«los regalos»

Regalar es delito, parece ser según se viene oyendo. Para ser más exactos, regalar a un cargo publico, es delito. No se explica cuando alguien deja de ser cargo publico y es simplemente, un ciudadano. Se llega al punto de criminalizar el hecho de recibir un regalo que parece ser que el ciudadano que es cargo público no puede celebrar cumpleaños ni el San Valentín. El origen de todas estas disquisiciones es el artículo nº 426 del Código Penal, que dice:

Artículo 426. La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses.

Según esta norma, la oposición se agarra al clavo ardiendo del tecnicismo legal para intentar lograr lo que las urnas le niegan. Los críticos a Camps, ya sean de su mismo partido o de cualquier otro que le interese, se suben al carro de la protesta partidista y piden su dimisión. Se mezcla todo con el caso Gürtel de corrupción, pero solo dejándolo caer, sin aportar prueba alguna salvo la del propio regalo, que de por si, sea legal o no, no le relaciona con la trama.

Algunos me achacan que defiendo a Camps, pero no es así. Si en lugar de este político estuviera otro, y de otro partido, pensaría exactamente lo mismo: que nadie defiende la persecución de la corrupción, sino que lo importante es cargarse a un político, utilizando las acusaciones y resoluciones judiciales como herramienta política. Que el impedimento de recibir regalos como control de cohecho es un absurdo, como matar moscas a cañonazos, y encima, sin cargarse ni una sola mosca. Que lo que interesa es que los casos de corrupción que hay por toda la geografía española, desde el más pequeño de los ayuntamientos hasta el gobierno central, queden a salvo mientras no reciban «regalos», pero si puedan recibir maletines secretos repletos de dinero de los ciudadanos.

No se exige de una vez la independencia de los representantes políticos para minimizar los amiguismos, o las del propio poder judicial para que investigue por su cuenta esos casos. Eso si, luego lloran por que las resoluciones judiciales no les gustan, el mismo PSOE que ha fomentado la federalización asimétrica del poder judicial haciéndolo depender del ejecutivo autonómico. Un ejecutivo por el que disputan su control, y para el que no se exigen medidas de control y cuya ausencia facilita que los que lo ocupan puedan hacer lo que les da la gana, tal y como el PSPV denuncia que hace el PP, y que ellos podrán hacer si llegan al mismo. Por eso no exigen medidas de control, ni independencia de los cargos públicos, el chollo para el partido ha de mantenerse intacto.

La cuestión es que recibir regalos de gran cuantía de alguien que está además relacionado con la mencionada trama de corrupción y cohecho, es algo que a los ciudadanos debe preocupar enormemente, pero no es de por sí una prueba jurídica suficiente, salvo que el juez observe otros factores y hechos. El problema es la mencionada ausencia de controles de forma que los ciudadanos bien a través de iniciativas o a través de nuestros representantes en caso de que estos existieran y no estuvieran al servicio de los partidos, pusieran límite a esta y otras muchas situaciones lamentables.

El delito existe, el delito de falta de respeto a los ciudadanos por aceptar regalos de forma vanidosa de alguien de dudosa reputación, lo que no significa que sea un delito penal. Es un delito democrático y no son los jueces los encargados de resolverlo, ya que ni disponen de las herramientas ni son ellos los responsables de hacerlo. Los abusos del ejecutivo, sean o no delito penal, deben ser limitados por el legislativo, si fuera independiente. Pero no lo es y parece que a nadie le importa. El problema no son los regalos, pero si la falta de decencia democrática, y de eso no se salva ni un solo político de este país.

El artículo 426 del Código Penal indicado arriba, es una aberración. ¿No es suficiente con especificar de forma general el cohecho o la prevaricación, de forma similar a como se hace para diferenciar entre robo, hurto o sustracción? ¿no es evidente que recibir regalos a cambio de favores (con lo que no sería un regalo, sino un pago) es un delito para el que ostenta un cargo público y sobre todo, un insulto a la confianza que los ciudadanos depositan en el, independientemente de la cuantía?. Por lo visto, no. De esta manera, elevando a leyes tonterías de este tipo no se persigue el delito, se persiguen los «regalos». Hecha la ley, hecha la trampa.

Puedo entender que los partidos políticos sean los protagonistas de este juego sucio y adulterado, en donde los ellos mismos deciden las normas según les conviene, pero no entiendo que muchos bloggeros y periodistas supuestamente independientes, entren también en dicho juego tramposo. En cuanto a la sociedad civil, ya tiene bastante con seguir los resultados deportivos en La Sexta (sic). En definitiva: no entiendo nada.

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Vendo cerdos vietnamitas

Foto: anuncio real de venta en el tablón de una factoría

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La Democracia según Federico

Si Javier Marías nos mostraba la democracia como el «menos malo» de los sistemas y según el, teníamos que dar gracias de no tener dirigentes como G.W. Bush o Hugo Chávez, el controvertido comentarista radiofónico que presume de defensor, más bien de ultra-defensor de los valores liberales, nos deja una no menos sorprendente definición de lo que en otros tiempos era el auto-gobierno del pueblo.

Federico Jiménez Losantos en «La Mañana» el día 8 de Junio de 2009

el mecanismo de la democracia que existe para no llegar a la guerra civil, pa.. como mecanismo de cambiar de gobierno … luego las libertades las garantiza un régimen liberal, la separación de poderes etc., la libertad de todos los días, pero además, cada cierto tiempo conviene ver si cambiamos o seguimos con el gobierno, se vota, y así no hay que acudir como los visigodos al magnicidio, al regicidio, a cortarle el pescuezo al prójimo o a pedir ayuda al Islam, que luego va y se queda…

«…para no llegar a la guerra civil…» ¡¿?!… Es tan impresionante esta frase que creo que por eso se trabuca un poco. O si no esta otra: «…cada cierto tiempo conviene ver si cambiamos de gobierno…». Increíble. Es decir: que si esa separación de poderes que no se sabe muy bien a que separación se refiere, funciona tan bien, y el régimen de libertades es tan estupendo, ¿para que demonios se ha de llegar a una guerra civil? ¿tanta libertad hay «garantizada» que para arreglar las cosas habría que organizar una guerra civil? ¿en una democracia se ha de llegar a situaciones tan extremas como para tener que cambiar de gobierno, como única opción a una guerra civil? ¿la única forma de cambiar de gobierno es tener que esperar «cada cierto tiempo» y escoger las únicas alternativas que nos ofrece una casta política? ¿es esa la idea de libertad del Don Federico? ¿los cambios de gobierno son solo tras tirar la cuerda hasta casi romperla? ¿es la democracia un juego de sogatira para F.J. Losantos, en donde los políticos tan solo marcan la raya en el suelo?

Por otro lado, manda narices que haya que remontarse a los visigodos para hablar de sistemas de gobierno ¿tan poco hemos progresado? Encima, dando un dato falso: los visigodos elegían a sus reyes, no los mataban para cambiarlos, pero la carencia de un control del poder y de un marco legal adecuado, propiciaban las luchas internas llegando a eliminar a los contrarios. Es decir, un sistema electivo de gobierno (no se puede hablar de democracia ni en el caso de los visigodos, ni en el sistema partidocrático español), no es garantía de nada, ni un mecanismo para evitar guerras civiles.

Como diría el de «Alarma Social»: esto se nos va de las manos.

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España: marzo de 2004

El 11 de septiembre de 2001, menos de tres años antes de la fecha que abre el título de este artículo, la mayoría de ciudadanos de todo el mundo observamos atónitos como un par de aviones comerciales se estrellaban contra los tal vez, edificios económicos más emblemáticos y representativos del capitalismo del mundo, y de a la vez, nación más poderosa del mismo.

La indefensión y pánico por la que es imaginable pasarían los desdichados pasajeros de los aviones, o la visión de gente del interior de los edificios que prefieren lanzarse al vacío a una muerte segura, antes que pasar por otra igualmente certera pero tal vez más horrible aún a causa del fuego; son una conjunción de factores que no pueden ser considerados como simples hechos traumáticos: conmoción, sorpresa, temor, desconcierto. Los esquemas hasta ese momento habituales, en cuanto al orden establecido, a la seguridad, a la falta de enemigos que occidente y su máximo representante había dejado de tener desde que cayera la antigua Unión Soviética, parecía que se desmoronaban al mismo tiempo que lo hacían ante nuestros alucinados ojos, las Torres Gemelas.

¿Qué clase de mundo estábamos construyendo y dejando a nuestros descendientes? Puede que pensase mucha gente. Desde algunos foros y medios de comunicación el panorama que anunciaban era el de una guerra entre occidente y el nuevo enemigo a batir: el fundamentalismo islámico terrorista, y a los que les apoyan. Otros esperaban la reacción del Jefe del Ejecutivo del país violentado, un polémico presidente George W. Bush que poco después invadiría Iraq, escogiendo para ello el motivo que más les convino, fuera cierto o no, y que a la postre no lo fue.

Todo lo relacionado con el trágico y brutal atentado en Nueva York, está rodeado de extrañas circunstancias. Se ha hablado de una conspiración, en la que el propio George W. Bush podría estar implicado, sospecha a la que también ha contribuido el polémico director de cine Michael Moore, con su película Fahrenheit 9/11. Lo que es indudable en cualquier caso, es el impresionante carácter mediático de los sucesos, llegándose a definir los mismos como un episodio de hipnosis colectiva, al modo de un espectáculo televisivo.

Pero dejando a un lado todas estas cuestiones misteriosas; seguramente irresolubles para la mayoría de ciudadanos y que lo único que parecen conseguir es la distracción de otros problemas más importantes; hay algo que a pesar de ser muy verificable y que afecta de lleno a estos, ha pasado desapercibido para la mayor parte de la sociedad, o al menos, no suele ocupar una parte importante en los debates sobre el tema. Algo que comenzó a gestarse en aquellas fechas y se padeció en España tres años después: la utilización política (y electoralista en el caso español) de un crimen.

Nótese que no se refiere el asunto a la participación o implicación en el crimen, sino en la postura que se tenga ante él. Y al decir postura se refiere a la forma de actuar y lo que se demuestra con ello, no a las grandilocuentes y demagógicas declaraciones a las que nos tienen acostumbrados nuestros políticos y medios de comunicación.

Tras el atentado del 11S ¿al lado de quien se colocaba cada uno? ¿era suficiente una discrepancia con la cultura o la sociedad norteamericana, o con su dirigente George W. Bush conocido ya en aquel entonces antes de Irak por sus abusos bélicos, para manifestar cierta conveniencia de cualquier tipo por estos atentados? ¿aporta algo útil a la valoración política de una legislatura, la voluntad de uno o unos asesinos, que de esta forma se convierten en inadvertidas herramientas criminales al servicio de una ideología?

La respuesta a estas preguntas va a depender seguramente mucho según de la sociedad en cuyo seno se hagan. En sociedades tribales primitivas, o en aquellas en donde no se han superado algunos episodios violentos como una Guerra Civil, y en las que la aniquilación del contrario como método político no se ha llegado a desterrar del todo, existirá en mayor medida quien piense, aunque sea para sus adentros: ¡ya era hora que alguien le bajara los humos a estos norteamericanos!

En España salieron muchos de estos demonios a la luz, debido a las similares por trágicas circunstancias del atentado en Madrid, el 11 de marzo de 2004. La implicación española en la guerra de Irak, merced al apoyo que Aznar manifestó con el envío a dicho país de tropas de apoyo logístico, convirtió la cuestión de la autoría del atentado en un elemento potencialmente clave desde un punto de vista electoral, como si los cuatro años anteriores no fueran suficientes para evaluar la gestión, y el capricho asesino de un grupo de descerebrados fundamentalistas, tuviera que ser el que lo decidiera. Seguramente ellos, políticos y medios de comunicación, conscientes de que tras 30 años de la partidocracia a la que nos habían sometido, la sociedad española no había aprendido realmente apenas nada de lo que implica una democracia y temerosos de la influencia que en los electores pudiera tener el atentado —algo que en una sociedad madura no debería ocurrir jamás— corrieron a la desesperada a lanzar titulares, emitir comunicados, y realizar llamadas telefónicas en donde se insinuara la participación de ETA, o directamente se emitieran falsas e infundadas noticias sobre terroristas suicidas en el atentado, que nunca existieron.

Manifestaciones el día de la jornada de reflexión del 13 de Marzo de 2004, delante de uno de los partidos participantes de dichas elecciones, y que había estado al frente del gobierno en la legislatura anterior realizando las labores legales de representación que el sistema político le permitía, merced a la mayoría absoluta que disfrutaba gracias a los votos que los electores le dieron en su día. No había crimen, todo era legal, aunque la labor de gobierno y sobre todo de representación haya sido desastrosa. Sin embargo, las declaraciones o denominaciones de «Aznar asesino» o «PP terrorista» fueron habituales durante aquellos días y los años siguientes aún hasta nuestros días, mientras se ha tenido que oír como se le llamaba a alguien como Otegi, que no ha tenido tapujos en mostrar su apoyo a grupos terroristas, hombre de Paz.

Según este escenario, tras un atentado terrorista los culpables no eran los criminales que lo habían perpetrado, eran en cambio unos políticos que, para bien o para mal, habían realizado las labores que su cargo les permitía. El culpable no era tampoco el sistema político que lo sustentaba, a pesar de la evidencia. De esta forma, el asesinato se convertía en elemento de propaganda electoral, asunto que no parece haberles desagradado a los que les ha beneficiado, y del que se aprovecharon en su día todo lo que pudieron.

Los medios de comunicación, especialmente entre ellos el Grupo Prisa, debieron de continuar con sus experimentos sociológicos, y unos meses después de aquel lamentable marzo de 2004 que ha significado un cambio en la historia de España y la constatación del fracaso de la transición, en septiembre, nos sorprendía a los que estábamos en sus listas de correo con una repugnante campaña publicitaria:

La muerte de unas 3000 personas se utilizaba tranquilamente para una campaña de promoción. Pero claro, es que los 3000 muertos eran gringos (sic). Afortunadamente, el experimento no les fue muy bien, y tuvieron que pedir perdón por esta campaña unos días después, dando todo tipo de escusas gratuitas. No obstante, el partido que desde entonces desempeña la labor de gobernación (y sus medios afines, como el citado) y a falta de conocimiento para hacer otra cosa, ha tenido que rentabilizar al máximo lo que interpretaban como un factor clave que les hizo volver al poder: la utilización política del atentado del 11M.

De esta forma, se ha tergiversado, falseado y mentido, sobre las noticias relacionadas sobre el sumario y el posterior juicio. Con un sumario en cuyas fuentes se había eliminado de forma completamente irregular toda referencia a ETA, motivo por el cuál esta no podía aparecer y por tanto, imposible realizar cualquier tipo de juicio sobre su participación o su ausencia. A pesar de ello en algunos diarios, entre ellos EL PAÍS, se afirmaba en uno de sus titulares que el tribunal descartaba al citado grupo terrorista, lo que no puede ser cierto por los motivos explicados. Lo importante es transmitir una idea, independientemente de su veracidad, algo que desde luego no es propio de un medio de comunicación, sino más bien de un instrumento de propaganda política.

La implicación aunque fuera indirecta en el atentado, no es conveniente desde un punto de vista político. Se anteponen de esta forma los intereses partidistas a los de esclarecer el trágico suceso. Toda la pantomima política se vendría abajo como un castillo de naipes, si se admitiera que la banda terrorista ETA aparecía por algún sitio aunque fuera tangencialmente, desmontando de esa forma un elemento clave en su estrategia electoral. Si a esto se le añade la muy apresurada destrucción de los trenes que contrasta de forma espectacular con la practica habitual en la investigación de un desastre aéreo, por ejemplo, no queda otro camino que desconfiar, no del gobierno tan solo, sino del mismo sistema político que permitió los abusos del anterior presidente, y que permite los del actual.

Más información:  

• Sentencia completa juicio 11M
• Blog Investigar el 11M

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El Nuevo Orden Mundial

Desde poco después de comenzar la crisis actual en la que el mundo occidental se encuentra, viene siendo habitual escuchar todo tipo de comentarios relacionados con este asunto. La mayoría de ellos catastrofistas y algunos, tal vez aprovechando la situación, pregonan que es el fin del capitalismo y que ya es hora de que El Estado tome el rumbo de las cosas. Que ya está bien. Parecen querer decir algunos.

Lo de asumir infalibilidad al Estado, es algo que por dogmático se parece más a una religión que otra cosa, aspecto sobre el que ya se ha hablado en algunos artículos anteriores. En el fondo, no hay ningún motivo para pensar que las personas que forman la estructura burocrática de un Estado, desde la cima hasta la base, no sean susceptibles de cometer algún fallo (incluso de cometer muchísimos fallos). Eso si, en los países donde un partido controla al Estado y no hay otro a quien echarle la culpa por que no hay más partidos, el Estado no se la va echar a si mismo. En conclusión: nadie tiene la culpa y siempre todo va bien. Si por otro lado, la ocupación del Estado es competida por más partidos, es fácil, la culpa siempre la tiene el otro. O si algo de lo anterior falla, siempre está el recurso de echarle la culpa por ejemplo, a los norteamericanos gringos, el terrorismo internacional, la Iglesia,… y también por supuesto, el capitalismo opresor, según el caso.

Echar la culpa a los demás es un recurso tremendamente utilizado en el ambiente laboral, al menos en el entorno que conozco, en España. Incluso me atrevería a decir que la auténtica habilidad de los mandos es la de saber echar la culpa a otros, pasar el marrón, como suele decirse muchas veces. Resulta curioso como esta práctica tan cotidiana, es también la principal estrategia geopolítica mundial.

En el ambiente laboral mencionado, las órdenes de la dirección se convierten en sentencias, cuyo perfecto y literal cumplimiento es proporcional al grado de lo pelota y sumiso del interfecto en cuestión, y que suele ser por regla general, extremadamente elevado. A causa de esta interpretación literal movida por el afán de cumplir, antes que el de comprender la intención que se pretendía transmitir con esas directrices, se presiona a todo el personal subalterno para que al menos, parezca que el objetivo se ha cumplido, quedando los auténticos problemas sin resolver, sobrellevados y convertidos en rutina hasta que el azar o algún trabajador con ganas de volver satisfecho a casa le da solución, siendo invisible para ojos de la dirección o colgándose cualquier otro la medalla. Esto en el mejor de los casos, en otros, los problemas sin resolver acaban por deteriorar de tal forma la situación que se acaba produciendo una crisis, abocando al sistema a replantearse el funcionamiento general, normalmente sin meditar sobre cómo se ha llegado a ese punto ¿le suena a alguien este escenario?.

Cuando los estudiosos gestaron las diversas teorías económicas del capitalismo, basadas en el mito del crecimiento económico ilimitado, solo los dogmáticos y los fanáticos podían pensar en una aplicación literal de estas teorías. Los trepas, los pelotas sumisos, son los que seguramente han posibilitado en la práctica que a lo largo de la Historia se aplique de forma literal este concepto, siendo seguramente un factor importante en la causa de enormes crisis como las del 29, o la que ahora estamos inmersos. Es fácil imaginarse el revuelo y la alegría que produciría en algunas juntas directivas el comprobar como los ingresos aumentaban los primeros años de aplicar el concepto de hipotecas subprime. Alguno que se le ocurriera decir: oye, que esto no está muy claro, sería relegado al ostracismo, fuera de la nueva corriente de éxito de la empresa.

Los modelos utilizados en las teorías, de cualquier ámbito, solo son válidos dentro de unas condiciones determinadas, y siempre asumiendo tales modelos como idealizaciones de la realidad, es decir, que no existen. En estos modelos, se asume un entorno legal homogéneo, o por lo menos, no se tienen en cuenta diferentes marcos legales, y por supuesto los recursos no son en absoluto ilimitados. Los avances científicos tienen un límite y desde luego no se realizan al mismo ritmo. Por lo tanto, su dogmática y neoliberal aplicación al entorno global, sin preocuparse de las distintas repercusiones que los diferentes marcos legales pueden causar, o simplemente por la inexistencia de un marco legal internacional adecuado, representa un riesgo y una irresponsabilidad que solo se entiende por los beneficios logrados a corto plazo, a costa de llevarse las empresas de países con entornos laborales protegidos, a otros en donde las regulaciones laborales apenas existen y la explotación al trabajador es notoria, degradando a corto plazo la calidad del trabajo globalmente y quedando un panorama nada halagüeño a largo plazo, de seguir la tendencia. Pero claro, nada como una fuerte crisis como la actual para que las empresas ya no tengan que buscar fuera, mano de obra de bajo coste.

No solo en el ámbito laboral, económico o político, se dan casos del ansia por satisfacer a los mandos aplicando a rajatabla sus directrices sin ni tan siquiera intentar entenderlas. La misma Iglesia Católica ha pedido perdón por sus graves errores cometidos en el pasado por aplicar de forma literal unas escrituras de más de mil quinientos años de antigüedad, en la época a la que nos referimos.

Si tiene que venir un Nuevo Orden Mundial, y no se desea cometer de nuevo otra vez los mismos errores, tendrá que ser uno en el que la insolencia y la independencia de criterio, el cuestionamiento natural y argumentado de las ordenes vengan de donde vengan, siempre y cuando las circunstancias lo permitan, sea habitual.

Habrá que definir, esta vez bien, las relaciones entre los diferentes escalafones de las jerarquías, allá donde estas sean necesarias. Esta si que sería una verdadera revolución.

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La paradoja judicial

En el ámbito de la lógica, es conocida la llamada Paradoja del mentiroso. Esta paradoja es del tipo de autorreferencia y ocurre cuando en el lenguaje natural (el utilizado normalmente, para entendernos) se forman frases que pese a estar perfectamente construidas, pierden sentido al referenciarse a si mismas, contradiciéndose de ser falsas, y negándose a si mismas en caso de ser ciertas, no pudiendo llegar a ninguna conclusión. Son frases mal construidas desde un punto de vista de la lógica al ser zonas a las que esta no llega con los escasos elementos utilizados (la propia frase), siendo necesario un punto de referencia externo para resolverlas.

 

Parece ser que los redactores y periodistas de EL PAIS no conocen nada de esto, y a pesar de tener supuestamente largas carreras completadas, obsequian a sus lectores con aberraciones lógicas como la siguiente:
 

Deténgase el lector un instante en este punto. ¿No son los miembros del Poder Judicial jueces también? ¿No son los jueces miembros del Poder judicial igualmente?

Antes de continuar intentando dar explicación a esto y pasando por alto la «objetividad» del ¿periódico? al denominar como «tretas» la estrategia de los jueces, haga otro pequeño alto de nuevo el amable lector, esta vez frente al concepto de «huelga». Acudiendo a las diversas fuentes (diccionario de la RAE, la Wikipedia, etc.), se puede comprobar a grandes rasgos como la huelga es una forma de protesta o reivindicación por parte de unos trabajadores o colectivo social, para ejercer una presión frente a una dirección de la organización a la cual prestan unos servicios, y sobre la que no tienen otros medios de control o gobierno.
 

De esta definición se desprende inmediatamente que hay una diferenciación entre trabajadores y mandos, y que los primeros no tienen ningún poder de decisión sobre los segundos, pero al contrario si. Únicamente a través de los sindicatos (teóricamente, la representación de los trabajadores) y en las negociaciones establecidas en el marco legal laboral externo a ambos (no pueden influir sobre el), en los convenios colectivos se toman acuerdos tomando en consideración a las partes implicadas. El resto del tiempo la única forma de control es la de la protesta a través de manifestaciones y huelgas. Exactamente las mismas y únicas herramientas que tenemos los ciudadanos para mostrar la disconformidad con la forma de llevar a cabo la labor gobernativa, salvo la negociación colectiva de cada cuatro años. No somos ciudadanos, somos trabajadores las 24 horas del día, y nuestros jefes, los que nos mandan, los políticos que prometieron servirnos y nos pidieron que confiáramos en ellos. Los muy caraduras y mentirosos.

 

Pero aunque parece que la solución a esta paradoja está cada vez más cerca, todavía falta volver a la pregunta que se quedaba en suspenso algunos párrafos antes, sobre los protagonistas de la historia: los jueces. Para resolverla hay que pasar entonces por diferenciar estos mismos jueces entre jefes y trabajadores. Unos que mandan y otros que obedecen. Independientemente de si se está de acuerdo o no con los motivos de la huelga, la cuestión es ¿por qué necesitan hacerla?

 

Todo poder independiente debe autogestionarse ¿tendría sentido que fueran a huelga los diputados del congreso, miembros del legislativo? Si existe algún problema, son estos diputados los que tendrían el poder para arreglarlo. Si no hacen huelga es o bien porque disponen de dicho poder para autogestionarse, o porque no les dejan hacerla.

 

De todo esto se puede llegar a la conclusión de que los poderes del estado no son independientes, como algunos sospechábamos, y que los medios de comunicación no tienen ninguna intención en explicarlo a sus lectores, a los que engaña y confunde retorciendo titulares con tal de deformar los sucesos para que «encajen» con la «voluntad oficial», cosa que también sospechábamos. Si han de hacer huelga es porque no tienen otro mecanismo de protesta y autogestión, ya que de lo contrario pondrían en práctica las medidas que creyeran convenientes, o elevarían las protestas mediante los mecanismos para ello.

 

Seguramente lo que al gobierno (poder ejecutivo) le gustaría, a tenor de lo incomodo que les resultan estas reivindicaciones «y libertades» que se toman los jueces, es que al igual que los diputados, estos formaran parte de los partidos o estuvieran supeditados a estos como lo están los jefes del Poder Judicial, al mando del colectivo en huelga. Parece evidente entonces que para llegar a un cargo en la rama jurídica, no hay que tener el favor de los propios jueces para ser elegido, sino el del poder ejecutivo-legislativo.

 

Por lo tanto, el colectivo de jueces solo tiene dos opciones para arreglar las cosas: hacerse amigo de algún jefe de partido o de un buen número de diputados…

o, hacer huelga.

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El sistema de partidos: estudio de alternativas (2ª parte)

viene de: estudio de alternativas (1ª parte)

En el artículo anterior se mostraban algunas de la opciones que se podrían considerar en un sistema político para lograr aumentar la democracia, que a tenor de lo comentado no es de otra forma que aumentando la participación ciudadana. Un sistema basado especialmente en el gobierno por parte de representantes, siendo la única posibilidad del ciudadano para valorar su acción, la de votar que sean unos u otros cuando estos digan y a quienes estos digan, ya que no es posible elegir quienes son esos unos ni esos otros, ni lo que han de hacer o decidir, dando igual si lo hacen regular, mal o muy mal (que lo hagan bien ya se da por descartado), difícilmente puede ser democrático. Aunque quien sabe, dada la última tendencia a deformar el significado de las palabras. Pero entonces, si se desea mantener dicho significado fiel a los que la idearon, en un alarde de estoica heroicidad ¿donde quedarían los partidos políticos en este esquema?...

Los partidos

Para ser sinceros, un sistema basado en los representantes y que pretenda ser democrático, adolece de un defecto de base: la financiación. Desde el momento en que, el que tiene más dinero para promocionarse podrá llegar a más gente, y por lo tanto, resultar del agrado de una mayor cantidad y tener más opciones para ser elegido representante, el principio de igualdad inherente a una democracia queda al menos, alterado.

La solución española de financiarse a través del estado en función del número de votos obtenidos, es como permitir a los presos que se guarden ellos mismos la llave de la celda, sobre todo si una vez con el dinero, no existe apenas transparencia con lo que hacen, ni que decir tiene si llegan al gobierno. No es solución.

Teniendo en cuenta lo expuesto, un grupo de ciudadanos libres pero con ideologías afines, es decir, que coinciden en lo básico pero no desean renunciar a su libertad ideológica, podrían unirse y así co-financiarse y hacer frente a esos magnates. De esta forma la sociedad civil, a través del asociacionismo político podría competir en igualdad de condiciones frente a cualquiera. Nótese que no se ha hablado de escaños, ni votos ni nada por el estilo que tenga que ver con las instituciones del estado. Este debería mantenerse al margen, o en todo caso, intervenir para garantizar que el funcionamiento de esos partidos es democrático y sus cuentas completamente transparentes.

Naturalmente, en un sistema partidocrático, desear que un partido intente funcionar internamente como una democracia, es como pedirle peras a un olmo. Lo único que puede y debe funcionar democráticamente es la sociedad civil, y los partidos lo harán en la medida en que el sistema dependa de esta, y no de los partidos.

Por lo tanto, hasta que la sociedad civil no aprenda a organizarse democráticamente, logre arrinconar a los partidos tradicionales (y a los que aspiran a serlo), y una vez con el estado ya en posesión de la sociedad civil deje entrar a los partidos bajo las condiciones explicadas; no llegará la democracia. Jamás. Así que señoras y señores, vayan poniéndose a remojo, que hay para rato.

Independencia de poderes

Algo muy importante en toda democracia, más aún en la medida que sea representativa, es la independencia de los poderes. Nada de lo comentado aquí podría ser de verdadera utilidad si no existiera un poder independiente que vigilara por ejemplo, que las propuestas aceptadas incluso en referéndum democrático, no vulneran ciertos derechos individuales, aunque sea el de un solo individuo (p.ej.: la libertad religiosa, de expresión, etc.). De no ser así, el paso de una democracia a una dictadura de la mayoría¹ sería casi inmediato, y los despropósitos podrían ser de verdadero escándalo. Este tal vez haya sido el fallo que llevara a las repúblicas españolas a su histórico fracaso.

Enlaces relacionados

• Constitución de Suiza (1999)
• Constitución de España (1978)

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(1) «Estas virtudes, sin embargo, sólo están presentes si el gobierno elegido democráticamente no excede sus funciones específicas. El poder ilegítimo "corrompe" cualquiera sea el origen de los mandatarios. Para esta corriente de pensamiento, entonces, la dictadura de la mayoría adolece de los mismos defectos que el absolutismo monárquico, y no es en esas circunstancias una herramienta idónea para asegurar la paz social» GALLO, E. Notas sobre el liberalismo clásico. [en línea]. Pág, 252-253. Documento PDF disponible aquí> [acceso: 12 jul 2019]

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El sistema de partidos: estudio de alternativas (1ª parte)

viene de: estado de la cuestión

La alternativa a un sistema de partidos es naturalmente, si se desea acercarse a la democracia, un sistema basado en el ciudadano, es decir, en las personas.

No es intención la de valorar el sistema político desde el punto de vista malo/bueno, parámetros en última instancia meramente subjetivos, pero si que lo es el averiguar cómo puede ser más democrático.

En este sentido, para aumentar el nivel de la misma es necesario caminar en una dirección tal de forma que el ciudadano tenga de nuevo; acercándose a la antigua Grecia o sin irse tan lejos ni en el tiempo ni en el espacio, a la misma Suiza, Francia o Reino Unido; el protagonismo que se merece.

No es intención de esta bitácora el dar una respuesta detallada, porque esa respuesta no la ha de decidir uno solo. Es un asunto de una comunidad política, en este caso, de los españoles. No por sentir el nacionalismo español correr por su venas, o el ardor guerrero rezumar por el pecho, sino simple y llanamente por formar parte de una comunidad de ciudadanos regidos a través de las instituciones de un estado de siglos de antigüedad.

No somos suizos, ni americanos, ni franceses, ni británicos. Ni todos somos del mismo cantón o comunidad. Por eso que cada pueblo, culturalmente hablando, tendrá su idiosincrasia a la hora de organizarse. No ha de haber una sola solución. Sin embargo, para poder decidirlo democráticamente, serán necesarios unos mínimos:

El ciudadano como protagonista

Suponiendo que el ciudadano desee ser el protagonista y dueño de la dirección que tome la sociedad civil a la que pertenece y forma, aspecto nada baladí y muy alejado de la realidad dado el panorama actual, algunas de las herramientas de las que debería disponer para ello podrían ser las siguientes:

Presupuesto participativo

Una de los mecanismos básicos de decisión de los ciudadanos es poder participar en aquellas acciones que se toman en las que se hace uso de su dinero. El lugar natural de esta herramienta democrática es en el seno de los municipios, en donde el gasto publico responde a las necesidades más cercanas. Al ser estas decisiones dependientes de la voluntad de los ciudadanos, la «tendencia» a «favoritismos» por parte del pequeñísimo circulo de dirigentes que actualmente manejan los designios municipales, se vería seriamente reducida.

Referéndum

Para que el ciudadano sea de nuevo el protagonista, mayoritariamente todas las decisiones que afecten a la sociedad deberían ser decididas por esta, mediante referéndum. Por poner un ejemplo, gracias a este wiki llamado Ballotpedia (traducido como la Wikipedia de las boletas electorales o boletopedia)¹, es posible navegar por entre las páginas oficiales de los estados y sus instituciones, y comprobar los cientos y cientos de propuestas, convocatorias y sus respectivos resultados de votaciones, que se celebran allende el océano, en los tan criticados Estados Unidos de América.

Para el caso español, se podría en las convocatorias electorales actuales (municipales, autonómicas y generales) ofrecer al ciudadano en las mismas, la posibilidad de decidir todas las cuestiones que le afecten directamente mediante una papeleta adicional correspondiente a los referéndum². Y así de esta forma las necesidades sociales no serían objeto político y electoralista de los partidos, que ofrecen soluciones diseñadas para únicamente contentar a la parte más afín o soliviantar a la contraria, sin que por ello signifique solución alguna necesariamente. Para ello tan solo es necesario que la alternativa sea peor todavía.

Otra opción no excluyente en el sentido de que podría combinarse con las anteriores, sería la de la democracia electrónica. Mediante esta opción, el uso del DNI electrónico y los servicios adecuados, el ciudadano podría participar de diferentes formas en las decisiones de gobierno, durante las legislaturas. Un inconveniente o dificultad de esta medida, sería precisamente el de la necesidad de dotar a los ciudadanos de la identificación electrónica pertinente, así como de un acceso a Internet, bien sea en el domicilio o en otro centro adecuado.

Iniciativa legislativa popular

Naturalmente, para que esto funcione, ha de ser necesario que las propuestas puedan ser presentadas por ciudadanos, sin necesidad de pertenecer a ningún partido, debiendo existir para ello métodos viables de admisión de propuestas ciudadanas. En España³, la Ley correspondiente no es más que un artificio que no sirve para nada, ya que el parlamento puede rechazar sistemáticamente todas las propuestas si es menester, para continuar en sus cómodos asientos. Por mencionar un caso práctico, en Suiza⁴ si bien el número de firmas necesarias es comparativamente mayor que en el caso de España, el parlamento está obligado por ley a deliberarla y votarla. En caso de desaprobación, ha de proponer una contrapropuesta que junto a la iniciativa de partida, serán sometidas a referéndum popular. Es decir, que toda iniciativa popular es o bien aprobada, o sometida a votación por parte de todos los ciudadanos.

Es importante señalar el papel de los representantes, que como en el ejemplo citado pueden elaborar propuestas mejores y específicas para cada problema, ya que se les supone una mejor preparación. Pero ¿y si no es así? ¿y si no demuestran tal capacidad? ¿merecen entonces a estar en ese puesto más que cualquier otro ciudadano?...

Los representantes

Asumiendo que la necesidad de la existencia de los representantes políticos es inevitable, se tendrá que buscar la forma de que, con la intención de lograr el mencionado protagonismo ciudadano, los representantes se constituyan en verdad como tales, sin que ello signifique siempre que se logre el objetivo al completo.

Por este motivo, y sin entrar a valorar y analizar la extensísima variedad de sistemas de elección y representación, la cuestión es que debe existir una relación entre cada una de las porciones del electorado o circunscripciones electorales, con cada uno de los representantes, de forma que sea elegido y sometido a algún tipo de aprobación durante la legislatura. En definitiva, contemplar la posibilidad de revocación de cargos.

En España y a causa del sistema de partidos, la moción de censura resulta sumamente ineficaz, principalmente por el mismo problema que se viene comentando: es el parlamento controlado por los partidos, y no los ciudadanos, los que deciden. Por lo tanto, las mociones de censura, salvo casos extremos, están condenadas al fracaso una vez se lograr los acuerdos parlamentarios. De esta forma, un diputado o un presidente del gobierno, pueden permanecer en su puesto tan solo llegando a acuerdos a puerta cerrada con el resto de dirigentes de partidos.

En relación a estas cuestiones existe el concepto de Mandato Imperativo, por el cual un representante tiene la obligación legal de someterse continuamente a la voluntad política de sus electores. No es frecuente encontrarlo, sin embargo hay alternativas que hace que su presencia no sea tan necesaria. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Suiza en donde no existe dicho precepto, al tener el parlamento tan poco poder respecto al pueblo, este puede por iniciativa popular tal y como se ha descrito, proponer la destitución de algún representante.

Actualmente, lo máximo que se contempla por las principales fuerzas políticas llamadas reformistas, es la de cambiar el sistema electoral para dar mayor peso a una circunscripción única, o dicho de otra forma mejorar la proporcionalidad respecto al conjunto del electorado. Además de esto, se propone la existencia de listas abiertas, en lugar de las cerradas actuales.

Que duda cabe que estas propuestas significarían un aumento de la «coherencia» del sistema, en el sentido de evitar la demencial desproporción entre circunscripciones que provoca que el valor del voto sea distinto, en función del número de escaños asignado a la circunscripción electoral y a la obligatoriedad de tener que elegir a una lista de candidatos cerrada, resultando una extraña mezcla entre un sistema mayoritario y otro proporcional⁵. No obstante, esta mejora no iría en la dirección de lograr un aumento de la democracia, sino tan solo de que los distintos partidos se repartan de otra forma el poder, facilitando que aparezcan con mayor fuerza otros grupos políticos actualmente discriminados (por ejemplo, Izquierda Unida o UPyD) y aumentando el multipartidismo, lo que no significa como se ha comentado, que aumente de la misma forma la democracia.

En todo caso, si a la opción de listas abiertas se sumara la de candidaturas independientes (con algún filtro adicional a determinar), se lograría al menos que la ocupación de los escaños dependiera mucho más de la decisión de los ciudadanos, acentuando la responsabilidad personal de los representantes de servir al ciudadano. De esta forma y al contrario que en la actualidad en España, los diputados que ocuparan los escaños habrían sido decididos por elección directa de los ciudadanos y su permanencia en dicho asiento dependería de estos, los cuales lo valorarían directamente en función de su labor de representación, y no de la lealtad a la jerarquía de su partido, en caso de pertenecer a alguno.

continúa en: estudio de alternativas (2ª parte) 

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(1) Visto en el blog El Rincón de la Libertad

(2) Las propuestas de presupuesto participativo y papeleta de referéndum, vistas en el blog Ciudadano en Blanco

(3) LEY ORGÁNICA 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular

(4) Incitativa Legislativa Popular (ILP) en Suiza. Más información sobre la ILP en la wiki de Evolución Democrática

(5) El maquiavélico sistema electoral español. [Artículo de EL País].

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