El caso Gürtel (ahora ya en serio)

¿Son los casos de corrupción destapados en la Comunidad Valenciana y conocidos como caso Gürtel, tan excepcionales o distintos a lo que ocurre habitualmente en el resto de comunidades? ¿No parece transmitirse que es así, que «huele mal» y es necesario hacer limpieza de una vez?

No todo lo que se cuenta en la prensa es lo que es. Más aún si la prensa está sometida a un estado de partidos en donde la democracia se entiende como una lucha sin cuartel por llegar al poder, un poder sin trabas ni poderes independientes y sin participación ciudadana. Y más todavía, si de lo que se trata puede desestabilizar la imagen de un partido cara a sus electores. Y todavía más aún, si es en una comunidad autónoma en la que desde hace años gana un partido político determinado sin que haya alternativa. Y todavía más aún con diferencia si esa comunidad es un objetivo claro de un pancatalanismo que tiene sometida a la izquierda nacional española en concreto, y al gobierno central en general.

De las comunidades con mayor Producto Interior Bruto (PIB), las de Cataluña y Valencia representan un 28,4% del PIB Español. Si le añadimos las Islas Baleares es un 30% aproximadamente. Estas tres comunidades contiguas geográficamente, poseen un enorme valor estratégico por concentrar un tercio de la capacidad de riqueza del Estado Español, en una superficie de apenas un 12% del mismo. Se puede decir que no hay una configuración territorial continua que produzca más en menos espacio.

Sin pretender en estos momentos realizar una exhaustiva explicación del pancatalanismo, queda bastante claro cuales son los verdaderos orígenes de la enorme querencia que los nacionalistas catalanes experimentan por esta comunidad autónoma. Pero ¿cuales son los impedimentos para que esta unión se materialice? Bien, en Islas Baleares que no ha ganado nunca el PSOE, con el tiempo se ha conseguido que el proceso vaya tomando forma aún a pesar de gobernar el Partido Popular y algunas estrategias se van realizando como la de la normalización lingüística, elemento clave en el proceso. Sin embargo en la Comunidad Valenciana que parecía que iba a ser coser y cantar con las victorias del Partido Socialista las tres primeras convocatorias, resulta que a partir del año 1995 fue el Partido Popular el que las ha ido ganando una tras otra. Tal vez los valencianos no estén muy de acuerdo con ese proceso «unificador» en los términos que se pretenden, aunque estoy seguro que esto les importa bien poco a los estrategas pancatalanistas. Pues esa es la actual situación desde hace años, en hacer pasar por el aro al igual que lo lograron en las Islas Baleares, al Partido Popular al frente del gobierno de la Comunidad Valenciana. Esta comunidad autónoma, mientras el nacionalismo catalanista y su vinculación con la izquierda exista, será objetivo político por el mencionado valor estratégico.

Solo teniendo en cuenta esta situación se pueden entender las maniobras mediáticas y políticas que se están desencadenando, cuyas consecuencias pueden ser insospechadas para los que las traman, ya que al no tener nada especialmente denunciable que no sea la misma corrupción que está presente en todas partes, en todos los partidos, y desde hace tiempo, se desestabiliza todo el sistema representativo y partidocrático. Se denuncia la corrupción, y se hace uso de un sistema judicial cuya legitimidad se pone en entredicho, pero la alternativa que se da a entender no es una mayor imparcialidad, mayor independencia o mejor funcionamiento de este, sino la alternancia política, es decir, «dejar que me ponga yo para poder hacer lo mismo cuando me parezca».

Para ello, una de las tácticas habituales es la de utilizar la influencia sobre el gobierno central para llevar a la práctica todos estos objetivos. Por pura estrategia electoralista, al que actualmente ocupa La Moncloa le parece estupendo destapar lo que se pueda sobre el partido de la oposición y de paso evitar así hablar de la crisis, del paro o de las bajas en la guerra de Afganistán, antes que hacer frente a su responsabilidad. De esta forma se saca a la luz lo que ya sabíamos: que los políticos se pegan una vida de puta madre a a costa del dinero de los ciudadanos, con cochazos de lujo, despachos alucinantes, sueldazos tremendísimos, clubes de alterne, y elecciones a dedo de empresas de amiguetes o de las que se cobra una comisión. 

Pero en los últimos días, la actividad política y mediática parece olvidarse de todo lo que ocurre y ha ocurrido en la casta política en general, como si ya estuviera solucionado y no hubieran más responsabilidades políticas, como si el mal olor no viniera de «más arriba» en la jerarquía, o como si no fuera el propio sistema de elección y control de los representantes políticos el que funcionara mal; y la prensa española sea escrita o visual se estrena día si y día también con este caso relacionado con un único partido (el de la oposición, por supuesto), y en una comunidad autónoma (la del valor estratégico nacionalista y electoralista)

La diferencia es que en esa comunidad autónoma en la que hay algo «que huele tan mal», en lugar de hundimientos de barrios enteros, hundimientos de túneles de tren que afectan a viviendas de particulares o apagones gigantescos con perjuicios a miles de ciudadanos (aunque ya ha pasado el tiempo conveniente para que la gente no se acuerde), hay un parque de atracciones (no muy rentable, eso si), una Ciudad de las Artes y Las Ciencias que es la envidia de media Europa y atractivo turístico de primer orden (que está costando un ojo de la cara y cuyo arquitecto se está forrando literalmente mientras que hay barrios que permanecen desatendidos), por no hablar de la reforma de la zona portuaria (el segundo de España por detrás de Algeciras y por delante de Barcelona) para la Copa América y el Circuito de Fórmula Uno. No es por nada, pero no hay color.

Y todo este tinglado está teniendo el curioso efecto boomerang de estallarles en la cara no solo al partido que actualmente gobierna en la Comunidad Valenciana objetivo del proceso, si no a la clase política en general, ya que ahora se desvela que hasta el propio Zapatero ha tenido algo que ver con el beneficio a las empresas relacionadas en esta trama. Por añadidura, los intentos por solucionar el asunto en una especie de huida hacia delante para salvar el culo y que caigan otros, y pretendiendo apartar de la misma forma que los eligieron (a dedo) a los diputados y concejales involucrados, evidencian las deficiencias de todo el sistema representativo ya que el diputado tiene derecho a conservar el acta que le define como tal hasta finalizar la legislatura, a pesar de ser expulsado del partido. De esta forma, los responsables últimos siguen siendo los jefes de partido que gracias al poder que un incongruente sistema de representación les otorga, regalan unos escaños a gente irresponsable sin poderles exigir ningún tipo de reciprocidad ni deber ante el electorado. Hagan lo que hagan para salvar la carita los jefes de partido, los ciudadanos nos tenemos que comer con patatas a sus chupópteros descarriados.

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La Ciencia en España NO necesita tijeras

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Menos Plan E, y más ciencia e investigación, para no depender eternamente de los que si poseen una cultura basada en el esfuerzo y el mérito, y no en el caciquismo y enchufismo peloteril.

Gobierno y oposición, enfrascados en sus disputas partidistas e incapaces de ofrecer otra solución, logran que tan solo se aplique el método paliativo de crear empleo publico para subsistir hasta que Alemania o Francia previsiblemente, nos saquen del atolladero. Para agravar aún más el problema arrastrando un mal endémico desde hace décadas, y para poseer de un mayor presupuesto para las subvenciones que agotaran todo el disponible sin aportar solución alguna, se pretende reducir el destinado a la investigación y desarrollo, únicos ámbitos capaces de ofrecer soluciones reales.

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Los Zapamonster

Zapatero acusaba hace poco a García Escudero, diputado al servicio del Partido Popular, de no haber realizado nunca políticas solidarias. Lo decía como si la que se está realizando ahora por orden de su gobierno sea solidaria, y no todo lo contrario.

No solo esto es cuestionable, sino que habría que preguntarle a Zapatero si aparte de querer ser solidario con el dinero de todos los ciudadanos, el mismo también hace políticas solidarias, por ejemplo, no empleando el sueldo que se supone se merece en comprar cinturones de 500€ con el dinero que le damos por su trabajo, a pesar de tener más de un 18% de paro, logro que cualquiera de nosotros igualaría con los ojos cerrados.

Desde luego, de igual forma que los italianos desearían ser como Berlusconi, es probable que a los españoles nos gustase ser como nuestro presidente, para hacer lo que nos de la gana, sin dar resultado alguno, y además, cobrando de los que son perjudicados. Lo de Berlusconi no es nada comparado con esto.

Pero ya el colmo de los colmos de la incongruencia ha sido el capitulo protagonizado por la familia «presidencial» española, al pedir que se retirara de publicación una foto oficial (es decir, en nuestra representación y con nuestro dinero, nuevamente) con la Primera Dama estadounidense y su marido, el presidente Barack Obama. Por lo visto el motivo es que en dicha foto aparecen las hijas de ZP, perfectamente caracterizadas como extras de algún otro capitulo de la familia Monster, pero sin venir a cuento y fuera de contexto. No dudan en hacerlo, pero no desean que la gente lo vea aunque esa misma gente sea la que lo page, en todos los aspectos.

El gobierno tan solidario con dinero ajeno del Sr. Rodríguez Zapatero, encuentra normal que nuestras hijas no necesiten permiso paterno para abortar o para pedir en las farmacias la píldora poscoital, ya que son suficientemente maduras para decidir por ellas mismas y vestirse de Buffy Caza-vampiros, pero sin embargo, no lo son para salir en una foto ya que, según la encargada de decir las burradas que no se atreve a decir nuestro presidente en persona, la vicepresidenta F. De La Vega afirma que «la privacidad depende de los padres».

Para morirse de risa. O de espanto.

Actualización 27/9/2009: parece ser que la gente, a tenor por los videos, fotos y comentarios que circulan por la red, se está dedicando de forma equivocada a ridiculizar a las niñas, cuando se debería hacerlo con los padres, los responsables de este desaguisado a cargo del erario público. Por otro lado, blogueros que normalmente son críticos hacia lo políticamente correcto, solo observan este hecho e ignoran incomprensiblemente la vergonzosa actitud de los Zapatero. Si se debe proteger a las niñas, de quien habría que hacerlo es de sus padres por exponerlas de esta forma.

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Lo que esconde Rubalcaba

Recientes declaraciones del Ministro de Interior Español, Alfredo Pérez Rubalcaba sobre sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional:

«Yo creo en ese Estatuto, creo que es constitucional y creo que recoge un hecho que además es políticamente relevante. Lo que España no puede hacer es negar la decisión de un parlamento democrático elegido por los catalanes»

Es difícil enrevesar tanto las cosas como hace este señor. Sin saber muy bien si se trata de su opinión o la profesional propia de un cargo público, el Sr. Rubalcaba pretendiendo hacer las veces de juez, jurado y ejecutor dice que «cree» que es constitucional, cuando el que lo tiene que decidir es el Poder Judicial salvo que se considere el mismísimo Juez Dredd.

No obstante, si el señor Rubalcaba nos obsequia con su opinión, como si estuviera en el bar de la esquina en lugar de cobrando una tremendísima pasta por hacer lo que hace, ahondémonos algo más en ella y veamos qué hay detrás.

Se habla de parlamentos democráticos, cuando en esos parlamentos no hay nadie que haya sido elegido directamente por los ciudadanos, es decir, el demos. Se habla de estatutos, de autonomías y del gobierno central. Pasemos brevemente por estas definiciones adaptadas al caso particular, para comprender mejor a tan ilustre personaje:

• Dictadura de la mayoría: un parlamento, aún por el hipotético supuesto de ser democrático, no le habilita para decidir sobre cualquier cosa, menos aún si es uno autonómico. Para que una democracia no se convierta en una dictadura de la mayoría, ha de tener límites, asegurar la igualdad ante la ley del «demos» y no decidir cualquier cosa. Por lo tanto, el argumento básico es falaz.
  
  
  
• Independencia de poderes: por buenas que sean las intenciones; para asegurar esa igualdad ante la ley que capacita (en principio y a falta de mostrar sus capacidades como gestor y comprobar cual es la voluntad de los ciudadanos en las urnas) a todos los ciudadanos por igual para ser por ejemplo, presidente del gobierno; los representantes una vez con el poder que le delegan los electores han de estas sujetos a un sistema que los limite, y que no dependa de esa «buena voluntad», que seguro que al poco de ir en los coches oficiales se les olvida. Si no existen estos límites, llamarle democracia es una burla.
  
  
  
• Soberanía: ahora viene lo que esconde Rubalcaba. Los parlamentos de los países que los tienen (sistemas parlamentarios) representan la soberanía de ese país. Lo que dice ese parlamento va a misa, y el nivel de barbaridades que se decidan en el vendrá determinado por los puntos anteriores. En este caso el País es España, no Cataluña, es decir, Cataluña no es soberana para tomar todo tipo de decisiones, sea o no democrático el parlamento. España sí es soberana para decidir apoyar la Guerra de Irak, o aprobar la nueva Ley de Costas, por ejemplo, nos guste o no, duela a quien duela y mientras no se cambien las cosas, porque ningún ciudadano ni ningún representante elegido por los mismos ha podido intervenir en dichas decisiones.
  
  
  
• Legitimidad democrática: las posibles argumentaciones de que el parlamento autonómico no puede elegir cualquier cosa porque el parlamento y poder judicial central (Español no, ya que los dos son Españoles) defiende a todos los ciudadanos no es útil, porque dicho parlamento no es democrático aunque los políticos que lo ocupan nos intenten convencer de lo contrario, y no hay igualdad, aspecto manifiesto y que es la baza fundamental que utilizan los nacionalistas de forma victimista. Habría que decir que: «todos los ciudadanos españoles están sujetos al la ley de España, que se decide en el parlamento central y vigilada [teóricamente] por el poder judicial». Las autonomías son extensiones del estado o divisiones territoriales sujetas a la misma ley (La Constitución, sea buena o mala). Por lo tanto, el parlamento autonómico carece igualmente de legitimidad democrática.
  
  
  
• Electoralismo: el gobierno central con el PSOE al frente, renuncia lograr la legitimidad democrática del parlamento central Español, y solo le interesa seguir en el poder. Para ello y obtener el favor del electorado nacionalista, prefiere hacer dejación de funciones al perder o ceder parte de la soberanía de la que es responsable, antes que obtener una legitimidad democrática, ocultando sus verdaderas pretensiones.
  
  
  
• Cesión de soberanía: no hay que confundir la división territorial autonómica del estado, con la cesión de soberanía. Como se ha explicado, la soberanía de un área es la que permite a dictaduras como Cuba o la China tomar todo tipo de decisiones, perjudiquen a quien perjudiquen, encarcelen a quien encarcelen, sin importar los derechos humanos o la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La cesión de soberanía que desde el gobierno central Español se está efectuando paulatinamente desde la transición, implica que las leyes que gobiernan en el estado español sobre estos derechos, aun defectuosamente defendidos, no son válidos en esta parte de su territorio, dándose casos como coacción o multa a particulares por usar una lengua determinada infringiendo derechos lingüísticos, cierre de emisoras solo por ser criticas con el gobierno autonómico arremetiendo contra la libertad de prensa o represión brutal de manifestaciones de inofensivos estudiantes, entre otros. No hay una propuesta autonómica para mejorar la legitimidad democrática, sino que se utiliza el nacionalismo como elemento electoralista. Seguir en el poder es lo importante, y cuanto más , mejor.
  

Espero que esta pequeña aportación haya servido para aclarar algo más las palabras de nuestro Ministro.

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«los regalos»

Regalar es delito, parece ser según se viene oyendo. Para ser más exactos, regalar a un cargo publico, es delito. No se explica cuando alguien deja de ser cargo publico y es simplemente, un ciudadano. Se llega al punto de criminalizar el hecho de recibir un regalo que parece ser que el ciudadano que es cargo público no puede celebrar cumpleaños ni el San Valentín. El origen de todas estas disquisiciones es el artículo nº 426 del Código Penal, que dice:

Artículo 426. La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses.

Según esta norma, la oposición se agarra al clavo ardiendo del tecnicismo legal para intentar lograr lo que las urnas le niegan. Los críticos a Camps, ya sean de su mismo partido o de cualquier otro que le interese, se suben al carro de la protesta partidista y piden su dimisión. Se mezcla todo con el caso Gürtel de corrupción, pero solo dejándolo caer, sin aportar prueba alguna salvo la del propio regalo, que de por si, sea legal o no, no le relaciona con la trama.

Algunos me achacan que defiendo a Camps, pero no es así. Si en lugar de este político estuviera otro, y de otro partido, pensaría exactamente lo mismo: que nadie defiende la persecución de la corrupción, sino que lo importante es cargarse a un político, utilizando las acusaciones y resoluciones judiciales como herramienta política. Que el impedimento de recibir regalos como control de cohecho es un absurdo, como matar moscas a cañonazos, y encima, sin cargarse ni una sola mosca. Que lo que interesa es que los casos de corrupción que hay por toda la geografía española, desde el más pequeño de los ayuntamientos hasta el gobierno central, queden a salvo mientras no reciban «regalos», pero si puedan recibir maletines secretos repletos de dinero de los ciudadanos.

No se exige de una vez la independencia de los representantes políticos para minimizar los amiguismos, o las del propio poder judicial para que investigue por su cuenta esos casos. Eso si, luego lloran por que las resoluciones judiciales no les gustan, el mismo PSOE que ha fomentado la federalización asimétrica del poder judicial haciéndolo depender del ejecutivo autonómico. Un ejecutivo por el que disputan su control, y para el que no se exigen medidas de control y cuya ausencia facilita que los que lo ocupan puedan hacer lo que les da la gana, tal y como el PSPV denuncia que hace el PP, y que ellos podrán hacer si llegan al mismo. Por eso no exigen medidas de control, ni independencia de los cargos públicos, el chollo para el partido ha de mantenerse intacto.

La cuestión es que recibir regalos de gran cuantía de alguien que está además relacionado con la mencionada trama de corrupción y cohecho, es algo que a los ciudadanos debe preocupar enormemente, pero no es de por sí una prueba jurídica suficiente, salvo que el juez observe otros factores y hechos. El problema es la mencionada ausencia de controles de forma que los ciudadanos bien a través de iniciativas o a través de nuestros representantes en caso de que estos existieran y no estuvieran al servicio de los partidos, pusieran límite a esta y otras muchas situaciones lamentables.

El delito existe, el delito de falta de respeto a los ciudadanos por aceptar regalos de forma vanidosa de alguien de dudosa reputación, lo que no significa que sea un delito penal. Es un delito democrático y no son los jueces los encargados de resolverlo, ya que ni disponen de las herramientas ni son ellos los responsables de hacerlo. Los abusos del ejecutivo, sean o no delito penal, deben ser limitados por el legislativo, si fuera independiente. Pero no lo es y parece que a nadie le importa. El problema no son los regalos, pero si la falta de decencia democrática, y de eso no se salva ni un solo político de este país.

El artículo 426 del Código Penal indicado arriba, es una aberración. ¿No es suficiente con especificar de forma general el cohecho o la prevaricación, de forma similar a como se hace para diferenciar entre robo, hurto o sustracción? ¿no es evidente que recibir regalos a cambio de favores (con lo que no sería un regalo, sino un pago) es un delito para el que ostenta un cargo público y sobre todo, un insulto a la confianza que los ciudadanos depositan en el, independientemente de la cuantía?. Por lo visto, no. De esta manera, elevando a leyes tonterías de este tipo no se persigue el delito, se persiguen los «regalos». Hecha la ley, hecha la trampa.

Puedo entender que los partidos políticos sean los protagonistas de este juego sucio y adulterado, en donde los ellos mismos deciden las normas según les conviene, pero no entiendo que muchos bloggeros y periodistas supuestamente independientes, entren también en dicho juego tramposo. En cuanto a la sociedad civil, ya tiene bastante con seguir los resultados deportivos en La Sexta (sic). En definitiva: no entiendo nada.

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Vendo cerdos vietnamitas

Foto: anuncio real de venta en el tablón de una factoría

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La Democracia según Federico

Si Javier Marías nos mostraba la democracia como el «menos malo» de los sistemas y según el, teníamos que dar gracias de no tener dirigentes como G.W. Bush o Hugo Chávez, el controvertido comentarista radiofónico que presume de defensor, más bien de ultra-defensor de los valores liberales, nos deja una no menos sorprendente definición de lo que en otros tiempos era el auto-gobierno del pueblo.

Federico Jiménez Losantos en «La Mañana» el día 8 de Junio de 2009

el mecanismo de la democracia que existe para no llegar a la guerra civil, pa.. como mecanismo de cambiar de gobierno … luego las libertades las garantiza un régimen liberal, la separación de poderes etc., la libertad de todos los días, pero además, cada cierto tiempo conviene ver si cambiamos o seguimos con el gobierno, se vota, y así no hay que acudir como los visigodos al magnicidio, al regicidio, a cortarle el pescuezo al prójimo o a pedir ayuda al Islam, que luego va y se queda…

«…para no llegar a la guerra civil…» ¡¿?!… Es tan impresionante esta frase que creo que por eso se trabuca un poco. O si no esta otra: «…cada cierto tiempo conviene ver si cambiamos de gobierno…». Increíble. Es decir: que si esa separación de poderes que no se sabe muy bien a que separación se refiere, funciona tan bien, y el régimen de libertades es tan estupendo, ¿para que demonios se ha de llegar a una guerra civil? ¿tanta libertad hay «garantizada» que para arreglar las cosas habría que organizar una guerra civil? ¿en una democracia se ha de llegar a situaciones tan extremas como para tener que cambiar de gobierno, como única opción a una guerra civil? ¿la única forma de cambiar de gobierno es tener que esperar «cada cierto tiempo» y escoger las únicas alternativas que nos ofrece una casta política? ¿es esa la idea de libertad del Don Federico? ¿los cambios de gobierno son solo tras tirar la cuerda hasta casi romperla? ¿es la democracia un juego de sogatira para F.J. Losantos, en donde los políticos tan solo marcan la raya en el suelo?

Por otro lado, manda narices que haya que remontarse a los visigodos para hablar de sistemas de gobierno ¿tan poco hemos progresado? Encima, dando un dato falso: los visigodos elegían a sus reyes, no los mataban para cambiarlos, pero la carencia de un control del poder y de un marco legal adecuado, propiciaban las luchas internas llegando a eliminar a los contrarios. Es decir, un sistema electivo de gobierno (no se puede hablar de democracia ni en el caso de los visigodos, ni en el sistema partidocrático español), no es garantía de nada, ni un mecanismo para evitar guerras civiles.

Como diría el de «Alarma Social»: esto se nos va de las manos.

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España: marzo de 2004

El 11 de septiembre de 2001, menos de tres años antes de la fecha que abre el título de este artículo, la mayoría de ciudadanos de todo el mundo observamos atónitos como un par de aviones comerciales se estrellaban contra los tal vez, edificios económicos más emblemáticos y representativos del capitalismo del mundo, y de a la vez, nación más poderosa del mismo.

La indefensión y pánico por la que es imaginable pasarían los desdichados pasajeros de los aviones, o la visión de gente del interior de los edificios que prefieren lanzarse al vacío a una muerte segura, antes que pasar por otra igualmente certera pero tal vez más horrible aún a causa del fuego; son una conjunción de factores que no pueden ser considerados como simples hechos traumáticos: conmoción, sorpresa, temor, desconcierto. Los esquemas hasta ese momento habituales, en cuanto al orden establecido, a la seguridad, a la falta de enemigos que occidente y su máximo representante había dejado de tener desde que cayera la antigua Unión Soviética, parecía que se desmoronaban al mismo tiempo que lo hacían ante nuestros alucinados ojos, las Torres Gemelas.

¿Qué clase de mundo estábamos construyendo y dejando a nuestros descendientes? Puede que pensase mucha gente. Desde algunos foros y medios de comunicación el panorama que anunciaban era el de una guerra entre occidente y el nuevo enemigo a batir: el fundamentalismo islámico terrorista, y a los que les apoyan. Otros esperaban la reacción del Jefe del Ejecutivo del país violentado, un polémico presidente George W. Bush que poco después invadiría Iraq, escogiendo para ello el motivo que más les convino, fuera cierto o no, y que a la postre no lo fue.

Todo lo relacionado con el trágico y brutal atentado en Nueva York, está rodeado de extrañas circunstancias. Se ha hablado de una conspiración, en la que el propio George W. Bush podría estar implicado, sospecha a la que también ha contribuido el polémico director de cine Michael Moore, con su película Fahrenheit 9/11. Lo que es indudable en cualquier caso, es el impresionante carácter mediático de los sucesos, llegándose a definir los mismos como un episodio de hipnosis colectiva, al modo de un espectáculo televisivo.

Pero dejando a un lado todas estas cuestiones misteriosas; seguramente irresolubles para la mayoría de ciudadanos y que lo único que parecen conseguir es la distracción de otros problemas más importantes; hay algo que a pesar de ser muy verificable y que afecta de lleno a estos, ha pasado desapercibido para la mayor parte de la sociedad, o al menos, no suele ocupar una parte importante en los debates sobre el tema. Algo que comenzó a gestarse en aquellas fechas y se padeció en España tres años después: la utilización política (y electoralista en el caso español) de un crimen.

Nótese que no se refiere el asunto a la participación o implicación en el crimen, sino en la postura que se tenga ante él. Y al decir postura se refiere a la forma de actuar y lo que se demuestra con ello, no a las grandilocuentes y demagógicas declaraciones a las que nos tienen acostumbrados nuestros políticos y medios de comunicación.

Tras el atentado del 11S ¿al lado de quien se colocaba cada uno? ¿era suficiente una discrepancia con la cultura o la sociedad norteamericana, o con su dirigente George W. Bush conocido ya en aquel entonces antes de Irak por sus abusos bélicos, para manifestar cierta conveniencia de cualquier tipo por estos atentados? ¿aporta algo útil a la valoración política de una legislatura, la voluntad de uno o unos asesinos, que de esta forma se convierten en inadvertidas herramientas criminales al servicio de una ideología?

La respuesta a estas preguntas va a depender seguramente mucho según de la sociedad en cuyo seno se hagan. En sociedades tribales primitivas, o en aquellas en donde no se han superado algunos episodios violentos como una Guerra Civil, y en las que la aniquilación del contrario como método político no se ha llegado a desterrar del todo, existirá en mayor medida quien piense, aunque sea para sus adentros: ¡ya era hora que alguien le bajara los humos a estos norteamericanos!

En España salieron muchos de estos demonios a la luz, debido a las similares por trágicas circunstancias del atentado en Madrid, el 11 de marzo de 2004. La implicación española en la guerra de Irak, merced al apoyo que Aznar manifestó con el envío a dicho país de tropas de apoyo logístico, convirtió la cuestión de la autoría del atentado en un elemento potencialmente clave desde un punto de vista electoral, como si los cuatro años anteriores no fueran suficientes para evaluar la gestión, y el capricho asesino de un grupo de descerebrados fundamentalistas, tuviera que ser el que lo decidiera. Seguramente ellos, políticos y medios de comunicación, conscientes de que tras 30 años de la partidocracia a la que nos habían sometido, la sociedad española no había aprendido realmente apenas nada de lo que implica una democracia y temerosos de la influencia que en los electores pudiera tener el atentado —algo que en una sociedad madura no debería ocurrir jamás— corrieron a la desesperada a lanzar titulares, emitir comunicados, y realizar llamadas telefónicas en donde se insinuara la participación de ETA, o directamente se emitieran falsas e infundadas noticias sobre terroristas suicidas en el atentado, que nunca existieron.

Manifestaciones el día de la jornada de reflexión del 13 de Marzo de 2004, delante de uno de los partidos participantes de dichas elecciones, y que había estado al frente del gobierno en la legislatura anterior realizando las labores legales de representación que el sistema político le permitía, merced a la mayoría absoluta que disfrutaba gracias a los votos que los electores le dieron en su día. No había crimen, todo era legal, aunque la labor de gobierno y sobre todo de representación haya sido desastrosa. Sin embargo, las declaraciones o denominaciones de «Aznar asesino» o «PP terrorista» fueron habituales durante aquellos días y los años siguientes aún hasta nuestros días, mientras se ha tenido que oír como se le llamaba a alguien como Otegi, que no ha tenido tapujos en mostrar su apoyo a grupos terroristas, hombre de Paz.

Según este escenario, tras un atentado terrorista los culpables no eran los criminales que lo habían perpetrado, eran en cambio unos políticos que, para bien o para mal, habían realizado las labores que su cargo les permitía. El culpable no era tampoco el sistema político que lo sustentaba, a pesar de la evidencia. De esta forma, el asesinato se convertía en elemento de propaganda electoral, asunto que no parece haberles desagradado a los que les ha beneficiado, y del que se aprovecharon en su día todo lo que pudieron.

Los medios de comunicación, especialmente entre ellos el Grupo Prisa, debieron de continuar con sus experimentos sociológicos, y unos meses después de aquel lamentable marzo de 2004 que ha significado un cambio en la historia de España y la constatación del fracaso de la transición, en septiembre, nos sorprendía a los que estábamos en sus listas de correo con una repugnante campaña publicitaria:

La muerte de unas 3000 personas se utilizaba tranquilamente para una campaña de promoción. Pero claro, es que los 3000 muertos eran gringos (sic). Afortunadamente, el experimento no les fue muy bien, y tuvieron que pedir perdón por esta campaña unos días después, dando todo tipo de escusas gratuitas. No obstante, el partido que desde entonces desempeña la labor de gobernación (y sus medios afines, como el citado) y a falta de conocimiento para hacer otra cosa, ha tenido que rentabilizar al máximo lo que interpretaban como un factor clave que les hizo volver al poder: la utilización política del atentado del 11M.

De esta forma, se ha tergiversado, falseado y mentido, sobre las noticias relacionadas sobre el sumario y el posterior juicio. Con un sumario en cuyas fuentes se había eliminado de forma completamente irregular toda referencia a ETA, motivo por el cuál esta no podía aparecer y por tanto, imposible realizar cualquier tipo de juicio sobre su participación o su ausencia. A pesar de ello en algunos diarios, entre ellos EL PAÍS, se afirmaba en uno de sus titulares que el tribunal descartaba al citado grupo terrorista, lo que no puede ser cierto por los motivos explicados. Lo importante es transmitir una idea, independientemente de su veracidad, algo que desde luego no es propio de un medio de comunicación, sino más bien de un instrumento de propaganda política.

La implicación aunque fuera indirecta en el atentado, no es conveniente desde un punto de vista político. Se anteponen de esta forma los intereses partidistas a los de esclarecer el trágico suceso. Toda la pantomima política se vendría abajo como un castillo de naipes, si se admitiera que la banda terrorista ETA aparecía por algún sitio aunque fuera tangencialmente, desmontando de esa forma un elemento clave en su estrategia electoral. Si a esto se le añade la muy apresurada destrucción de los trenes que contrasta de forma espectacular con la practica habitual en la investigación de un desastre aéreo, por ejemplo, no queda otro camino que desconfiar, no del gobierno tan solo, sino del mismo sistema político que permitió los abusos del anterior presidente, y que permite los del actual.

Más información:  

• Sentencia completa juicio 11M
• Blog Investigar el 11M

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