienen razón o parte de ella en los motivos que les lleva a adoptar su postura, sea esta correcta o no? ¿En qué aspectos es mejorable nuestro sistema? ¿Quién impide que este madure?

Son muchas preguntas cuyas respuestas exceden la intención de este artículo. Sin embargo, con tan sólo comparar otros países no muy lejanos como Dinamarca en asuntos de corrupción y comprobar la plena consciencia del problema de sus ciudadanos y qué clase de actitudes y vicios han de reprimir para evitar males mayores; o con datos como que España es el país europeo con mayor número de encarcelados por habitante mientras que en Suecia se cierran las prisiones, se advierte fácilmente que algo no funciona. Se le propone al lector un pequeño viaje por nuestra historia inmediata para intentar averiguar qué clase de defectos palpables se encuentra en nuestro sistema político. Problemas conocidos que en otros países solucionaron en su momento de alguna manera, mientras que en España... bueno, mientras que aquí pasaba esto:

Un poco de historia

En los últimos años del periodo de dictadura —el llamado tardofranquismo—, la necesidad económica del país de abrirse a Europa fue fundamental y probablemente el motivo por el cuál los que entonces gobernaban no tuvieran más remedio que modernizar paulatinamente a la sociedad española. De esta manera se dio paso al baby boom y a la creación de una clase media que, con el Seat 600 como símbolo, comenzó a vivir con unos niveles incipientes de autonomía individual, de igualdad y de libertad. Con el dictador muerto y dejándolo todo bien dispuesto, el siguiente paso vino con la Transición, una fase que si bien la sociedad española venía años demandando, no es menos cierto que finalmente vino desde dentro, es decir, fue orquestada desde el propio sistema que entonces regulaba la vida de sus ciudadanos.

Transición perpetua

De esto hace más de cuarenta años, los cuales hemos estado viviendo en una transición que ha permanecido inalterable, con un sistema político y legal cuya diferencia más notoria con el anterior son unas elecciones «generales», cada cuatro años, que pretenden simbolizar una apertura a la participación de los ciudadanos. Ahora bien, observado con algo de detalle se evidencia que dicha participación ha de realizarse a través de alguna fuerza política en forma de partido, para que ocupe prácticamente las mismas instituciones. Unas que continúan basadas en una rígida jerarquía que decide todo desde arriba de manera unidireccional, desde el Jefe de Estado hasta el último conserje de consejo de barrio. El porqué de esta tradición cultural es igualmente un asunto que nos sobrepasa, pero no es nuevo: desde el cesaropapismo hasta el caciquismo, pasando por la mafia, podemos sospechar que en la cultura mediterránea son un común denominador. La Transición no ha mejorado este aspecto, todas las organizaciones e instituciones en España obedecen el mismo sistema de orden y control, de autoridad y sumisión: organismos públicos, partidos y sindicatos. El resto de organizaciones de corte menos político acaban imitando esta cultura, que se podría decir que si bien puede ser comprensible en el ejército, es en su base de difícil compatibilidad con la democracia y muy inadecuada para aprovechar el capital humano en cualquier otro ámbito.

Paradoja social

Durante todo este tiempo el sistema ha permitido que posturas contrapuestas cohabiten dentro del mismo espacio político. Esta apertura es la que definió la época de la Transición, un momento de la historia conocido por un espíritu de optimismo y fraternidad. Esta cultura sin embargo, en lugar de madurar, no solo ha ido desapareciendo sino que se ha radicalizado hasta el esperpento con el paso de los años, sin superar ni uno solo de los demonios guerracivilísticos que tanto han socavado la convivencia en la sociedad española. Si bien «sobre el papel» el sistema a nivel formal permite la diversidad política, ocurre sin embargo que a nivel cultural esta coexistencia está marcada por el enfrentamiento y la emotividad. No ha habido asimilación por parte de la sociedad, o lo que ocurre es que el propio sistema heredado de la Transición promueve estas actitudes: el debate no existe, empezando por el principal lugar donde debería que es el Congreso, lugar en el que sus protagonistas se limitan a decir lo que quiere oír su público sectorizado, su audiencia ideológica, sus electores. En lugar de debate, las legislaturas son campañas electorales de cuatro años. El punto de inflexión donde se evidenció el fracaso cultural de la Transición fueron tal vez las elecciones generales de 2004, de triste recuerdo por el trágico atentado del 11M.

En consecuencia, las posturas políticas que se generan son acordes a esta situación. La democracia a la que se le ha estado llamando así durante estas décadas, nos ha traído una cada vez mayor radicalización y enfrentamiento de las posturas, en lugar del acercamiento y el enriquecimiento mutuo. Los nacionalismos e independentismos han aumentado y radicalizado al ser alimentados por el sistema actual año tras año, cebándolos, sin convencerles lo más mínimo a pesar de que en teoría, si las cosas fueran como nos dicen que son, no deberían tener ya motivo alguno para continuar en sus posturas. Debido a esto, se han formado dos bandos que han ido escalando en su dogmatismo por igual, algo que viene también a evidenciar lo poco que se ha aprendido del más triste periodo anterior a la dictadura que le sucedió. Esos dos bandos, como se decía, se han configurado como los «constitucionalistas» y los «anticonstitucionalistas».

Los primeros defienden de manera absolutamente inamovible el sistema que paradójicamente, nos ha llevado a la actual situación. Los segundos señalan las carencias del mismo sistema que sin embargo, les permite manifestarse, sin ofrecer más alternativa que la escisión del mismo para repetir el mismo esquema autoritario. Cualquier intento de posicionarse fuera de estas dos posturas rígidas se enfrenta a enormes dificultades, teniendo como oponentes la mayor parte de medios de comunicación que están sometidos a uno u otro «bando».

Fallos del sistema

¿Es posible criticar a algo en España con normalidad? ¿Es posible hacerlo sin ser acusado o encasillado en alguna de las etiquetas ideológicas del momento? Ha quedado demostrado que no se puede convencer a nadie, si este previamente no lo desea, por justificados y razonables que sean los argumentos expuestos. Pero no es intención el convencer a nadie, sino buscar respuestas a las preguntas planteadas durante el artículo. De todas las cosas cuestionables que tiene nuestro sistema, los siguientes puntos destacan sobre el resto:
  • Sistema de representación político

    • Valor del voto por circunscripción: esta está basada en la provincia sin tener en cuenta las grandes desigualdades en densidad de población y su correspondencia con los escaños. Esto genera una diferencia de valor del voto de cada ciudadano en función de su residencia, a efectos del número de votos necesario para elegir un representante. Independientemente de cualquier otra consideración, nada más empezar nos encontramos ya en en el criterio básico por el cual se establece la representación ciudadana, en una desigualdad.  <Artículo 68 [acceso el 22/3/2019]>

    • Los siguientes tres puntos por separado son opciones que cada una de ellas pueden darse en un sistema democrático por unas razones u otras, pero las tres al mismo tiempo forman un conjunto que reducen la necesaria representatividad del sistema español a la anécdota:

      1. Listas cerradas y bloqueadas: los ciudadanos no eligen al representante, sino a una lista ya confeccionada y predefinida. Tampoco eligen el orden, ni pueden realizar modificación alguna sobre ella. Esta clara merma en la capacidad de decisión de los ciudadanos tiene todavía una mayor repercusión si se le añaden el resto de puntos.
      2. Reparto de escaños: se realiza asignándose a cada uno de los miembros de la lista siguiendo el orden establecido en ella, en función del número de votos que ha recibido la misma. Es decir, los escaños que recibe la lista son repartidos a cada uno de sus miembros, como si hubieran sido otorgados a cada uno de ellos. De esta manera el reparto favorece a los votos locales, ya que cuantos más votos reciba una lista en su circunscripción, más escaños recibirá.
        En un primer momento este «principio de localidad» parece tener sentido, pero deja de hacerlo si se consideran el resto de puntos enumerados, ya que el ciudadano no ha podido decidir nada sobre sus representantes ni tendrá mandato alguno sobre ellos.
        En resumen, el sistema de reparto de escaños se decide en función de un principio de representación local que en la práctica no existe. El hecho de que los ciudadanos acudan a las urnas y se enfrenten a un entramado de listas y nombres que sirve para poco pero que es el que va a decidir a la postre la representación parlamentaria, no es en ningún caso, deseable.
      3. Anulación del mandato imperativo y disciplina de partido: el mandato imperativo es una figura política que consiste en la obligación del representante de estar a disposición de sus representados. Esto significa que el representado conoce quién es su representante cuyo mandato legislativo está sujeto a anulación en cualquier momento —en base a algún mecanismo que lo posibilite, como recogida de firmas—. En España la Constitución prohíbe expresamente que los representantes estén sujetos a mandato alguno, algo que tampoco sería posible ya que no hay forma de relacionar a un representante con sus representados, ya que en ningún momento ha existido la posibilidad de ofrecerse a ser elegidos, ni manera de que los ciudadanos puedan hacerlo, como se ha visto. Por este motivo las campañas rara vez usan el atractivo de un político local, siendo en su lugar la imagen del candidato a presidente la usada en todo el ámbito de España. El argumento esgrimido es el de lograr que el representante sea independiente, pero la realidad impuesta por el primero de estos tres puntos, es que el diputado acaba sujeto a una férrea disciplina de partido <Artículo 67 [acceso 22/3/2019]>.
        La consecuencia de estos tres puntos es que la representatividad se pierde en gran medida, siendo las direcciones centrales de los partidos los que tienen verdadero control sobre las decisiones. A pesar de que el reparto de escaños se realiza en función de una supuesta característica de representatividad local, el resto de mecanismos obligan a que la política posterior en el Congreso se decida en función del total de escaños obtenidos en el conjunto de circunscripciones, perdiendo toda característica de teórica cercanía al ciudadano —a pesar de que la proporción de escaños proviene de esta premisa—. La disciplina impuesta por los partidos hace que salvo en contadas ocasiones —transfugismo— un representante no sea más que un robot, un autómata cuya única finalidad es apretar un botón, leer el periódico, o jugar al Candy Crush.
        Cuando el partido es por definición de ámbito local, su política posterior obedece a esta circunstancia —los independentistas solo se presentan en las circunscripciones de su autonomía y las tendencias de voto son distintas en función de si son elecciones generales o autonómicas—. Sin embargo, siendo el resto de funcionamiento el mismo —listas cerradas y bloqueadas y prohibición de mandato imperativo— esta «cercanía» política no implica ninguna mayor representatividad, sino la defensa por parte de unas cúpulas políticas locales de unos intereses distintos a las cúpulas que gobiernan en el resto del Estado, las cuales adolecen de la misma falta de representatividad. El independentismo es por tanto un fenómeno derivado del actual sistema, cuya actual fuerza es consecuencia de la misma causa que dicen repudiar.
        Como anécdota, si es que un tema tan serio merece alguna, son las explicaciones que en la propia Constitución se dan para justificar los caminos escogidos. Un texto que ha de representar la voluntad del pueblo no necesita de ninguna justificación.
  • Independencia de poderes

    A efectos prácticos esta es inexistente ya que como se ha visto, el poder legislativo está controlado por las direcciones de los partidos, los cuales eligen a un candidato como jefe del ejecutivo, en este caso del gobierno —por ser una monarquía—. Poca o nula capacidad de decisión han tenido los ciudadanos en esta situación, salvo los votos concedidos bajo las condiciones expuestas. Por añadidura, tras una reforma de 1985 <enlace a la fuente [acceso el 7/2/2019]> la poca independencia del poder judicial acaba por desaparecer —las reformas tras la Constitución son a peor, por lo visto— con lo que los tres poderes del Estado están sometidos al reparto que logren las direcciones de los partidos tras unas elecciones generales. Es ahí donde se decide todo durante los cuatro años siguientes.
  • Iniciativa Legislativa Popular

    No debería ser necesario señalar que en un sistema democrático la participación ciudadana es el principal requisito. Aunque las grandes poblaciones tengan que recurrir a un sistema representativo para llevar el gobierno del pueblo a efecto, en la medida sea posible no hay que olvidar los mecanismos de democracia directa. Uno de ellos es la llamada ILP —por sus siglas— mediante la cual la ciudadanía puede proponer a sus representantes una iniciativa legislativa. Es decir, que se apruebe o rechace una ley en el Congreso propuesta directamente por los ciudadanos.
    De nuevo, la Constitución Española recoge esta posibilidad ineludible en un sistema democrático, sin embargo; independientemente del número de firmas necesario ni de los mecanismos para ello; esta opción es en la práctica inútil, ya que los representantes pueden ignorarla sistemáticamente a pesar de ser una petición directa de sus representados. <enlace a  la Ley Orgánica 3/1984 [acceso 3(4/2019]>
    Para poder comparar la manera de llevar a cabo este sistema con otras opciones existentes funcionando desde hace décadas con resultados satisfactorios, Suiza es un país que mantiene su sistema federal con una gran presencia de democracia directa —uno de los probables motivos de su no pertenencia a la Unión Europea—: ante una ILP, los representantes si bien no están obligados a aceptarla, en caso de rechazo sí están obligados a presentar una alternativa y a someterla a referendum

Puntos débiles

Decir que en estos puntos anteriores no existe pasión en su exposición no sería cierto, porque las personas jamás podremos deshacernos de ella. Incluso el más ortodoxo de los científicos no deja de sentir cierto amor por su trabajo. Pero en este caso el esfuerzo ha consistido en ser lo más independientes posibles de dicha emoción. Sin embargo, no sería justo ignorar otros temas que provocan reacciones airadas entre la sociedad, no tanto por ellos mismos, sino por la dificultad para tener un verdadero debate, más allá de las tertulias televisivas cuyas posturas obedecen a un guión preestablecido. Mientras tanto, en nuestro país continúan la escalada en el separatismo, el déficit público, el paro —el doble que otros países del entorno inmediato— y sobre todo, los casos de corrupción, que han alcanzado tales cotas que salpican hasta la máxima institución del Estado:

Monarquía

Holanda, Bélgica, Dinamarca y Reino Unido son monarquías, por citar unos ejemplos. Lo llevan de manera aceptable, incluso en algunos casos se diría que son países ejemplares, como Dinamarca. Reino Unido se dice que es el único país que a través de reformas ha logrado un sistema representativo considerado modélico por algunos especialistas. Holanda es un país con una cultura social que respeta la diversidad y la libertad como señas propias. Y Bélgica hace lo que puede, dentro de las dificultades por las que atraviesa. La monarquía no es por tanto un problema en sí mismo, pero no cabe duda que es un instrumento caduco y obsoleto. Su adecuación a la democracia pasa por artificios cuyo objetivo final no es otro que mantener a los monarcas en su trono, con la mayor parte de sus privilegios. La cuestión es pues hacerlo de la manera más decorosa posible. No se trata ahora en este instante de «opinar» de manera favorable o lo contrario, pero lo que es necesario es reclamar la existencia de un verdadero debate sobre el tema, en el cual participen actores cuyos intereses tengan lo menos que ver con la institución, sea a favor o en contra, y en el cual se pongan sobre el tapete todos los pros y contras de las diferentes opciones de la forma de Estado, y sobre todo, qué quiere la sociedad española, qué caminos ha de emprender y cuál podría ser su coste en todos los aspectos.

Indultos

Este es otro de los casos en que si bien una figura como el indulto por parte de la jefatura del estado es admisible, no lo es tanto si no existen junto a ella ciertas condiciones. En cualquier otro país avanzado, los indultos tienen mecanismos que en comparación con el caso de España se aparecen como mucho más válidos. Difícilmente un presidente de gobierno que ha sido permitido por el rey le va a poner pegas. Tanto o más difícil lo va a hacer un congreso cuyos diputados ocupan unos asientos gracias a apoyar al actual jefe del gobierno. En definitiva, la inexistencia de una separación de poderes efectiva en la práctica, hace que el indulto en España sea poco más que alzar o bajar el pulgar, al más puro estilo del César de Roma.

Decretos

La prueba más aplastante de la inexistencia de debate social y político, es la cantidad de decretos promulgados gracias a la mayoría que un único partido y sus socios, poseen en el parlamento. Y el panorama no parece remitir en absoluto. Toda la decisión, como se viene explicando, ha partido de una cúpula la cual transmite como un rodillo, aplastando a quien pilla por debajo. El resto de millones de personas que se supone deberían estar representadas por el resto de ocupantes del parlamento, no tienen la más mínima oportunidad de hacer nada al respecto, salvo el pataleo o las tertulias de barra de bar.

Financiación de los partidos

Por más supuesta apertura que se ofrezca a los ciudadanos, si estos no tienen ninguna posibilidad por falta de medios, no sirve para nada. Los más veteranos recordamos lo que entonces se llamó «sopa de letras», por el maremágnum de siglas e iniciales en el que se convertían las primeras convocatorias electorales. La cantidad de pequeños partidos, cada cuál más anecdótico e incluso estrambótico, ofrecían un espectáculo algo patético. Es necesario un filtro. En otros países se solucionan con circunscripciones uninominales a doble vuelta, en el que los candidatos son personas, y que las propuestas más débiles caen en la primea vuelta. En España es el respaldo financiero, de manera que sólo las opciones que de entrada tienen más capacidad, llegan a obtener representación parlamentaria.  Con el agravante que a continuación, es el propio Estado el que asigna un presupuesto electoral a la formación, en función de su respaldo en número de votos y gracias al cual te llenan el buzón de propaganda electoral. Esta es la manera en que que en España se hacen las cosas: matando moscas a cañonazos. De esta manera se crea un circulo vicioso donde los partidos tienen como objetivo vivir a costa de unos presupuestos estatales, logrando como sea apoyos electorales. El resto de opciones que quieren cambiar algo o proponer cosas nuevas, parten de entrada con enormes dificultades. Lo que en un principio era un filtro necesario, se convierte luego en una clara desigualdad injusta y poco democrática, que favorece especialmente a los más poderosos, consolidando la llamada «dictadura de la mayoría» que a base de decretos y de una ausencia de controles de poder independientes, hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. En definitiva, en España nuestra democracia todavía va en 600.

miércoles, 3 de enero de 2018

Manual para hablar de política

miércoles, 3 de enero de 2018
Cartel visto en una pensión de jubilados


Hablar de política en España se ha convertido en un asunto complicado desde la tristemente famosa «crispación» de Zapatero, junto a la utilización del lenguaje al modo de la «neolengua» orwelliana que alumbró ministerios de igualdad —que diferenciaba a las personas por sexo y establecía un cupo numérico— y donde los pro-terroristas se convertían en «hombres de paz». Una época que presagiaba lo que nos ha venido después con la era «postfactual» de Ángela Merkel y la «posverdad» de Donal Trump. Hablar de política en España se ha convertido en una pesadilla que no lleva a ninguna parte salvo para los que cobran precisamente de vivir de dicha actividad, tal y como ocurre en los lugares específicamente pensados para ello y a través de estos profesionales «cualificados». El resto de lugares, sea un bar o una sobremesa vespertina, son fuente de discusiones perpetuas y diálogos de besugos, una retahíla de dogmas seguidos uno detrás de otro. Pero habrá que intentarlo.

Lo primero que hay que averiguar y tener claro en el momento se inicia un debate o discusión sobre política es si nuestro interlocutor está interesado únicamente en lo que atañe a su beneficio personal, sus intereses particulares, en la defensa de sus ideas por encima de cualquier otra lógica, o por el contrario está realizando un genuino intento por establecer de manera objetiva cuáles son las vías posibles para gestionar un país —o alguno de sus sectores— de la manera más eficiente. Todos tenemos derecho a defender nuestro beneficio o nuestras ideologías pero no a imponerlas, menos aún cuando implica un perjuicio sobre otros. Tampoco existe potestad alguna al uso de la manipulación para convencer a nadie para que así sea. La política debería ser ese lugar donde la sociedad —bien a través de unos representantes o cuando sea posible mediante la intervención directa de sus ciudadanos— encontrara esos caminos para que el beneficio de una parte de la sociedad no implicara un sacrificio de otra —poder judicial independiente—. Y al hablar de sacrificios y beneficios no debería referirse a opciones ideológicas de tipo estético como nombres de calles, estatuas o monumentos, opciones religiosas o crucifijos. Un nombre de calle, aunque no nos guste, no vulnera ningún derecho individual de nadie. Por tanto, lo siguiente a definir es cuál es la parte personal y por tanto, inviolable, y cuales son los aspectos que atañen a la sociedad como colectivo.

Una vez establecido el ámbito —personal o colectivo— hay que definir el problema. Suponiendo que se piense que hay algún problema, ya que todavía hay gente que piensa que «España va bien». Desde luego que puestos a comparar siempre van a existir países donde todo está mucho peor. Se trata pues de realizar comparaciones que tengan un mínimo de sentido, por ejemplo, teniendo en cuenta otros países similares del entorno, nuestra evolución histórica o simplemente, qué aspectos del funcionamiento de nuestra sociedad puedan identificarse con claridad como manifiestamente mejorables, no sólo porque sean un desastre, sino porque exista evidencia de que es posible hacerlo mejor.

El potencial de España

Afortunadamente en España se disfruta de un buen clima, de una buena gastronomía y de una Historia que nos ha dejado un gran legado cultural. Esto ha convertido nuestro país en una enorme fuente de capital humano que destaca allá donde se lo permiten. Pocas zonas del planeta tienen una combinación de clima, localización y legado cultural tan rico y con tantas posibilidades como disfrutamos aquí, además de una gran esperanza de vida. Escritores, médicos, ingenieros y exploradores, entre otros, han dejado su impronta en las páginas de la Historia de la Humanidad, a pesar de todas las dificultades a las que a menudo han tenido que enfrentarse debido a una mala gestión política. Gracias a la base de la sociedad —campeona en donaciones de órganos—, a la actividad económica, a esos pequeños empresarios que trabajan doce horas todos los días y a esos empleados por cuenta ajena que han de pagar hasta el último de los impuestos —mientras que grandes empresas influyentes disponen de gran cantidad de mecanismos para eludirlos— y que sustentan al resto de economía sumergida y subvencionada, gracias a todos estos héroes anónimos, nuestro país no se va a pique. Esta desigualdad en es sí misma un problema, pero además, hay otros que podrían ser perfectamente resueltos.

Problemas de España

Además de lo mencionado, este país disfruta de unas condiciones que nos permiten tener una cultura del ocio y disfrute de grandes posibilidades. Un legado de la cultura mediterránea que compartimos con otros países como Italia o Grecia. Países que junto con Portugal, forman los llamados despectivamente PIGS, por compartir precisamente problemas similares. Si se empieza por el más grave en España, la cosa quedaría así:

Pobreza infantil

Aunque los bares se llenen de aficionados al deporte rey antes que las bibliotecas y los cines lo hagan también hasta los topes, no es menos cierto que los más débiles, esos que no son fuente de impuestos ni consumistas ni potenciales votantes, los niños, tienen algunos problemas importantes. España es el segundo país de Europa con más pobreza infantil superado sólo por Rumanía —ojo al dato—.  Es decir, el país europeo cuyos habitantes cuentan con el mayor número de teléfonos inteligentes —o smarthpones— del mundo, es también uno en donde los niños pasan más hambre del mismo continente. Lógicamente si nos comparamos con Somalia seguro que estamos mejor, pero seguro también que en este país africano tiene mayor justificación ya que allí la pobreza está lamentablemente generalizada, cosa que obviamente no es el caso de España. En Somalia es un problema generalizado de una índole mayor, aquí, es un problema de decisión política. Es un problema cuyos responsables tienen nombre y apellidos.

Sistema educativo

Junto al anterior, este punto es otro de los más dramáticos problemas que afectan a la salud de una sociedad. La educación de las personas que empiezan su andadura por esta vida es la base de todo lo que va a venir después. Es indudablemente una apuesta a largo plazo que en un sistema basado de manera enfermiza en el beneficio inmediato, acaba siendo de los más perjudicados, eternizando un problema que únicamente en los lugares mas desarrollados hacen frente de manera responsable y prestando la atención debida al bienestar general. Según el informe PISA la palabra que mejor define a España es mediocridad: si bien la puntuación alcanzada no empeora, también es cierto que no se logra ningún avance permaneciendo estancados en la zona media baja a pesar de que muy cerca, nuestro país vecino mejora nada más y nada menos que en 30 puntos. Con el añadido que en nuestro propio territorio existen ejemplos que destacan pero que son ignorados. Se sabe cómo hacerlo, se puede estar entre los mejores, pero simplemente los que tienen que tomar las decisiones adecuadas y dejar que los que poseen el conocimiento puedan aportarlo al bienestar general, prefieren seguir acaparando ellos el protagonismo en lugar de otros, aunque se lo merezcan más.

¿Muchos impuestos?

Todos nos quejamos de la gran cantidad de impuestos que pagamos, pero, ¿es esto así realmente? Es decir, ¿que significa «muchos»? ¿más de los que nos gustaría? ¿más que el vecino? Los agravios comparativos son indudablemente un motivo más que válido para denunciar una injusticia, sin que por ello implique que tu situación sea precaria. La desigualdad fiscal que se sufre en España materializada a través de «recursos» legales como las sicav a las que sólo pueden acceder grandes fortunas, son una triste y lamentable realidad. No por el recurso fiscal en sí mismo —en otros países existen figuras similares— sino por la mala aplicación de la ley que provoca que sea usada como herramienta de evasión fiscal únicamente para los que pueden acceder a ella. Algo similar ocurre con los impuestos que pagamos todos: la sensación de impotencia y de injusticia motivada por estas desigualdades y por la corrupción política en casos de cohecho y prevaricación, provoca que el fraude fiscal sea elevado. Como consecuencia España es uno de los países que menos recauda a pesar de tener de los impuestos más altos de su entorno. Pero en lugar de mejorar el sistema fiscal para que sea más legitimo, eficaz, justo y equitativo, la baja recaudación —que es al final lo único que les importa— se pretende solucionar aumentando todavía más los impuestos en lugar de analizar las causas de una manera más respetuosa con los contribuyentes, los cuales en España son siempre tratados como «defraudadores en potencia» —el clásico «piensa mal y acertarás» que tanto daño hace en la convivencia—. Esta medida provoca un mayor rechazo y por tanto, mayor fraude fiscal, agravando todavía más el problema. En definitiva, España tiene unos impuestos altos pero se recauda poco, como consecuencia la inversión en servicios públicos es escasa.

Economía sumergida

El fraude fiscal se explica de manera apresurada por la gran cantidad de economía sumergida que existe en España que representa casi un 20% del PIB. Sin embargo, estudios han señalado que este fenómeno más que ser la causa es en realidad el síntoma de un mal modelo productivo y fiscal. Es decir, la economía sumergida es muchas veces la única solución de algunas empresas y trabajadores autónomos para poder subsistir al no poder hacer frente a las regulaciones que el Estado obliga, pensando la mayoría de las veces en sus propias cifras y las necesidades políticas del partido en el gobierno, en lugar de en las de mejorar el modelo económico e industrial del país.
en los países con altos niveles de desigualdad, los beneficios de la formalidad son menores para los individuos más pobres, que no logran apropiarse de su productividad en el marco de mercados laborales imperfectos, lo cual se agudiza por las debilidades de sus instituciones

Modelo productivo

Hablar de modelo productivo referido a todo un país ha de hacerse de una manera holística en el sentido de incluir todos los aspectos relevantes, incluyendo a usuarios, trabajadores, empresarios, gobernantes y resto de responsables como participes del problema. Una clave nos la desvela Gerardo Ibañez en su obra La Revolución Industrial Oculta (2013). En ella, este ingeniero industrial con experiencia en EEUU y Alemania nos comenta que el nexo que une a los países más y mejor industrializados y con mayor capacidad de producción propia no es otra que unos sueldos altos. Pero contrariamente a la creencia habitual, los sueldos altos no son la consecuencia de un mejor modelo productivo, sino al contrario, son la causa: si subes los sueldos la economía mejora sistemáticamente. El ejemplo paradigmático fue el de Henri Ford quien decidió duplicar el sueldo de sus trabajadores logrando de esta manera un éxito sin precedentes que sería imitado por el resto de compañías del mundo... hasta que llegaron los japoneses con Toyota. Dejando a un lado el interesante debate sobre los inconvenientes del fordismo que serían superados por el método lean o poka-yoke japonés, el hecho relevante en ambos casos es que la principal manera de mejorar un sistema es dotar de autonomía, responsabilidad y capacidad adquisitiva a la base social del colectivo. Circunstancia que en España suele ser al contrario, todavía dependiente de un sistema casposo, rancio y caciquil, jerárquizado hasta extremos enfermizos. En este sentido, el capital humano que existe en España es aprovechado únicamente en sentido vertical: todo lo que vales es lo que decide la persona que está por encima tuya en función de su criterio personal.

Meritocracia

Aunque los sistemas basados en el mérito tampoco son perfectos —como no podría ser de otra manera— su ausencia produce en la misma medida un drama humano que han de padecer los trabajadores de este país y que a buen seguro es causa de no pocas depresiones y que acaba doblegando a la base social, siendo participe del pelotazo, del enchufismo y del nepotismo. Según un estudio del Foro de Davos, con sede en Ginebra, España ocupa el penúltimo lugar de la Unión Europea en aprovechamiento de su capital humano, junto una vez más a otros países como Grecia o Portugal. Es decir, no se trata de la calidad de nuestro capital humano, sino de cómo se aprovecha. Eso sí, lo que es bien aprovechado es la inocencia e ingenuidad sobre la realidad del mercado laboral de los becarios recién salidos de las universidades, que son exprimidos en proyectos que nadie más hace, bien por su tediosidad o bien porque no existe un puesto de trabajo regulado con la requerida cualificación académica, por lo que acuden a este tipo de empleo «efímero», ya que asumir la necesidad de dichos puestos implicaría reestructurar todo el sistema, dejando a los dirigentes respecto de sus propios cargos —a los que han accedido la  mayoría por vías «alternativas»— en situación comprometida.

¿Corrupción?

Hablar de la corrupción como un problema en sí mismo encierra algunas complicaciones. En primer lugar hay que definir qué es lo que se entiende como corrupción y en segundo lugar, de qué tipos. En la actualidad mediática, la corrupción es tratada como un aspecto independiente y únicamente aquellos casos que están bajo investigación judicial, tratándolos como si fuera una especie de virus o un «factor genético» —como algunos agitadores de la pantalla han llegado a decir—. En España la corrupción es tratada como un factor político más, como lo pueda ser el paro o la subida del IVA. Y lo que es peor, asociada a determinados partidos, usada como elemento acusador para ganar en los debates. Sin embargo, si no hubiera ningún caso de corrupción sería un síntoma realmente preocupante —como ocurría en las dictaduras de Franco o Stalin— ya que la posibilidad de la corrupción siempre existe y con el tiempo se hace tan inevitable como lo es que tengamos que cambiar los neumáticos de nuestro automóvil.  La cuestión importante de la que nunca se habla es la de los mecanismos para detectarla y para corregirla. Todo este panorama lo que provoca es el ocultamiento del verdadero problema de fondo, que es la ineficacia a la hora de gestionar los recursos del Estado, que van a parar a manos indebidas y empeorar los servicios públicos y perjudicar gravemente a los más débiles. La corrupción no es un factor que se pueda aislar. Los casos anteriores citados, desde la pobreza infantil hasta el sistema educativo, pasando por el enchufismo, son también casos de corrupción. El verdadero problema no es la inevitable existencia de corruptos sino la deficiente utilización del Estado, es un problema de sistema, no un problema de políticos —que también— y no se soluciona cambiándolos, sino cambiando el sistema de control, de detección y de auditoría. En su lugar se usa el sistema judicial como un sustituto lejano de la revocación de mandato, mecanismo que habría de existir en toda democracia representativa que no haga uso de la democracia directa.

Soluciones

Buscándolas

Hasta hace poco la mayoría se sentía confiado al vivir en una democracia y esperaba que con el paso de los años los problemas se solucionarían, pero 30 años después continuamos con los mismos problemas, el mismo país de sol y playa, de turismo, de servicios, de mercado interno, de empresas que han de ir al extranjero para triunfar mientras que las multinacionales extranjeras, mediante suculentos acuerdos con el Jefe de Estado y el resto de políticos que se reparten el pastel, ocupan y monopolizan el mercado laboral imponiendo sus cada vez más sofocantes condiciones. Exactamente igual que en la época de la dictadura.

Puede decirse que en España no hay un problema lo suficientemente grave como para que pueda señalarse y echarse las manos a la cabeza. Nuestros políticos se preocupan de que esto sea así, independientemente de que en el fondo haya todo un conjunto de problemas que vistos de esta manera nos presenta un escenario que es para salir corriendo. A otros países cuyos dirigentes, sin dejar de preocuparse por sus cómodos asientos —las personas estamos sujetas a los mismos anhelos en todas partes— poseen sin embargo dentro de su cultura y tradiciones históricas mecanismos que limitan los despropósitos que puedan hacer, logrando que su gestión aporte algo a la sociedad que representa. El resultado es que a pesar de lo que dice la Constitución de 1978, en la práctica los ciudadanos de España no somos iguales ni jurídica, ni política, ni económica, ni fiscalmente. Además de tener que encontrar una solución para el problema de gestión al que nos enfrentamos como sociedad, queda el problema no menor de aplicar dicha solución. Llegados a este punto, cada uno de los 40 millones de ciudadanos que pueblan nuestro territorio probablemente tenga una idea distinta de lo que hay que hacer. Recientemente se ha comenzado a colocar el objetivo en el propio sistema político, que se ha mostrado ineficaz para encontrar soluciones. Se trata pues no de buscar una solución a algún problema concreto, sino de buscar una solución para que la sociedad pueda realmente gestionarse como tal y solucionar sus problemas. Se trata de encontrar una meta-solución, y ver quien le pone el cascabel al gato.

Aplicándolas

Lo paradójico de tener una solución es que luego hay que ponerla en práctica, lo cual en una sociedad cuyo sistema político está monopolizado por opciones monolíticas y herméticas, es otro problema de igual o mayor envergadura. Incluso para buscar una solución al problema de la auto-gestión de la sociedad es necesario contar con unas herramientas que el actual sistema político no ofrece, o las que existen son muy ineficaces.

La paradoja de la base social

Asumiendo que la actual clase política lleva 30 años auto-protegiéndose sin ofrecer ninguna propuesta útil de desarrollo económico, social o industrial, queda claro que la solución ha de venir de fuera de dicha clase política, de la propia sociedad. Para que la solución no consista en imponer nuestro criterio es necesario aunar una mínima base social con iniciativa y ganas de participar, un tipo de activismo que sea participe de similares inquietudes en cuanto al deseo de auto-gestión de la sociedad. La paradoja de esta situación es la siguiente: no se puede fundar desde cero un grupo que defienda la democracia en base estricta a sus propios principios. No todo el mundo ha intentado formar un grupo de este tipo, pero los que sí, hemos advertido que hay siempre un momento de «génesis» tan cuestionable como absolutamente crucial y necesario. Todo grupo con intenciones políticas ha de partir de unos principios a los cuales se unirá quien quiera compartirlos, y si no está de acuerdo, tendrá que irse a otro sitio. Esto puede que no parezca democrático y en efecto, no lo es en absoluto, pero igualmente inevitable: cuando no hay democracia la solución no puede venir de una iniciativa que pueda definirse como tal. Es lógicamente imposible por el teorema de incompletitud de Gödel. Esto no significa que todos los grupos de activismo sean iguales, ni que sus diferencias consistan simplemente en sus propuestas políticas. Habrá «algo» en su espíritu, en su organización interna, en sus principios filosóficos subyacentes —no los que manifiesten defender— que sólo las personas experimentadas podrán distinguir. Si fuera fácil identificarlos no existirían las sectas ni los cultos a lideres mesiánicos. Esto es así porque lamentablemente no se puede dejar entrar a cualquiera en un grupo que desee alcanzar un determinado objetivo político. Por respeto a los propios principios del movimiento, y por simple protección ante intrusos que deseen boicotear la organización —que los hay seguro—. La frontera entre una cosa y la otra, el tipo de filtro que se aplique para dejar entrar a unas personas y bloquear a otras irá desde un grupo de conocidos con total confianza entre ellos que sean los que inicien el movimiento, a la paulatina ampliación de «círculos» basados en la confianza entre sus miembros. En resumen, a mayor heterogeneidad y desconocimiento entre las personas que forman cada círculo, menor debe ser su capacidad para la toma de decisiones que afectan a la totalidad, para evitar que un grupo de desconocidos descontrolados se apropien del movimiento y hagan uso de él para fines distintos a los originales. Para que toda la organización no se convierta en una dictadura vertical en la que las ordenes e información sólo se transmita en un único sentido es necesario que existan canales bidireccionales para limitar las acciones de mando, así como cargos electos, de duración limitada y bajo controles de mandato. Ni que decir tiene que la mayoría de los actuales partidos carecen de estos mecanismos salvo unas primarias opcionales organizadas por las propias organizaciones políticas en la que los ganadores están previamente acordados.

La herramienta política

El sistema actual basado en partidos utiliza a estos como principal herramienta de representación. Los ciudadanos dejan su voto y mediante un sistema de reparto de escaños, se obtiene un mapa político en el que cada partido tiene un peso acorde de alguna manera a los votos recibidos. Sea justo o no, sea proporcional o no, sea o no de nuestro agrado, estas son las normas que para bien o para mal dibujan los gobiernos de cada legislatura. Se trata por lo tanto de comprender su funcionamiento y diseñar una herramienta para que las soluciones que la base social acuerde lleguen hasta los órganos de representación política con poder legal para que se lleven a cabo. El valor de esta herramienta no consiste pues en las soluciones propuestas, sino en que las mismas no provienen de despachos en las que se manejan intereses alejados de la sociedad.

Las necesidades (actualización 22/01/2018)

Sociales

Asumiendo como inevitable la utilización de un partido como forma de hacer llegar a las instituciones que ofrece el sistema político las propuestas necesarias para su aprobación, no hay que dejar que esta herramienta adquiera un excesivo protagonismo. La base social ha de continuar siendo la parte fundamental. No por ideología, sino por simple e inevitable lógica si de lo que se trata es de encontrar la manera óptima de organizarse como colectivo. Estudios sobre inteligencia colectiva o colaborativa, dinámica de equipos, experiencias empresariales y las vicisitudes históricas de otros países, avalan la importancia de dar a la sociedad un papel adecuado, aprovechando su potencial y sumando conocimiento. Y esto sólo se puede lograr atendiendo no simplemente sus necesidades básicas sino hasta las más intelectuales y sofisticadas, otorgando el protagonismo adecuado a los miembros que lo merezcan. Alguien podrá dudar cuales han de se esos méritos. Naturalmente, siempre van a existir peros y lagunas, incluso seguro que también se cometerá alguna injusticia de vez en cuando. Como se comentaba, ningún sistema está exento de error, de lo que se trata es de formar una cultura que aproveche lo aprendido, que tenga como intención proyectarse hacia el mañana, de tener expectativas, de construir un futuro que vaya más allá del próximo mundial de fútbol.
«Sólo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde»
José Ortega y Gasset

Políticas

Asumiendo igualmente el funcionamiento del sistema político, por poco que nos guste, es inevitable ceñirse en lo posible a las necesidades marcadas por sus características. Esto significa que habrá que escoger caminos que no respondan a una necesidad social ni a un objetivo político «primario», es decir, que para lograr cumplir los objetivos políticos de auto-gestión de la sociedad hay que pasar necesariamente por cumplir los objetivos políticos de la herramienta, que no son otros que los objetivos partidistas de toda la vida que tanto se han criticado. Y hay que hacerlo sin convertirse en el monstruo que se ha denunciado, lo cuál entraña una dificultad que no hay que descuidar. Estas necesidades no son otras que lograr el suficiente número de votos, lo que en una sociedad polarizada, sectaria y de escasa cultura democrática exige un esfuerzo colosal, necesitando:

Canales de comunicación

Cada convocatoria de elecciones generales se acaba convirtiendo de una manera o de otra y apoyados en los medios de comunicación, en un enfrentamiento entre dos opciones únicas, enfocando todos los «debates» exclusivamente en las propuestas que interesan a estas opciones, cuyas respuestas ya están medidas en función de tener la sociedad cartografiada políticamente. Es decir, se habla prácticamente en exclusiva de lo que los partidos quieren, creando falsas disyuntivas en las que sólo existen dos principales caminos, excluyentes entre si. De esta situación se desprende que es necesario un canal alternativo de difusión que no dependa de los actuales, sometidos al mismo sistema de jerarquía que el resto de aspectos de la sociedad. No se trata pues de ninguna teoría conspiratoria, los medios de comunicación sufren del mismo problema que cualquier otro ámbito laborallos objetivos están marcados por agendas políticas, definidas por los intereses del superior en la jerarquía. El cumplimiento de las tareas propias de cada profesión quedan en segundo plano, lo que en el caso de los medios de comunicación es doblemente grave y notorio.

El nicho electoral

Continuando con la paradoja de la base social comentada anteriormente, aunque se parta de una base social transversal, heterogénea y diversa y aunque las demandas políticas tengan como objetivo representar a todo el colectivo social sin distinción, lo cierto es que en los inicios siempre hay una mayoría que por extraño que parezca, no desea ni más democracia, ni cree que sea necesario cambiar nada, ni desean que otras personas lo intenten. Tal vez porque creen que no hay nada que mejorar o temen que tocar cualquier cosa va a implicar un cambio a peor —sobre todo para ellos—. Se presenta pues la extraña circunstancia en la que el mero hecho de desear mejorar las cosas implica para ciertos sectores una amenaza. En algunos casos se trata de simple sectarismo ideológico y conservadurismo, en otros el motivo consiste en el de la protección de un nivel de vida basado en privilegios alcanzados gracias a acaparar a codazos un protagonismo inmerecido. Logros que dejan en herencia a sus descendientes los cuales continuarán defendiendo su estatus social, aunque implique impedir que el resto tengan oportunidades similares. Pero como el sistema de partidos, de elección y de representación es como es, no hay más remedio que elaborar un mensaje político cuyo principal objetivo no sea otro que el de captar electores. Todo aunque sea para dar una democracia a unos votantes que no la piden de manera explícita, tal vez porque tras tantos años de partidocracia no saben lo que es.

La imagen política

Una vez identificado el electorado y escogido el que sea más compatible con los objetivos políticos originales, es necesario introducirse en la maquinaria propagandista que acompaña al resto de partidos. Es inevitable si se desea una eficacia mínima, ya que el objetivo no es el de vivir hasta la jubilación vendiendo esperanzas políticas que jamás van a verse cumplidas. Esto va a significar dotar a la herramienta política de una imagen acorde a dicho electorado. Es decir, la formación o partido resultante va a ser esclava de una apariencia que necesita si se desea alcanzar un mínimo de efectividad. Por los vicios del actual sistema, esto implicará que la formación será presa del odio o rechazo por parte de los sectores que no formen parte de su publico objetivo. Más todavía, implica que será objeto de critica por motivos ajenos a los objetivos primarios de la formación en cuanto a obtener una herramienta independiente que sirva como receptora de las demandas sociales.

La financiación

Tal y como funcionan las cosas, sin un mínimo de financiación es imposible dar un paso. Resulta que en España el estado otorga a los partidos —y sindicatos— una subvención en función de los escaños obtenidos lo que significa que cuantos más votos obtengas más dinero recibirá la formación escogida. Esto que puede parecer lógico en un primer momento es completamente injusto en cuanto se medita un par de segundos más, ya que bloquea todo nuevo intento de participación. La concesión de fondos públicos sin una auditoría adecuada posterior es una tragedia democrática que provoca que un partido se consolide, monopolice e impidala necesaria y obligada entrada de opciones alternativas en una democracia. El uso de dichos fondos para sus campañas va a favorecer a sus candidaturas por lo que es muy probable que vuelvan a obtener muchos votos en las próximas convocatorias, volviendo a obtener una suculenta financiación, repitiéndose el proceso. Los partidos de esta manera se convierten en máquinas de obtención de votos, en cuyo seno surgen una casta de políticos profesionales cuyo objetivo es continuar con esta dinámica, olvidándose del objetivo básico de representar a la sociedad. Si el Estado ha de intervenir de alguna manera en la financiación de los partidos ha de ser para garantizar la igualdad de oportunidades, pero lo que ocurre en la realidad es lo contrario. Aún así los partidos incurren en financiación irregular ya que una vez convertidos en máquinas de ganar dinero y dado que el sistema no limita su acción, no hay quien los pare, salvo el poder judicial tras un largo y penoso proceso. Con este desolador panorama, toda nueva iniciativa ha de dar rienda suelta a la máxima creatividad posible para obtener fondos y encontrar maneras de lograr repercusión mediática.

La estrategia mediática

Si algo nos enseñó Rubalcaba —o eso se creía— fue la importancia de lograr en el momento y lugar adecuado la necesaria repercusión mediática con un mínimo de inversión. Lo extraño es que pocos más se hayan dado cuenta de esta circunstancia. Este es el motivo más simple que explica las acciones de lo relacionado con el movimiento #15M, tales como #ocupalapalza o #rodeaelcongreso, iniciativas pacíficas pero que rompen con el clásico concepto de manifestación regulada y permitida por los poderes clásicos. Iniciativas que buscan lograr la mayor repercusión con el menor consumo de recursos, usando a los propios medios de comunicación los cuales no tienen otro remedio que dar cobertura, aún a su pesar, a las agrupaciones multitudinarias en las calles. Una variante fue el de la llamada #primaveravalenciana organizada por la entonces oposición al Partido Popular y actualmente compartiendo gobierno en la Comunidad Valenciana. Si bien las acciones del 15M tenían objetivos concretos, Compromis llamó a sus militantes a ocupar las calles, bloqueando semáforos y tráfico de vehículos allá por donde pasaba, con dos objetivos, claros para la formación pero ambiguos para los que participaron en ella: el de mostrar su poderío de convocatoria movilizando a miles de personas, y el de provocar a las fuerzas de seguridad en espera de que cometieran algún fallo en forma de agresión. Una época en la que se vivían momentos estrambóticos en los cuales la gente acudía con pancartas por la mejora de la educación acompañados en horario escolar con sus hijos, aún a costa de ponerles en peligro al llevarles a una manifestación no autorizada que fueran o no legitimas sus reivindicaciones, se era consciente —de hecho, era lo que se buscaba— del peligro real de una respuesta policial. Finalmente, el resultado afortunadamente no paso mucho mas de ver como una masa de miles de personas sin objetivos claros y con un mensaje incoherente se paseaba sin rumbo por las calles. En el fondo, una metáfora de la situación actual de la sociedad española.


    Foto (fuente Ideal.es): cartel visto en el hogar del pensionista de un pueblo de Jaén


    jueves, 28 de septiembre de 2017

    Más allá del derecho a decidir

    jueves, 28 de septiembre de 2017

    ¿Hasta donde podemos decidir sobre lo que nos rodea? ¿podemos decidir de qué color pintamos la escalera del rellano? ¿podemos decidir poner un muro en la terraza para guardarnos un trocito? ¿puede una parte de un autobús decidir el destino «independientemente» de lo que decida el resto? ¿pueden los ciudadanos de una parte de un estado decidir que se quedan con ella? ¿es lo mismo un referendum sobre una decisión que hacerla realidad? ¿tiene sentido apelar a la democracia al mismo tiempo que se ignora el marco político dónde se desarrolla, tenga o no defectos? Se oye muy poco sobre las preguntas que realmente se deberían hacer. Cada uno de los bandos continua con su visión particular, reavivándose unos a otros, anclados a sus posturas hasta llegar al actual punto. Cada uno con su parte de razón, que usa para justificar su mentira. Siendo ambas posturas, curiosamente, complementarias.

    El diagnóstico del independentismo

    Hay una parte, en efecto, en la que el independentismo acierta, pone el dedo en la llaga y sabe que es ahí donde ha de incidir una y otra vez, ya que saben que el «enemigo» elegido no va a aceptar su verdadera condición. Este contrincante está formado por los poderes tradicionales que han gobernado y gobiernan en España, algunos desde hace siglos: la monarquía, la Iglesia y los bancos. Desde aquí se propagan hacia la sociedad a través de monopolios energéticos y de comunicaciones —sectores declarados estratégicos desde el franquismo y que continúan siéndolo gracias a las «puertas traseras»— y asociaciones políticas como partidos o sindicatos, instituciones monolíticas cerradas, la mayoría de ellas con un alto grado de verticalidad y fuerte jerarquía —salvo algunos partidos de aparición reciente—.

    El enemigo —o espejo donde mirarse—

    Los poderes que gobernaron España tras la Guerra Civil se acostumbraron desde entonces a ser la máxima autoridad. La sociedad española de la época estaba educada bajo un régimen social jerarquizado y vertical, siendo el cabeza de familia la autoridad de nivel básico —en lugar del ciudadano— quedando el resto de la familia relegada a su voluntad. De esta manera, las reivindicaciones sociales no tenían cabida en sus mentes fijas y básicas. Aún así, empujados por la presión interna de la sociedad que reclamaba un cambio político, pero sobre todo, por la presión internacional encabezada por unos Estados Unidos encargados de remodelar la nueva Europa que se quedaba tras la Segunda Guerra Mundial, fueron los que «apadrinaron» el inicio de un proceso de transición. De esta manera los poderes «tradicionales» aceptaron a regañadientes y sin dejar ni una sola de sus convicciones ideológicas, dejar entrar a otras opciones y ceder a algunas concesiones. Así el PSOE y el PC dejaron la clandestinidad y pasaron a ser compañeros de los poderes clásicos. Así mismo, el llamado «café para todos» dio paso al sistema pseudo federal autonómico, un quiero y no puedo cargado de incoherencias y asimetrías, culminado en la actual Constitución de 1978. Esta era teóricamente un punto de partida para que la sociedad pudiera por si misma continuar el proceso, pero nos hemos quedado en el limbo, en una transición política permanente que no acaba de cuajar.

    El sistema

    España se gobierna desde entonces por un sistema que si bien cuenta —contaba— con la aceptación mayoritaria tanto del propio pueblo como reconocimiento internacional, con el tiempo se ha visto que minimiza y desvirtúa la participación del ciudadano, tanto para elegir representantes como para el reparto de escaños. Además, la legislación para recoger iniciativas populares no es útil en la práctica. En definitiva, está muy alejado de los principales países de su entorno como Francia, Alemania, Gran bretaña incluso Italia —ni hablar ya de Suiza o de los países nórdicos—. Un sistema que como se nos dijo desde el principio, estaba ideado para crear «mayorías sólidas» que pudieran gobernar sin obstáculos. Aún con todo, el sistema alberga la posibilidad de que el pueblo, una vez mínimamente organizado, pueda modificarlo. Han tenido que pasar varias décadas para lograr que por fin esa gobernabilidad que no era otra cosa que potestad e impunidad para ordenar decretazos, tuviera su freno mediante la única opción posible que es la de un partido político diseñado —teóricamente— para tal fin. Por supuesto, los poderes aquellos, los «de siempre», no les cabe en la cabeza que su posición privilegiada otorgada por «derecho divino» pueda cambiar.

    Huida hacia adelante

    Pero precisamente por esto, todos los nacionalismos sean del color que sean, se definen precisamente por la creencia en un dogma abstracto al que le conceden total supremacía. Concepto bajo el que supeditan todas las demás cuestiones. Para que la jerarquía gobernante pudiera continuar lamiendo las mieles del poder, tuvo que adaptarse la situación y dejar que otras jerarquías locales tuvieran mayor poder de actuación. En definitiva, como ocurre otras veces cuando de manera no vigilada o bajo intereses distintos a los de representar a la sociedad, la ausencia de un poder conlleva la aparición de otro, no necesariamente mejor. El nacionalismo «españolista» fue sustituido por otro «catalanista», más local, más cercano indudablemente, pero igual de autoritario aunque no tuviese un ejército detrás. Esta dejadez o irresponsabilidad por ignorar un problema que tal vez no entendían pero les permitía continuar privilegiados, permitió que las élites catalanistas a través del modelo autonómico y el reparto de escaños, tuvieran el poder legal suficiente como para controlar los poderes públicos, educación y medios de comunicación para así, diseñar un modelo de sociedad catalana basada en «la integración del acto contestatario dentro de los ritos de la vida social» (Enric Gonzalez,  El Mundo, 27-08-2017)

    La solución mágica

    En esta situación a mi también me gustaría independizarme de España. Tienen gran parte de razón los independentistas cuando hablan en estos términos. A una parte de mi le gustaría cerrar los ojos y que al volverlos a abrir nada de esto fuera así. Me gustaría decir una palabra mágica, algo así como «voy a votar que quiero ser independiente» y que todos estos problemas desapareciesen. Me gustaría poder decir «que se pare España que me bajo». Pero a otra parte de mí sabe que esto no es más que una fantasía, que los problemas hay que hacerles frente, haciendo uso de las herramientas existentes, que son pocas, pero existen. Y si no existen, se fabrican. En lugar de seguir este camino, en Cataluña se ha gobernado durante décadas siguiendo las mismas pautas, colocando como fuente de todos los males siempre al mismo protagonista y sin proponer ni una solución. Diseñando un modelo basado en la creación de un enemigo imaginario en el sentido de que no es enemigo de la sociedad catalana, sino enemigo de la sociedad misma, un problema que compartimos todos los españoles pero que en Cataluña se ha utilizado para justificar una posición privilegiada de una clase dirigente local, que no es mejor que ninguna otra e igual de mala que cualquiera que usa mentiras para pretender legitimarse y a enemigos escogidos como culpables de todo y así evitar la obligación de proponer soluciones.

    El día después [actualizado 6/oct/2017]

    Los actos del propio día de esa pantomima llamada «autoreferendum» y los de los días posteriores definen la actual situación esperpéntica. Por un lado, a esa jerarquía autoritaria que sólo conoce como solución aplicar la fuerza coactiva del estado, ya sea para vigilar a punta de pistola a controladores aéreos como para impedir algo que por ilegal y absurdo que fuere, era completamente inofensivo. Por otro, a unos estrategas mediáticos que han manipulado a su población para poner delante de policías que cumplen ordenes a ciudadanos, incluidos niños y ancianos. En resumen, la orden de enviar a la policía fue un completo error, por capacidad y respaldo legal que tuvieran para hacerlo. Un error político de los que no han sabido desde hace décadas, ni saben, ni por lo visto sabrán, manejar un conflicto el cual no han hecho más que alimentar desde entonces. Ahora bien, una vez dada la orden, la decisión de no acatarla y formar barricadas humanas, demuestra la falta de ética de los políticos catalanistas y también, de su perfecto conocimiento de las carencias de sus adversarios, anticipando su respuestas y preparándose para la foto.

      viernes, 7 de octubre de 2016

      La España que estámos construyendo

      viernes, 7 de octubre de 2016
      La España que construimos o más bien lo contrario

      ¿Ha fracasado el llamado «espíritu de la transición»? ¿cuál es la España que se ha construido desde entonces? ¿son los parámetros de convivencia actuales, la mejor alternativa a la guerra civil y la dictadura? Ya en se dijo que no era buen síntoma que en el 2004 un partido ganara contra pronóstico unas elecciones gracias a un atentado terrorista. Ni el partido que entonces estaba al frente del gobierno ni el aspirante habían presentado nada que realmente mereciera la pena. En la medida pudo influir aquel trágico y traumático suceso —que con toda probabilidad fue decisorio dada la igualdad de los rivales— significaba que el proyecto político de convivencia llamado España fracasaba... de nuevo.

      Al hablar de proyecto político se habla de la creación de una serie de instituciones que representan a esa parte del pueblo que sí desea la convivencia. El problema es que en la construcción de ese proyecto y por mucho que sus protagonistas defiendan otra cosa, prevalecen sectores cuyos intereses no tienen nada que ver con la representación de la sociedad que aspira a construir un proyecto común, y sí más con el dogmatismo, las ansias de poder y de control. La España que estamos construyendo no se apoya sobre la convivencia, sino sobre el reparto de protagonismo. El que ocupan dos grandes partidos, uno de ellos infestado de mediocridad y de corrupción, pero que a pesar de ello continua logrando grandes resultados electorales, como si de esta manera los demás tuviéramos que aceptarlo.
      La España del griterío y de la manifestación mediática pero inútil para lo que dice defender

      Ante la ausencia de argumentos, la convivencia política en estos momentos consiste en el atropello y en la acusación, en muchas ocasiones de asuntos similares a los que el propio acusador comete. En el anuncio de casos de corrupción que llevan décadas siendo investigados, pero que salen a la luz pública únicamente cuando hace falta, cuando los mecanismos de pacto de no agresión ceden ante el exceso de una de las partes. Cuando la crisis económica complica que las bocas hasta ahora calladas lo continúen estando. Dos partidos que continúan ocupando la mayor parte de la escena política aunque no ofrezcan ninguna solución al problema de España, eternizando el enfrentamiento y viviendo de él. Son realmente los causantes del problema, avivándolo y viviendo a costa del apoyo logrado en base a transmitirlo a la sociedad.

      Por un lado un Partido Popular cuyo núcleo es puramente dogmático, nacionalista, ultra-católico, de fe ciega en la jerarquía, sea militar o eclesiástica. Un partido en el que hay poca posibilidad para la disidencia, pero sí para la corrupción, salvo en la periferia, donde pueden existir ambas cosas. Y por el otro, de envidiosos ególatras cainitas, mentirosos y figurantes patológicos, que no dudan en darse codazos, zancadillas y puñaladas en cuanto se trata de estar al frente de un colectivo, aunque implique la práctica destrucción del mismo. Un Partido Socialista de más de un siglo de antigüedad que no es capaz de organizar un Comité Federal —su máximo órgano de gobierno interno— de forma racional y educada. Un partido que no se ha preocupado en absoluto de buscar constituirse como una alternativa sólida frente a la derecha que critican, tratando en verdad de colocarse a su lado. Hacerse un hueco en las estructuras de poder del sistema, sin aspirar a ser el necesario ejemplo de organización política de ciudadanos.

      La España de la telebasura y la España real cada vez son más indistinguibles
      GH se derrumba en audiencia: la competencia es muy fuerte, mejor ver las noticias
      Pero el verdadero problema es lo que ocurre al margen de estas dos organizaciones reclutadoras de enfermos, ansiosos por el protagonismo y de colocarse en un estrado para sentirse importantes. Al otro lado del televisor, la sociedad asiste a este lamentable espectáculo como si estuviera viendo la enésima edición de la tele-basura de Gran Hermano. Pensamos que no tenemos nada que ver con eso, sin darse cuenta que se trata de las dos principales organizaciones de las cuales surgen los representantes políticos que deciden todos los aspectos que acaban influyendo de forma determinante en nuestra vida cotidiana: nuestra salud, nuestros servicios públicos, la educación de nuestros hijos, nuestra cultura, nuestra convivencia, todo, depende de gente que se mueve en los mismos círculos de que protagonizan los casos de corrupción o los poco edificantes y bochornosos recientes espectáculos políticos.

       El 15M —en concreto, las manifestaciones multitudinarias y transversales que se dieron en varias ciudades de España, precedidas en los meses anteriores de diversas iniciativas similares aunque menos multitudinarias— fuera o no organizado por grupos de activismos de izquierdas, lo cierto es que reflejaban el malestar de la sociedad y su desacuerdo generalizado. De todo aquello se ha materializado una organización en forma de partido conocida como Podemos. En el sistema político español, la única posibilidad práctica para solucionar el problema que los dos grandes partidos no sólo no solucionan sino que la agravan, es sustituyéndolo por otro —u otros—. Y este partido, si bien comenzó con unas ideas aplicables como alternativa a la situación, en cuanto ha entrado en el congreso nos ha recordado a todos el circo que realmente ha sido durante estos más de treinta años. En su afán de conseguir votos, ha replicado las mismas y viejas tácticas políticas partidistas buscando atraer votantes del PSOE, sin darse cuenta que de esta manera se puede acabar convirtiéndose en lo mismo de lo que se pretende huir. Afortunadamente les ha salido mal, ya que atraer a un voto socialista anquilosado y sectario de décadas de fidelidad es prácticamente imposible.

      Esta España del griterío, de la acusación, de la desconfianza, del enfrentamiento, del miedo, de las manifestaciones inútiles, de absurdo «meme» en la red social de turno, de los falsos debates, de la burda y sucia agitación política, cuya memoria no va más allá del último «barsa-madriz», es la que desgraciadamente vamos a dejar a nuestros descendientes. Porque de los que ahora mismo depende, no va parece que vaya a salir nada mejor.