La España que estámos construyendo

¿Ha fracasado el llamado «espíritu de la transición»? ¿cuál es la España que se ha construido desde entonces? ¿son los parámetros de convivencia actuales, la mejor alternativa a la guerra civil y la dictadura? Ya en se dijo que no era buen síntoma que en el 2004 un partido ganara contra pronóstico unas elecciones gracias a un atentado terrorista. Ni el partido que entonces estaba al frente del gobierno ni el aspirante habían presentado nada que realmente mereciera la pena. En la medida pudo influir aquel trágico y traumático suceso —que con toda probabilidad fue decisorio dada la igualdad de los rivales— significaba que el proyecto político de convivencia llamado España fracasaba... de nuevo.

Al hablar de proyecto político se habla de la creación de una serie de instituciones que representan a esa parte del pueblo que sí desea la convivencia. El problema es que en la construcción de ese proyecto y por mucho que sus protagonistas defiendan otra cosa, prevalecen sectores cuyos intereses no tienen nada que ver con la representación de la sociedad que aspira a construir un proyecto común, y sí más con el dogmatismo, las ansias de poder y de control. La España que estamos construyendo no se apoya sobre la convivencia, sino sobre el reparto de protagonismo. El que ocupan dos grandes partidos, uno de ellos infestado de mediocridad y de corrupción, pero que a pesar de ello continua logrando grandes resultados electorales, como si de esta manera los demás tuviéramos que aceptarlo.

Ante la ausencia de argumentos, la convivencia política en estos momentos consiste en el atropello y en la acusación, en muchas ocasiones de asuntos similares a los que el propio acusador comete. En el anuncio de casos de corrupción que llevan décadas siendo investigados, pero que salen a la luz pública únicamente cuando hace falta, cuando los mecanismos de pacto de no agresión ceden ante el exceso de una de las partes. Cuando la crisis económica complica que las bocas hasta ahora calladas lo continúen estando. Dos partidos que continúan ocupando la mayor parte de la escena política aunque no ofrezcan ninguna solución al problema de España, eternizando el enfrentamiento y viviendo de él. Son realmente los causantes del problema, avivándolo y viviendo a costa del apoyo logrado en base a transmitirlo a la sociedad.

Por un lado un Partido Popular cuyo núcleo es puramente dogmático, nacionalista, ultra-católico, de fe ciega en la jerarquía, sea militar o eclesiástica. Un partido en el que hay poca posibilidad para la disidencia, pero sí para la corrupción, salvo en la periferia, donde pueden existir ambas cosas. Y por el otro, de envidiosos ególatras cainitas, mentirosos y figurantes patológicos, que no dudan en darse codazos, zancadillas y puñaladas en cuanto se trata de estar al frente de un colectivo, aunque implique la práctica destrucción del mismo. Un Partido Socialista de más de un siglo de antigüedad que no es capaz de organizar un Comité Federal —su máximo órgano de gobierno interno— de forma racional y educada. Un partido que no se ha preocupado en absoluto de buscar constituirse como una alternativa sólida frente a la derecha que critican, tratando en verdad de colocarse a su lado. Hacerse un hueco en las estructuras de poder del sistema, sin aspirar a ser el necesario ejemplo de organización política de ciudadanos.

GH se derrumba en audiencia: la competencia es muy fuerte, mejor ver las noticias

Pero el verdadero problema es lo que ocurre al margen de estas dos organizaciones reclutadoras de enfermos, ansiosos por el protagonismo y de colocarse en un estrado para sentirse importantes. Al otro lado del televisor, la sociedad asiste a este lamentable espectáculo como si estuviera viendo la enésima edición de la tele-basura de Gran Hermano. Pensamos que no tenemos nada que ver con eso, sin darse cuenta que se trata de las dos principales organizaciones de las cuales surgen los representantes políticos que deciden todos los aspectos que acaban influyendo de forma determinante en nuestra vida cotidiana: nuestra salud, nuestros servicios públicos, la educación de nuestros hijos, nuestra cultura, nuestra convivencia, todo, depende de gente que se mueve en los mismos círculos de que protagonizan los casos de corrupción o los poco edificantes y bochornosos recientes espectáculos políticos.

 El 15M —en concreto, las manifestaciones multitudinarias y transversales que se dieron en varias ciudades de España, precedidas en los meses anteriores de diversas iniciativas similares aunque menos multitudinarias— fuera o no organizado por grupos de activismos de izquierdas, lo cierto es que reflejaban el malestar de la sociedad y su desacuerdo generalizado. De todo aquello se ha materializado una organización en forma de partido conocida como Podemos. En el sistema político español, la única posibilidad práctica para solucionar el problema que los dos grandes partidos no sólo no solucionan sino que la agravan, es sustituyéndolo por otro —u otros—. Y este partido, si bien comenzó con unas ideas aplicables como alternativa a la situación, en cuanto ha entrado en el congreso nos ha recordado a todos el circo que realmente ha sido durante estos más de treinta años. En su afán de conseguir votos, ha replicado las mismas y viejas tácticas políticas partidistas buscando atraer votantes del PSOE, sin darse cuenta que de esta manera se puede acabar convirtiéndose en lo mismo de lo que se pretende huir. Afortunadamente les ha salido mal, ya que atraer a un voto socialista anquilosado y sectario de décadas de fidelidad es prácticamente imposible.

Esta España del griterío, de la acusación, de la desconfianza, del enfrentamiento, del miedo, de las manifestaciones inútiles, de absurdo «meme» en la red social de turno, de los falsos debates, de la burda y sucia agitación política, cuya memoria no va más allá del último «barsa-madriz», es la que desgraciadamente vamos a dejar a nuestros descendientes. Porque de los que ahora mismo depende, no va parece que vaya a salir nada mejor. 

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Un circo llamado Congreso

Hace unos meses fuimos a las urnas. Salieron elegidos unos representantes que pasado ese tiempo no han sabido encontrar una fórmula de gobierno adecuada. A pesar de ello, el próximo 26 de junio nos encontraremos prácticamente con las mismas propuestas y lo más sorprendente, con los mismos protagonistas. Una repetición de las elecciones por primera vez en esta etapa teóricamente democrática española, en la que los ciudadanos tendremos que vivir nuestro particular «día de la marmota». 

En cualquier caso, lo que se puede extraer de esta experiencia es la manera de actuar de los partidos que por primera vez han llegado a ocupar un escaño de diputado, con especial atención naturalmente a las nuevas y rutilantes estrellas: Ciudadanos y Podemos. El primero ya se conocía de su presencia en Cataluña y que sigue fiel a su apariencia: un partido conservador, formal, educado, bien vestido, cuyas propuestas son ideas de «sentido común». Pero son unas ideas que tendrían que haberse tomado hace 30 años. Es como tendría que haber sido la transición simplemente para que el sistema resultante fuera lo suficientemente coherente como para no permitir regímenes fiscales abusivos, fondos públicos mal gestionados, desigualdad legal, «capitalismo de amiguetes» o que los ciudadanos pudiéramos hacer algo tan básico en una democracia como la de elegir a los candidatos a la listas electorales. Esto no lo hemos tenido, y debido a ello, se han cometido barbaridades y se han creado burbujas que les han favorecido a ellos y perjudicado al resto. En definitiva, una situación que mucha gente está sufriendo.

En un sistema basado en el enfrentamiento, en la exclusión de ideas y en la fragmentación de la sociedad, los partidos buscan al igual que en el marketing económico, ofertar algo que la competencia no haga. Aquí es donde surge Podemos, un partido que se va configurando poco a poco buscando huecos ideológicos en el panorama social y político. El resultado es una apariencia complementaria a la de Ciudadanos: irreverente, rompedor, transgresor, vestido de cualquier manera y con una «puesta en escena» poco ortodoxa que busca llamar la atención. Sus propuestas son también muchas de pura lógica, aunque no es la sensatez la principal virtud que se busca. Para unos será venganza, para otros justicia, en cualquier caso, parece que no ignoran las desigualdades y abusos que el sistema actual ha producido durante todas estas décadas.

En todo este tiempo nuestros representantes nos han mentido, nos han robado, nos han estafado y se han aprovechado de nuestra confianza. Nos han creado falsas expectativas y nos ha dejado tirados en la cuneta cuando por culpa de sus errores, todo se ha estropeado. Muy bien vestidos con traje y corbata, subían a los estrados a recitar sus discursos escritos en papel mojado y palabras recitadas con seriedad y rimbombancia hueca. Ahora, Podemos ha desarrollado una estrategia que solo ellos entienden, en la que las propuestas pintorescas y las performance en el Congreso de los Diputados remueven al sector más rancio del conservadurismo. ¿Son necesarias? ¿son realmente muestra o reflejo de la sociedad? ¿cuál es su utilidad entonces? Seguramente, su influencia es tan inocua como al mismo tiempo, recalcitrante para el sector mencionado. Lo cual puede ser de lo que verdaderamente se trate: su uso electoral. Una versión 2.0 de la «crispación» de Zapatero en la que sitios como Contando Estrellas borra todo aquel comentario que no le guste, sin más motivo que discrepar de su opinión o simplemente, por no gustarle aquello que le cuestione su verdad.

Pero lo más sorprendente es la pregunta que algunos se hacen y que intentan usar como critica: ¿es ético usar el Parlamento para este tipo de «funciones»? Volviendo a un clásico sin usar desde hacía años en este blog, esto es una «falacia predictiva», en la que los acusadores se ven obligados a responderse a si mismos: ¿ha sido ético usar el Parlamento para hacer lo que se ha estado perpetrando en él durante estas últimas décadas? ¿importa el hecho de que lo hagan bien vestidos? De alguna manera, todas estas pataletas y reivindicaciones permiten que nos demos cuenta del poco control que se tiene de lo que ocurre en los más importantes órganos políticos que paradójicamente, son también los de representación de la sociedad. Al mismo tiempo, se pone en evidencia que en efecto, el Cámara de Diputados es un circo en el que todo aquel que no esté en primera línea pasa desapercibido, y eso en una sociedad tan mediática como la española, es pasar a la irrelevancia. Durante años los partidos clásicos que en un régimen de alternancia han ocupado el poder, han usado el Congreso para escenificar una falsa pelea en la que ambos siempre salían ganando.

Podemos ha entendido que hay que llamar la atención, y sabe que el Congreso es el principal destino a donde los medios apuntan sus objetivos inevitablemente. Sabe que si no se tiene un poder mediático como lo son o lo fueron en su momento la COPE, la SER o el Grupo PRISA, no se va a ninguna parte. Por eso empezó con un programa de TV en un canal de TDT, por eso aprovechó el tirón mediático del 15M. Ahora bien, ¿qué significa que un partido que se supone critica fuertemente el actual sistema, haga uso de sus mismos defectos? ¿es coherente? ¿es ético? La política está llena de incoherencias. Hay que distinguir las inevitables, propias que todo sistema tiene a la hora de definirse a sí mismo, y las incoherencias indeseables que son producto de perseguir fines lucrativos excesivamente personales a expensas del sistema. Tras todos los episodios de corrupción que ha habido que aguantar, se ha llegado a un punto en el que los diputados de la formación morada son culpables hasta de cobrar los propios sueldos que como tales, les corresponde por ley. Siempre se ha dicho que el problema no son los protagonistas, sino el sistema. Pero para cambiar el sistema, es necesario cambiar a los protagonistas. Y para cambiar los protagonistas hace falta meterse en él y seguir sus reglas. Las mismas reglas que durante más de 30 años casi todo el mundo aceptaba callando. Por eso mismo, lo que no ha de faltar jamás, es nuestra indiferencia.

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La burbuja valenciana

Una burbuja se puede definir cuando algo crece por encima de lo que puede soportar realmente. Un problema que se ha tenido en España es precisamente que nuestros políticos han «inflado» en exceso casi todo lo que ha caído en sus manos. Esta habilidad para «convencernos» y lograr los suficientes apoyos no la demuestran sin embargo, a la hora de crear soluciones y aportar ideas. Remitiendo al análisis de César Molinas sobre la clase política española, su autor explica a grandes rasgos que en España los políticos cuando no tienen nada que ofrecer, se lo inventan.

La inmobiliaria no es la única burbuja en la que nos han metido en las décadas recientes. Las burbujas de infraestructuras, la del fútbol y otras como la universitaria —en la que se han matriculado miles y miles de estudiantes que ahora están en el paro, fuera de España o subempleados— son claros ejemplos. Algunas veces no son consecuencia directa, sino que son residuos provocados por una reiterada manera de proceder. Esta se basa en la excesiva tendencia de los políticos de ignorar las evidencias y faltar a la verdad, hasta tal punto, que llegan a engañarse a si mismos.

Lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana desde la transición obedece a una coyuntura que en el caso de esta comunidad merece un análisis separado. Esta situación solo se comprende identificando a los distintos agentes y protagonistas del panorama político español, y los papeles que, queriendo o no, ha tocado desempeñar a cada uno de ellos.

El origen

La situación tras la transición se podría definir, muy brevemente, compuesta de dos bandos: uno «heredero» de un tardofranquismo normalmente identificado como «la derecha», que poco a poco había ido distanciándose de la época más negra de la posguerra. Por otro, una serie de grupos que hasta ese momento habían estado en la clandestinidad —o en el extranjero— representados principalmente por el PSOE y el PC, que aglutinaban de forma genérica a «la izquierda» y en general, a todo el antifranquismo. Es decir, poco más que una continuación «ligth» de los bandos de la Guerra Civil en los que se metían en un mismo saco a mucha gente de ideologías diversas. Un tercer «bando» serían los nacionalismos, aunque estos se han aliado en no pocas ocasiones con los grupos que actuaban en la clandestinidad durante el régimen franquista. 

Esta alianza entre nacionalismos separatistas y la izquierda española, no por motivos ideológicos o por afinidades culturales comunes sino por pragmatismo dentro de un maniqueo juego político, resulta fundamental en la historia reciente de la región valenciana. Mientras que en todas las comunidades han tenido clara su situación en el «mapa de pactos», en la valenciana las dudas han ido surgiendo en aumento desde la transición. La región cuya principal población fue capital de la 2ª República Española durante La Guerra, la que durante tres legislaturas votó mayoritariamente a un partido alineado en la izquierda como el PSOE, ha tenido que padecer desde sus inicios y antes que otras comunidades debido a su idiosincrasia particular, los defectos del actual sistema de representación político.

El desengaño

La sociedad valenciana ha sido ejemplo durante una buena parte de su historia de civismo ciudadano, de iniciativa, de libertad, de heterogeneidad, de diversidad, de aprecio por la cultura propia, respeto hacia la ajena y de ausencia de nacionalismos excluyentes. Una parte de esa sociedad fue protagonista de una de las primeras victorias de la sociedad civil contra el abuso de poder, que pretendía una pesadilla urbanística en lo que hoy es un jardín de nueve kilómetros de largo. Otro ejemplo clásico es el singular carácter festivo que comparten las fiestas de las tres principales ciudades: Las Fallas, Las Hogueras y las Fiestas de la Magdalena. En el caso más conocido de las Fallas, en su origen no era un evento organizado desde una institución central —como trajo el franquismo después— sino fruto de la actividad espontánea de toda una sociedad que se lanzaba a la calle para celebrar la llegada de la Primavera y «quemar todo lo malo» acumulado durante el año. Aunque el franquismo perturbó la concepción original, las Fallas continuaban siendo una fiesta singular por cuanto era creada en una gran parte desde la base, por la propia gente de los barrios que salía a la calle. En este contexto, la llegada de la democracia no podía tener otro ganador que un PSOE que representaba —en teoría— la oposición moderada y cívica. Pero las primeras acciones de gobierno autonómico trajeron consigo consecuencias inesperadas.

La izquierda española lleva practicando el absurdo juego de renegar de lo español y aliarse con los nacionalismos periféricos porque alguien pensó que de esta manera obtenían un beneficio político. Puede que así haya sido en algún grado, pero lo que han logrado en definitiva, ha sido alimentar un monstruo que ahora no controlan y que casi les destroza. No es este un artículo para hablar de las causas ni justificación del nacionalismo catalanista, pero es un hecho que existe, tanto como su rechazo en la Comunidad Valenciana. La problemática de este fenómeno originado en Cataluña pero que afecta a otras regiones como la mencionada se puede resumir en dos puntos: (1) el catalanismo necesita a la Comunidad Valenciana para su idea de construcción de un estado catalán viable. Y (2), la sociedad valenciana rechaza mayoritariamente dicho nacionalismo no por motivos ideológicos —en el sentido maniqueo izquierda o derecha— sino simplemente porque no se identifica con él en los términos que los estrategas pan-catalanistas desean —tan irracional pueden ser unas posturas como otras, ahora bien, entre la apropiación política forzada del catalanismo y la autodefensa valenciana, me quedo con esta última—.

Centrándonos en lo ocurrido desde la transición, el gobierno socialista presidido por el melifluo Joan Lerma impuso en las escuelas públicas valencianas para la asignatura de valencià, una normativa ajena y extraña junto a un profesorado importado de Cataluña. Nuevos profesionales que encontraron en la enseñanza de una lengua creada y normalizada desde el poder político, una forma de vida. El rechazó fue generalizado y la polémica nos ha acompañado hasta prácticamente nuestros días. La creación de la Academia Valenciana de la Lengua ha reducido el problema interno en la comunidad, aunque fuera de ella el catalanismo continúa su modelo de absorción cultural y político exactamente igual. No obstante, no fue este el único motivo de disgusto de la sociedad valenciana. Además de apropiarse de los elementos culturales, también parecía que trataba de restarles valor histórico como en el caso del Teatro Romano de Sagunto. Destaca igualmente el largo padecimiento de la antigua carretera N-III. Una vía conflictiva que llevaba a la «ruta del bacalao» y a las playas de Benidorm y Cullera. Con grandes picos de tránsito que ocasionaban problemas de transporte y accidentes, pero que a pesar de todo se mantuvo durante décadas en la mayor parte de sus tramos con una ridícula vía convencional cuyos atascos han sido protagonistas hasta de anuncios de televisión. Todo un clásico de la época. Por no hablar del AVE —otra burbuja— que desde que el PSOE inauguró la primera línea a Sevilla en 1992 —con la «excusa» de la Exposición Universal— ciudades como Toledo o Lleida —que no lo han aprovechado— han tenido antes que Valencia el tren de alta velocidad, que no llegó a la ciudad del Turia hasta el 2010.

En definitiva, el ninguneo político al que se sometía la Comunidad Valenciana y la continua supeditación a los intereses del catalanismo fueron poco a poco alumbrando la llegada de la derecha al poder. Porque si para algo ha de servir la democracia es para cambiar al gobierno cuando no gusta. Dicen que la derecha española, rancia y caduca, es la causa del surgir de muchos nacionalistas en Cataluña. Pero en Valencia lo que ocurre es que el nacionalismo catalanista es la causa del aumento de votantes del Partido Popular. Este creciente descontento de la sociedad valenciana con la izquierda fue entonces aprovechado por alguien que se hizo famoso años después por ser un experto creador de burbujas: José María Aznar.

Inflando la burbuja

El antiguo presidente del gobierno español era y es muchas cosas, la mayoría de ellas poco bonitas. Pero algo que no era es tonto. Debió de darse cuenta de la oportunidad que se le presentaba —electoral y políticamente hablando—: una comunidad con la tercera capital de España, con un 10% de su PIB y su población en menos de un 5% de su territorio, y con un puerto cuya actividad económica es uno de los mayores de España y el primero en el Mediterráneo. Una comunidad ignorada por los gobiernos socialistas anteriores y que estaba en el punto de mira de un nacionalismo antagónico e irreconciliable con la derecha española. Visto fríamente, todo apuntaba a que tenía que ocurrir lo que ocurrió: Aznar comenzó una estrategia consistente en asimilar a la Comunidad Valenciana como un «ejemplo» para España. Un modelo a imitar, para así de esta manera ganarse el favor de una sociedad que estaba harta de ninguneo y desprecios, y que no acababa de asimilarse al nacionalismo catalanista —a pesar de todo el empeño que este ponía—. Dentro de las políticas tomadas en aquel entonces destaca el acabado de la autovía A-3. Aznar zanjó a los pocos meses de estar en el gobierno un problema de décadas de reivindicaciones, ante las patéticas pataletas de la oposición que insistía a pesar de no tener ni un único argumento sólido.

Fue la época de Zaplana como presidente de la Generalitat —Valenciana—, la de Terra Mítica y de programas de televisión como Tómbola, que fue exportado a Madrid. El Partido Popular absorbió a la tradicional Unión Valenciana, haciendo desaparecer de la escena política a la derecha moderada propia valenciana. El PSOE se iba hundiendo y veía como su proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias lo acababa un gobierno de otro partido político. Rita Barberá comenzó su largo periplo como alcaldesa de la ciudad de Valencia. Le dio un vuelco a la imagen de la ciudad, además de recuperar el entorno natural de la playa de El Saler, embrutecido en la época del franquismo con un horrible paseo de hormigón que los socialistas ni tocaron, a pesar de que destrozaba el paisaje y también, el funcionamiento de las corrientes de aire y el proceso de formación dunar. Las ganas de agradar lograron cambios positivos en un principio, algo que se nota en la mejora de la Comunidad Valenciana como destino turístico. Pero los años acumulados en el poder y las excesivas ambiciones de personajes como Francisco Camps, fueron convirtiendo a esta comunidad en algo que nunca fue. El dinero que llama a la corrupción junto a la falta de controles del poder en el sistema político han hipotecado a la sociedad valenciana. Una sociedad que ya no sabe convivir y que bajo la batuta de su anterior alcaldesa, ha convertido Las Fallas —siguiendo con el ejemplo— en una deleznable oportunidad para el abuso, la falta de educación y los problemas de convivencia.

Pinchando las burbujas

Toda colectivo social que disfruta de un gran éxito suele ser objeto de deseo. En los años de mayor éxito y creación de la burbuja valenciana —con la Copa América y la creación del circuito de Fórmula 1— surgió dentro del Partido Popular valenciano un principio de emancipación del poder central que en otro contexto podría haber sido positivo, pero que en este caso se convirtió en un espectáculo lamentable de avaricia y deseo de protagonismo. No obstante, Francisco Camps no era realmente peor que otros políticos. Podría decirse que era el Aznar valenciano: un político trepa con muchos más recursos que sus oponentes. Más incluso que el propio Mariano Rajoy —aunque para lo cuál no hace falta mucho—. Una vez llegado a la máxima autoridad autonómica y sin apenas competidores, sus ambiciones apuntaban claramente a la presidencia del Partido Popular y a la candidatura como presidente del gobierno de España. Desde la calle Génova, habían dejado hacer y deshacer en la Comunidad Valenciana mientras continuaran ganando elecciones, pero Camps comenzó a ser un problema para la oligarquía del partido, que no quería competidores. Camps apartó a los Zaplanistas, favorables con el poder central del partido, pero desamparados tras la marcha de su «mentor» Eduardo Zaplana, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con Aznar de presidente. Luego vino lo que vino, y Zapatero alcanzó la presidencia de España y con él, el pinchazo de la burbuja económica. Debido a lo cual, muchas bocas que hasta ese momento habían estado tapadas y muchos pactos realizados entre partidos antagónicos para no denunciarse mutuamente y poder disfrutar de los privilegios del poder, comenzaron a ser insostenibles. Tras la debacle económica se desencadenó el pinchazo de la burbuja que dependía directamente de ella: la burbuja política.

Pocos años antes de que fuera imposible para el interés de la clase política seguir tapando que estábamos en crisis, varios sucesos ocurridos en Cataluña y Comunidad Valenciana eran un aviso de que todo comenzaba a desmoronarse: el hundimiento del barrio del Carmel, el hundimiento del túnel del AVE en Bellvitge, apagones que afectaron a más de 110.000 usuarios y el destape del caso de las comisiones del 3% que afectaban a toda la clase política catalana. En la Comunidad Valenciana el trágico accidente del Metro eclipsa tristemente lo relacionado con el crack del sistema financiero valenciano y el fracaso del circuito de Fórmula 1, una ruina a causa de la irresponsable gestión del entonces presidente Francisco Camps. Mariano Rajoy que ya tenía a punto su victoria en las elecciones con un Zapatero acabado, le puso la puntilla quitándose «molestias» de encima, una maniobra de la derecha central que, paradójicamente alegraba tanto a unos como a otros, sobre todo a los nuevos partidos de la izquierda valenciana que venían a hacer lo que el PSOE no lograba. Y así, de esta manera, la Comunidad Valenciana ha pasado por ser ninguneada, para luego ser usada como modelo ejemplar, para finalmente ser señalada como un vertedero, usada como cabeza de turco de experimentos en televisiones autonómicas, u objeto de comentarios improcedentes por parte de un fracasado «Gran» Wyoming, que ha encontrado en la más burda y sucia agitación política su verdadero lugar. Tras años de bloqueo debido a un sistema de participación política que penaliza la entrada de nuevas opciones políticas, finalmente, paso a paso, se han ido abriendo camino las alternativas.

En la actualidad

«Este es un pueblo honrado.
La corrupción no está ligada a los valencianos, está ligada al PP»

Monica Oltra

En las palabras de la dirigente de Compromís se pueden encontrar varias claves del «juego político» en España. La izquierda española ha vinculado la corrupción a la Comunidad Valenciana por interés político: por ser gobernada por el Partido Popular y por tratar a los valencianos como un pueblo que no merece ser tenido en cuenta por tolerar la corrupción, legitimando así su posible «catalanización». Por otro lado, la nueva izquierda valenciana no puede basarse en ese mensaje ya que necesita los votos de esa misma sociedad, por lo que enfoca todo el problema desde un punto de vista puramente partidista, atribuyendo la causa de la corrupción exclusivamente al partido en el gobierno. Otro factor importante en su éxito ha sido el alejamiento de posturas extremas y nacionalistas —en el contexto valenciano— que se han materializado en la alianza con Podemos, a pesar de los serios problemas internos que ha supuesto para la coalición valenciana. El sistema político que legitima de igual manera a ambos, tanto a Compromís como al Partido Popular, queda —equivocadamente— excluido de la ecuación.

La Comunidad Valenciana no es ni más ni menos corrupta que otras, ni en términos relativos ni en términos absolutos. Sí que es sin embargo debido a su situación estratégica, la más mediatizada y usada como chivo expiatorio por los medios de comunicación, al hacer uso político de los numerosos escándalos —eso sí— que se han dado, destapados siguiendo un escrupuloso calendario. De esta manera, además de obtener un beneficio político al dinamitar al partido gobernante de una comunidad el cual ni tan siquiera su propia dirección central puede —ni quiere— defender, se enmascaran el resto de casos de corrupción que en estos momentos se dan a lo largo y ancho de la geografía del país, desde los municipios hasta la mismísima Corona de España. La Comunidad Valenciana, vapuleada y ninguneada por la izquierda y por la derecha, se encuentra sin líderes claros, sin representación política y a expensas de un sistema poco democrático que no favorece a las sociedades activas. Una comunidad que en el punto de mira de un país corrupto es, el eslabón más débil.

Foto: Las Provincias

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La burbuja independista

El sistema político que tenemos en España tiene defectos. Intenta ser democrático pero se queda a medias. El debate sobre su reforma lleva ya algunos años con nosotros, y entre las críticas que se hacen al mismo es que en él, los políticos se preocupan más en inventarse formas para continuar en el poder y lograr captar la atención de sus votantes, que en aportar verdaderas soluciones. No lo digo sólo yo, sino que es también la conclusión que queda tras leer el análisis de César Molinas sobre la clase política española.

El verdadero 'hecho diferencial' entre unas comunidades y otras, son los diferentes 'inventos' a los que han de hacer uso. Es una cuestión de la propia naturaleza humana. Los políticos de Barcelona no creo que sean muy distintos de los de cualquier otro sitio, de la misma manera que agencias de escorts y negocios similares los hay en todas partes. En cuanto se toca poder, hacen lo que tienen que hacer y dicen lo que tienen que decir para mantener su posición y privilegios. Con la particularidad añadida en el caso de Cataluña de que lo logran gracias a explotar el mismo sistema que critican y manifiestan repudiar.

Las burbujas

La burbuja inmobiliaria que ya conocemos fue consecuencia de inventarse una economía basada en unos recursos inexistentes. Una solución de corto plazo en base a inflar una solución para que parezca más de lo que es. Otras burbujas tal vez menos evidentes como la universitaria —en la que se han matriculado miles y miles de estudiantes que ahora están en el paro, fuera de España o subempleados— son claros ejemplos. 

El caso catalán

El caso 'singular' de Cataluña consiste en hacer uso de una corriente nacionalista muy extendida entre la población para realizar una propuesta determinada, sin atender a su verdadera viabilidad y consecuencias futuras. No se trata de analizar las causas del fenómeno del nacionalismo, es en cualquier caso, una realidad frente a la cual se puede actuar de muchas maneras. En el caso de los políticos catalanes ha sido hacer uso de ella para mantenerse durante décadas en el poder, siguiendo pautas similares a las del resto de España en las décadas recientes. El independentismo es otra burbuja política con toda probabilidad, por varios motivos:

1. Tiene un respaldo amplio respecto a otras opciones.
2. No se han analizado objetivamente sus pros y sus contras.
3. Los que proponen las medidas logran sus objetivos políticos y obtienen un beneficio personal, a costa de la mayoría.
4. Hay siempre alguien a quien culpar, a pesar de no ser los responsables. 

Comparaciones

Si se compara este caso con el más generalizado de la burbuja inmobiliaria parece que se ve con más claridad. En aquel entonces mucha gente advertía que mantener una economía basada en el ladrillo y las hipotecas basura era un suicidio. A pesar de ello, una gran mayoría cayó en el error ante la promesa de una vida de lujo y les siguió el juego, con las consecuencias conocidas. Era más fácil proponer esto que construir una economía sólida, con todo lo que ello conlleva en cuanto a igualdad de oportunidades, igualdad fiscal, seguridad legal y favorecer las iniciativas de emprendimiento. De forma similar, en lugar de buscar un punto de encuentro para mejorar la convivencia, este sentir numeroso de la población de Cataluña ha sido aprovechado por la clase política catalana para su propio oportunismo político, a costa de ignorar otros problemas ―punto 1―. Los políticos catalanes critican un sistema que califican de injusto, y no les falta razón. Pero en lugar de proponer soluciones como están haciendo otros partidos, proponen el abandono basándose en motivaciones emotivas y viscerales ―punto 2―, acentuado las diferencias.

Pero, ¿qué se gana con defender una postura inviable o cuya realización tiene numerosas dificultades, además de un resultado como poco, incierto y problemático? Obviamente, lo primero es que se logra el apoyo de una mayoría para alcanzar o mantenerse entre la clase dirigente —punto 3—. Puede parecer una locura, el caso es que tarde o temprano alguien acaba haciéndolo —mucha gente recordará la famosa entonces frase del periodo de José María Aznar, «España va bien»—. Ahora bien ¿qué pasa con las consecuencias, cuando todo se demuestre en su verdadera naturaleza? En el caso de la burbuja inmobiliaria lo estamos viendo: salvo algún cabeza de turco de dirigentes que comenzaban a ser un estorbo, la mayoría de los que protagonizaron aquel desaguisado quedan a cenar sin más preocupaciones. Los culpables y los que sufren ahora aquellas consecuencias son los ciudadanos que les apoyaron, que «vivieron por encima de sus posibilidades». En el caso catalán, y recuerden esto, la culpable de las consecuencias de todo lo que ocurra a partir de ahora tiene un claro protagonista para ellos: la malvada Espanya. En cuanto a quién pague las consecuencias, ¿qué creen ustedes?

La última similitud

Queda un último y definitivo punto que completa esta comparativa entre la burbuja inmobiliaria y el caso del independentismo catalán, que todavía no ha ocurrido. Si se trata de una burbuja política de consecuencias poco predecibles y muy probablemente complicadas, queda por ver, en efecto, cuando va a estallar.

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Populismo o la verdadera magnitud del problema

Foto: http://www.europeanyouthvoice.eu

¿Que relación hay entre democracia y demagogia? En líneas generales, parece inevitable que los políticos acaben diciendo aquello que la gente desea escuchar. Parece que gusta más oír a alguien decir que tiene una solución, que admitir que los problemas son muchos y la situación es complicada. Deseamos creer que con dos cambios por aquí y por allá, tirando a uno o a otro líder del gobierno, todo se va a solucionar en un abrir y cerrar de ojos. Diría que esto es lo que ha estado ocurriendo en España en las ultimas décadas, con la añadidura de que cada vez el aspirante lo suele tener más fácil, gracias a lo cada vez peor que lo han hecho los sucesivos gobiernos. Esto y el uso del infausto 'voto útil', el más inútil de los votos. A pesar de la aparición de alternativas políticas en el escenario electoral, me temo que las estrategias son las de siempre: los que gobiernan asustan de lo que ocurrirá si ellos no continúan, y los aspirantes se proclaman como la solución a todos los problemas. Seguramente, ni lo uno ni lo otro, por supuesto.

¿Qué se puede hacer?

El gobierno justifica sus acciones con el pretexto de que 'hay que apretarse el cinturón', ya que 'hemos vivido por encima de nuestras posibilidades'. De esta manera, la opción elegida por el gobierno actual es perpetuar la mediocridad. Recortar en los servicios que más afectan a la ciudadanía, el principal valor necesario para salir del atolladero ―salir de verdad, no limitándose a cumplir con determinados parámetros económicos decididos por ciertos dirigentes europeos―: recortes en investigación, en educación, aumento de los impuestos básicos, descenso de los ingresos de la clase media, empeoramiento de la situación laboral, alargando jornadas y reduciendo sueldos, todo para luego no saber cómo aprovechar el tiempo. Es decir, la discrepancia principal está en pensar que estas medidas son inevitables y que han de sufrirlas la parte más débil e indefensa de la sociedad.

Una buena parte de la sociedad no considera legítimo que un gobierno mediocre y corrupto genere medidas que perjudican al principal capital humano del país. Como consecuencia, han surgido las alternativas políticas, unas nuevas como Podemos, y otras ya conocidas pero que hasta ahora no habían salido fuera de su ámbito autonómico, como Ciudadanos. Es decir, se critica sobre todo la legitimidad de los que deciden, más que las medidas en sí. En pocas ocasiones se ha puesto el dedo verdaderamente en la llaga: ¿Qué se puede hacer realmente? ¿Cómo se va a pagar la deuda? ¿es posible una 'quita' y dejarla sin pagar por considerarla 'ilegal, ilegitima y odiosa'? ¿y si el país está tan hipotecado que no hay de donde sacar?

Grecia

Las promesas de Syriza, fueran cuales fueran exactamente, no se han visto cumplidas. El rescate se ha dado ya que de lo contrario el país heleno se venia abajo. Las condiciones de la Troika se han impuesto. El partido en el gobierno se ha dividido y el Primer Ministro electo, dimitió como consecuencia de su fracaso. Y Grecia está igual que antes o peor. Pero, ¿invalida esto las reivindicaciones? ¿justifica lo que está haciendo Europa con Grecia? Algo evidente es que la situación en Grecia no es cosa de ahora, sino que es el producto de una política continuada que ha dejado el país a merced de unos intereses ajenos, y que no se soluciona con la mera voluntad. Gracias al caso griego se conoce mejor la verdadera magnitud del problema.

España

Lo ocurrido en Grecia está siendo utilizado como ejemplo, como siempre, con cada parte interpretando lo ocurrido a su conveniencia. Una de las consecuencias es la modificación de intención de voto, aparentando que la sociedad aumenta su apoyo al bipartidismo clásico que nos ha llevado a la situación actual, y la confianza en las propuestas alternativas pierde fuerza. Probablemente, estas encuestas no reflejen la realidad adecuadamente, ya que la duda suele ser mala a la hora de mostrar tu apoyo a una opción que se ha visto comprometida, favoreciendo al resto que aun teniendo el mismo apoyo en cifras absolutas, porcentualmente mejora. Esto significa que a la hora del voto pueden volver a pesar factores como la corrupción. Sea lo que sea que ocurra en las próximas elecciones generales la pregunta es ¿Qué opciones tenemos?

Habrá que prepararse para enfrentarnos a nuestra verdadera realidad como país y la relación con una Europa a la que no le gusta la democracia. Cuando España entró en la Unión habían ya 10 estados con una política agraria común en cuya elaboración no se participó. Hubo ya en 1986 que soportar unas terribles condiciones que han supuesto la perdida de un factor diferencial respecto al resto de países con tradicionalmente menor capacidad agrícola. En cuanto a la industria, la Reconversión Industrial que también afecto a ciertas producciones ganaderas y agrícolas, acabó por desmantelar la poca capacidad industrial que se tenía en España. Se puede estar de acuerdo en que entrar en Europa era necesario pero ¿a este precio? ¿Quién ha ganado realmente de este proceso? ¿bajo qué acuerdos reales se construyó precipitadamente la Unión Europea? Resulta inevitable pensar que nuestros políticos vendieron a nuestros países para que ellos pudieran codearse con las nuevas élites europeas, a costa de convertirnos permanentemente en provincias de segunda, sin capacidad de decisión y con el objetivo de llenarnos de autovías para ser destino turístico de los lujosos coches centroeuropeos.

Los ciudadanos griegos pensaron y creyeron que eran dueños de su destino ¿Lo somos los españoles? En nuestra mano está la oportunidad de conocer la verdadera magnitud del problema o bien, continuar con la misma mentira de siempre.

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España en datos

¿Cuál es la comunidad autónoma más productiva? ¿Dónde hay más corrupción? Políticos y medios de comunicación suelen hablar de estos temas en cuanto tienen oportunidad. Los acompañan de titulares impactantes y nuestros representantes nos obsequian con «elocuentes argumentos», para justificar sus acciones. Pero muy pocas veces se hace explicando con cifras y datos adjuntos su origen. En esta ocasión empezaremos la casa por los datos, los ladrillos que deben formar los sólidos cimientos de toda interpretación que se construya.

Productividad y eficiencia

¿Que comunidad es la más productiva? ¿y la más eficiente? ¿donde se aprovecha mejor la superficie y población? Los datos necesarios para poder obtener alguna conclusión sobre este asunto son: PIB, superficie y población, de cada autonomía, en relación al total de España de cada uno de los conceptos mencionados. Este es el resultado:

Gráfica 1.— Porcentaje de la superficie, población —ordenado por este concepto— y PIB por autonomía respecto del total de España (año 2014) —Fuente: datos [Wikipedia]. Gráfica [elaboración propia]— (pulsar para agrandar)

En la Gráfica 1 se contemplan por orden de población los tres conceptos mencionados de cada autonomía. Las dos autonomías que más aportan en cifras absolutas al total de España son Cataluña y la Comunidad de Madrid, seguidas a algo más de distancia por Andalucía y la Comunidad Valenciana. Tras un salto, viene a continuación País Vasco, seguida con una diferencia gradual el resto de autonomías. No es sorpresa comprobar como las de mayor población son las que mayor aporte realizan al PIB total de España, sin embargo, como se puede comprobar, Andalucía y la Comunidad de Madrid lo hacen en áreas geográficas muy distintas. Esta circunstancia puede explicarse por el tipo de economía y la densidad de población. En áreas industriales y núcleos urbanos la densidad de población será alta y el PIB también. Aunque también existen otro tipo de economías que pueden aportar también un PIB importante. Es conveniente por tanto establecer una relación entre el PIB y la superficie como medida del tipo de economía.

Gráfica 2.— Relación entre PIB y superficie por autonomía respecto del total de España (año 2014) —Fuente: datos [Wikipedia]. Gráfica [elaboración propia]— (pulsar para agrandar)

Como era previsible, el área relativamente pequeña de la Comunidad de Madrid donde se concentran en exclusiva el área urbana, turística e industrializada de la capital de España, es la que mayor PIB por superficie ofrece. Igualmente previsible, el también muy industrializado País Vasco viene a continuación —a una distancia relativamente grande al tener mucha menos población y por tanto, menor PIB—. Al tener mayor área sigue Cataluña, con una economía basada en la industria, el pequeño comercio y el turismo de su capital. Inmediatamente después aparecen las Islas Canarias y Las Baleares, que en un área reducida ofrecen un producto turístico de primer orden mundial. A corta distancia en sexto lugar se encuentra la Comunidad Valenciana con minifundios agrícolas, turismo, pequeñas y medianas empresas, el comercio, y algo de industria. Con la Región de Murcia a la cabeza continúan de forma anodina el resto de comunidades.

¿Alguna conclusión? Me pregunto si cuando se configuró el mapa autonómico se era consciente de esos detalles como para separar a la antigua Castilla en dos comunidades y capital por separado. Castilla-La Mancha y Castilla-León junto con Extremadura, son las comunidades con menor rendimiento económico por superficie. Jugando algo más con las cifras, se comprueba como las cuatro comunidades con mayor PIB representan el 60% del total de España, en tan sólo un 30% de su superficie. Si vamos más allá, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares son un 11% de la superficie de España, produciendo un 31% de su PIB. Andalucía y Comunidad de Madrid representan otro 32%, sin embargo, en un 20% de la superficie total de nuestro país. La diferencia entre este caso y el anterior es que en este se requiere del doble de superficie para producir lo mismo. Además, son territorios no contiguos —Madrid y Andalucía, separados por Castilla la Mancha— y en el anterior caso mencionado —los llamados por el nacionalismo catalán «Países Catalanes»— significan el territorio continuo con mayor productividad en términos absolutos de España, y en términos de PIB por superficie por detrás del artificio de la Comunidad de Madrid. ¿Casualidad?, no lo creo.

Gráfica 3.— Comparativa de PIB y superficie entre la tripleta «Cataluña-Valencia-Baleares», Andalucía, Madrid y el resto de España (año 2014) —Fuente: datos [Wikipedia]. Gráfica [elaboración propia]— (pulsar para agrandar)

Corrupción

Hay corrupción. Y mucha. Esto está claro. El problema surge cuando se habla de ciertas autonomías como «ejemplo» de la corrupción. Lo es porque pueden ser usadas como chivo expiatorio de la corrupción de otros lugares. Como una nueva versión del «y tu más», en la que viene bien señalar a un territorio cuando se habla de este asunto, para evitar señalar los casos que tienes en tu propia casa. Las gráficas a continuación puede que ayuden al lector a extraer sus propias conclusiones.

Gráfica 4.— Delitos que afectan al bien común combinado con población de la autonomía (año 2013) —Orden alfabético, excepto Ceuta y Melilla. Fuente: datos [INE]. Gráfica [elaboración propia]—. Más información [Sabemos Digital]. (pulsar para agrandar)

En la Gráfica 4 se visualizan la suma de los delitos que afectan al bien común —escala de la parte izquierda— con la población —columna sobreimpresa amarilla con borde rojo, escala a la derecha— de cada autonomía, ordenadas alfabéticamente. Lo primero que se advierte en cuanto a corrupción, es que la relación entre la cantidad de población y el número de delitos tiene una relación directamente proporcional —a más población, más corrupción—. En números absolutos, la comunidad con mayor casos de corrupción es Andalucía, seguidas de Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, seguidas a mayor distancia por Galicia, Canarias y el resto. Si se compara con la gráfica 1 —ordenada por población— se comprueba como coinciden las primeras cuatro posiciones más relevantes. La segunda conclusión que puede extraerse es que no hay ninguna autonomía que destaque especialmente por sus casos de corrupción en cuanto al número de ellos, teniendo en cuenta el factor comentado de proporcionalidad a su volumen de población —dicho de otra manera, Andalucía tiene mucha más corrupción que el resto, pero también tiene muchas más población, por ejemplo—. No obstante, para afinar más en este sentido se puede establecer un coeficiente que refleje la relación entre estos dos conceptos —corrupción y nº de habitantes—:

Gráfica 5.— Relación entre nº de delitos que afectan al bien común y el nº de habitantes de la autonomía —Fuente: datos [INE]. Gráfica [elaboración propia]—. Más información [Sabemos Digital]. (pulsar para agrandar)

En la Gráfica 5 se representan los casos de corrupción por nº de habitante —se han excluido los casos de Ceuta y Melilla que dada su poca población ofrecía un resultado despropor-cionadamente alto— enmascarando de esta manera el factor población. El resultado es que las Islas Baleares es la comunidad con mayor corrupción por habitante, seguidas por Murcia, Canarias, la Comunidad Valenciana y Andalucía, formando un grupo igualado. Seguidamente, en un grupo similar se encuentran varias autonomías entre ellas, Cataluña y Comunidad de Madrid. Tras otro salto, viene Extremadura que encabeza el grupo con menor índice de casos de corrupción por habitante, para acabar en solitario con Aragón. Sólo si comparamos los casos extremos, las turísticas Islas Baleares —visitadas por todo tipo de altos cargos políticos, famosos, dirigentes de mafias internacionales, jeques, etc.— con la noble y baturra Aragón —con la población concentrada en unos pocos municipios importantes y poca actividad turística— se puede encontrar una diferencia significativa, explicada por las circunstancias particulares indicadas, diametralmente opuestas de cada comunidad.

Corrupción y productividad

¿Tienen relación la superficie con la corrupción? ¿la tiene la densidad de población? ¿y el PIB per cápita? A tenor de los hechos estadísticos se ha visto como el aumento de población lleva parejo un aumento de la corrupción en sus representantes políticos, en cifras absolutas. La lógica simple de esta circunstancia es que a más población, más representantes, y por tanto, un mayor número de casos de corrupción en asuntos públicos. Recordando lo realizado hasta ahora, para determinar de forma algo más precisa el grado de corrupción independientemente de si hay más o menos población, se han relacionado ambos conceptos en un nuevo parámetro llamado «corrupción por habitante» —Gráfica 5—. Este índice pretende establecer cuantos casos de corrupción cometen los representantes políticos por cada habitante al que representan.

Ahora bien, parece existir también una relación entre la actividad económica y corrupción. Hay que señalar que en este caso no se trata de relacionar el grado de pobreza o riqueza de la población con el número de delitos. No es la delincuencia social lo que se está pretendiendo medir, sino el grado de delincuencia de la clase política que representa a dicha población. Conociendo esto, es lógico que cuanta mayor riqueza de la sociedad, mayor será lo recaudado por tributos e impuestos, mayores serán las inversiónes y en general, el dispendio monetario de la población. En este escenario cabe esperarse que mayor será la tentación, y por tanto, si los mecanismos de limitación de los políticos son ineficientes o no existen, los casos de corrupción se corresponderán de forma proporcional, como se ha visto. Para establecer el grado de corrupción de forma que un mayor o menor PIB no influya en la valoración, de forma similar al caso anterior en donde se relacionaba corrupción con nº de habitantes, en esta ocasión se hará lo propio entre corrupción y el PIB por habitante —o PIB per cápita—. El resultado se muestra en las dos gráficas siguientes:

Gráfica 6.— Gráfica combinada de corrupción por habitante (año 2013) y por PIB per cápita (año 2014) ordenadas  por el primer concepto —Fuente: datos [INE] y [Wikipedia]. Gráfica [elaboración propia]— (pulsar para agrandar)

Gráfica 7.— Gráfica combinada de corrupción por habitante (año 2013) y por PIB per cápita (año 2014) ordenadas  por el segundo concepto —Fuente: datos [INE] y [Wikipedia]. Gráfica [elaboración propia]— (pulsar para agrandar)

Las gráficas anteriores muestran los mismos dos conceptos combinados, pero ordenadas cada una por cada uno de ellos. De esta manera se pueden comparar las diferencias en función de si se contempla la corrupción en función de la cantidad de población o en función del PIB de sus habitantes. Los resultados no muestran ninguna sorpresa a lo comentado: las cinco comunidades donde hay más corrupción, independientemente de cuál de estos dos criterios se utilicen son: Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana. De las 17 comunidades muestreadas, siete de ellas se mantienen en la misma posición relativa en las dos clasificaciones: Murcia (2º lugar), Canarias (3ª), C. Valenciana (4ª), Galicia (7ª), Asturias (8ª), Cantabria (10ª) y La Rioja (13ª). El resto de comunidades intercambian sus posiciones según sea el criterio utilizado: Baleares y Andalucía (puestos 1º o 5º), Cataluña y Extremadura (puestos 6º o 12º). Navarra y Castilla-La Mancha (puestos 9º o 14º), C. de Madrid y Castilla-León (puestos 11º o 16º), País Vasco y Aragón (puestos 15º o 17º).

De todos estas casos tal vez los más significativos sean los dos primeros. Andalucía y las Islas Baleares poseen una diferencias evidentes, en población y en tipo de economía —latifundios frente a turismo—. Salvo Marbella, parece claro que en Andalucía la corrupción obedece a algo más que al turismo desmedido y caro. En el caso de Cataluña y Extremadura ocurre algo similar. Las grandes diferencias de tipología hacen que sea complicado establecer un criterio para «medir» la corrupción de forma cualitativa que sea aplicable por igual, que no dependa de magnitudes absolutas cuantitativas.

Conclusiones

Un sistema político por el cuál se elige y controla a unos representantes debería tener en cuenta algunos aspectos básicos de la condición humana para prevenir estos problemas. Sin embargo, nuestro ineficiente, fraudulento y defectuoso sistema político parece pensado en la práctica más para caer en las numerosas tentaciones a las que todo cargo público ha de enfrentarse, en lugar de al contrario. Y estas tentaciones serán mayores, cuanta más riqueza exista en una comunidad. En líneas muy generales, las comunidades con poca población, con poco turismo o con poca actividad económica en general, tienen menos corrupción que el resto.

Tal vez alguien pudiese pensar que la poca productividad o el poco nivel de riqueza en una comunidad —en definitiva su mala gestión— es debida a sus altos niveles de corrupción. A tenor de los datos parece que no es exactamente así. La deficiente gestión de los recursos de una comunidad están originados por otro tipo de problemas culturales, sociales, orográficos, etc, que no se van a analizar en esta ocasión, pero la corrupción no parece ser uno de ellos, puede que incluso sea al contrario. Bien sea debida a su correcta gestión o por otro tipo de circunstancias favorables, la cuestión es que allá donde hay riqueza acude todo tipo de gente en busca de nuevas oportunidades. Naturalmente la mayoría de ellos lo intentaran de forma honrada, pero inevitablemente y pagando justos por pecadores, habrá gente que no. En definitiva: allá donde hay riqueza saldrán los corruptos existentes y acudirán más. Realmente, esto obedece a una lógica aplastante: las personas faltas de escrúpulos y avariciosas por lograr una riqueza fácil y rápida, acudirán a donde hay posibilidades de lograrla. No lo harán a lugares yermos o poco poblados.

Se puede concluir que: a) las personas son potencialmente igual de corruptas en todos los lados —o existe una cantidad similar de corruptos por doquier—; b) el problema parece inherente a la ineficacia, inexistencia o poca adecuación de los mecanismos de contención públicos. Y c) la variación de corrupción entre unas y otras autonomías responde a circunstancias particulares de cada una de ellas. Estas circunstancias tienen la peculiar característica de que si bien pueden considerarse como positivas —turismo activo, actividad comercial, grandes inversiones, etc—, en la práctica, parece que constituyen —paradójicamente— un handicap por el cuál las comunidades con mayor actividad económica han de padecer un mayor abuso de sus gobernantes.

Alguien podría argumentar que falta relacionar el nivel de los cargos públicos afectados, ya que, ciertamente, no es lo mismo que delinca un funcionario, que lo haga el presidente de la comunidad. El problema es que tampoco suscita el mismo interés político ni mediático, lo que provoca que se convierta en objetivo político destapar unos casos y ocultar o ignorar otros. Dado el carácter subjetivo de esta circunstancia, el análisis político que merece se deja para otra ocasión. Para otro momento también merecería ser tratado con dedicación especial la relación entre la economía sumergida con estos factores, ya que se ha estimado que esta puede corresponderse con un 20% del PIB total de España, lo que podría cambiar sustancialmente las estimaciones realizadas en este estudio.

Recordatorio: no se trata de justificar la corrupción en una u otra comunidad, sino justamente al contrario, no utilizar a una de ellas como justificación de la corrupción en el resto, o para ocultar las carencias del sistema político.

NOTA: algunas cantidades utilizadas se han debido re-escalar para poder ajustarse en magnitud junto con otras variables en las gráficas, pero sin que afecte a la relación entre ellas.

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La nueva política

Los resultados de las elecciones autonómicas y municipales de 2015 están convirtiendo las cámaras de representación en verdaderos galimatías algebraicos. Todo comenzó con las anticipadas elecciones andaluzas, cuyo gobierno todavía no se ha formado. La razón, la dependencia de unas formaciones políticas a la palabra para con su electorado, cuya condición principal para obtener su apoyo fue la de no seguir los mismos caminos que el resto de formaciones tradicionales: pactos a puerta cerrada postelectorales.

Se está viendo como tras años de bloqueo electoral a causa de un sistema de representación fraudulento, se ha encontrado una vía por la que ciertas iniciativas políticas no tradicionales o no basadas tanto en ideologías de posguerra como en problemas actuales, están apareciendo repentinamente y dando vuelcos totalmente sorprendentes, lo que como decimos, manifiesta la caldera de presión política en la que se estaba convirtiendo la sociedad española cuya primera salida de vapor fueron las movilizaciones del 15M.

Caras y sabía nuevas por fin hacen su aparición en la escena, tras años de golpear las puertas de un sistema opaco, corrupto e infestado de mediocridad. Una oportunidad que partidos como UPyD no han aprovechado a pesar de ser los primeros en abrir las puertas, pero demasiado tímidamente. Toni Cantó, la sorpresa de las anteriores elecciones generales al obtener un escaño por la circunscripción de Valencia, una persona con alguna experiencia en política ciudadana en su anterior residencia en el municipio madrileño de Torrelodones, se ha encontrado con el liderazgo algo caduco de Rosa Diez, antigua militante del PSOE, cuya iniciativa política parecía más motivada por ganas de protagonismo que por verdadera vocación de representación democrática.

Casos como la activista Ada Colau en Barcelona, la juez en casos de corrupción Manuela Carmena en Madrid o en menor medida, el antiguo responsable de la Casa de la Caridad en Valencia, Fernando Giner, demuestran que había toda una constelación de aspirantes a políticos que en cuanto han tenido una oportunidad, ha recibido el favor de un electorado que ya no se limita a votar simplemente a programas o a siglas de partido. Todavía falta mucha madurez, ya que la imagen de las formaciones tiene un peso excesivamente importante y tanto los candidatos no se atreven a dar los pasos hasta que no encuentran una agrupación política con la suficiente entidad, como que los votantes no se atreven a votar a formaciones poco conocidas. Pero por algo se empieza. En estos momentos comienza a difundirse el concepto de «instrumentalización democrática» del sistema por el cuál hay una cierta complicidad entre partidos, candidatos y votantes:

• Por un lado, los partidos saben que han de presentarse como verdaderas herramientas al servicio de los ciudadanos para mejorar el sistema y acabar con la corrupción.
• Los ciudadanos saben que su voto se pierde si votan a formaciones pequeñas o de poca entidad, al no obtener representación, cuyas listas cerradas por añadidura, no han elegido.
• Los candidatos no desean presentarse a formaciones que les limitan la libertad de representar a su electorado y satisfacer sus inquietudes políticas.
• Todos, comienzan a utilizar el sistema y a competir más en base a criterios de racionalidad y menos en ideologías o sectarismos. Los votos se agrupan de forma más consistente y menos dispersa, logrando apoyos gracias a comprometerse y dar ejemplo —como la situación de Andalucía— o dejando atrás eslóganes tan poco «edificantes» como el de Compromís de Valencia de las elecciones de 2011 —«Para joder a la derecha»—.

En esta situación, la teoría es que si los partidos que acaban de entrar en escena continúan siendo fieles a sus principios —o perderan el apoyo popular tan rápidamente como lo han obtenido—, los únicos pactos que podrán haber es que cumplan con sus objetivos de reforma política, ya que se supone que lo importante no es estar en la poltrona, sino que sean estos puestos en práctica —da igual por unos que por otros—.

No deseo pecar de un excesivo optimismo. Es evidente que el oportunismo político campa a sus anchas ansioso de ocupar nuevos nichos y poltronas políticas. Pero en todo caso, no es peor de lo que hasta ahora hemos tenido. Lo importante no es mirar preocupados al pasado, sino hacerlo de forma critica pero con esperanza, hacia el futuro.

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El sentido común

Atar los perros con longanizas

Ese precioso y necesario don del sentido común, que es el menos común de los sentidos.

—Ramón Gómez de la Serna (1891-1963)

¿Qué es el sentido común? ¿A qué nos referimos en España al hablar de él? El «sentido común» es un recurso que se usa cuando no se tienen palabras para justificar lo que pensamos que es «correcto». Pero al ser usado de esta manera, le hace perder el valor. Por ello, apelar a dicha figura en ciertos ámbitos es un asunto complicado. Aun así, siempre llega un momento en el que surge la necesidad de recurrir a un modelo de referencia. Pero este modelo no se encuentra, cada uno de nosotros tiene su idea de lo que es el sentido común, que suele ser nuestra opinión personal.

Sin embargo, ¿acaso las cosas pueden hacerse de cualquier manera? ¿Cómo es posible que no se pueda hablar de una manera «genérica» correcta de hacer la mayoría de cosas? Por ejemplo: para escoger el lugar donde irse de vacaciones, cada uno tendrá unos gustos y necesidades de ocio distintas e igualmente válidas. Pero parece de «sentido común» que si nos vamos a la montaña no nos llevamos camisa de flores, bermudas y chanclas de piscina. No sé. O si tenemos una mascota, tal vez sea de «sentido común» saber que los piensos son diferentes en función de su raza ¿Dónde está esa frontera que delimita la preferencia personal con el «sentido común»?

Parece que hay dos aspectos —como en casi todo— que hay que identificar y diferenciar según el contexto. En este caso, la parte objetiva y la subjetiva. Dicho de otra forma, el sentido común tiene una parte apoyada en la pura lógica y en evidencias palpables, y otra sujeta a nuestra propia impresión particular de la realidad. En España tenemos un grave problema, por tanto, ya que ni hay mucha pasión por la ciencia que digamos, y además, cada uno piensa que lo suyo es lo mejor sin tan siquiera meditar ante otras posibilidades, por considerarse un «signo de debilidad».

En España no es que no seamos listos, el problema en España es que nos lo creemos, sin realmente ponerlo a prueba. Nos lo creemos tanto, que nos cuesta dar el brazo a torcer. El problema de convivencia que esta circunstancia ocasiona es tal, que en lugar de señalar el defecto al vecino, argumentando tus motivos, la respuesta es: «si él lo hace, pues no va a ser más listo que yo», para a continuación cometer una tropelía tres veces peor que la de tu querido y simpático vecino. Para que vea que eres aún «más listo». La consecuencia es que independientemente de nuestras capacidades individuales, como colectivo somos uno de los más tontos de Europa.

El sentido común no es una característica individual, sino colectiva. Una característica que en su inevitable parte subjetiva, se compondrá de aquellas normas de convivencia que han de existir en todo colectivo. Normas que no necesariamente han de estar reflejadas en texto legal alguno, aunque para redactar estos, dependerá de la educación y del acervo cultural de una sociedad. Estas normas en efecto, no son ni buenas ni malas, simplemente están condicionadas por la cultura y tradición del lugar. Lo que es válido para un lugar no ha de ser aplicable a otro. Lo importante de la cuestión es tener un acuerdo, conocerlo y ponerlo en práctica. Puede que sea mejorable, puede que no valga para otros lugares, pero ha de ser útil. Y cuando no valga, se llega a otro acuerdo y se cambia.

En España no hay acuerdo, salvo para destruir. Seguramente por este motivo tras 40 años de democracia no hemos encontrado todavía un sistema educativo que no dependa del sesgo ideológico subjetivo de cada partido que gobierna. Un sistema político que promueve el gobierno desde un único punto de vista, que excluye a las opiniones críticas, un sistema que prácticamente imposibilita la formación de proyectos comunes. Un sistema político que no es de sentido común. ¿Será que en España, no lo tenemos?

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Voto en blanco / Voto nulo

El voto en blanco se suele interpretar como un apoyo al hecho electoral en sí mismo, pero manifestando disconformidad o apatía con las opciones que se presentan, o con el método de elección. Un deseo de participar en las elecciones políticas, dejando que sea la mayoría la que decida. Pero esta opción de voto, en la práctica tal y como está planteado en el actual sistema español, tiene el efecto «colateral» de modificar los margenes mínimos necesarios para obtener representación parlamentaria, con unas consecuencias que pueden resultar inesperadas, por lo perjudiciales para los partidos minoritarios. De alguna manera, es otra más de las incoherencias del sistema.

Supongamos un electorado que decide hacer uso del voto en blanco pensando que de esta manera fortalece el sistema democrático. Estaría formado por las siguientes intenciones de voto:

Ejemplo 1

• 80% de votos en blanco
• 20% de votos a tres opciones políticas repartidas de la siguiente manera:
• 10% opción A
•   6% opción B
•   4% opción C

Suponiendo un mínimo necesario del 5% para obtener al menos un diputado, únicamente las opciones A y B lograrían representación parlamentaria —la farragosa aplicación de la Ley d'Hont es irrelevante en este caso—. Si sólo un 1% de los que han votado en blanco hubiera votado a la opción C, podría haber sido esta situación:

Ejemplo 2

• 79% de votos en blanco
• 21% de votos a tres opciones políticas repartidas de la siguiente manera:
• 10% opción A
•   6% opción B
•   5% opción C

De esta manera, se pasa de una situación dominada por el partido A en la que el partido C no tendría ni un sólo escaño, a otra en la que una coalición entre B y C tendría opciones de gobernar —la dichosa Ley d'Hont favorecería no obstante en el reparto a A—. Y esto sólo con un 1% de votos. Si se traslada este mismo ejemplo al parlamento real de España, los 350 escaños actuales se llenarían con la representación obtenida del 20% restante según el ejemplo 1. Si eliminamos el mínimo necesario para obtener un escaño —un 5%— se quedaría en un 15% aproximadamente, que corresponde solo a los partidos que han superado el mínimo necesario según la ley, para obtener representación. Si ese electorado vota siguiendo la pauta hasta ahora, es decir, con dos partidos mayoritarios ocupando el 85% de los escaños, se correspondería con un 12,75% de ese 15%, no quedando margen electoral para los partidos pequeños, al no haber porcentaje suficiente. Los dos partidos mayoritarios ocuparían el 100% de los escaños del parlamento. Con estos ejemplos se intenta mostrar cómo influyen los resultados electorlaes y su reparto en el Congreso una vez aplicado el filtro del mínimo electoral. ¿Y el voto nulo? En el ejemplo siguiente se puede ver cómo influye esta opción:

Ejemplo 3

En este caso se introduce la opción de «voto nulo». Supongamos que la sociedad hace uso de ella como otra similar al voto en blanco, y lo hace con una proporción del 60% en blanco y 20% nulo, quedando el resto de votos a partidos exactamente igual que en el ejemplo 1:

• 60% de votos en blanco (75% de votos válidos)
• 20% de votos a tres opciones políticas repartidas de la siguiente manera:
• 10% opción A (12'5% de votos válidos)
•   6% opción B (7,5% de votos válidos)
•   4% opción C (5% de votos válidos)
• 20% de votos nulos

En este caso, como parte de los votos no cuentan en el total —los votos nulos, que se cuentan únicamente en la urna— los porcentajes de votos válidos se modifican, pasando el partido «C» de no obtener representación parlamentaria a sí tenerla, quedando de nuevo con opciones a formar coalición con el «B», sino fuera porque de nuevo la Ley d'Hont favorecería a la Opción A. En cualquier caso, se observa cómo el uso del voto nulo tiene una repercusión práctica completamente distinta al voto en blanco, más coherente y manteniendo el mensaje de disconformidad con las opciones que el sistema presenta. Por añadidura, se visibiliza la magnitud de dicha postura, cosa que no ocurre con la abstención.

Los partidos minoritarios tienen el problema de estar muy dispersos. El sistema actual basado en partidos permite que existan un número ilimitado de estos, sin embargo, debido en la práctica a la limitación del 5%, la mayoría de ellos no lograrán su objetivo. De esta manera, el uso del voto en blanco favorece la cesión del poder político a las opciones más tradicionales, conservadoras, radicales y sectarias que concentran un mayor número de votos. El voto en blanco y el voto nulo tienen un significado «simbólico» similar, pero con repercusiones prácticas completamente diferentes

Para intentar paliar estas aberraciones, surgió la opción de Ciudadanos en Blanco —ahora Escaños en Blanco— , por la cual en lugar de hacer uso de dicho voto, con esta alternativa política los apoyos obtenidos se convertirían en asientos vacíos, reflejando de forma más veraz —teóricamente—, el sentir ciudadano.

Dejando la exactitud de las cifras por un momento y como conclusión, el voto en blanco es un voto válido, y como tal, se contabiliza, modificando de esta manera los mínimos necesarios para obtener representación aumentándolos, por lo que las opciones minoritarias son perjudicadas.  Cuanto mayor uso se hace de él, mayor es la penalización al resto de opciones alternativas. Hasta no hace mucho poca gente era plenamente consciente de las consecuencias de estas alternativas electorales. En el resto de casos, lo que comúnmente se entiende como una opción de «voto neutro», se contamina y convierte escondido entre porcentajes, en una trampa política.

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